Víctimas en la implementación de los Acuerdos de Paz: ¿cómo va su participación?

Opinion por: Juan Esteban Rivera Salazar. Estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT (Colombia).
Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo.

Bien se ha establecido que la correlación entre Estado de Derecho y desarrollo es positiva. Ambos se refuerzan mutuamente y apuntan a la consecución de la sostenibilidad en el largo plazo. Aun cuando la paz no es estado perfecto, es ciertamente conditio sine qua non bajo el cual el Estado de Derecho se fortalece y puede emplear los esfuerzos necesarios para crear las condiciones para el mejoramiento social y económico. Encaminado hacia ese propósito se encuentra el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas) que dispone de metas centradas en la erradicación de todas las formas de violencia y en la promoción y robustecimiento de las instituciones. Alineado a lo anterior, el artículo 22 de la Constitución colombiana establece que “la Paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento” erigiéndose como pilar y fundamento para el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Como estamento legal y principio constitucional, el artículo 22 obliga a cada ciudadano y gobierno en el poder, sin importar su tendencia ideológica, a designar recursos (no meramente monetarios) con el fin de lograr la paz, convirtiéndola así en medio y fin del Estado. Es por ello que ninguna voluntad política debería interferir con intentos por lograr la paz. En un país cuyas generaciones no han experimentado lo que ésta significa, se hace estrictamente imperante buscar métodos alternativos de resolución de conflictos al militarismo que ha demostrado ser inefectivo en la erradicación de grupos armados ilegales e insurrectos en Colombia. De hecho, en el afán de derrotar las guerrillas por las armas, la guerra sucia se instauró, se profanó el DIH y los altos y dolorosos costos fueron asumidos por la sociedad civil.

La fórmula es sencilla: paz negociada. En palabras de Mahatma Gandhi, si se desea paz, la paz es el camino. La construcción de paz en Colombia es un camino extenso y propenso a desafíos. En un país con más de 50 años de conflicto civil, la convivencia en armonía política y social resulta en urgentes llamados de atención en miras a alivianar las cargas que la sociedad colombiana ha estado soportado por problemas estructurales relacionados con la falta de justicia social, la precaria distribución de tierras, la participación sectaria y limitada en la política y las grandes brechas socio-económicas que se siguen ahondando. Es por ello que el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP, desde su firma en 2016 y la puesta en implementación, llama al término de hostilidades y el uso de la violencia, a la búsqueda de la verdad, a la recuperación de la dignidad de las víctimas y si es posible, la reconciliación (sin ser este último un propósito per se del Acuerdo de Paz). Su enfoque en el ODS 16 es claro. Además de propiciar un espacio para lograr parcialmente la paz social y política, el Acuerdo busca llevar al Estado a las regiones que por décadas han estado desamparadas y saldar deudas históricas con las comunidades que nunca sintieron al Estado como su Leviatán.

Pero: ¿en qué se ha avanzado con las víctimas? Los defensores del Acuerdo afirman que durante las negociaciones, las víctimas fueron puestas en el centro de la discusión. A diferencia de previos Acuerdos de Paz, el Acuerdo con las FARC dispone de un sistema restaurativo basado en 4 ejes: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, estipulando así como punto de referencia los derechos de las víctimas. Sin embargo, el panorama no parece tan alentador para ellas. De acuerdo con el reporte "Del capitolio al territorio" (Fundación Ideas para la paz, 2019) sobre la implementación del Acuerdo de Paz, si bien el Registro Único de Víctimas ha establecido el magno número de casi 9 millones de víctimas, para enero de 2019 (según reportes de prensa) solamente se habían reparado 962.000 de ellas. Una absurda cifra de menos del 15% de víctimas desde la puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011 (conocida también como Ley de Víctimas). Las víctimas siguen exigiendo al Estado por su reparación y la aceleración de los procesos para lograr la indemnización y reparación que se les había prometido. También señala una aparente desconexión entre el Sistema Integral dispuesto por el Acuerdo de Paz y otras medidas de reparación consignadas en este. Asimismo, las víctimas han clamado porque su reparación se ha visto afectada con la implementación del Acuerdo especialmente debido a la disminución de recursos tanto financieros como humanos que se han dispuesto para el cumplimiento de las obligaciones con las víctimas que estaban en proceso y las nuevas que han resultado. Encaminado a la falta de recursos, los gobiernos locales insisten en que aunque el gobierno nacional les designa responsabilidades, no se encuentran en la capacidad para atender nuevos hechos victimizantes resultado de la nueva ola de violencia que se ha desatado.

Por otro lado, el Informe Trimestral del Secretario General a marzo de 2020 sobre la situación del Acuerdo de Paz muestra cifras más concretas. Según el informe, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se han acreditado más de 265.000 víctimas en los siete macro-casos abiertos. Asimismo, la JEP ha acreditado 11.762 personas indígenas de 69 comunidades de Chocó y Antioquia y a más de 100.000 víctimas de 31 comunidades provenientes del departamento del Cauca. “Hoy comparecen ante la Jurisdicción 12.529 excombatientes y hay 1.000 solicitudes de terceros que se presentaron voluntariamente” (Colombia en Transición, 2020). La Comisión de la Verdad, por su lado, ha realizado alrededor de 11.700 entrevistas individuales y colectivas con víctimas, excombatientes y otros actores involucrados para cumplir con su propósito en revelar las verdades aún ocultas sobre el conflicto armado y disponer de ellas para la memoria histórica y colectiva del país. La Comisión actualmente cuenta con 22 Casas de la Verdad de las 28 inicialmente proyectadas. Finalmente, la tercera organización del Sistema Integral, la Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) había identificado para entonces 599 personas que no figuraban en ninguna otra base de datos.

Si bien se han hecho esfuerzos desde el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, aún queda mucho por hacer. Algunas organizaciones de víctimas han hecho peticiones a la JEP para que abra nuevos casos relacionados con violencia sexual, desaparición forzada o hechos victimizantes contra defensores y líderes sociales (Colombia en Transición, 2020). No obstante, su trabajo ha sido ejemplar y se ha permitido una mayor participación y voz a las víctimas del conflicto. Algunos resaltan la independencia de sus decisiones judiciales. Lo mismo ocurre con la Comisión de la Verdad y la UBPD, cuyas labores resultan imprescindibles para la construcción de memoria y la dignificación de las víctimas a través de las respuestas a sus preguntas y clamores. En esta línea, que las víctimas dejen de ser una cifra, se visibilicen y conviertan en vivo ejemplo de la resiliencia de un pueblo azotado por la violencia. Es importante seguir de cerca la implementación del Acuerdo y la interacción con las víctimas a quienes el Estado mismo les debe protección y garantías para que los hechos atroces no se vuelvan a cometer. El Sistema Integral fuera de convertirse en otro aparato burocrático, debe contemplar una continua articulación con organizaciones de la sociedad civil y de víctimas así como la conexión entre las tres entidades que hacen parte del sistema. En conclusión, que el Estado Colombiano realmente muestre avances en su consolidación como Estado de Derecho y su capacidad institucional para garantizar el cumplimiento de DDHH y la ley.

Referencias

Colombia en Transición. (2020). Quinta entrega. Así va el Acuerdo de Paz: tras la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto. Recuperado de https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/asi-va-el-acuerdo-de-paz-tras-la-verdad-y-la-reparacion-de-las-victimas-del-conflicto-articulo-918832/

Fundación Ideas para la Paz. (2019). Del Capitolio al Territorio. La implementación del Acuerdo de Paz en lo local: los desafíos y las oportunidades. Recuperado de https://ce932178-d58f-4b70-96e7-c85e87224772.filesusr.com/ugd/883ff8_ae12cdd588b64266bbebe841e15f065c.pdf

Organización de Naciones Unidas. (s.f.). Estado de Derecho y Desarrollo. Recuperado de https://www.un.org/ruleoflaw/es/rule-of-law-and-development/

Revista Semana. (2020). Infografía: ¿cómo va la implementación del acuerdo de paz?. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/como-va-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-marzo-de-2020/660443

¿Es el crecimiento verde un compromiso en Colombia?

Por: Juan Esteban Rivera Salazar (jriver30@eafit.edu.co)

Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

EL Crecimiento Verde es definido por la OCDE en su publicación Towards Green Growth de 2011 como el fomento del crecimiento económico y el desarrollo al mismo tiempo que se asegura que los activos naturales continúan proveyendo los recursos y los servicios ambientales. Ese mismo año, los países miembros de la OCDE adoptan la Estrategia Verde que “establece un marco de instrumentos para instar a que los países miembros establezcan políticas nacionales en la materia, considerando sus circunstancias nacionales” (Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, 2018). No obstante, dos años antes, en 2009, los 34 países, miembros de la OCDE para la fecha, firmaron la Declaración de Crecimiento Verde, asegurando que para evitar que los avances en niveles de vida no se detengan, como grupo de buenas prácticas, se debían encontrar nuevas maneras de producir y consumir, así como nuevos métodos para la medición de progreso. Esta declaración pretendía, a su vez, integrar a la sociedad civil en el proceso, haciéndola consciente de su rol en el consumo e incorporación en el sistema. Colombia no se queda atrás pues para el año 2014, se adhiere a la Declaración.

Parece entonces que mantener un crecimiento económico responsable con la biodiversidad y los servicios eco-sistémicos es un compromiso explícito para la OCDE, un compromiso que el país también aparenta haber adoptado no solo para ser miembro de la organización, sino para garantizar la adopción de prácticas sostenibles en la producción que permitan hacer eficiente uso de los recursos que poseemos. Y es lógico que el Estado encamine sus esfuerzos a promover un buen manejo de los recursos naturales, pues cabe recordar que somos reconocidos como el segundo país más biodiverso del mundo, riqueza que debe ser utilizada a consciencia en un momento clave para combatir el cambio climático y los índices desesperanzadores de pérdida de biodiversidad (Colciencias, 2016). Es así que bajo su proceso de adhesión a la OCDE, Colombia adopta el Crecimiento Verde como enfoque transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible capaz de garantizar bienestar económico y social de largo plazo. A través de 3 objetivos principales se buscaría cumplir con dicho propósito: 1) alcanzar un crecimiento sostenible y de bajo carbono, 2) proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural, y 3) fomentar un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático . Estos permitirían, por tanto, alcanzar un modelo de desarrollo fundamentado en el crecimiento sostenible evitando la degradación de ecosistemas, el uso desmedido e ineficiente de los recursos y la pérdida de biodiversidad.

Para Colombia, la OCDE se ha convertido en punto de referencia a lo que se refiere a la planeación, diseño e implementación de políticas públicas. Es así, que siendo un líder en el tema, la organización le ha permitido al país avanzar hasta el punto de formular la Política de Crecimiento Verde que pretende “impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima” (Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, 2018). Esto demuestra un avance en el interés del Estado por conformar una ruta de acción para la protección de la riqueza natural del país, aun cuando existen contradicciones en la gestión de gobiernos de turno que parecen ir en contravía con el propósito de apartarse de la dependencia de industrias extractivas. Es así como en el documento CONPES 3934 se abarcan cinco ejes estratégicos para ser implementados hasta el 2030. Entre estos, se destaca la generación de nuevas oportunidades económicas basadas en la bioeconomía, la economía forestal y otras fuentes no convencionales de energías renovables.

En su reporte para las Américas, IPBES (2018) – Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en español - destaca que entre las causas directamente relacionadas a la pérdida de biodiversidad, pérdida de funciones ecosistémicas y el decrecimiento de las contribuciones de la naturaleza está la sobreexplotación de recursos. De hecho, el reporte establece que la mayoría de países de América está haciendo uso de la naturaleza de una manera más intensiva que el promedio mundial excediendo su capacidad natural para la renovación de sus contribuciones al ser humano. En datos, el 13% de la población humana mundial residente en América produce 22,8% del impacto ecológico mundial. Además, las condiciones ecosistémicas y la biodiversidad en muchas zonas del continente se encuentran en decaimiento, resultando así en una reducción de las contribuciones de la naturaleza a la calidad de vida de las personas. Es claro que ante un panorama algo desalentador, no se puede perder la esperanza. Se necesita de voluntad política proveniente del sector público, así como de las capacidades del sector privado en adoptar prácticas en sus cadenas de producción más responsables con el medioambiente. El Departamento Nacional de Planeación (2016) considera que el crecimiento verde puede ser la ruta crítica para el cumplimiento de los ODS. Es evidente así que Colombia debe comenzar a adoptar una agenda transformadora enfocada en un modelo económico centrado en la gestión racional, sostenible y eficiente de los recursos naturales, pues tanto el aprovechamiento como conservación del capital natural debe ser entendido como fuente de crecimiento a largo plazo, siendo motor de prosperidad prolongada y equitativa para futuras generaciones.

Bibliografía

Colciencias. (2016). Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo. Recuperado de https://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo

Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia. (2018). Documento CONPES 3934: Política de Crecimiento Verde. [PDF]. Recuperado de http://www.andi.com.co/Uploads/CONPES%20CV%203934.pdf

Departamento Nacional de Planeación de Colombia. (2016). Crecimiento verde para Colombia: Elementos conceptuales y experiencias internacionales. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/diagnostico/Documento%20Final%20Crecimiento%20verde%20para%20Colombia.pdf

IPBES. (2018). The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for the Americas. Rice, J., Seixas, C. S., Zaccagnini, M. E., Bedoya-Gaitán, M., and Valderrama N. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 656 pages.

OCDE. (2011). Hacia el crecimiento verde: Un resumen para los diseñadores de políticas. [PDF]. Recuperado de http://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf

Evaluación Post-IPBES VI Plenaria: Resultados y Recomendaciones

Artículo de opinión por: Juan Esteban Rivera Salazar, Estudiante de Semillero en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT.  Email: jriver30@eafit.edu.co 

El 28 de Noviembre de 2018 se llevó a cabo, en la Universidad EAFIT, la socialización de informes sobre la evaluación de las Américas de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Al ser una red de interacción multilateral relativamente nueva, el rol que emplea en el sistema es precario y una gran cantidad de gobiernos aún no conciben su indiscutible relevancia para los asuntos globales y la configuración de políticas públicas en relación a la conservación del medioambiente. Su proceso ha sido complejo ya que en 3 años de intenso trabajo, se ha intentado llegar a consensos para concluir con un texto guía que oriente a los tomadores de decisiones y hacedores de políticas en sus planes relacionándolos con las crecientes necesidades que giran alrededor de un propósito que, en principio, debería ser común: Preservar la biodiversidad. En Marzo de 2018, se realizó la presentación de la evaluación final que contó para el reporte con mas de 150 especialistas de 23 países del continente.

María Elena Zaccagnini, co-presidente de la Evaluación de las Américas, explica que para el IPBES existe un circuito de relación en el cual se entrelazan la calidad de vida, el bienestar humano, los sistemas de vida (naturaleza) y las contribuciones de la naturaleza a la humanidad; no obstante, dichos factores se ven afectados por condiciones de cambio, instituciones, activos antropogénicos y tendencias en las relaciones humanas. En América, actualmente existen 55 de las 195 eco-regiones terrestres y de agua dulce del mundo, constituyéndose como área clave para la biodiversidad mundial; de hecho, su impacto en el ecosistema y las decisiones gubernamentales en torno a la protección del medioambiente son decisivas en la lucha por el cambio climático y en el propósito de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque los datos actuales no son alentadores debido al consumo masivo, la intensificación en explotación de recursos y la poca o inexistente alineación de intereses de los sectores implicados (pública, privado y sociedad civil), los diferentes actores han empezado a mostrar interés por implementar prácticas y proyectos en conjunto con otras entidades para acelerar los procesos de recuperación y conservación de biomas y organismos en la región. No obstante, las metas Aichi, que plantearon un reto para los países en términos de planeación estratégica por acciones en pro de la diversidad biológica, no serán alcanzadas para el plazo convenido (2020) según Zaccagnini.

América tiene en sus manos una gran responsabilidad, pues representa el 40% de las capacidades mundiales eco-sistémicas. A medida que avance el tiempo, será más crítica la situación, los problemas medioambientales presentan disfunciones temporales: sus consecuencias se aprecian en medianos y largos plazos, pero su mitigación precisa de acciones inmediatas. Zaccagnini enfatiza en que ahora es crucial abordar, no solamente con conocimiento sino en praxis, la degradación de la naturaleza. Para ello, existen diversos mecanismos como los regulatorios (áreas de protección y límites para las comunidades), incentivos (compensaciones y certificaciones) y derechos otorgados (distribución de beneficios y derechos a la Madre Tierra), así como implementación de estrategias transversales e interministeriales que contribuyan al consenso y la creación de políticas públicas de largo plazo encaminadas al aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y la preservación ambiental. Sin embargo, se hace igualmente necesario que los sectores productivos, la academia y la sociedad civil interactúen en la formulación de planes que generen impactos de amplio y profundo alcance en comunidades tanto urbanas como rurales. Zaccagnini concluye que aunque aún falta bastante por conocer, no se puede esperar y los agentes deben ejecutar.

¿Acaso es medible la felicidad?

Artículo de opinión por: 

Juan Esteban Rivera Salazar*

Estudiante de Negocios Internacionales, Universidad EAFIT, Colombia

La felicidad ha sido considerada un concepto complejo, definirla comprende el análisis de variables que puedan afectar los comportamientos del homo sapiens y su relación con el entorno; sin embargo, diversos campos de estudio han tratado de encontrar una definición que proyecte un acercamiento a lo que en realidad es.
Segura, M. D., y Ramos, (2009) concluyen en su trabajo La psicología de la felicidad, que “la felicidad no es un estado transitorio como lo puede ser el placer o la alegría, sino que mantiene una estabilidad temporal” y que es posible “relacionarla con la satisfacción experimentada por la congruencia entre nuestros valores personales y capacidad para poder llevarlos a cabo”. En otras palabras, la felicidad es el resultado de la percepción de autorrealización del ser humano independientemente de lo obtenido o los resultados de su esfuerzo.
De acuerdo con Kant, la felicidad es un deber del ser humano, una responsabilidad que le permite ser consciente y libre de su salud, bienestar y comportamiento, de su situación particular y de su relación con los demás debido a su naturaleza y su necesidad inherente de afiliación (Barghomz, 2012). Es por ello que Rousseau, en su teoría de la voluntad general, define el bien común como la suma entre dos factores (Seguridad y desarrollo) que permiten el incremento del nivel y las expectativas de vida en una nación. Dicho bien común debe ser impuesto por el Estado en caso de oposición y conlleva a que la minoría sea “obligada a ser libre” (Piedrahita, 2017). Precisamente, el fin objetivo del Estado debe ser alcanzar y promocionar el bien común que genera una mejoría en la calidad de vida. Debido a lo anterior, se incrementaría la población activa dispuesta a ser parte del ciclo económico formal que a su vez produciría mejoras en el posicionamiento de la ventaja competitiva nacional en el mercado global, donde ya no solamente participan Estados sino entidades privadas. Por ende, la felicidad será una combinación de factores que faciliten la maximización del bienestar individual y como consecuencia, del colectivo. Es así como explica el resumen del World Happiness Report en el año 2015 que “el bienestar depende en gran medida del comportamiento pro-social de los miembros de la sociedad. Pro-sociabilidad involucra a individuos que toman decisiones para el bien común (…)” (SDSN, 2017).
Aún con el reto de encontrar un método viable para medir la felicidad, el World Happiness Report “elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (Sustentable Development Solutions Network - SDSN) de las Naciones Unidas, es el intento más reciente para realizar una comparación global del bienestar a partir de un conjunto de variables y estadísticas mensurables y comparables” (Stemmer, 2015). Entre las anteriores se destacan el PIB per cápita, los años de esperanza de vida saludable, el apoyo social, la confianza, la libertad percibida para tomar decisiones de vida, y la generosidad; factores que a largo plazo influyen en la forma en que una nación percibe su capacidad para escalar en el sistema social y progresar.
Con base a ello, los inversionistas pueden fácilmente encontrar mercados atractivos para ofertar, generar valor agregado a los bienes que producen o reducir costos. Ejemplos de ello serían que con un PIB per cápita elevado, los consumidores tendrían más posibilidades para acceder a las ofertas disponibles en el mercado o que los inversionistas encuentren una fuerza laboral consolidada para suscitar economías de escala.
La inversión extranjera puede verse afectada. Un índice que recoge la disposición general de la población que impulsa de la prosperidad nacional y que inherentemente, relaciona la gestión pública por las políticas desarrolladas en pro del capital social, es de interés para las compañías multinacionales que en su papel de ser sostenibles y apostarle a la responsabilidad social, buscan un entorno conveniente que les permita seguir consolidando sus operaciones a nivel internacional. Es por lo previamente mencionado, que los gobiernos deben promocionar políticas públicas que por objetivo, generen satisfacción personal y promuevan un óptimo rendimiento del conjunto colectivo.
La felicidad es ciertamente un concepto ambiguo, las opiniones surgen y las maneras de definir tal concepto cambian por la perspectiva moral, religiosa, cultural o incluso científica. Sin embargo, algo se puede afirmar, estudios presentados respaldan la aseveración de que la juventud presenta índices de felicidad más altos debido al respaldo económico recibido por los padres, el tiempo para el ocio y la recreación y la consolidación de la aceptación en el círculo social. Las responsabilidades aumentan con la edad y ser adulto implica aceptar otras responsabilidades como la carga laboral o la solvencia económica de sí mismo y del núcleo familiar (si se presenta dicha condición), aspectos que acarrean estrés, fatiga, desasosiego, entre otros (Gómez, , Suárez, Garzón & Gómez,  2016).
Aunque podría resultar inductivo concluir si una persona es feliz o no, lo cierto es que es posible realizar una medición mediante fórmula econométrica, un “modelo de elección discreta en donde la variable dependiente es dicotómica e indica si un individuo se siente satisfecho con su vida o no” (idem). Así es como el observatorio de la felicidad, herramienta que permite “efectuar el seguimiento de la felicidad en un grupo poblacional específico y en un lapso determinado” (Observatorio de Felicidad), ha logrado con información suministrada por la encuesta de Calidad de Vida de Medellín (ECVM) realizar un estudio pertinente que identifica los factores que generan satisfacción en la población.
No es tarea fácil dictaminar si un país es feliz o no, es una labor que toma tiempo de análisis; Sin embargo, se torna más sencilla cuando la nación de un país demuestra que es perseverante y con miras al desarrollo. Cada una enfrenta retos, pero reconocen el poder de la unidad, los problemas son obstáculos que en unanimidad se pueden superar y con talante, lograr bienestar.
Y ese bienestar se traducirá en felicidad.

Referencias

• Barghomz, Mario. (2012). Kant y la felicidad. Recuperado el 26 de marzo de 2017, de http://yucatan.com.mx/editoriales/kant-y-la-felicidad
• Castillo, Roberto. (2012). Voluntad general Rousseau. Recuperado el 26 de marzo de 2017, de http://castillo9200.blogspot.com.co/2012/09/voluntad-general-rousseau.html
• Gómez, C., Suárez, G., Garzón, J., & Gómez, J. (2016, Noviembre). El ser y el tener de los habitantes de la ciudad de Medellín como determinantes de la satisfacción con la vida [PDF]. Medellín.
• Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2015). Reporte mundial de felicidad 2015: Resumen. Recuperado el 28 de Marzo de 2017, de http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/WHR2015_Spanish_Ch-1.pdf
• Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2017). World Happiness Report 2017, New York: Sustainable Development Solutions Network.
• Kant, Immanuel. (n.d). Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Capítulo Segundo. Recuperado el 26 de marzo de 2017, de http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiamedievalymoderna/Kant/Kant-Felicidad.htm
• Segura, M. D., & Ramos, V. (2009). Psicología de la felicidad [PDF]. Unifé.
• Stemmer, Juan. (2015). Reporte de la felicidad. Recuperado el 28 de marzo de 2017, de http://www.elpais.com.uy/opinion/conmensurando-felicidad.html

¿Es un embuste decir que Colombia es rica?

Artículo de opinión por: Juan Esteban Rivera Salazar * (jriver30@eafit.onmicrosoft.com)
*Estudiante de Negocios Internacionales, Universidad EAFIT, Medellin

Andamos por la calle y encontramos cada día más gente preguntándose si Colombia va directo a la inmundicia o la prosperidad. Bien es sabido que desde la perspectiva de la economía internacional, podemos encontrar a Colombia sumergida en el campo de las potencias regionales secundarias nacientes, su participación en el contexto global ha ido acrecentándose paulatinamente y su inclusión dentro del grupo denominado CIVETS la hace acreedora a un desarrollo lento pero sustentable; carece de liderazgo por los conflictos en los que décadas atrás se vio envuelta, problemas que eran el pan de cada día de miles de colombianos que se preocupaban por la seguridad en sus barrios y hogares. Los impuestos suben para suplir gastos externos, las empresas estatales se venden y nuestros recursos naturales son explotados por compañías extranjeras. La pirámide social sigue siendo inestable: el estado llano colombiano se empobrece más y los privilegiados se enriquecen más; es complicado que con un panorama de esta índole, se pueda llamar a Colombia rica si se está haciendo referencia a lo económico, aún queda la esperanza que en algunos años se fortalezca la diplomacia, que la cooperación en desarrollo mediante los organismos económicos regionales, permitan la consolidación de la liberalización del mercado nacional y exista una mayor eficiencia de los tratados multilaterales para una mejor inserción en el dinamismo económico mundial.

Por otra parte, el concepto de riqueza no obedece exclusivamente a lo tratado previamente, me atrevo a decir que riqueza es esa amplia diversidad de creencias, de pensamientos, de expresiones, de rasgos físicos… ¿Habría monotonía si no existiese diversidad? Por supuesto. La multiplicidad de naturaleza que poseemos nos hace acreedores a ese título de ricos, deberíamos evaluar si verdaderamente la apreciamos; poco a poco la explotación de sus suelos, de lo que produce, la ha ido acabando y no hay total consciencia de ello… ¿Qué es, además de esa diversidad lo que podría atraer a extranjeros a nuestro país? Esa posibilidad de asombro frente a lo heterogéneo es lo que hace la diferencia para que Colombia se convierta en un escenario atractivo y turístico. En ocasiones, es precisamente nuestra mentalidad cerrada lo que no nos permite ver que en cada pequeñez y diferencia, hay un misterio nuevo, y que la cantidad de esos misterios se convierten en la verdadera riqueza de una nación.