Combatir la pobreza mediante la formación empresarial

Columna de opinión por: Marcela Marín Mira
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Según establecen las Naciones Unidas (2016) en su sitio web, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible — aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas — entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Estos nuevos objetivos de aplicación universal, aprovechan el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y tratan de ir más allá para poner fin a la pobreza en todas sus formas y reducir la desigualdad de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Plan Nacional de Desarrollo alineado con los ODS

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, el gobierno colombiano alineó conceptualmente su Plan Nacional de Desarrollo con estos objetivos para convertirlos en una “carta de navegación” con una visión de país para el 2030.

Con el objetivo principal de desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población en pobreza extrema y desplazamiento, desarrollando sus capacidades y creando oportunidades para que puedan acceder y acumular activos y, en el mediano y largo plazo, alcanzar la estabilización socioeconómica, en el 2009 el Gobierno Nacional Colombiano formuló el documento Conpes 3616 “Lineamientos de la Política de Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento”, que tiene como antecedente importante el Documento Conpes Social 91 “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) – 2015” de marzo de 2005, que establece el compromiso del país en adoptar las metas y estrategias acordadas en la Cumbre del Milenio para reducir la pobreza.

Por estos compromisos de Colombia como país y para promover la Ruta Integral de Generación de Ingresos para población pobre extrema y desplazada (PPED), propuesta por el documento Conpes 3616 de 2009, como lo destaca en su sitio web la Red Cemprende -Red de Centros de Empleo y Emprendimiento - (2016), en 2010 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, con el respaldo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), decidieron implementar conjuntamente proyectos piloto orientados al desarrollo de un modelo de Desarrollo Económico Incluyente (DEI), creando bajo esquemas de alianzas público-privadas unos centros de referenciación y orientación a oportunidades de generación de ingresos y empleo que prestaran servicios a la medida, en las líneas de empleo y emprendimiento, a las poblaciones en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, especialmente aquellas vinculadas a la Red Unidos (anteriormente JUNTOS), que según descrito por el Ministerio de Salud y Portección Social -MinSalud-, es la estrategia del Estado Colombiano para dar una respuesta integral a la multidimensionalidad de la pobreza extrema, en la que participan las entidades del sector público que cuentan con oferta social, entre las que se encuentra el Ministerio de Salud y Protección Social.

Alianzas Público Privadas y Cemprende

Para contextualizar al lector, las alianzas público privadas (APP), según lo establece la Ley 1508 de 2012 en Colombia, son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. También es importante destacar que según enunciado del párrafo 5 del Art. 27 de la misma ley, “sólo se podrán desarrollar proyectos de asociación público privada consistentes con los objetivos de los planes de desarrollo territorial”.

Es entonces así, como bajo el modelo de APP, con la participación de entidades del gobierno, entes territoriales, sector privado y PNUD, actualmente la Red Cemprende agrupa 18 Centros. El comercio en Colombia está en auge y hasta hace poco la gente pobre no se veía beneficiada, pero con Cemprende, como uno de los tantos ejemplos de redes para el empleo y la formación de empresarios en Colombia, se han capacitado a más de 21000 personas, 60% de ellas mujeres y se han preparado más de 4000 planes de negocios, lo que ha generado más de 2000 empleos.

El Banco Mundial y el crecimiento económico de Colombia

Después de años de conflicto armado, esta nación ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes. Colombia ha tenido entre los últimos 6-7 años un desarrollo sostenido entre los más altos de la región y del mundo, estando este entre el 5 y 6 por ciento. Como lo dijo el presidente del Banco Mundial, Jim Kim (2016), en el pasado enero, luego de su visita a Colombia “Colombia ya es una de las economías más fuertes de América Latina. Impresionantes tasas de crecimiento han ayudado a sacar a más de 6 millones de personas de la pobreza en la última década. La tasa de crecimiento de Colombia es más alta que la de la mayoría de las economías en América Latina y está también más diversificada que la de muchos de sus vecinos. De cara al futuro, el reto aquí y en toda América Latina será encontrar nuevas vías de crecimiento. Colombia necesitará seguir invirtiendo en infraestructura, movilizar al sector privado e invertir en capital humano”.

Nuevos retos y oportunidades

Es claro que, si bien los niveles de crecimiento en Colombia muestran un gran avance, el conflicto actual ha excluido a algunos grupos de los beneficios del crecimiento económico, por lo que combatir la desigualdad y la pobreza es una prioridad del gobierno, quien tiene gran interés en crear oportunidades de ingreso para sus poblaciones marginadas a través de programas de desarrollo sostenible.

Dentro de estos esfuerzos cabe destacar los esfuerzos realizados por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) que, con el respaldo del Fondo Fiduciario para Corea, en su afán por lograr las metas del desarrollo del milenio han mejorado el acceso al microcrédito (con el apoyo de la microfinanciera Finamérica) y a la asistencia técnica, y también han ayudado a crear un entrepreneurship center “OPORTUNIDADES, Centro de Orientación para el empleo y el emprendimiento”.

Alianzas público privadas como el programa inclusivo del PNUD, Cemprende, garantizan la sostenibilidad del proyecto que provee servicio a gente como mujeres jóvenes indígenas normalmente excluidas del plan nacional de comercio y desarrollo, pues mediante una formación dirigida busca que estas personas logren conseguir un empleo que mejore sus condiciones de vida. Esta población es la razón de ser de Cemprende y es quien motiva el incremento de sus esfuerzos, y los de otros actores que se unen a causas como esta, para introducir el proyecto en todo el país, interviniendo más grupos de personas marginadas y creando un impacto mayor.

Bibliografía

Alcaldía de Bogotá. (1 de Marzo de 2016). Ley 1508 de 2012. Obtenido de Sitio Web de Alcaldía de Bogotá: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4532

Colombia.com. (1 de Marzo de 2016). Gobierno busca reducir desigualdad con Plan Nacional de Desarrollo. Obtenido de Sitio Web de Colombia.com: http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/109681/gobierno-busca-reducir-desigualdad-con-plan-nacional-de-desarrollo

Departamento Nacional de Planeación. (28 de Septiembre de 2009). Documento Conpes 3616. Obtenido de ACNUR: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2728

Kim, J. (15 de Enero de 2016). Palabras del presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Kim, en su visita oficial a Colombia. Obtenido de Sitio Web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/news/speech/2016/01/15/statement-by-world-bank-group-president-jim-kim

MinSalud. (1 de Marzo de 2016). Red Unidos. Obtenido de Sitio Web de MinSalud: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/redunidos.aspx

Naciones Unidas. (1 de Marzo de 2016). Combatir la pobreza mediante la formación empresarial. Obtenido de Sitio Web de Naciones Unidas: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2013/08/combatir-la-pobreza-mediante-la-formacion-empresarial/

Naciones Unidas. (1 de Marzo de 2016). La Agenda de Desarrollo Sostenible. Obtenido de Sitio Web de las Naciones Unidas: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/

Red Cemprende. (1 de Marzo de 2016). Orígenes. Obtenido de Sitio Web de Red Cemprende: http://redcemprende.org/la-red-cemprende/

Conferencia: Empresas B ( b-corps ): No solo las DEL mundo sino PARA el mundo

“Una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, de las sociedades y de la naturaleza”.

En las empresas B los accionistas redefinen el sentido del éxito de su negocio: no sólo son las mejores empresas DEL el mundo, sino las mejores empresas PARA el mundo.

La Universidad EAFIT invita a la conferencia "Empresas B ( B-corps ): No solo las DEL mundo sino PARA el mundo"

Conferencista: Camilo Ramírez, economista de la Universidad de los Andes, estudiante de la Maestría en Dirección de Marketing en el CESA. Director de Desarrollo Sistema B en Colombia.

• Fecha: Lunes 18 de Abril, 2016
• Hora: 6:00pm – 8:00pm
• Lugar: Auditorio Fabricato (Bl. 27-101), Universidad EAFIT, Medellín

Mayores informes:

Email: mgonza40@eafit.edu.co

Teléfono: +57 4 21619500 ext. 9431


P.D. El logo es tomado de http://almanatura.com/wp-content/uploads/2014/01/B_the_Change.jpg

The Colombian Labour Market behind Female Participation in Management

By: Carolina Herrera-Cano (IB, MIB)*
Analyst at the Observatory in Trade, Investment and Development
Lecturer of Ethics and CSR at Universidad EAFIT

Women’s rights are increasingly becoming an important trend for governments and civil society and, with the purpose of monitoring their advances, different indicators are being used. Although gender gaps have narrowed in many ways –according to the United Nations Millennium Development Goals Report, goal 3 (to promote gender equality and empower women) made important progress in terms of education, employment, and political representation-, some gender disparities have deteriorated, sometimes even as a result of others’ improvement. Accordingly, indexes evaluating the status of women’s rights around the world may present contradictory scenarios (United Nations, 2015). Those figures do not only show the multiple challenges women’s rights still have in a global scale, but they are the evidence of a need to have a closer look to gender equality indicators even in countries were figures seem to indicate positive scenario for women’s rights (WEF, 2015).

The Global Gender Gap Report (GGGR) quantifies gender-based disparities in four categories: Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival, and Political Empowerment. According to this assessment, countries with the highest equality between men and women are Iceland and Norway. Yet, it is useful to analyse them in a deeper way four categories in these countries. Iceland ranks 1 in three of the four categories but has a surprising 105 position in health and survival index. This is also the case of Norway with a 70 position for health and 32 for educational attainment. However, Norway’s performance in economic participation (2) and political empowerment (3) makes it the second most equal country in terms of gender.

According to the GGGR, Colombia has faced important improvements in terms of gender equality. The country has moved up 11 positions (from 53 to 42) in the ranking, far from Mexico (71), Chile (73) and Brazil (85), and has effectively closed 74% of its gender gap. More surprisingly, in the words of the Inter American Development Bank (IADB) (2016), this country, along with Jamaica and St. Lucia, has an outstanding position in the continent due to its larger share of women in managerial positions. This situation has also been documented by the United Nations Development Programme, which highlights that only in five out of 35 developing countries included in their data; women constitute 30% or more in decision-making positions (UN Women, 2015): this result also includes Colombia, and Botswana, Costa Rica Croatia, and South Africa.

Nevertheless, women participation in managerial positions hides important challenges for the Colombian labour market. Actually, the IADB recognizes the remaining glass-ceilings women still have to fight with even in Jamaica, St. Lucia, and Colombia: even in these countries female representation is still low at the highest spheres of the companies. More importantly, for the case of Colombia, some authors attribute the increased number of women in management to unequal remuneration between men and women: as female labour is usually less remunerated, employers prefer to hire women in order to reduce costs. In fact, it has been found that women participation in management has only been reached in lower to middle positions, as higher levels are still occupied by men. Only 4% of the Colombian 100 largest companies have women in the top management (BBC Mundo, 2015).

This situation is consistent with Darity’s (1989) and Darity and Williams’ (1985) heterodox perspective predicting the effects of trade gender pay gaps: international competition and competition between companies use existing gender inequalities to reduce unit costs. In consequence, this phenomenon increases women participation in management at the expense of the perpetuation of wage gaps between men and women. This issue has also been addressed by the International Labour Organization (ILO). In its most recent report “Women in Business and Management”, the ILO highlights how despite women nowadays represent 40% of jobs worldwide; their wages are still lower than men’. In fact, according to the Global Wage Report, wage gaps remain significant around the world. Even though gender wage gaps have narrowed slightly in the last decade thanks to a declining in most of the countries with available data, Colombia, together with Australia, Finland, Mongolia, and Paraguay are the only countries where the gap expanded (UN Women, 2015).

Another important challenge for gender equality in Colombia which is also related to the labour market is women’s higher levels of poverty. This situation can be explained by two important reasons. The first is informal employment: in the country, more than 60% of the employed women work in the informal sector: this restricts women access to pension funds and safety conditions. The second is female unemployment. Unemployment rate in women over the past two decades has continuously been 5% higher than men unemployment (Sabogal 2009). In 2013, Colombian women presented an unemployment rate of 13,8% while this figure was 8,1% for men. Additionally, women engagement to labour markets has not been successful: while men’s labour force participation rate is 79,7%, women’s is only 55,8 percent. Furthermore, recent studies show a faster declining tendency in women employment in a variety of developing countries, including Brazil, Colombia Cost Rica, Philippines, and Republic of Korea (UN Women, 2015).

Although Colombian improvements in GGGR during last year can be explained by wage equality efforts (WEF, 2016), as it was possible to show, changes in country’s labour market will be fundamental in gender equality pursuit. The Colombian case is a great example of the importance to have a closer look to gender equality indicators. In spite of the need to engage women in decision-making processes of private and public organizations in 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations), when women participation in managerial positions coincides with (or can even be explained by) wage gaps, informal employment, and unemployment, it does no longer constitute a positive scenario for women’s rights. The existing presence of women in management market together with appropriate business, civil society and governmental efforts to promote equality in the labour market makes Colombia a country with a great potential to promote trade and economic development with a gender perspective.

Reto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible Número 16 y 17: El problema de la materialización de los derechos

Por: Maria Isabel Aguilar Goez
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Al momento de plantearse estas metas, era esencial construir un objetivo orientado hacia el fortalecimiento de las instituciones estatales e internacionales con el fin promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, principalmente por medio de la facilitación del acceso a la justicia y la creación de instituciones eficaces y celeras.

Dicha construcción es casi impensable sin aceptar, en primer lugar, la complejidad de la comunidad internacional, donde la diferenciación de los grados de gobernanza es clara y básica para conocer quiénes y en qué aspectos deben mejorar y cómo los diferentes actores de dicha comunidad pueden contribuir a la finalidad esperada.

El concepto de gobernanza alude a la manera como se regula un determinado tema o materia, es decir, se refiere al ejercicio de la autoridad para manejar los asuntos de un país en todos los niveles (UNDP, 1997). Cuando se habla de gobernanza global es porque intervienen distintos actores bajo diferentes normas en la comunidad internacional. Una vez claro esto se abordará la importancia de este concepto en el orden mundial, las variables lo componen, por qué a veces el nivel de gobernanza es diferencial en algunos territorios y cómo afecta esto al acceso a la justicia y el buen funcionamiento de la administración como prepuestos necesarios para la materialización de los derechos. De la misma manera, se tendrá en cuenta el concepto de comunidad internacional y cómo ella participa en la construcción de nuevas normas, que son esenciales para la articulación de todos los objetivos y para la creación de alianzas mundiales para el desarrollo (United Nations, 2015).

Para retomar el concepto de gobernanza, hay que destacar que este trasciende a los elementos de Estado, gobierno, régimen y buen gobierno. John Healey y Mark Robinson (1994) la definen como algo que implica un alto de nivel de efectividad organizacional acompañada con formulación y cumplimiento de políticas públicas relacionadas con la economía y el bienestar. También implica transparencia, contabilidad, participación política y ciudadana, todo esto bajo el imperio de la ley. Siendo así, entonces ¿Que sería lo opuesto? La definición del Banco Mundial (1989) sobre Bad Governance nos puede ayudar, según la institución, esta se caracteriza por burocracias no transparentes, sistemas legales ineficaces, abuso de poder, una sociedad civil desinteresada y desentendida de lo público y obviamente, la corrupción.

A nivel interno

Es claro que en la realidad, varios países encajan dentro de la última definición, en unos porque, si bien tienen toda la institucionalidad propia de una Estado democrático, ésta es deficiente y en otros porque simplemente carecen de ella. No es necesario irnos demasiado lejos para analizar un ejemplo clave, como lo es nuestro país, que indiscutiblemente hace parte de la primera hipótesis pero con unas particularidades.

En todas las constituciones se establece ese ideal de justicia y de Estado Democrático o Social de Derecho, que supone la existencia de toda una institucionalidad con el fin de promover los valores de justicia, igualdad y libertad como los más importantes en las teorías del Estado Moderno. Pero, ¿qué pasa pues cuando es solo algo ideal?, ¿qué tipo de medidas implementa un país para tratar de plasmar en la realidad aquello que dice de una manera tan bella y retorica en un papel que tiene tanta importancia jurídica?

Cada vez que un derecho nuevo es promulgado como resultado de diversas luchas políticas y sociales, de cierta manera se aquieta o se calla la batalla, por el simple de hecho de ya se tiene el derecho. Según Julieta Lemaitre (2009), los ciudadanos tendemos a amar el derecho con la creencia de que tiene poderes mágicos, ella elabora el concepto del fetichismo legal, como la acción de amar o idolatrar algo que no vemos pero sabemos que existe, y la meta es que se convierta en realidad. “¿Qué relación hay entre el fetichismo legal y la constitución política?, en que ambas están, existen, creemos en ella, pero no vemos que se hagan realidad”. Siendo así, debemos preguntarnos qué es lo que conduce a que la eficacia de las normas sea tan reducida.

Si bien en unos países se aprecia que el nivel de gobernabilidad que tienen es más prolongado, es decir, se ve una constante presencia del estado así sea en los sitios más recónditos, hay otros donde la presencia del mismo es diferencial, atendiendo a factores geográficos, ambientales etc. Cuando esto sucede en algunas territorialidades (la mayoría de las veces periféricas) el posicionamiento del estado es poco o casi nulo y eso abre la puerta a que se creen otros tipos de ordenamientos jurídicos, así sean dentro del mismo estado. Hablando desde el concepto positivista del derecho, se sabe que este es un fenómeno social (Prieto Sanchis, 2014) y si el gobierno no institucionaliza o regula algunos territorios su presencia será diferencial y con seguridad dará lugar a que se formen conjuntos de normas paralelos y hasta opuestos al gobierno central. No pretendo desviarme del objeto de este escrito hacia las razones del conflicto armado interno colombiano, sin embargo es un factor que se debe analizar en razón de que el problema de la materialización de los derechos radica en la ausencia de estado o de su funcionamiento deficiente.

Una vez explicada la tesis de la presencia diferencial, se entiende que hay algunos sectores donde el Estado tiene una innegable presencia, pero aun así su funcionamiento práctico es cuestionable. Tal vez el valor más importante que nos permite poner a trabajar toda la institucionalidad es el derecho de acceso a la justicia, el cual se constituye un medio para hacer efectivas nuestras prerrogativas, y es fundamental para avanzar en la problemática planteada.

El acceso a la justicia en sí mismo es un derecho que propende por la materialidad de todos los otros. La Encuesta Nacional de Necesidades jurídicas (ENNJ) es un diagnóstico cuantitativo de las necesidades jurídicas y del acceso a la justicia en las principales ciudades de Colombia financiado por el Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Dicha encuesta da cuenta que los niveles de conflictividad en la población se presentan con más frecuencia en los sectores que sufren de pobreza, discapacidad y/o discriminación sexual (Uprimmy, La Rota, Lalinde & Santa, 2014), es decir, los sujetos vulnerables protegidos constitucionalmente los cuales son minoría y que tienen necesidades jurídicas básicas insatisfechas.

De esta metodología se logra sacar un aspecto muy importante que es la percepción acerca de la justicia. Los resultados fueron que, en términos generales, alrededor de la mitad de las personas creen que los son funcionarios son honestos mientras que la otra piensan que son corruptos o muy corruptos. Respecto al costo de la justicia la mayoría de los encuestados consideran que es cara o muy cara y que aparte es muy lenta.

Otro dato relevante da cuenta de que las personas que acudieron a las autoridades administrativas, tienen una peor percepción de los servicios estatales, sin embargo los que acuden a la rama judicial afirman que es muy costosa pero aún mejor que la administrativa. Por último, la pirámide de litigiosidad estudia cuantos de los conflictos que llegan a la jurisdicción efectivamente son resueltos, el producto de este estudio arroja una cifra muy baja y ciertamente preocupante, en tanto la brecha entre la demanda potencial total y las resoluciones cumplidas es bastante amplia.

Teniendo en cuenta esta información empírica, el problema a nivel interno radica en la implementación de políticas que promuevan la celeridad y la transparencia dentro de las instituciones. Una rama del poder tan esencial como lo es la rama ejecutiva, según los datos tiene muchísimos inconvenientes pragmáticos y es cuestionable que tal vez la rama con más capacidad para intervenir directamente con el ciudadano, sea la más deficiente.

De esta manera si se pretende el establecimiento de sociedades más justas debe procurarse (como bien lo mencionan los Objetivos del Desarrollo Sostenible) por fortalecer las instituciones nacionales pertinentes que le permitan al ciudadano sentirse más involucrado, mas cívico y comprometido, todo esto mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles. Aun así si este ciudadano vive en zonas periféricas dentro del país, en principio su ubicación no debería ser el aspecto determinante de sus derechos.

Es claro que la cuestión de la eficacia de los derechos ha sido una preocupación de muchas disciplinas a lo largo de la historia, lo adecuado sería pues articular todos estos conocimientos para erradicar la gran brecha que existe entre el papel y el diario vivir. Es un hecho notorio que estamos en un mundo globalizado donde la esfera local está indiscutiblemente interconectada con la internacional y que un trabajo conjunto necesariamente contribuirá a la creación de sociedades más igualitarias, con instituciones más sólidas para que puedan constituir alianzas firmes que permitan seguir en el camino del progreso.

A nivel internacional

De acuerdo con los postulados de las relaciones internacionales, la comunidad internacional está compuesta por diferentes actores que interactúan entre sí con la finalidad de mantener u conservar un orden internacional específico para crear un estado de cosas con pretensión de estabilidad. Al interior de dicha comunidad, cada uno de los actores se mueve en el marco de unos intereses para poder actuar, ya sean económicos, sociales, políticos o humanitarios. La problemática planteada anteriormente se traduce, en este nivel, en la ayuda que pide la sociedad civil a actores no estatales para hacer valer sus derechos sin poder erradicar el problema de eficacia de las normas jurídicas, precisamente por los diversos intereses que se sitúan dentro de la comunidad internacional.

Precedente al problema de la materialización de los derechos, está de la creación normativa en el ámbito internacional, por la carencia de una autoridad legislativa que se basa en el concepto formal de soberanía. Sin embargo desde un punto de vista pragmático si existe una superioridad del centro respecto a la periferia para la legislar en unos temas específicos, en tanto el nivel de experticia, el poder y los intereses económicos en juego determinan las condiciones. Esto quiere decir que hay ocasiones en que no se tienen en cuenta los intereses de las poblaciones vulnerables que viven en la periferia, lo cual demuestra que tenemos la misma problemática que se planteaba anteriormente a nivel interno en el caso colombiano, en vista de la asimetría del poder (Halliday, Carrunthers, 2015)

Una solución teórica a la cuestión de la creación normativa internacional, es la regulación por medio de los Ordenes Jurídicos Trasnacionales que permiten que los actores que no son necesariamente sujetos formales (Estados y OOII) participen en el proceso de legislación para suplir las complejidades que en cada materia se producen ( Shaffer & Halliday, 2015) Dentro de estos actores se encuentran los intermediarios que ayudan a determinar si la ley en el papel es más que una adaptación meramente simbólica a los estándares internacionales, ellos se sitúan entre lo global y lo local pero actuando desde lo local, para así dar cuenta de la efectividad de las normas adoptadas.

Es necesario aclarar que actualmente existen varios ordenes jurídicos trasnacionales (TLO’s) en materias como derechos humanos, comercio internacional, normas sobre insolvencia corporativa, entre otras. Que dan cuenta de las diferentes alianzas entre actores privados, estatales, no estatales, academia y muchos más, pero que dejan por fuera a aquellos que carecen de poder frente a todos los anteriores o que si bien los incluyen, los problemas de ejecución son evidentes.

Por ello, no se debe olvidar pues la importancia de la participación de los sectores vulnerables y/o periféricos en la creación de las normas que si bien es el primer paso para el reconocimiento de los derechos, no es el único en el proceso de materialización de los mismos y ahí recae la importancia de la interconexión de la dimensión interna del ODS 16 en relación con el fortalecimiento de las alianzas(ODS 17), en otras palabras, si a nivel local hay una participación cívica efectiva ello necesariamente se expresara en instituciones fuertes e imparciales que a su vez serán capaces de formar alianzas para incrementar la participación de las poblaciones “periféricas” alrededor del mundo.

A partir de este punto se destaca la visión integral de los objetivos, la interacción necesaria entre estos y la profunda interconexión que tienen todos los ámbitos de la sociedad y los impactos que generan hasta las más mínimas acciones .Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación.

Todo esto sin olvidar que existe un grave problema de materialización de las prerrogativas básicas de los individuos en los diferentes sectores de la comunidad internacional y que esto constituye un hecho que no solo afecta a los dos objetivos tratados en este escrito sino a todos y cada uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que es un problema que se debe afrontar de manera inmediata y conjunta.

Referencias

Carrunthers, B. G., & Halliday .T. (2009). Bankrupt: Global Lawmaking and Systemic Financial Crisis. Stanford: Stanford UP

Halliday. T & Shaffer. G (2015). Transnational Legal Orders. Transnational Legal Orders: Cambridge University Press, UC Irvine School of Law Research Paper No. 2015-56. Tomado de: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2605625#

Launay-Gama, Claire. (2008). Hacia un concepto de gobernanza diferenciada en Colombia. Ponencia presentada en el Primer Congreso de Ciencias Políticas en Bogotá, Colombia. Tomado de: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-357.html

Lemaitre R. J. (2009). El derecho como conjuro. Uniandes y Siglo del Hombre Editores. Bogotá.

Prieto S, Luis. (2014). Apuntes de Teoría del Derecho. Editorial Trotta. Madrid

Robinson M. & Healey. J. (1994). Democracy, Governance and Economic Policy: Sub-Saharan Africa in Comparative Perspective (ODI Development Policy Studies). Published by: Overseas Development Institute.

United Nations. (2015). United Nations Sustainable Development Goals, tomado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development, UNDP policy document, New York. UNDP. Tomado de: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf

Uprimmy. R, La Rota M. E, Lalinde S., Santa S. (2014). Ante la Justicia, Necesidades Jurídicas y Acceso a la Justicia en Colombia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. Bogotá. Tomado de: http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.665.pdf

Incertidumbre en la economía mundial: países emergentes y en vía de desarrollo

Artículo de opinión por: Juliana Maya Herrera*   (jmayahe@eafit.edu.co) 

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

La seguridad financiera mundial en 2016 está causando preocupación en las economías, este es un año en el que hemos podido presenciar una incertidumbre frente a factores que se están evidenciando. Estos están despertando una gran amenaza a variedad países, debido al desplome del petróleo desde mediados de 2014, enormes deudas acumuladas en las economías emergentes, gran salida de capitales, la apreciación del dólar, salida de flujos de los mercados emergentes, principalmente en Latinoamérica, caída de los precios de los commodities, y por último la desaceleración del crecimiento económico en China y depreciación del yuan en un 2% (CNN Expansión, 2015) Todos estos factores hacen que exista más riesgo en la economía global generando desestabilización en los países emergentes y en vía de desarrollo. 

China, el gigante asiático es una de las causas más influyentes en la situación actual, puesto que ha entrado en un período de crecimiento más lento evidenciado en su PIB (Producto Interno Bruto). Esta economía, creció un 6,8% en los últimos tres meses de 2015, siendo la cifra más baja en un periodo trimestral desde la crisis mundial de 2008 (LIY, 2016). Como lo indica un estudio realizado por el periódico español, La Vanguardia, a pesar de que su crecimiento se ha debilitado pasando de un 7,3% en el 2014 a un 6,9% en el 2015, el incremento anual más bajo en 25 años, sigue siendo un país clave para la economía mundial. Según el periódico El Economista, el índice general de la Bolsa de Shanghái, cerró en enero de 2016 con una caída de un 2,92%, siendo este indicador no muy favorecedor para los inversionistas. 

"El enfriamiento chino está poniendo presión en los (países) exportadores de materias primas y de bienes de consumo", recordó un análisis del gigante bancario HSBC (EFE, 2016). Como podemos ver en el análisis que realiza la CEPAL para América Latina y el Caribe, el crecimiento de las exportaciones de China se ha ralentizado debido a los precios más bajos y una menor demanda de sus socios comerciales. Los exportadores de esta potencia, están reemplazando gradualmente los insumos importados con los producidos localmente. Esto ha ocurrido principalmente en los países latinoamericanos especializados en exportación de productos básicos. El declive de la demanda global ha arrastrado a la baja los precios de las materias primas de manera significativa, especialmente de petróleo, carbón, cobre, hierro, zinc, plata, níquel, oro, soja, maíz, algodón, azúcar, café y productos de pescado. Esta situación ha afectado a los países con economías enfocadas en a estos commodities porque tienen una estructura de exportación de productos básicos y por otro lado, tienen una limitada producción de productos de mayor tecnología, cuyos precios han caído menos. (United Nations, 2015).

Existe un temor global relacionado con lo que pueda pasar en un futuro y cómo la situación actual puede afectar posteriormente las economías. No obstante, es indudable que la situación de China es el epicentro de muchas consecuencias que se están presentando actualmente haciendo que el panorama global no sea muy alentador. Toda esta progresiva ralentización se debe en gran parte a la trasformación de este país causando: el aumento de salarios, el fomento del consumo interno y la innovación dentro de esta región. La complejidad de este asunto global, es que un tema lleva a otro, y al final todo se relaciona entre si. Por eso, es que todos los países incluyendo las economías emergentes y las sub-desarrolladas, se ven afectadas de una u otra manera

Referencias

Ambrós, I. (19 de 01 de 2016). El PIB de China creció un 6,9% en el 2015 la cifra más baja en 25 años. Recuperado el 20 de 02 de 2016, de La vanguardia.com: http://www.lavanguardia.com/internacional/20160119/301504123868/pib-china-crecio-6-9-2015-cifra-mas-baja-25-anos.html

CNN Expansión. (25 de Agosto de 2015). China devalúa el yuan para impulsar su economía. Recuperado el 22 de 02 de 2016, de CNN Expansión: http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/08/11/china-devalua-el-yuan-para-impulsar-su-economia

EFE. (19 de 01 de 2016). Expectativa por PIB de China. Recuperado el 20 de 02 de 2016, de El nuevo diario : http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382601-expectativa-pib-china/

El Economista. (28 de 01 de 2016 ). Eleconomista.es. Recuperado el 22 de 02 de 2016, de Eleconomista.es: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/7309858/01/16/La-bolsa-de-Shanghai-cierra-con-una-caida-de-un-292-.html

Gakii, M. (21 de 01 de 2016). Foreign Direct Investments to fall further- UNCTAD. Recuperado el 20 de 02 de 2016 , de The star : http://www.the-star.co.ke/news/2016/01/21/foreign-direct-investments-to-fall-further-unctad_c1279961

LIY, M. V. (19 de 01 de 2016). La economia china crece al ritmo más bajo de los últimos 25 años. Recuperado el 20 de 02 de 2016, de El País : http://economia.elpais.com/economia/2016/01/19/actualidad/1453184574_248440.html

United Nations. (2015). Latin America and the Caribbean in the World Economy. E.15.II.G.5.

Los eventos deportivos a gran escala: una estrategia económica con perspectiva internacional

Por: Carolina Herrera-Cano

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Docente de cátedra de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT, Colombia

Durante los últimos años los eventos deportivos a gran escala han sido objeto de críticas debido a la dificultad de promover sus beneficios en el largo plazo y a las potenciales desventajas para la población civil y el medio ambiente. Sin embargo, las ganancias en términos de visibilidad internacional y dinamismo económico a los cuales pueden acceder los países anfitriones, son elementos a tener en cuenta para los gobiernos que quieren promover la fuerza económica del deporte como parte de sus agendas políticas.

El deporte, tanto el recreativo, como el competitivo, es una herramienta fundamental para la construcción de tejido social. Así lo afirma Maria Alejandra Gonzalez-Perez, Vicepresidenta de AIB, la Academia de Negocios Internacionales: “los lazos emocionales que se tejen alrededor del deporte promueven la cohesión social de las comunidades”. Adicionalmente, el profesor Luis-Fernando Vargas-Alzate, docente del Área de Relaciones Internacionales del departamento de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT, destaca el componente social del deporte y su relación con la vinculación de la sociedad con estilos de vida más saludables.

Sin embargo, a pesar de que las razones sociales para incentivar el deporte pueden claras, los beneficios económicos y, más exactamente, la conveniencia de la inversión pública en eventos deportivos de gran magnitud, no es siempre evidentes. Entre las críticas que este tipo de inversión despierta se incluyen: el cuantioso endeudamiento público, el desplazamiento intraurbano de la población, el aumento en los precios de la propiedad, la proliferación de problemas de movilidad, el deterioro medioambiental y, sobre todo, la destinación de recursos públicos a rubros diferentes a salud, vivienda o educación. Además, como afirma Maria Alejandra Gonzalez-Perez, estos certámenes pueden convertirse en “elefantes blancos” para la economía de los países debido a que las inversiones en infraestructura no responden muchas veces a las necesidades de la población local y su mantenimiento implica costos bastante altos, los cuales no son sostenibles.

No obstante, los altos índices de infraestructura, ingeniería, turismo y empleo alcanzados con los eventos deportivos a gran escala son difícilmente logrados a través de la inversión pública convencional. Además, de manera importante, los países pueden acceder a beneficios a nivel internacional. Para Maria-Alejandra Gonzalez-Perez, estos eventos “son una oportunidad grande para presentarse ante el mundo de manera visible y profunda”. Destaca la atracción de capital extranjero y el fortalecimiento de las marcas país que promueven las industrias locales y permiten el desarrollo de importantes sectores de la economía: las telecomunicaciones, el turismo y el transporte. Además, el desarrollo de capacidades en la población civil, no sólo en temas deportivos y logísticos, sino culturales y sociales.

Por su parte, el profesor Luis Fernando Vargas-Alzate afirma que la masificación de las disciplinas deportivas se convierte en una fuente importante de “poder blando”: “existe un efecto importante de recordación y generación de relaciones culturales”, afirma. En este sentido, y en especial para los países en desarrollo, es posible sacar provecho de esta visibilidad para aumentar su participación en las agendas políticas y económicas internacionales.

Al conocer los potenciales peligros de la inversión en eventos deportivos a gran escala, se destaca la importancia de que esta se realice en el marco del fortalecimiento de las instituciones y una correcta planeación gubernamental. Así habrá una efectiva utilización de los ingresos adicionales que recibe la economía y las ventajas derivadas podrán ser sostenibles en el largo plazo. Finalmente, es preciso que los gobiernos tengan las precauciones necesarias para que las instituciones internacionales que los desarrollan no solo beneficien sus intereses o los de particulares y, consecuentemente, la fuerza económica del deporte se manifieste en la población civil y la economía local.

¿Por qué no aumentan las exportaciones colombianas a pesar de la devaluación del peso?

Artículo de opinión por: Carolina Herrera-Cano (MIB)
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Durante los últimos meses, la tasa de cambio del peso frente al dólar ha alcanzado cifras a las históricas (al 15 de febrero 2016 de 3409,82 pesos por dólar), sólo comparables a las que llegaba en 2002. Este hecho ha sido visto con buenos ojos por diferentes sectores que consideran el consecuente aumento del poder adquisitivo de otros países una oportunidad para incentivar las ventas colombianas en el exterior. Por esta razón, puede resultar sorprendente que el alza del precio del dólar no ha coincidido con aumentos en las exportaciones ni en términos de volumen, ni en su valor, sino más bien con grandes reducciones. Sin embargo, al analizar a profundidad el funcionamiento de la economía colombiana, es fácil observar cómo los procesos de internacionalización de las empresas no están influidos sólo por los precios de las divisas.

Al analizar las cotizaciones y los volúmenes de venta de gran parte de los productos colombianos es posible observar que ambos están en descenso. El carbón, las frutas, el café y, en general, las exportaciones no tradicionales han sufrido disminuciones en la demanda exterior, mientras que productos como el petróleo se han visto afectado por los bajos precios internacionales. Esta situación ha hecho que a pesar de los exportadores colombianos perciben más pesos por cada dólar recibido, sus ingresos sean cada vez menores.

Por otro lado, el hecho de que el precio del dólar no haya beneficiado directamente a las exportaciones colombianos se explica desde varios puntos. En primer lugar, los empresarios con vocación exportadora no han tenido el tiempo suficiente ni los recursos necesarios para acomodar su oferta exportadora a las necesidades de otros mercados, en este sentido, instituciones como la ANDI y Analdex, afirman que será necesario esperar varios meses para que la economía colombiana comience a percibir mayores ingresos provenientes de un dólar caro (El Tiempo, 2015). En segundo lugar, las exportaciones no tradicionales, las cuales han sido últimamente promovidas por el Gobierno dependen en gran medida de exportaciones de bienes de capital, que frente a un dólar alto, tienden aumentar sus precios. Así, productos como los textiles, el banano y las flores (los cuales también han percibido disminuciones en la demanda), aumentan su precio debido a los altos costos de los bienes para su producción (DANE, 2015).

Además, el alza del dólar también ha puesto evidencia los retos internos en cuanto a tributación y libre comercio. La devaluación del peso no será suficiente en tanto la economía colombiana siga siendo una de las más cerradas de la región y su sistema tributario siga desincentivando a inversionistas que son empresas potencialmente exportadoras (Dinero.com, 2015). Por último, la inversión extranjera directa (IED) colombiana en el exterior también ha sufrido grandes disminuciones como consecuencia de la reducción en el poder adquisitivo de los inversionistas colombianos y de la inestabilidad de la economía global.

Asumir que un dólar fuerte beneficiaría a los exportadores colombianos puso de manifiesto grandes debilidades en la estructura económica del país: una fuerte dependencia de la importación de bienes de capital, poca diversificación de la canasta exportadora y un sistema tributario que no favorece la IED (y consecuentemente a las exportaciones). Ante el hecho de que la presencia de empresas colombianas en el exterior difícilmente se llevará a cabo gracias a IED (debido a los altos precios del dólar), el reto para el país será realizar esfuerzos para que las industrias con vocación exportadora puedan sacar provecho de la tasa de cambio a la hora de acceder a otros mercados.

Referencias

Banrep. (2016). Tasa de cambio del peso colombiano (TRM). Disponible en línea: http://www.banrep.gov.co/es/trm

DANE. (2015). Comercio Internacional Exportaciones. Disponible en línea: http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-y-servicios/comercio-exterior/exportaciones

Dinero.com (2015). La puerta que abre el dólar para los exportadores. Disponible en línea: http://www.dinero.com/economia/articulo/como-favorece-dolar-exportadores/206609

El Tiempo. (2015). Tras alza del dólar, los exportadores no la ven tan fácil. Disponible en línea: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-del-dolar-exportadores-no-la-van-tan-facil/16368538

Sobre los impactos sociales de la política comercial

Artículo de opinión de: Andrés Ordoñez Buitrago* (Email: aordone2@eafit.edu.co)
Abogado, y Analista del Observtorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT. 

El miércoles 10 de Febrero 2016,  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, llevaron a cabo un Seminario Taller sobre política comercial y la evaluación de sus efectos sociales. La importancia de este vínculo entre política comercial –y en general entre cualquier política económica– y sus impactos sociales –indicadores como pobreza, desigualdad y empleo– salta a la vista para los profesionales de las ciencias sociales. Sin embargo, al parecer (y sin generalizar) los economistas tienden a otorgarle una mayor importancia a la evaluación de los impactos netamente económicos de dichas políticas, a través de mediciones de cambios en el producto interno bruto, la balanza comercial, la tasa de cambio y los agregados macroeconómicos. Al menos esto es lo que parece indicar, según oficiales de la CEPAL, la falta de análisis rigurosos ex post sobre los efectos sociales de medidas como la apertura comercial, la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias y la suscripción de tratados de libre comercio por parte de nuestro país.

En esta columna no puedo pretender suplir este vacío. En consecuencia, me limitaré simplemente a llamar la atención sobre ciertos puntos que considero esenciales para responder a la pregunta de cuáles son los impactos sociales de la política comercial de nuestro país. Antes de comenzar, sería útil preguntarse: ¿por qué es importante medir los impactos sociales de esta política? La respuesta es un tanto evidente: porque la política comercial, al igual que las demás políticas estatales, tienen un propósito manifiesto de mejorar la calidad de vida de las personas de dicho país (aunque a veces algunos policymakers lo olviden). El incremento del comercio internacional de nuestro país no es algo bueno per se, ni un propósito en sí mismo. Sin embargo, sí se plantea como una herramienta u oportunidad para incrementar los niveles de empleo (sobra decir, empleo digno), los salarios, la tecnología, la productividad, así como de reducir la pobreza y la desigualdad. Sólo en la medida en que la política comercial que emprende un Estado logra no todos, pero al menos algunos de dichos cometidos, es que podemos decir que es política e incluso moralmente justificable e incluso deseable. Por el contrario, analizar las políticas económicas como si operaran en el vacío es un grave error pues olvida que detrás de las estadísticas agregadas sobre el desempeño de la economía se encuentran millones de personas cotidianas, colombianos de a pie, que cuentan con que el gobierno utilice todos los instrumentos a su alcance para mejorar la calidad de vida de todos, y no sólo de unos pocos.

A continuación quisiera dedicar un espacio a esbozar los principales elementos de la política comercial colombiana, a partir de la información presentada por el Sr. José Durán Lima, Jefe de la Unidad de Integración Económica de la CEPAL. Durante la década de los 1990, como es bien sabido, Colombia adelantó un proceso de apertura económica, el cual ha continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. De esta manera, el porcentaje de las exportaciones colombianas que tienen preferencias arancelarias (es decir, que no deben pagar aranceles para entrar en otros países) pasó del 22% en 1995 al 75% en la actualidad. En cuanto a las importaciones, el porcentaje de desgravación pasó en ese mismo período del 18% al 69%. El arancel promedio efectivamente aplicado en el 2015 fue de 1.8%, mientras que antes de la apertura era de 27%. La mayoría de estos aranceles se concentran en sectores bastante sensibles de la economía, como alimentos, agricultura, ganadería, papel/cartón, textil. En el plano institucional, además del ingreso de Colombia a la Organización Mundial del Comercio en 1995, se destaca la suscripción de numerosos acuerdos de libre comercio con 68 países.

Sin embargo, hay un problema estructural: el grado de concentración de las exportaciones por sector económico es bastante alto. Para 2014 el 59% de las exportaciones correspondían al sector de petróleo y minería, seguido –muy de lejos– por alimentos con el 11% y químicos con el 7%. Esto es bastante problemático, pues el sector minero-energético genera muy pocos empleos (tanto directos como indirectos) en comparación con la industria manufacturera, y sus consecuencias en el medio ambiente son bien conocidas. En materia de socios comerciales, si bien durante los años 90 se presentaba también un alto grado de concentración (con Estados Unidos a la cabeza, como país de destino de más del 50% de nuestras exportaciones), en la actualidad se encuentran mucho más diversificadas: Estados Unidos 26%, Venezuela 22%, Ecuador 21%, Brasil 18%, Perú 13%, Chile 11%, China 10.5%, México 10%.

El panorama para este año no es muy alentador. En el 2015 las exportaciones cayeron un 35% como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Para hacer frente a esta situación, es necesario replantear la política industrial de nuestro país, incentivando y fortaleciendo la industria manufacturera, con ocasión de la revaluación del peso. De esta manera, por un lado dependeríamos menos de los ingresos del petróleo, y por el otro propenderíamos por un avance real en los indicadores sociales (como pobreza, empleo y desigualdad), a partir de un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental.

Consideraciones sobre la cívica en el desarrollo

Artículo de opinión por: David Ricardo Murcia Sanchez
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

En estas líneas quiero hacer una reflexión sobre el papel que jugamos los individuos dentro de los procesos sociales, específicamente llamar la atención sobre la forma en la que desde la individualidad que nos compete, los individuos nos vinculamos y participamos de la agenda del desarrollo. En este sentido ofrezco una serie de consideraciones que, aunque tangenciales al establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o diferentes propuestas de desarrollo de las que esta publicación normalmente se ocupa, refiere a una pregunta crucial para el éxito de los mismos: cómo vincular a los individuos en el camino del desarrollo.

Partamos de la siguiente pregunta ¿cómo organizamos o diseñamos una senda de desarrollo sostenible? La respuesta ortodoxa sugiere construir una serie de estudios refinados en términos técnicos y científicos, los cuales se concatenan en manuales que establecen pasos a seguir hacia el desarrollo, según sea la perspectiva en la que se hizo el estudio.

Este procedimiento genera un proceso de crecimiento documental en el cual la sociedad encuentra una oferta de recetas que facilitan la detección y la consecuente solución de problemas sociales. Progresión que implica la solución en potencia de todos los problemas sociales que se pueda encontrar. No obstante, este recurso también posibilita la generación de un distanciamiento, en términos de percepción, entre los fenómenos sociales y las personas, dado que los individuos se desembarazan de lo colectivo en la técnica.

Este desembarazo de lo social es consecuente con lo que muchos teóricos sociales han identificado como el proceso de la racionalización de la sociedad para dirimir conflictos, con el fin de agilizar los procesos sociales. En este sentido, lo que se ha buscado es sacar de la vía pública lo que genere disenso: la teología, la moral, la política, llegando en la técnica al espacio de comunión por su neutralidad. Sin embargo, dada su vacuidad moral la técnica se hace insostenible como espacio de común acuerdo cuando por algún motivo los problemas sociales dejan de ser hipótesis latentes y se hacen evidentes. Allí, el velo se difumina y comienza la búsqueda por la imputación de culpabilidad.

La búsqueda discurrirá por quién no cumplió su función, qué no se predijo, qué escapó al alcance de la razón. Aunque estas preguntas son afortunadas, el campo de búsqueda se centra con facilidad de manera externa a los individuos, omitiendo la agencia moral en los fenómenos sociales. Esto quiere decir que con facilidad encontramos análisis donde se determinan las fallas sistémicas que permitieron la existencia del problema, evaluando la sociedad como un conjunto de factores determinados por patrones de datos empíricos o con arreglo a funciones teóricas preestablecidas: lo que falla son estructuras o actores despersonalizados. ¿Quién es culpable? Seguramente yo no, sino aquellos que no reciclan o el sistema financiero contemporáneo o las desigualdades socioeconómicas. Todos factores externos que determinan la acción del individuo ante los cuales éste es paciente.

Es como si el mundo de lo social fuese externo e inalcanzable para el individuo. Sin embargo, la estructura que los factores externos imponen sobre el individuo constituye la mitad de los estudios sobre la sociedad. La mitad faltante permite tomar a los individuos desde su papel dentro de los procesos sociales; ésta no se centra en cómo lo externo cohíbe al individuo, sino en cómo éste se integra a la generalidad, reviviendo la preocupación moral de la acción social.

Abro una discusión que excede de la determinación racional: causal, de factores sociales sobre el desarrollo y los problemas sociales. Discusión que ingresa al debate términos de los estudios sobre la ética y la filosofía. En este sentido, quiero plantear complementariedad entre el compromiso ético de los individuos con la sociedad y los desarrollos técnicos que nos permiten asegurar certidumbre en el camino que recorremos hacia el desarrollo. Una vía para subsanar la brecha entre los individuos y los fenómenos sociales.

Retomemos la pregunta inicial ¿cómo organizamos o diseñamos una senda de desarrollo sostenible? Ahora dos vías se complementan para darle solidez a la respuesta. Los estudios técnicos diagnostican y ofrecen vías de solución a problemas sociales y la ciudadanía, desde la individualidad de sus miembros, debería desarrollar una conciencia moral de la fenomenología social, hacer surgir un sentido de cívica ciudadana donde el sujeto comparta con las estructuras que lo cobijan la responsabilidad del devenir de la sociedad.

En forma de conclusión, el llamado que levanto es para que a la par que se desarrollan las discusiones técnicas y teóricas que tratan de comprender y arreglar los grandes problemas de nuestra sociedad, como lo son los ODS o las diferentes columnas de este espacio de discusión, podamos levantar una conciencia del papel que como individuos interpretamos en la sociedad, una suerte responsabilidad moral por involucrarnos en el desarrollo y la sostenibilidad.

Colombia, ¿se acerca a una crisis griega?

Artículo de opinión de: Esteban Jaramillo Osorio* (ejaram11@eafit.edu.co)
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Estudiante de Economia de la Universidad EAFIT, Colombia

Durante 2015 y lo que va de 2016 con los desplomes de los precios del petróleo y el aumento del dólar, es fácil apreciar que Colombia no se encuentra en una situación económica muy favorable. Lo más preocupante son algunas de las acciones que está tomando el Estado, estas se asemejan a las condiciones forzadas a Grecia, España, Irlanda y Portugal por la troika financiera conformada por: El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la comisión europea (CE); para un rescate de emergencia, cuando estas se encontraban en situaciones económicas críticas, algunas de estas naciones estaban al borde de la quiebra con niveles del desempleo superiores al 20% y estas entidades intervinieron para evitar que la situación de estos países empeorara, en el peor, de los casos quebraran.

Lo que resulta alarmante es que medidas similares fueron forzadas por la troika financiera, al tomar la posición de prestamistas de última instancia, y debido a que estos no podían ayudar a salvar a países que no pueden pagar las ayudas que van a recibir, ponían condiciones a los países a los que estaban por ayudar. Entre estas condiciones se encontraban una serie de políticas de austeridad que asegurarían que el país iba a ahorrar y en un futuro tendría el capital suficiente para pagar su deuda. Estos préstamos se hicieron a países de la Unión Europea durante la crisis del euro, que golpeó en los años pasados, y dejaron a algunos países con fuertes problemas de liquidez, los cuales han logrado salir adelante exceptuando a algunos como Grecia, que aún se encuentra con problemas económicos y ha tenido que acudir a estos mecanismos repetidas veces.

Contrastando estos eventos con las medidas que ha tomado Colombia en los últimos meses, a pesar de no ser tan severas aparentemente, podría indicar que el gobierno ha acudido a alguna entidad prestamista y se le están imponiendo condiciones para recibir ayuda de estas instituciones que en algunos casos actúan como prestamistas a países en desarrollo o en crisis lo que nos podría llevar a concluir que Colombia bien está tratando de financiar algunos de sus proyectos por medio de préstamos internacionales o está buscando un alivio económico a una posible falta de liquidez causada sea por la severa depreciación del peso colombiano respecto al dólar, los bajos precios del petróleo o por malos manejos de los capitales por parte de los gobernantes.

Para cotejar las medidas que se están tomando en Colombia utilizaremos el ejemplo más evidente de estas medidas el cual es Grecia, que como se mencionó antes incurrió en políticas de austeridad para recibir un rescate por parte de la troika durante la crisis europea. Partiendo de esto, analizaremos las medidas tomadas a partir de diciembre del 2009 por Grecia y las compararemos con algunos de los eventos y políticas fiscales que se han tomado en Colombia a lo largo del 2015 y lo que llevamos del 2016.

En Grecia, el 14 de diciembre del 2009, Yorgos Papandreu, el ministro de economía griego presentó las medidas de austeridad solicitadas por la troika financiera para recibir la ayuda que necesitaba. Esta cual consistió en el mayor paquete de rescate financiero de la historia al ascender a 110 mil millones de euros y fue dividido en tres diferentes pagos a lo largo del 2010. Estas medidas de austeridad consistieron en: reducción del gasto público, aumentos en ingresos fiscales y la repartición del paquete de rescate a lo largo de tres periodos. Además de estas condiciones impuestas también se le pidió realizar reformas internas para que el país esté en mejores condiciones para afrontar la crisis, entre ellas: un recorte de salarios del sector público y anulación de la 13ª y 14ª pagas a sueldos mayores a los 3.000 EUR y una disminución del pago a las horas extras, también se dio un aumento de cotización de los 37 a los 40 años para una jubilación completa y se aumentó la edad mínima para la jubilación a los 60 años (Torrent, 2011).

En términos fiscales se dio un aumento en los impuestos aumentando tanto el IVA como el impuesto al alcohol, tabaco y combustible y se les imponen impuestos a las empresas grandes con beneficios y finalmente impuestos a los bienes de lujo y nuevos impuestos a los juegos de azar. El Estado también comenzó a reducir su presencia por medio de la venta de empresas estatales o publicas aumentando así sus ingresos fiscales (Cavero, 2013).

Con la caída del precio del petróleo, la pérdida de competitividad de Colombia, la caída del crecimiento del PIB, el excesivo endeudamiento del país, y la consecuente depreciación del peso colombiano respecto al dólar, el poder adquisitivo tanto del Estado como de sus habitantes se vio reducido en aproximadamente un 50%, pasando así de tener una tasa representativa del mercado (TRM) respecto al dólar con una estabilidad cercana a los 2.000 COP para noviembre del 2014, a ostentar hoy un dólar cotizándose alrededor de los 3.350 COP(Banrep, 2016), lo que para el colombiano promedio significa una disminución en su salario real, puesto que aunque el salario mínimo aumentó incluso por encima del IPC, la capacidad para adquirir bienes y servicios se vio ostensiblemente disminuida . Si bien estas cifras parecen alarmantes, son aún más preocupantes las medidas que ha tomado el Estado para atajar la crisis, tales como la enajenación de activos del Estado como lo eran sus acciones en ISAGEN, así como también la reducción de costos de funcionamiento estatales, anunciados por el presidente con la llamada “política de austeridad”, y por último se ha aumentado la base gravable, al disminuir a 1'800.000 COP colombianos el canon mínimo para verse obligado a declarar renta, que antes estaba en 2'100.000 COP(Portafolio, 2016).

Después de contrastar las políticas económicas tanto de Colombia como de Grecia, es imposible no observar una honda similitud, lo que necesariamente nos hace preguntar sobre la viabilidad económica de Colombia a largo plazo, puesto que las medidas económicas, entendidas como síntomas de un mal mayor, permiten entrever una crisis mucho más profunda de lo que hasta el momento hemos podido ver; en otras palabras, Colombia está preparando el camino para hacerse acreedor de medidas de salvaguardia por parte de organismos internacionales, lo que llevará a la economía nacional a un déficit del que seguramente será muy difícil escapar, y por ello nuestra disciplina debe estar atenta a mitigar el daño que puede traer consigo una crisis como para la cual el gobierno parece estar preparándose.

Referencias

Banrep. (04 de Febrero de 2016). Obtenido de Banrep: http://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria

Banrep. (08 de Febrero de 2016). Obtenido de Banrep: http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico&Path=/shared/Consulta%20Series%20Estadisticas%20desde%20Excel/1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano/1.1%20TRM%20-%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991/1.1.1%20Serie%20historica&Options=rdf

Cavero, G. (septiembre de 2013). oxfam. Obtenido de oxfam: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cs-true-cost-austerity-inequality-greece-120913-es.pdf

Portafolio. (07 de Enero de 2016).Obtenido de Portafolio:
http://www.portafolio.co/especiales/reforma-tributaria-2016/impuestos-colombia-2016

Torrent, L. (20 de 06 de 2011). United Explanations. Obtenido de unitedexplanations: http://www.unitedexplanations.org/2011/06/20/todas-las-medidas-de-austeridad-de-grecia-al-detalle/#

Los retos y oportunidades para la economía global en 2016

Por: Carolina Herrera-Cano (MIB)
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Universidad EAFIT, Colombia

La Unidad de Inteligencia (Intelligence Unit) de The Economist, que proporciona información sobre pronósticos y asesoramiento sobre los mercados, presentó el 28 de enero su pronóstico global para 2016 (The Global Outlook for 2016) a través de conferencia virtual desde Londres y Nueva York. En este reporte se exploran los riesgos globales y oportunidades que la economía mundial podría afrontar durante este año a través de una medición que involucra la probabilidad de los riesgos y la magnitud de su impacto, en caso de que sucedieran. De esta manera, la publicación inglesa llama la atención sobre cinco posibles escenarios (tres riesgos y dos oportunidades) que afectarían la agenda económica internacional y, de manera importante, a los países emergentes.
En primer lugar se encuentra la posible salida de Grecia de la eurozona en caso de no cumplir las condiciones del rescate económico o de no presentar las cifras de crecimiento necesarias para reducir la carga de su deuda. La probabilidad de este riesgo es alta y su impacto sería muy alto; de manera específica, esto afectaría directamente la economía europea y tendría grandes repercusiones para su escenario político; finalmente, podría generar contracciones en la economía global.
En segundo lugar, también con un riesgo alto y un impacto muy alto, la posibilidad de una segunda Guerra Fría debido a las crecientes tensiones por las acciones bélicas rusas, podrían traducirse no sólo sanciones para la economía rusa, sino mayores costos en la energía (especialmente para Europa) y gasto militar, que se traducirían en un crecimiento del déficit.
Un riesgo moderado, aunque de alto impacto, fue puesto en el tercer lugar. Se trata de la posible crisis de la deuda de las empresas de los países emergentes. El fortalecimiento del dólar y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos (sumados a los actuales bajos precios de las materias primas) ponen en riesgo fiscal a estas economías, que durante los últimos años habían sido el principal motor del crecimiento económico mundial, pero que hoy han sido desplazadas por los países desarrollados (específicamente: Estados Unidos, Japón y Europa).
Para el caso de las oportunidades, The Economist, afirma que (con una probabilidad moderada y un posible alto impacto) la estabilización del precio del petróleo a 25 USD por barril, a pesar de los grandes retos que esto supondría para los países exportadores de crudo, podría representar una oportunidad para un mayor consumo en los países importadores y la dinamización los sectores no energéticos; esto podría generar que el PIB global tuviera un mayor crecimiento.
Por último (con una probabilidad moderada y un impacto bajo), el levantamiento de las sanciones a Irán implicaría su reingreso a la economía global y un impulso a la inversión gracias al consecuente crecimiento de su región.
Estos cinco escenarios que se plantean ponen de manifiesto la creciente interdependencia de las economías alrededor del mundo y podrían significar grandes cambios en las agendas económicas regionales. Los principales retos deberán ser afrontados por los países emergentes, quienes ya no serán el principal motor de la economía mundial, por lo que deberán replantear su papel dentro de las dinámicas globales.