El Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del Comercio

Artículo de análisis por: Andrés Ordoñez Buitrago*

Abogado

Históricamente, el comercio internacional ha enfrentado múltiples barreras. Durante gran parte de la historia económica mundial, los Estados adoptaron políticas comerciales proteccionistas que restringían considerablemente la posibilidad de comerciantes alrededor del mundo de comercial entre sí, a través de la importación y exportación de bienes y servicios. Así, cuando después de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional acordó una organización de la economía internacional a través de la creación de tres instituciones –el Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio– fue precisamente esta última, la que nunca pudo ver la luz, por la negativa del Congreso de los Estados Unidos de ratificar su tratado constitutivo, la Carta de La Habana. En consecuencia, por muchas décadas el comercio internacional estuvo regulado por un instrumento, y no una organización: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Esta situación cambió en 1994, cuando después de la Ronda Uruguay, se acordó crear la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del Acuerdo de Marrakech. Sin embargo, el énfasis de esta organización inicialmente fue la liberalización del comercio internacional a través de la reducción de aranceles, lo cual resultó insuficiente en tanto una barrera importante a este tipo de intercambios también lo son los trámites administrativos requeridos para llevarlos a cabo. En otras palabras, si hay aranceles bajos pero los trámites para exportar o importar un bien son demasiado engorrosos, el comercio internacional se ve dificultado.

En este sentido, en la Conferencia Ministerial de Singapur (1996) los Miembros de la OMC encomendaron al Consejo del Comercio de Mercancías “la realización de trabajos exploratorios y analíticos sobre la simplificación de los procedimientos que rigen el comercio [...] con objeto de evaluar si procede establecer normas de la OMC en esta materia” (párrafo 21 de la Declaración Ministerial de Singapur). Estos trabajos exploratorios se desarrollaron durante casi una década, hasta que finalmente en 2004 se decidió iniciar formalmente la negociación de un acuerdo internacional en materia de facilitación del comercio. En agosto de ese año, el Consejo General de la OMC adoptó el denominado “Paquete de Julio” o Programa de Trabajo de Doha, en el cual se fijaron los siguientes objetivos para el proceso de negociación:

a) “Aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V (Libertad de tránsito), VIII (Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación) y X (Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT de 1994, con miras a agilizar aún más el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.

b) Potenciar la asistencia técnica y el apoyo a la creación de capacidad en esta esfera.

c) Establecer disposiciones para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras o cualesquiera otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros”[1].

Para implementar este mandato, se estableció en el marco de la OMC un Grupo de Negociación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (en adelante AFC). Este proceso estuvo liderado por los países desarrollados, aunque algunos países en desarrollo –como Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Paraguay y Singapur– lo respaldaron. Durante varios años, el principal obstáculo que enfrentaron de parte de los países en desarrollo fue resistencia en torno al carácter vinculante del Acuerdo (preferían recomendaciones no vinculantes, en vez de normas obligatorias), temiendo no tener las capacidades técnicas requeridas para implementar lo acordado[2].

A pesar de estas dificultades, en 2013 durante la Conferencia Ministerial de Bali y en el marco del “Paquete de Bali”, se logró finalmente adoptar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. El AFC se encuentra divido en tres secciones:

I. En la Sección I están contempladas múltiples disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de aduana de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. De esta manera aclara y mejora los artículos pertinentes (V, VIII y X) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. Asimismo, contiene disposiciones en materia de cooperación aduanera. Algunas de las normas que contiene esta sección son:

• · Los Estados deben publicar información sobre procedimientos de importación, exportación y tránsito; formularios y documentos requeridos; derechos, cargas e impuestos; normas sobre clasificación de productos; normas de origen; restricciones o prohibiciones de importación; procedimientos de recursos; sanciones. 
• · Los Estados deben ofrecer oportunidades para que los comerciantes y demás partes interesadas formulen observaciones sobre cambios normativos en materia aduanera, antes de su entrada en vigor; y formular consultas a las autoridades respectivas.
• · Los Estados deben garantizar el derecho a interponer recursos judiciales y/o administrativos contra las decisiones de la aduana.
• · Los Estados deben brindar facilidades para trámites aduaneros como: presentación de documentación antes de la llegada; pago electrónico de los derechos aduaneros; separación entre el levante y la determinación definitiva de derechos aduaneros; establecimiento y publicación de plazos medios de levante; medidas adicionales de facilitación para operadores autorizados.
• · Los Estados deben simplificar las formalidades y requisitos de documentación e implementar una ventanilla única.

II. La Sección II contiene disposiciones sobre trato especial y diferenciado que permiten a los países en desarrollo y menos adelantados determinar cuándo aplicarán disposiciones específicas del Acuerdo. Estas disposiciones tuvieron que incluirse para generar aceptación de los países en desarrollo, quienes estaban reticentes a aceptar un acuerdo en materia de facilitación del comercio por posibles faltas de capacidades para implementar lo acordado.

El sistema ideado consiste en que los Estados deben notificar a la OMC en cuáles de las siguientes categorías se encuentran las disposiciones del AFC y en este sentido pueden determinar cuándo aplicarán disposición en cuestión. Las tres categorías que existen son:

• · Categoría A: aplicarán en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo (o, en el caso de un país menos adelantado, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor).
• · Categoría B: aplicarán en una fecha posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo.
• · Categoría C: aplicarán en una fecha posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo y que requieren asistencia y apoyo para la creación de capacidad.

III. La Sección III establece que se creará en la OMC un Comité Permanente de Facilitación del Comercio y exige que los Miembros tengan un comité nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del Acuerdo.

Para la implementación de lo acordado en Bali como un tratado internacional, en noviembre de 2014 el Consejo General de la OMC adoptó el Protocolo de Enmienda para insertar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio como un anexo del Acuerdo de Marrakech. El AFC constituye un hito internacional en tanto es el primer tratado multilateral sobre comercio negociado en 18 años y el primero de tales acuerdos celebrado por la OMC. Sin embargo, aún hace falta que el tratado entre en vigencia. Para tal efecto, se requiere que lo ratifiquen 2/3 de los Estados Miembros de la OMC. A la fecha, solo 90 Estados lo han hecho.

En adición a lo contemplado en la Sección II relativo a plazos para la aplicación de ciertas normas a los países en desarrollo, también se adoptaron otras medidas para facilitar la aplicación del AFC por parte de estos países. En este sentido, se destaca el Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el cual brinda asistencia técnica para la implementación del Acuerdo por parte de países en desarrollo y países menos adelantados. Entre sus funciones se encuentran: ayudar a preparar las notificaciones de las categorías para el trato especial y diferenciado; impartir programas de formación y de creación de capacidad para asegurar la comprensión del Acuerdo; ayudar a tener acceso a la asistencia para la aplicación del Acuerdo; cuando no se disponga de ninguna otra fuente de financiación, financiar los compromisos de la categoría C.

Para el caso de Colombia, es importante destacar que nuestro país tuvo un papel activo en las negociaciones del AFC como promotor, pero a la fecha no ha ratificado este tratado. El 19 de octubre de 2015, las ministras María Ángela Holguín (Relaciones Exteriores) y Cecilia Álvarez-Correa (Comercio, Industria y Turismo) radicaron el Proyecto de Ley 109 de 2015 “Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio» adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014”. Actualmente este proyecto de ley se encuentra en curso en la Comisión Segunda del Senado de la República, a la espera de su aprobación.

Sin embargo, nuestro país sí envió la notificación relativa a la Sección II, incluyendo todas las disposiciones de la Sección I en la categoría A, es decir de aplicación inmediata cuando entre en vigencia el tratado, a excepción de dos disposiciones:

• · Artículo 5.3 Procedimientos de Prueba: establece que se lleve a cabo una segunda prueba en caso de que el resultado de la primera prueba de una muestra tomada a la llegada de mercancías declaradas para la importación dé lugar a una constatación desfavorable.
• · Artículo 7.9 Mercancías Perecederas: establece un tratamiento preferencial para el trámite aduanero y almacenamiento de mercancías perecederas.

El Gobierno Nacional justifica la conveniencia de ratificar este tratado a partir de estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que indican que las medidas de facilitación del comercio dispuestas en el AFC traerían una reducción en los costos globales del comercio de alrededor de 13.2% para países de ingreso medio como Colombia; y que una reducción del 5% de los tiempos de espera en las fronteras, aumentaría un 10% el comercio intrarregional[3]. En este sentido, el AFC constituiría una oportunidad para que nuestro país sea más eficiente en su comercio exterior y en consecuencia aumente sus vínculos comerciales con el mundo.

Por su parte, entre los efectos a nivel global, según la información del Gobierno Nacional, la Organización Mundial del Comercio estima que los beneficios del Acuerdo para la economía mundial estarían “entre 400.000 millones y 1 billón de dólares gracias a la reducción de costos, al incremento de las corrientes comerciales y la recaudación de ingresos fiscales; adicionalmente, se creará un entorno empresarial estable y atraerá inversión extranjera”[4]. Es decir, aunado a la reducción de los aranceles, la facilitación del comercio a través de reducción, simplificación y agilización de trámites, entre otras medidas contempladas en el AFC, permitirían a nivel global una mayor eficiencia y competitividad, contribuyendo así a fomentar el comercio internacional y en últimos propiciar el desarrollo económico.

Bibliografía

Neufeld, Nora (2014) “The long and winding road: how WTO members finally reached a Trade Facilitation Agreement”, División de Investigación Económica y Estadísticas de la OMC (2014), disponible en: http://www.tfafacility.org/sites/default/files/the_long_and_winding_road_how_wto_members_finally_reached_a_tfa_e.pdf

Organización Mundial del Comercio, Declaración Ministerial de Singapur (1996), Documento WT/MIN(96)/DEC, disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min96_s/wtodec_s.htm

Organización Mundial del Comercio, Paquete de Julio/Programa de Trabajo de Doha (2004), Documento WT/L/579, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/draft_text_gc_dg_31july04_s.htm

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio”, Documento WT/L/931, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/trade-facilitation-agreement-facility

Organización Mundial del Comercio, “Facilitación del comercio”, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm#background

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Lista de notificaciones”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/notifications

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Lista de ratificaciones”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/ratifications

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Antecedentes”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/background

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Acerca del Mecanismo”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/acerca-del-mecanismo

Senado de la República, Proyecto de Ley 109 de 2015, disponible en: http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2015%20-%202016/PL%20109-15%20Enmienda%20al%20Convenio%20de%20Marrakech%20-%20Acuerdo%20de%20Comercio.pdf








[1] Anexo D, Paquete de Julio/Programa de Trabajo de Doha, 2004.


[2] Nora Neufeld, “The long and winding road: how WTO members finally reached a Trade Facilitation Agreement”, Organización Mundial del Comercio – División de Investigación Económica y Estadísticas, 2014, disponible en: http://www.tfafacility.org/sites/default/files/the_long_and_winding_road_how_wto_members_finally_reached_a_tfa_e.pdf


[3] Senado de la República, Proyecto de Ley 109 de 2015, pp. 24-25, disponible en: http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2015%20-%202016/PL%20109-15%20Enmienda%20al%20Convenio%20de%20Marrakech%20-%20Acuerdo%20de%20Comercio.pdf


[4] Íbid.

La doctrina de la deuda odiosa: ¿problema o solución?

Por: Andrés Ordoñez Buitrago*

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

La doctrina de la deuda odiosa sostiene que “la deuda soberana incurrida sin el consentimiento del pueblo y que no lo beneficia es odiosa y no debe ser transferible a un gobierno sucesor, sobre todo si los acreedores conocían de antemano estos hechos”[1]. Quienes defienden esta doctrina proponen como ejemplos para su aplicación los casos de los dictadores Anastasio Somoza (Nicaragua), Ferdinand Marcos (Filipinas), Jean-Claude Duvalier (Haití), el régimen del apartheid en Sudáfrica, entre otros. Y hace pocos años, el gobierno del presidente Rafael Correa (Ecuador) invocó el carácter ilegítimo e inmoral de la deuda externa de su país para declararse en moratoria de pagos internacionales, teniendo en cuenta que desde 1978 el Parlamento ecuatoriano fue excluido de las decisiones sobre endeudamiento[2].

Este concepto es, sin duda, bastante polémico y da lugar a varias reflexiones. En primer lugar, uno podría cuestionarse por las motivaciones de los bancos e instituciones financieras internacionales para realizar préstamos a gobiernos corruptos, tiránicos o antidemocráticos, si estos gobiernos no representan el interés general de su población sino que están movidos por intereses particulares. Este cuestionamiento lleva implícita la premisa de que lo que busca el sistema financiero es el bienestar general y que las consideraciones morales son relevantes a la hora de determinar si se concede o no un préstamo. Si bien lo anterior es un ideal, una aspiración en cuya deseabilidad prácticamente todos coincidimos, en la realidad no ocurre así y debe diferenciarse el ser del deber ser de las cosas.

Por una parte, la banca privada internacional tiene un claro ánimo de lucro: realizan inversiones con el único ánimo de obtener una rentabilidad o retorno suficiente; las demás consideraciones, como la legitimidad del prestatario para obligar a un Estado a pagar la deuda, son irrelevantes para los banqueros globales. En este sentido, a la hora de evaluar si conceden o no un crédito, no es realmente importante si el gobierno es democrático o no, sino únicamente si hay suficiente respaldo para obtener el pago de la deuda; y cuando no lo hay fijan unas tasas de interés más altas de lo habitual, porque a mayor riesgo, mayor ganancia.

Por otra parte, en las instituciones financieras internacionales como el FMI, el BM, BID, entre otras, que tienen un carácter público, las consideraciones sobre el carácter legítimo o no del gobierno que solicita un préstamo tampoco es muy relevante (sí tienen en cuenta por ejemplo la estabilidad política y económica del país, pero esto es muy diferente al carácter transparente, democrático y legítimo del gobierno en cuestión). Así, vemos cómo en los tratados constitutivos de esas organizaciones no se hace ninguna alusión a requisitos como transparencia o democracia o respeto a los derechos humanos que deban cumplir los Estados para poder recibir financiamiento. En materia económica, todo parece indicar que la estabilidad prima sobre la legitimidad.

Esta situación no es necesariamente mala; introducir juicios de valor político o moral (que son inherente discutibles y no hay fórmulas exactas para hacerlos) en decisiones económicas podría comprometer la estabilidad del sistema internacional. Adicionalmente, es importante recordar que la democracia no es un sistema político universal y que la Carta de las Naciones Unidas acepta la diferencia en regímenes políticos y económicos, por lo cual un gobierno monárquico o dictatorial en el sistema internacional están en igualdad de condiciones jurídicas y políticas (aunque no morales, a la luz de nuestras consideraciones personales) que un gobierno democrático. De allí que asumir la postura de la deuda odiosa llevaría a sostener que Arabia Saudita debe ser aislada del financiamiento internacional, tanto público como privado, por ser una monarquía absoluta; o que China, Emiratos Árabes, Qatar tampoco podrían recibir financiamiento por no ser un gobierno democrático, a la luz de estándares occidentales; y muchos otros casos como Ucrania, Singapur, Argelia, Venezuela, Cuba y Sudán entrarían a ser discutidos, ya que no es fácil determinar con claridad si son gobiernos democráticos o no, en tanto la democracia no es una cuestión de blanco y negro, sino que habitualmente se mueve en una escala de grises donde la definición de si un régimen es democrático o no tiene un alto componente de subjetividad (atendiendo al concepto de democracia que se adopte), ideología e intereses[3].

Adicionalmente, el caso de China sirve para formular un interrogante adicional: ¿pueden los gobiernos ilegítimos aportar recursos, como prestamistas, a las instituciones financieras internacionales? ¿O por el hecho de estar “manchado” este dinero debe excluirse en general del sistema financiero global? En caso de responder negativamente estaríamos ante una situación de doble moral, que sí recibimos dinero manchado de sangre pero no podemos otorgarlo; y en caso de responder que no, las implicaciones sobre la estabilidad del sistema económico global serían, a mi juicio, catastróficas.

Para concluir, a mi juicio esta propuesta es bien intencionada y comparto los ideales que la inspiran (fortalecimiento de la democracia, respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho a nivel global, lucha contra la corrupción, entre otros), pero considero que su implementación tendría muchísimos problemas tanto teóricos (la definición del concepto de democracia y legitimidad de un régimen político, por ejemplo) como prácticos (la autoridad que determine si un gobierno es “digno” o no de recibir un préstamo, los mecanismos para asegurar que no reciba dinero de ninguna institución financiera pública o privada, el problema del mercado negro, los efectos que tendría esta medida sobre la población del país afectado, por mencionar algunos). Por lo anterior, considero que no debe desarrollarse una norma a nivel internacional que permita a un gobierno eximirse de sus deudas internacionales alegando que el gobierno bajo el cual se contrajeron fue ilegítimo, dictatorial o corrupto. Como alternativa, deberían fortalecerse los mecanismos de cooperación internacional que permitan rastrear –especialmente en paraísos fiscales– las grandes fortunas que amasaron gobernantes corruptos y dictatoriales a expensas de su pueblo, y devolver estos recursos a su país cuando haya vuelto a la democracia o al régimen que sus habitantes definan en ejercicio de su autodeterminación.  

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[1] Michael Kremer y Seema Jayachandran, “La deuda odiosa”, en Revista Finanzas & Desarrollo, junio de 2002, p. 36.

[2] Alejandro Nadal, “Ecuador: repudio de la deuda odiosa”, en La Jornada, 17 de diciembre de 2008, disponible en línea en: http://www.jornada.unam.mx/2008/12/17/index.php?section=opinion&article=029a1eco

[3] Véase por ejemplo el Índice de Democracia producido por la Unidad de Inteligencia de The Economist, en el cual se clasifican un gran número de países del mundo entre democracias plenas, imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Para el último reporte, del año 2015, sólo 20 países fueron considerados democracias plenas. ¿Sólo ellos pueden ser prestatarios? ¿O todos los países menos los regímenes autoritarios? Fuente: The Economist, “Democracy Index 2015: Democracy in an age of anxiety”, disponible en: http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2015

Sobre los impactos sociales de la política comercial

Artículo de opinión de: Andrés Ordoñez Buitrago* (Email: aordone2@eafit.edu.co)
Abogado, y Analista del Observtorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT. 

El miércoles 10 de Febrero 2016,  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, llevaron a cabo un Seminario Taller sobre política comercial y la evaluación de sus efectos sociales. La importancia de este vínculo entre política comercial –y en general entre cualquier política económica– y sus impactos sociales –indicadores como pobreza, desigualdad y empleo– salta a la vista para los profesionales de las ciencias sociales. Sin embargo, al parecer (y sin generalizar) los economistas tienden a otorgarle una mayor importancia a la evaluación de los impactos netamente económicos de dichas políticas, a través de mediciones de cambios en el producto interno bruto, la balanza comercial, la tasa de cambio y los agregados macroeconómicos. Al menos esto es lo que parece indicar, según oficiales de la CEPAL, la falta de análisis rigurosos ex post sobre los efectos sociales de medidas como la apertura comercial, la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias y la suscripción de tratados de libre comercio por parte de nuestro país.

En esta columna no puedo pretender suplir este vacío. En consecuencia, me limitaré simplemente a llamar la atención sobre ciertos puntos que considero esenciales para responder a la pregunta de cuáles son los impactos sociales de la política comercial de nuestro país. Antes de comenzar, sería útil preguntarse: ¿por qué es importante medir los impactos sociales de esta política? La respuesta es un tanto evidente: porque la política comercial, al igual que las demás políticas estatales, tienen un propósito manifiesto de mejorar la calidad de vida de las personas de dicho país (aunque a veces algunos policymakers lo olviden). El incremento del comercio internacional de nuestro país no es algo bueno per se, ni un propósito en sí mismo. Sin embargo, sí se plantea como una herramienta u oportunidad para incrementar los niveles de empleo (sobra decir, empleo digno), los salarios, la tecnología, la productividad, así como de reducir la pobreza y la desigualdad. Sólo en la medida en que la política comercial que emprende un Estado logra no todos, pero al menos algunos de dichos cometidos, es que podemos decir que es política e incluso moralmente justificable e incluso deseable. Por el contrario, analizar las políticas económicas como si operaran en el vacío es un grave error pues olvida que detrás de las estadísticas agregadas sobre el desempeño de la economía se encuentran millones de personas cotidianas, colombianos de a pie, que cuentan con que el gobierno utilice todos los instrumentos a su alcance para mejorar la calidad de vida de todos, y no sólo de unos pocos.

A continuación quisiera dedicar un espacio a esbozar los principales elementos de la política comercial colombiana, a partir de la información presentada por el Sr. José Durán Lima, Jefe de la Unidad de Integración Económica de la CEPAL. Durante la década de los 1990, como es bien sabido, Colombia adelantó un proceso de apertura económica, el cual ha continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. De esta manera, el porcentaje de las exportaciones colombianas que tienen preferencias arancelarias (es decir, que no deben pagar aranceles para entrar en otros países) pasó del 22% en 1995 al 75% en la actualidad. En cuanto a las importaciones, el porcentaje de desgravación pasó en ese mismo período del 18% al 69%. El arancel promedio efectivamente aplicado en el 2015 fue de 1.8%, mientras que antes de la apertura era de 27%. La mayoría de estos aranceles se concentran en sectores bastante sensibles de la economía, como alimentos, agricultura, ganadería, papel/cartón, textil. En el plano institucional, además del ingreso de Colombia a la Organización Mundial del Comercio en 1995, se destaca la suscripción de numerosos acuerdos de libre comercio con 68 países.

Sin embargo, hay un problema estructural: el grado de concentración de las exportaciones por sector económico es bastante alto. Para 2014 el 59% de las exportaciones correspondían al sector de petróleo y minería, seguido –muy de lejos– por alimentos con el 11% y químicos con el 7%. Esto es bastante problemático, pues el sector minero-energético genera muy pocos empleos (tanto directos como indirectos) en comparación con la industria manufacturera, y sus consecuencias en el medio ambiente son bien conocidas. En materia de socios comerciales, si bien durante los años 90 se presentaba también un alto grado de concentración (con Estados Unidos a la cabeza, como país de destino de más del 50% de nuestras exportaciones), en la actualidad se encuentran mucho más diversificadas: Estados Unidos 26%, Venezuela 22%, Ecuador 21%, Brasil 18%, Perú 13%, Chile 11%, China 10.5%, México 10%.

El panorama para este año no es muy alentador. En el 2015 las exportaciones cayeron un 35% como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Para hacer frente a esta situación, es necesario replantear la política industrial de nuestro país, incentivando y fortaleciendo la industria manufacturera, con ocasión de la revaluación del peso. De esta manera, por un lado dependeríamos menos de los ingresos del petróleo, y por el otro propenderíamos por un avance real en los indicadores sociales (como pobreza, empleo y desigualdad), a partir de un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental.

Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2015: Haciendo funcionar la arquitectura financiera internacional para el desarrollo

Por: Andres Ordoñez Buitrago y Esteban Jaramillo Osorio. (Analistas del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT).

El martes 20 de Octubre 2015, tuvo lugar en la Universidad EAFIT, Octubre 20 de 2015 el “Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2015: Haciendo funcionar la arquitectura financiera internacional para el desarrollo” de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), a cargo del Dr. Alfredo Calcagno, Jefe de la División de políticas macro-económicas y de desarrollo, de la UNCTAD.


Alfredo Calcagno analizó, como luego del colapso del sistema Bretton Woods, las finanzas en la economía mundial se han vuelto más prominentes, poderosas e interconectadas, gracias a un flujo sin precedentes de capitales entre los país. Mientras en 1980 tanto el comercio internacional como las finanzas internacionales representaban cerca de una cuarta parte del PIB global, en 2008 –antes de la crisis– las finanzas globales crecieron nueve veces más que el comercio internacional y el valor global de los activos financieros excedía los 200 trillones de dólares. Este distanciamiento entre el sistema financiera y el sector real de la economía, sumado a la poca regulación y vigilancia del sistema financiero desató la crisis de 2008, para cuya recuperación se han generado niveles de deuda superiores a 57 trillones de dólares.




Sin embargo, la economía global no ha respondido como se esperaba. El crecimiento promedio a nivel global es del 2.5%, en comparación con el 3% esperado y con el crecimiento del 4% previo a la crisis. Lo anterior ha llevado a que las políticas monetarias se mantengan en expansión, pero el miedo a otra crisis ha mantenido las tasas de interés, la expansión del crédito y los salarios en niveles bajos. Esta combinación de políticas monetarias “fáciles” y un crecimiento lento del sector real ha llevado a los países desarrollados a tener exceso de liquidez, lo cual ha aumentado considerablemente el flujo de capitales a las economías en desarrollo y en transición.

En relación al comercio internacional, en América Latina y el Caribe este ha disminuido tanto en volumen como en términos monetarios, parcialmente como consecuencia de la desaceleración de la economía de la región, lo cual ha afectado negativamente el comercio intrarregional. Así mismo, la caída en los precios de las materias primas o commodities –particularmente el petróleo– ha impactado negativamente los términos de comercio de la región. Es probable que la desaceleración de la economía latinoamericana que inició en 2011 continúe también durante el 2015.

En este contexto, la reforma al sistema financiero internacional es imperiosa. Entre las medidas necesarias se destacan algunas muy ambiciosas, como acuerdos multilaterales que establezcan nuevas reglas para el manejo de las tasas de cambio, la creación de un banco central global o incluso una moneda global; y otras más pragmáticas, como aumentar la coordinación de políticas macroeconómicas, reformar la gobernanza y aumentar los recursos del Fondo Monetario Internacional y fortalecer la vigilancia y regulación de las instituciones financieras. Asimismo, es importante evaluar el rol de las agencias de calificación crediticia, las cuales particularmente a partir de la crisis del 2008 se han mostrado como una amenaza a la estabilidad financiera global.

En cuanto a la deuda externa, se advierte que si bien no es un problema en sí misma (en tanto sirve como una estrategia de financiamiento que puede servir para expandir las capacidades productivas y aumentar el ingreso y las exportaciones), cuando proviene de flujos de capitales privados sin relación con el financiamiento del comercio y la inversión en el sector real de la economía, puede llevar a burbujas de activos, sobrevaluación de la moneda, las importaciones superfluas e inestabilidad macroeconómica.

Finalmente, se destaca la importancia de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como un movilizador fundamental de recursos financieros, particularmente cuando el financiamiento doméstico es limitado o inexistente. En este sentido, preocupa que los niveles de AOD sigan siendo bajos: 0.29% del PIB en 2014, en comparación con el 0.7% fijado como meta. Igualmente se llama la atención que como consecuencia de la movilización de recursos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la AOD se ha enfocado predominantemente en sectores sociales y sólo el 40% se ha destinado al desarrollo de infraestructura económica y sectores productivos.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): ¿utopía o realidad?

Andrés Ordoñez Buitrago

Por: Andrés Ordoñez Buitrago*[1]

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT, Colombia

El pasado domingo 2 de agosto 2015, cerca de la media noche, fue un momento histórico para la comunidad internacional. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los 193 Estados Miembros de la Organización, reunidos en el Grupo Abierto de Trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptaron por consenso una ambiciosa agenda global para el desarrollo, la cual guiará el actuar de gobiernos, organismos internacionales, empresas y sociedad civil para lograr, entre el 2015 y el 2030, el futuro que queremos. 

Este documento final que negociaron los diplomáticos de nuestros países, deberá ser adoptado formalmente en septiembre por los Jefes de Estado y altos dignatarios del mundo entero, quienes se reunirán en una Cumbre Especial para tal efecto. Sin embargo, antes de analizar los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, es de gran importancia hacer una evaluación de los avances logrados bajo el esquema anterior de desarrollo global: los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados en el año 2000. Para hacerlo, nos basamos únicamente en las estadísticas oficiales del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, quienes bajo la coordinación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas fueron encargados por la Asamblea General de realizar evaluaciones periódicas de los progresos logrados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

• Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre

En términos globales, se lograron avances impresionantes en cuanto a reducción de la pobreza extrema, entendida como la población que vive con menos de 1,25 dólares diarios, cuyo porcentaje –en el mundo en desarrollo– pasó del 47% en 1990 (el año base para la medición de avances de los ODM) al 14% en 2015. En valores absolutos, se evidencia que gran parte de este progreso se logró a partir de la adopción de los ODM en el año 2000, pues en 1990 había en el mundo 1.926 millones de personas en pobreza extrema, en 1990 eran 1.751 millones y para el 2015, 836 millones. Por su parte, el porcentaje de personas con nutrición insuficiente en el mundo en desarrollo pasó del 23% en 1990 al 13% en 2015, y la clase media trabajadora (quienes viven con más de 4 dólares diarios) pasó de representar el 18% de la fuerza laboral de las regiones en desarrollo en 1991 al 50% en 2015.

La región del mundo donde menos avances se lograron respecto a este Objetivo es el África subsahariana, donde los niveles de pobreza y hambre extrema continúan siendo muy altos y el progreso no ha sido el esperado. Esta situación contrasta notablemente el África septentrional (norte de África), donde los niveles de pobreza y hambre extrema son bajos y se logró el cumplimiento del Objetivo 1 o ha habido al menos un excelente progreso en su cumplimiento. Igualmente llama la atención el caso de Asia Occidental (Golfo Pérsico, Turquía), donde aunque hay niveles bajos de pobreza, la situación de hambre extrema ha presentado un progreso pobre o incluso deterioro, aunado a un déficit alto de empleos productivos y trabajo decente, con tendencia al deterioro.

• Objetivo 2: lograr la enseñanza primaria universal

A nivel global, la tasa de matriculación en enseñanza primaria en las regiones en desarrollo creció del 83% en el año 2000 al 91% en 2015. Por su parte, la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad, pasando de 100 millones en el año 2000 a 57 millones en 2015. Así mismo, la tasa de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años ha aumentado globalmente de 83% a 91% entre 1990 y 2015, y la brecha en términos educativos entre hombres y mujeres ha disminuido.

A nivel regional, el África subsahariana ha registrado la más alta mejoría en enseñanza primaria entre todas las regiones desde que se establecieron los ODM. Esta región alcanzó un aumento del 20% en la tasa de matriculación entre 2000 y 2015, en comparación con un incremento de 8% entre 1990 y 2000. Sin embargo, es la única región del mundo donde los niveles de matriculación no han alcanzado a ser altos, sino moderados.

• Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Las regiones en desarrollo en su conjunto alcanzaron la meta de eliminar la disparidad de géneros en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, es decir, la relación numérica que existe entre el número de hombres y mujeres matriculados, de tal manera que todas las regiones del mundo se encuentran en paridad o cercanas a la paridad. El caso más notable es el de Asia meridional (India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán), donde solo 74 niñas se matriculaban en la escuela primaria por cada 100 niños en 1990, mientras que en la actualidad la relación es de 103 niñas por cada 100 niños.

En cuanto a la proporción de mujeres con empleos remunerados en sectores no agrícolas, hubo un leve aumento del 35% en 1990 al 41% en 2015. Los principales avances se alcanzaron en América Latina y el Caribe, Asia Central (Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán) y Asia Oriental (China, Corea, Japón), donde la proporción es alta. En África septentrional continúa siendo baja y el progreso ha sido pobre.

El último indicador de este objetivo es la proporción promedio de mujeres en el parlamento, la cual casi se ha duplicado en los últimos 20 años. Sin embargo, todavía solo uno de cada cinco parlamentarios del mundo es mujer. En regiones, la representación femenina continúa siendo baja o muy baja en Oceanía y todas las subregiones de Asia, excepto Asia Oriental, donde es moderada, aunque el progreso ha sido prácticamente nulo.

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

A nivel mundial, la tasa de mortalidad infantil (niños menores de 5 años muertos por cada 1.000 niños nacidos vivos) ha disminuido en más de la mitad, reduciéndose de 90 a 43 entre 1990 y 2015. En valores absolutos la reducción también ha sido notable, a pesar del crecimiento de la población en las regiones en desarrollo, pues la cantidad de muertes infantiles en el mundo se ha reducido de 12,7 millones en 1990 a 6 millones en 2015. La mortalidad infantil continúa en niveles altos únicamente en el África subsahariana. Sin embargo, en esta región la tasa de reducción de la mortalidad infantil ha sido 5 veces mayor entre 2005 y 2013 que entre 1990 y 1995, lo cual muestra grandes progresos recientes.

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna

La tasa de mortalidad materna (muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos) a nivel mundial pasó de 380 en 1990, a 330 en 2000 y 210 en 2013. La única región del mundo donde los índices de mortalidad materna continúan siendo altos es en el África subsahariana. Sin embargo, los índices en esta región han presentado una reducción del 50%. Por su parte, más del 71% de los nacimientos en todo el mundo fueron atendidos en 2014 por personal de salud capacitado, mientras que en 1990 el porcentaje era apenas del 59%.

• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

A nivel mundial las nuevas infecciones con VIH disminuyeron en aproximadamente 40% entre 2000 y 2013, de un estimado de 3,5 millones de casos a 2,1 millones. Así mismo, hubo grandes avances en la cobertura de la terapia antirretroviral (TAR) para el VIH, alcanzando 13,6 millones de personas en 2014, frente a 800.000 personas en 2003, lo cual evitó 7,6 millones de muertes por SIDA entre 1995 y 2013. Así mismo, entre los años 2000 y 2015 se han evitado 6,2 millones de muertes causadas por paludismo y 37 millones de muertes causadas por tuberculosis.

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

En términos medioambientales, prácticamente se han eliminado las sustancias que agotan la capa de ozono, y se espera que esta se recupere a mediados del siglo. Por su parte, las áreas terrestres y marinas protegidas han aumentado sustancialmente desde 1990en muchas regiones. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe la cobertura de áreas terrestres protegidas aumentó de 8,8% a 23,4% entre 1990 y 2014.

En cuanto a la cobertura de agua potable, en 2015 el 91% de la población mundial utiliza una fuente de agua mejorada, en comparación al 76% en 1990. Sin embargo, la cobertura continúa siendo baja en el África subsahariana y Oceanía (Islas del Pacífico Sur). Por su parte, el porcentaje de personas que defecan al aire libre se ha reducido casi a la mitad desde 1990. Sin embargo, la cobertura de los servicios de saneamiento continúan siendo muy bajos en África subsahariana, Asia meridional y Oceanía.

Finalmente, la proporción de población urbana que vive en barrios marginales en las regiones en desarrollo bajó de aproximadamente 39,4% en el 2000 a 29,7% en 2014. No obstante, sus niveles continúan siendo moderados en todas las regiones del mundo en desarrollo, a excepción de África. Allí, se presenta una notable paradoja: mientras en el África subsahariana los niveles de tugurios son muy altos, en el África septentrional bajos.

• Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

El comercio internacional se ha liberalizado de tal manera que en 2014, el 79% de las importaciones provenientes de los países en desarrollo hacia países desarrollados fueron admitidas libres de aranceles, en comparación al 65% del año 2000, lo cual favorece la competitividad de sus productos.

En cuanto a la asistencia oficial para el desarrollo por parte de países desarrollados a países en desarrollo, esta aumentó en un 66% en términos reales entre los años 2000 y 2014, alcanzando 135.200 millones de dólares. Por su parte, el servicio de la deuda externa como porcentaje del ingreso por exportaciones en los países en desarrollo cayó del 12% en el año 2000 al 3% en 2013.

Las telecomunicaciones han presentado un avance vertiginoso a nivel global: el 95% de la población mundial tiene cobertura de señal de telefonía móvil, pasando de 738 millones de personas en el año 2000 a más de 7 mil millones en 2015. Así mismo, la penetración de internet ha crecido de sólo un poco más de 6% de la población mundial en el año 2000, a 43% en 2015.

Los retos para el mundo post-2015 siguen siendo, sin duda, alarmantes. La desigualdad entre regiones, así como al interior de los países, es abismal. El cambio climático y la degradación ambiental ponen en peligro nuestra propia supervivencia como especie. Los conflictos armados generan catástrofes humanitarias de dimensiones globales y ponen en peligro los progresos alcanzados en términos de desarrollo. La desigualdad de género sigue presente, en mayor o menor medida, en todos los países y en todos los ámbitos de la sociedad. En fin, el mundo no es, hoy por hoy, el lugar en que queremos vivir. Sin embargo, queda claro que para millones de personas, en todos los países, es un mundo mejor que el que teníamos en el año 2000.

Referencias

• Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2015. (n.d.). Retrieved August 13, 2015, from http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Spanish2015.pdf
• Objetivos de Desarrollo del Milenio: Tabla de progreso, 2015. (n.d.). Retrieved August 13, 2015, from http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Progress_S.pdf

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[1] Abogado, Universidad EAFIT. Email: andresob5@gmail.com

La reforma al Fondo Monetario Internacional: un paso en la dirección acertada

Por: Andrés Ordoñez Buitrago (aordone2@eafit.edu.co)
Estudiante de Derecho, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los pilares fundamentales del sistema financiero y monetario internacional, al ser la organización internacional responsable del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica a nivel mundial. El FMI, a diferencia de las otras instituciones del Sistema de Naciones Unidas –del cual es una agencia especializada–, se rige por una membresía diferenciada, en la cual cada Estado Miembro tiene una cuota que se expresa en derechos especiales de giro según su peso relativo en la economía global y que determina, entre otras cuestiones, los recursos financieros que dicho miembro debe pagar al Fondo y en gran medida su poder de voto.

La crisis financiera de 2008 llevó a cuestionar el rol que desempeña el Fondo en la economía mundial. Principalmente se formularon críticas a su estructura –por ejemplo la distribución de las cuotas– que no refleja la situación de la economía actual, en la cual en las últimas décadas las economías emergentes han adquirido un lugar protagónico. Si bien el Convenio Constitutivo del FMI prevé la revisión de las cuotas cada 5 años, cualquier modificación a este respecto requiere el respaldo del 85% de las cuotas. Un solo gobierno, Estados Unidos, ha tenido históricamente alrededor del 17% de los derechos de voto, lo cual le confiere de facto poder de veto. En consecuencia, estas revisiones periódicas de las cuotas no significaron cambios sustanciales en la distribución de poder entre Estados Miembros.

Esta situación cambió en la decimocuarta revisión (diciembre de 2010), cuando la Junta de Gobernadores emprendió la reforma más audaz de la historia del Fondo (IMF Quotes, 2014), en la cual se duplica el número de cuotas y se reajusta su distribución entre los Estados miembros, principalmente en favor de los país en desarrollo. En tan solo cuatro años, entre 2006 y 2010 las economías desarrolladas pasaron de tener el 61.6% al 57.6% de las cuotas, mientras que los mercados emergentes y economías en desarrollo crecieron del 38.4% al 42.4% (IMF Quota and Voting Shares Before and After Implementation of Reforms Agreed in 2008 and 2010). Con la nueva distribución de cuotas, China se convertirá en el tercer mayor accionista del Fondo –una situación que se aproxima a la realidad de la economía de ese país, que según el mismo Fondo, superará este año a Estados Unidos como la mayor economía del mundo–; y cuatro mercados emergentes (Brasil, China, India y Rusia) estarán en los 10 primeros lugares (IMF Quotas, 2014). A la fecha, 163 Estados Miembros que representan el 79.64% de las cuotas –del 85% requerido para su entrada en vigencia–, han aceptado esta propuesta de reforma (Acceptances of the Proposed Amendment of the Articles of Agreement on Reform of the Executive Board and Consents to 2010 Quota Increase, 2014).

Para mejorar la gobernanza y la representatividad de la Junta Directiva del FMI (compuesta por 24 directores ejecutivos) a la luz de la nueva situación de la economía mundial, se acordó en 2010 reducir en 2 puestos la participación de los países europeos en la Junta para dar estas vacantes a las economías en desarrollo (IMF Executive Board Approves Major Overhaul of Quotas and Governance, 2010). Esta reforma ha obtenido el respaldo de 146 Estados que representan el 77.07% (del 85% requerido) de las cuotas.

En ambos casos Estados Unidos ha sido el país cuya falta de ratificación ha impedido que las reformas entren en vigor. Previo a su adopción en la Junta de Gobernadores, estas fueron concertadas en el marco del G-20, donde el gobierno de los Estados Unidos jugó un rol protagónico. Sin embargo, consideraciones políticas internas y especialmente de política partidista, han bloqueado su aprobación en el Congreso de ese país. En marzo de 2014 las reformas estuvieron a punto de ser aprobadas como parte de un paquete de ayuda a Ucrania y de sanciones a Rusia por la anexión de Crimea, bajo el argumento de que la reforma al FMI permitiría mayores préstamos a Ucrania. Sin embargo, el Partido Republicano logró separar ambas proposiciones, aprobando la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia, pero dejando en el congelador la reforma al FMI. Algunos congresistas republicanos argumentaron que la reforma debilitaría la influencia estadounidense en el Fondo, a pesar de que continuaría con su poder de veto (Senate Democrats Drop I.M.F. Reforms From Ukraine Aid, 2014). Sin embargo, la verdadera razón parece ser que los republicanos pretenden negociar con el Partido Demócrata la aprobación de la reforma al FMI a cambio de bloquear una iniciativa de la administración de impuestos que pretende frenar el uso de corporaciones sin ánimo de lucro exentas de impuestos para la financiación de campañas políticas (Ukraine Aid Stalls As Congress Spars Over IMF Reform, 2014).

Las reformas del 2010 a la estructura de cuotas y a la composición de la Junta Directiva son decisiones políticas de gran importancia en la dirección acertada: buscar mayor representatividad de las economías en desarrollo en esta organización, de tal manera que su influencia en la toma de decisiones refleje el rol creciente que ocupan en la economía mundial. Es muy positivo que los países desarrollados, y especialmente Estados Unidos, sean conscientes de la necesidad de reformas y faciliten la adopción de medidas tendientes a “democratizar” el Fondo, a diferencia, por ejemplo, de la reforma al Consejo de Seguridad. Por esta razón, es preocupante que reformas a la gobernanza del FMI se vean obstaculizadas por intereses partidistas nacionales en un solo país, a pesar de que es una cuestión de grandes dimensiones: afecta la estabilidad misma del sistema financiero internacional.

Bibliografía:

Huffington Post, Ukraine Aid Stalls As Congress Spars Over IMF Reform, 2014, disponible en: http://www.huffingtonpost.com/2014/03/25/ukraine-imf-reform_n_5024782.html

IMF, IMF Quotes, 2014, disponible en : http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm

IMF, IMF Quota and Voting Shares Before and After Implementation of Reforms Agreed in 2008 and 2010, disponible en: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf

IMF, IMF Executive Board Approves Major Overhaul of Quotas and Governance, 2010, disponible en: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10418.htm

IMF, Acceptances of the Proposed Amendment of the Articles of Agreement on Reform of the Executive Board and Consents to 2010 Quota Increase, 2014, disponible en: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/consents.htm#a2

The New York Times, Senate Democrats Drop I.M.F. Reforms From Ukraine Aid, 2014, disponible en: http://www.nytimes.com/2014/03/26/world/europe/senate-democrats-drop-imf-reforms-from-ukraine-aid-package.html?_r=0

Una reforma al sistema financiero internacional orientada hacia los individuos

Artículo de opinión por: Andrés Ordoñez Buitrago*

Estudiante de Derecho, Universidad EAFIT, Colombia

Cada crisis económica o financiera trae consigo esfuerzos e iniciativas para reformar la arquitectura del sistema económico o financiero a nivel mundial. Se destacan por ejemplo, la Primera y Segunda Guerras Mundiales (París 1918-1919 y Bretton Woods 1944); en la década de los 1970s la eliminación del sistema de tasa de cambio fija (1971-1973) y la crisis del petróleo (1973-1974). Algunos afirman –de forma bastante realista– que la “adaptación institucional a los cambios en la economía mundial fue el resultado de deliberaciones internas e iniciativas de grupos de países industrializados” y que “sólo los principales participantes en los mercados financieros -países industrializados y mercados emergentes- pueden diseñar nuevas reglas para las finanzas” (Boughton, 2009). Sin embargo, incluso quienes sostienen esta línea argumentativa están dispuestos a reconocer que “cuando se ha logrado reformar la arquitectura financiera internacional como respuesta a una crisis, el éxito ha sido solo parcial” (Broughton, 2009). ¿Qué ha hecho falta entonces para lograr que un sistema financiero internacional dé respuesta a mayores y más diversas expectativas de diferentes sectores?

Algunos movimientos sociales, en su calidad de sociedad civil organizada, han señalado en diferentes espacios que la crisis que aqueja a la economía mundial desde 2008 se debe en gran medida al exceso de confianza en la capacidad de los mercados financieros de autorregularse; a un inadecuado control y regulación de las finanzas; y a la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones financieras (Put People First, 2009). El Fondo Monetario Internacional ha coincidido parcialmente con este diagnóstico y ha calificado como “lecciones aprendidas” de la crisis la necesidad de mejor y más efectiva regulación de las transacciones financieras internacionales (FMI, 2009). Sin embargo, se ha dejado de lado en estos foros la necesidad de una participación inclusiva de diferentes sectores de la sociedad y de la comunidad internacional, actores que no se limitan a los centros financieros mundiales, pues solo en ese sentido es posible lograr que una nueva arquitectura financiera internacional sirva a unos objetivos suficientemente compartidos y de interés global, que permitan mejorar la eficiencia del sistema y que este sirva como instrumento en la búsqueda del desarrollo.

El Banco de España define al sistema financiero como “el conjunto de instituciones, medios y mercados en el que se organiza la actividad financiera, de tal modo que ha de canalizar el ahorro, haciendo que los recursos que permiten desarrollar la actividad económica real lleguen desde aquellos individuos excedentarios en un momento determinado hasta aquellos otros deficitarios”. En este sentido, para la estabilidad y éxito de un sistema financiero internacional -y especialmente uno orientado hacia el desarrollo- es necesario que los individuos y empresas cuenten con facilidades de acceso al mercado financiero y así mismo que haya mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones financieras, en cuanto están prestando un servicio que es de vital importancia para la sociedad. En este marco, la participación de la sociedad civil y el rol del Estado en la regulación de los sistemas financieros es fundamental, ya que –se esperaría– llevara a que el sistema financiero no atienda exclusivamente a intereses de lucro particulares sino al servicio del interés general y del desarrollo. Estas medidas, además de mejorar la eficiencia, lograrían que el sistema financiero desempeñe el rol previsto por el Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015: un catalizador para el desarrollo, que permita que más personas y países se beneficien plenamente de la globalización (p. 63).

El Papa Francisco, en su calidad de representante de la sociedad civil internacional más que como líder religioso, ha llamado la atención sobre el hecho de que “estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. En el centro de todo sistema económico debe estar el hombre (…) y todo lo demás debe estar al servicio de este hombre. Pero nosotros hemos puesto al dinero en el centro” (La Vanguardia, 2014).

Referencias

Banco de España, “Estabilidad del sistema financiero”, disponible en: http://aulavirtual.bde.es/wav/documentos/financiera.pdf

Boughton, James M, “A new Bretton Woods” en Finance & Development, Vol. 46, No. 1, FMI, 2009, disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/03/boughton.htm

Cymerman, Henrique, “Entrevista al papa Francisco: "La secesión de una nación hay que tomarla con pinzas" en La Vanguardia (España), 12 de Junio de 2014, disponible en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-francisco.html

Fondo Monetario Internacional, “Lessons of the Financial Crisis for Future Regulation of Financial Institutions and Markets and for Liquidity Management”, 4 de Febrero de 2009, disponible en: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/020409.pdf

Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, “Informe Final: una nueva alianza mundial: erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible”, p. 63

Put People First, “Put People First. Ensuring a response to the economic crisis that delivers democratic governance of the economy for jobs, justice and climate” , disponible en: http://www.brettonwoodsproject.org/2009/03/art-563940/