Artículo de opinión por: Carolina Herrera Cano (caroherca@gmail.com) y David Ricardo Murcia Sanchez (dmurcias@gmail.com)
Undergraduate students at Universidad EAFIT, Colombia
El conflicto armado que vive Colombia ha ganado especial protagonismo en la prensa durante los últimos meses, en gran parte debido a las discusiones que suscitan las alternativas pacíficas de la nueva política de gobierno. Las mesas de negociación de La Habana pretenden tener en cuenta los intereses de cada uno de los actores del conflicto, sin embargo no es posible pretender una plena convergencia entre las demandas de cada una de las partes.
Los principios democráticos de las sociedades de hoy han modificado fuertemente la manera en la que funcionan los Estados, es este el caso de la importancia que han ganado los medios de comunicación por la capacidad que éstos tienen de promover movilizaciones sociales. Es por esto que la opinión pública en Colombia se debate entre la crítica y el incentivo de las promesas de reparación y amnistías en el marco de los diálogos de paz. Sin embargo, ante esta indudable divergencia de propuestas por parte de los diferentes actores de la sociedad civil, hay un deseo en común al parecer innegable: el fin del conflicto armado.
El peligro que nace ante este panorama no es la confrontación de ideas como tal, sino la manera como ésta puede influir las decisiones del gobierno: en un territorio marcado por prácticas populistas, una verdadera política de Estado dirigida hacia el objetivo común se ve amenazada por sus intentos de atender las demandas meramente coyunturales de la nación. Un contraejemplo válido en este punto es la gestión realizada por el presidente Juan Manuel Santos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde buscó legitimar internacionalmente su política de gobierno a pesar de las fuertes críticas que ha recibido por parte de la opinión pública nacional.
El anterior argumento es el respaldo necesario para la hipótesis de esta columna: antes de prestar atención a la opinión pública y tratar de complacerla, en su pluralidad de presentaciones, un Estado debe tomar una perspectiva tecnocrática para la construcción de una política de desarrollo verdaderamente efectiva -para este caso el logro del fin del conflicto-. Lo anterior puede ser entendido como una de las interpretaciones pesimistas de Schumpeter, donde el pueblo en general se ve dominado por la dictadura de los que saben gobernar, debido a la incapacidad del pueblo, como multitud, de decidir (Bovero, 2002) cuál es la mejor opción para el desarrollo de su sociedad. Sin importar si esta es una interpretación correcta de Schumpeter, el panorama sombrío que presenta, hace preciso matizar: ignorar la opinión pública no significa relegar el bienestar del pueblo, sino no dejarse llevar por la volubilidad y efervescencia de los deseos de sus habitantes a la hora de tomar decisiones para la consecución de lo que todos quieren, pero que no se ponen de acuerdo en cómo. De ahí, que se plantee la conveniencia de manejar el desarrollo de los países desde un la técnica, pero no sólo con base en análisis econométricos, como podría pensarse, este grupo de técnicos requiere nutrirse, además, de la sabiduría de las ciencias sociales para lograr un acercamiento, lo más preciso posible, a las necesidades de la nación.
Otra consideración pertinente para refrendar esta hipótesis es que, sumado a la separación y tecnificación de los gestores de política, no puede dejarse de lado la conciencia del orden social. Ninguna política pública, si quiere ser exitosa, puede alterar de manera súbita el orden social que le precede. Es por esto que se planteó con anterioridad que la separación entre el gobierno y el pueblo debe ser prudente, pues si el pueblo perdiese identificación con la parte propiamente política de un Estado, éste perdería legitimidad y no podría gobernar (Vid. Schmitt, 2004), ni implementar sus políticas por muy técnicamente formuladas que estén. En este sentido, es vital no sólo la conciencia de la estructura social de un pueblo desde un institucionalismo economicista, sino también sus relaciones políticas en un sentido antropológico y sociológico .
El difícil contexto social que el Estado colombiano tiene que sortear le dificulta la implementación de políticas para estimular el desarrollo, pues en su formulación no sólo tiene que asegurarse de cumplir con su objetivo principal: facilitar el desarrollo, sino que debe, además, afrontar problemas como la fragmentación de la población, la presencia de cárteles de droga y la pronunciada debilidad de las instituciones gubernamentales, al tiempo que se ocupa de satisfacer a la opinión pública. En este sentido, los esfuerzos del Estado deberían estar centrados en brindar un contexto económico y político estable, que promueva actividades económicas, alternativas a la extracción de materia prima, que generen desarrollo sostenible e incluyente (UNCTAD, 2013), en lugar de tratar de complacer a la mayoría de los segmentos de la población (posiblemente con fines electorales) en sus demandas inmediatistas. La combinación de técnica y espíritu político puede brindar el mayor rédito a la hora de pensar en el desarrollo de un pueblo.
Referencias
UNCTAD. (2013). World Invesment Report 2013.
Michelangelo Bovero (2002) Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores. Madrid, Trotta.
Schmitt, C. (2004). El concepto de lo político (E. Molina y Vedia y R. Crisafio, Trads.). En H. Orestes Aguilar (Comp.) Carl Schmitt, Teólogo de la política (pp.167-223). (El trabajo original fue publicado en 1939)
