Abogado, y Analista del Observtorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT.
El miércoles 10 de Febrero 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, llevaron a cabo un Seminario Taller sobre política comercial y la evaluación de sus efectos sociales. La importancia de este vínculo entre política comercial –y en general entre cualquier política económica– y sus impactos sociales –indicadores como pobreza, desigualdad y empleo– salta a la vista para los profesionales de las ciencias sociales. Sin embargo, al parecer (y sin generalizar) los economistas tienden a otorgarle una mayor importancia a la evaluación de los impactos netamente económicos de dichas políticas, a través de mediciones de cambios en el producto interno bruto, la balanza comercial, la tasa de cambio y los agregados macroeconómicos. Al menos esto es lo que parece indicar, según oficiales de la CEPAL, la falta de análisis rigurosos ex post sobre los efectos sociales de medidas como la apertura comercial, la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias y la suscripción de tratados de libre comercio por parte de nuestro país.
En esta columna no puedo pretender suplir este vacío. En consecuencia, me limitaré simplemente a llamar la atención sobre ciertos puntos que considero esenciales para responder a la pregunta de cuáles son los impactos sociales de la política comercial de nuestro país. Antes de comenzar, sería útil preguntarse: ¿por qué es importante medir los impactos sociales de esta política? La respuesta es un tanto evidente: porque la política comercial, al igual que las demás políticas estatales, tienen un propósito manifiesto de mejorar la calidad de vida de las personas de dicho país (aunque a veces algunos policymakers lo olviden). El incremento del comercio internacional de nuestro país no es algo bueno per se, ni un propósito en sí mismo. Sin embargo, sí se plantea como una herramienta u oportunidad para incrementar los niveles de empleo (sobra decir, empleo digno), los salarios, la tecnología, la productividad, así como de reducir la pobreza y la desigualdad. Sólo en la medida en que la política comercial que emprende un Estado logra no todos, pero al menos algunos de dichos cometidos, es que podemos decir que es política e incluso moralmente justificable e incluso deseable. Por el contrario, analizar las políticas económicas como si operaran en el vacío es un grave error pues olvida que detrás de las estadísticas agregadas sobre el desempeño de la economía se encuentran millones de personas cotidianas, colombianos de a pie, que cuentan con que el gobierno utilice todos los instrumentos a su alcance para mejorar la calidad de vida de todos, y no sólo de unos pocos.
A continuación quisiera dedicar un espacio a esbozar los principales elementos de la política comercial colombiana, a partir de la información presentada por el Sr. José Durán Lima, Jefe de la Unidad de Integración Económica de la CEPAL. Durante la década de los 1990, como es bien sabido, Colombia adelantó un proceso de apertura económica, el cual ha continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. De esta manera, el porcentaje de las exportaciones colombianas que tienen preferencias arancelarias (es decir, que no deben pagar aranceles para entrar en otros países) pasó del 22% en 1995 al 75% en la actualidad. En cuanto a las importaciones, el porcentaje de desgravación pasó en ese mismo período del 18% al 69%. El arancel promedio efectivamente aplicado en el 2015 fue de 1.8%, mientras que antes de la apertura era de 27%. La mayoría de estos aranceles se concentran en sectores bastante sensibles de la economía, como alimentos, agricultura, ganadería, papel/cartón, textil. En el plano institucional, además del ingreso de Colombia a la Organización Mundial del Comercio en 1995, se destaca la suscripción de numerosos acuerdos de libre comercio con 68 países.
Sin embargo, hay un problema estructural: el grado de concentración de las exportaciones por sector económico es bastante alto. Para 2014 el 59% de las exportaciones correspondían al sector de petróleo y minería, seguido –muy de lejos– por alimentos con el 11% y químicos con el 7%. Esto es bastante problemático, pues el sector minero-energético genera muy pocos empleos (tanto directos como indirectos) en comparación con la industria manufacturera, y sus consecuencias en el medio ambiente son bien conocidas. En materia de socios comerciales, si bien durante los años 90 se presentaba también un alto grado de concentración (con Estados Unidos a la cabeza, como país de destino de más del 50% de nuestras exportaciones), en la actualidad se encuentran mucho más diversificadas: Estados Unidos 26%, Venezuela 22%, Ecuador 21%, Brasil 18%, Perú 13%, Chile 11%, China 10.5%, México 10%.
El panorama para este año no es muy alentador. En el 2015 las exportaciones cayeron un 35% como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Para hacer frente a esta situación, es necesario replantear la política industrial de nuestro país, incentivando y fortaleciendo la industria manufacturera, con ocasión de la revaluación del peso. De esta manera, por un lado dependeríamos menos de los ingresos del petróleo, y por el otro propenderíamos por un avance real en los indicadores sociales (como pobreza, empleo y desigualdad), a partir de un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental.
