La cooperación descentralizada basada en políticas públicas locales para el desarrollo de los territorios

Artículo de opinión por: Marcela Marín Mira*
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT

En la década de los noventa, en el ámbito de la cooperación internacional, donde los paradigmas han evolucionado desde la “ayuda a los países pobres” en la segunda posguerra, la cual no prestaba atención a las condiciones de vida ni a la equidad social, hacia la “cooperación al desarrollo”, que tiene como eje central el desarrollo humano, surgen nuevos actores (actores no estatales), entes locales y sociedad civil en espacios de toma de decisiones políticas y ejecución de la ayuda, en el marco de un nuevo concepto que se conoce con el nombre cooperación descentralizada.

Pero, antes de adentrarnos en el impacto que este nuevo tipo de cooperación tiene en los territorios en ámbitos de actuación alineados con las políticas públicas, es importante acercar al lector a la definición de lo que conocemos como cooperación descentralizada.

Carla Cors en su artículo para el Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE-AL (2015) resalta el término “city-to-city cooperation”, que es utilizado en el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) (2001), como sinónimo de la cooperación descentralizada, estableciendo que la “City-to-City Cooperation” cubre todas las posibles formas de relación entre autoridades locales de cualquier nivel en dos o más países en donde se colabora conjuntamente sobre cuestiones de interés mutuo, con o sin apoyo externo. Aun así, se debe hacer la salvedad de que la cooperación descentralizada abarca un mayor espectro de acciones llevadas a cabo por actores no estatales.

Por lo que cabe retomar lo que dice Fanny Carvajal (2012) en su texto de Cooperación Descentralizada para el Curso en desarrollo humano local con énfasis en metodología de trabajo y temáticas propias de sus programas Marco ART del PNUD, y ampliar el concepto de cooperación descentralizada, donde ésta se concibe, más allá de que el actor que gestiona los recursos sea una institución o un organismo no gubernamental, en la manera cómo se gestionan estos recursos y, por tanto, en cómo se llevan a la práctica las acciones de cooperación sobre el terreno. Así pues, la cooperación descentralizada se fundamenta por su voluntad de participar en proyectos de desarrollo humano y sostenible de los pueblos, en los que la participación popular sea un elemento central; esto es, en la defensa y promoción de los derechos y las necesidades básicas de las poblaciones en el ámbito social, económico y cultural, a través de una gestión conjunta, nacida de las propias iniciativas del tejido social, y al máximo de respetuosa con el medioambiente.

Pero, ¿cómo garantizar la sostenibilidad y relevancia de los proyectos de cooperación descentralizada en el desarrollo de los territorios?

Beatriz Lantero (2015) en su documento de Gestión de Proyectos de Cooperación Descentralizada, determina que tener conocimiento de lo que es una política pública y una visión estratégica para vincular la política y el proyecto es fundamental para obtener como resultado intervenciones alineadas con las necesidades de los territorios, generando así, un mayor impacto y posibilidades de sostenibilidad. Los gobiernos e instituciones locales deben formular proyectos basados en la agenda local o las prioridades establecidas por los programas, planes o políticas de sus territorios.

Es importante diseñar proyectos que tengan en cuenta no sólo las políticas públicas locales, sino aquellas de ámbito nacional o regional, que puedan vincularse al proyecto. Por esta razón, también resulta importante trabajar con las herramientas de análisis de actores que permitirán identificar instituciones que podrían convertirse en aliadas o en obstaculizadoras.

En segundo lugar, Lantero invita a revisar el tema de la estrategia de los donantes versus las estrategias locales. Las estrategias de los donantes en ningún caso deben imponerse a aquellas establecidas por los gobiernos locales, pues el diseño de proyectos que se conviertan en intervenciones alineadas a las necesidades y de fácil apropiación por los territorios o que coincidan con las estrategias locales, es de alta relevancia. La negociación e incidencia es fundamental ante esto, ya que es importante que los gobiernos locales puedan participar en la discusión sobre las prioridades estratégicas de posibles donantes.

En último lugar, la autora también recomienda evitar la formación de equipos de gestión ad hoc. La formación de un equipo de gestión ad hoc puede dar la sensación de que se trata de una intervención aislada, alejada de las intervenciones que lleva a cabo un gobierno local. Pese a que es difícil no crear un equipo de gestión ad hoc, es importante que este se inserte dentro de la estructura institucional y esté formado por personal interno y externo.

Igualmente, y con base en lo referido en el curso del PNUD por Lantero, es posible afirmar que la cooperación descentralizada local parte de dos premisas fundamentales: El hecho de que los poderes locales son sujetos activos de la cooperación internacional, un escenario en el que se ha venido consolidando el papel de las ciudades en el contexto internacional; y el convencimiento de que el fortalecimiento de los poderes locales y el desarrollo local son objetivos prioritarios de la cooperación internacional.

Lo que nos lleva a concluir que la cooperación para el desarrollo, con sus recursos limitados, no puede, por sí sola, realizar los cambios necesarios. Ésta, debe constituir un instrumento de políticas públicas locales, que genere participación de la opinión pública y de las comunidades locales para intercambiar soluciones técnicas y tecnológicas, modelos organizativos y gerenciales, prácticas innovadoras entre diferentes países y contextos políticos y culturales y, a la vez, un laboratorio para aplicarlas, acompañando los procesos nacionales y locales de desarrollo humano y las acciones concretas de reducción de la pobreza y demás ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) priorizados en la Agenda Internacional.

Referencias

ACI. (2012). Manual de Cooperación. Recuperado el 1 de Mayo de 2016, de ACI: ACI http://www.acimedellin.org/Portals/0/Manual_de_cooperacion_2012.pdf
Carvajal, F. (2012). Escuela virtual. Recuperado el 1 de Mayo de 2016, de PNUD: http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=985
Cors, C. (2015). La cooperación descentralizada pública. Online: Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE-AL.
Lantero, B. (2015). Gestión de Proyectos de Cooperación Descentralizada. Online: Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE-AL.

Sobre los impactos sociales de la política comercial

Artículo de opinión de: Andrés Ordoñez Buitrago* (Email: aordone2@eafit.edu.co)
Abogado, y Analista del Observtorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT. 

El miércoles 10 de Febrero 2016,  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, llevaron a cabo un Seminario Taller sobre política comercial y la evaluación de sus efectos sociales. La importancia de este vínculo entre política comercial –y en general entre cualquier política económica– y sus impactos sociales –indicadores como pobreza, desigualdad y empleo– salta a la vista para los profesionales de las ciencias sociales. Sin embargo, al parecer (y sin generalizar) los economistas tienden a otorgarle una mayor importancia a la evaluación de los impactos netamente económicos de dichas políticas, a través de mediciones de cambios en el producto interno bruto, la balanza comercial, la tasa de cambio y los agregados macroeconómicos. Al menos esto es lo que parece indicar, según oficiales de la CEPAL, la falta de análisis rigurosos ex post sobre los efectos sociales de medidas como la apertura comercial, la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias y la suscripción de tratados de libre comercio por parte de nuestro país.

En esta columna no puedo pretender suplir este vacío. En consecuencia, me limitaré simplemente a llamar la atención sobre ciertos puntos que considero esenciales para responder a la pregunta de cuáles son los impactos sociales de la política comercial de nuestro país. Antes de comenzar, sería útil preguntarse: ¿por qué es importante medir los impactos sociales de esta política? La respuesta es un tanto evidente: porque la política comercial, al igual que las demás políticas estatales, tienen un propósito manifiesto de mejorar la calidad de vida de las personas de dicho país (aunque a veces algunos policymakers lo olviden). El incremento del comercio internacional de nuestro país no es algo bueno per se, ni un propósito en sí mismo. Sin embargo, sí se plantea como una herramienta u oportunidad para incrementar los niveles de empleo (sobra decir, empleo digno), los salarios, la tecnología, la productividad, así como de reducir la pobreza y la desigualdad. Sólo en la medida en que la política comercial que emprende un Estado logra no todos, pero al menos algunos de dichos cometidos, es que podemos decir que es política e incluso moralmente justificable e incluso deseable. Por el contrario, analizar las políticas económicas como si operaran en el vacío es un grave error pues olvida que detrás de las estadísticas agregadas sobre el desempeño de la economía se encuentran millones de personas cotidianas, colombianos de a pie, que cuentan con que el gobierno utilice todos los instrumentos a su alcance para mejorar la calidad de vida de todos, y no sólo de unos pocos.

A continuación quisiera dedicar un espacio a esbozar los principales elementos de la política comercial colombiana, a partir de la información presentada por el Sr. José Durán Lima, Jefe de la Unidad de Integración Económica de la CEPAL. Durante la década de los 1990, como es bien sabido, Colombia adelantó un proceso de apertura económica, el cual ha continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. De esta manera, el porcentaje de las exportaciones colombianas que tienen preferencias arancelarias (es decir, que no deben pagar aranceles para entrar en otros países) pasó del 22% en 1995 al 75% en la actualidad. En cuanto a las importaciones, el porcentaje de desgravación pasó en ese mismo período del 18% al 69%. El arancel promedio efectivamente aplicado en el 2015 fue de 1.8%, mientras que antes de la apertura era de 27%. La mayoría de estos aranceles se concentran en sectores bastante sensibles de la economía, como alimentos, agricultura, ganadería, papel/cartón, textil. En el plano institucional, además del ingreso de Colombia a la Organización Mundial del Comercio en 1995, se destaca la suscripción de numerosos acuerdos de libre comercio con 68 países.

Sin embargo, hay un problema estructural: el grado de concentración de las exportaciones por sector económico es bastante alto. Para 2014 el 59% de las exportaciones correspondían al sector de petróleo y minería, seguido –muy de lejos– por alimentos con el 11% y químicos con el 7%. Esto es bastante problemático, pues el sector minero-energético genera muy pocos empleos (tanto directos como indirectos) en comparación con la industria manufacturera, y sus consecuencias en el medio ambiente son bien conocidas. En materia de socios comerciales, si bien durante los años 90 se presentaba también un alto grado de concentración (con Estados Unidos a la cabeza, como país de destino de más del 50% de nuestras exportaciones), en la actualidad se encuentran mucho más diversificadas: Estados Unidos 26%, Venezuela 22%, Ecuador 21%, Brasil 18%, Perú 13%, Chile 11%, China 10.5%, México 10%.

El panorama para este año no es muy alentador. En el 2015 las exportaciones cayeron un 35% como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Para hacer frente a esta situación, es necesario replantear la política industrial de nuestro país, incentivando y fortaleciendo la industria manufacturera, con ocasión de la revaluación del peso. De esta manera, por un lado dependeríamos menos de los ingresos del petróleo, y por el otro propenderíamos por un avance real en los indicadores sociales (como pobreza, empleo y desigualdad), a partir de un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental.

Perspectives on Transition and Development

Opinion article by: David Ricardo Murcia Sánchez*

Analyst at the Trade, Investment and Development Observatory

Universidad EAFIT, Colombia

In this short column I aim to make some observations about the relationship between development and transitional process (war to peace) in societies. In the procedure, I’ll put the discussion to serve as interpretive remarks of the Colombia’s peace negotiations context.

The central hypothesis I’ll defend, states that the transitional process form war to peace in Colombia should be seen as an opportunity for development that goes beyond the conjuncture of the peace negotiations process with FARC guerrilla. Thus, beyond the reduction of the levels of violence (murder rates) in the social interactions. It should be taken, in stand, as a chance to strengthen the social capital and the formal institutions that bondage the people and the state.

First, it is necessary to make some notes on the subject of transitional justice. This academic area studies the organizational structure that the government and the society acquire to make a transition from either war to pace, dictatorship to democracy, or both. About it Ivan Orozco Abad (2005), a Colombian lawyer and political scientist, explain that in this field of research there are two streams of thinking. The first: human rights defenders, place their interest in the guard of justice as supreme value in the social life. In this sense, they make it necessary to implement some sort of law framework that reward or restore the affections taken by those who were damage during the conflict, for it is just. The second stream: peace builders, concern deeply about finding the possible ways in which the social capital in a society can be strengthen, thus permitting the stabilization of social relations outside the formal institutions: the government and the law. In this way, peace builders give concessions to social stability prior the satisfaction of grievances.

The possible opposition between peace builders and human rights defenders is based in the emphasis both of them make in the circumstances of the transition. The firsts consider the importance of having practical ways to facilitate a nation to make the transition, avoiding the reproduction of social conflicts in the head of retributive justice, which could let to violence. The second ones, in contrast, sustain that the transition need to be constructed as a way to pay back to society the damage inflicted; in this sense the human rights defenders place the exigence of justice as unavoidable to build a durable peace.

Although, it could be interpreted that these two ways of study are opposite, such an opposition could be false. As Orozco himself expose, there could be a mid-way where justice framework could be constructed in a fashion, it could not dissect society between victims and victimizers, breaking the bondages in society; but one that seek the normalization of the social institutions, both formal and informal (Orozco, 2005).

This initial approach to the discussions within the transitional justice, arose the necessity of having a process that give both, juridical guaranties to the grievances of the different social populations, and also studies the ways in which the unity of the political body can be sustain without the explosions of violence as a valid social dynamic. At the bottom of the argument, it is the question of constructing a better society.

Academy shows examples of good policies for development. One is the case of community-driven reconstruction (Cliffe, Guggenheim & Kostner, 2003; Kyamusugulwa, Hilhorst & van der Haar, 2014; Thorsell, 2013), where the government involves the social capital already active, in the programs to reconstruct the state in a bottom up direction. Although, the measure can be improved (Kyamusugulwa, Hilhorst & van der Haar, 2014), its basic argument can be defended. As the analysis of the irruption of violence after the firm of the pact shows, it is necessary to understand the institutional arrangements that societies have to make it easy and sustainable to control crime and violence (Archer & Gartner, 1976; Godnick, Muggah & Wasznik, 2002).

This approach to the process of transition leave some reflections on the nearby transitional process that Colombia would undergo after the definitive firm of a treaty of peace whit FARC. Thus, the governmental structure (McMichael, 2014), the media (Esser, 2014), and the society in general should focus their scope not only in the variation of aggregated data, like murder rates, or others indicators (Godfelow & Smith, 2013), for it could led to mistake the apparent change in indicators, with the change of the institutional arrangements that make it possible for the conflict to emerge.

If we accept that peace goes beyond statistics, we also have to accept that without them, peace wouldn’t be reachable, for them are indispensable methods to read social reality. The argument that I want to place is that it depends on the kind of data not being studied. The experience of the transitions in Central America shows that the attention put in crime records let to measures incapable to control crime. But in other cases, were the emphasis was put in the analysis of social capital, the resulting policies were more fruitful (Jütersonke, Muggah, Rodgers, 2009).

Transition, as it has being shown, represents to a nation an opportunity to enhance its social interaction, and construct a better path towards development. This perspective goes harmoniously whit the new global development agenda: the Objectives of Sustainable Development (ODS), especially number 16, that put forward the need of strengthen the social institutions as a step in development (PNUD, 2015). 

Concluding, it is necessary to open our view of the conjuncture that the peace process represent for Colombia, in attention of the development opportunity it offers.

References

• Archer, D., & Gartner, R. (1976). Violent acts and violent times: A comparative approach to postwar homicide rates. American Sociological Review, 41(6), 937-963.
• Cliffe, S., Guggenheim, S., & Kostner, M. (2003). Community-driven reconstruction as an instrument in war-to-peace transitions. World Bank, Conflict Prevention and Reconstruction Unit.
• Esser, D. E. (2014). Security scales: spectacular and endemic violence in post-invasion Kabul, Afghanistan. Environment and Urbanization, 26(2), 373-388.
• Godnick, W., Muggah, R., & Waszink, C. (2002). Stray Bullets: The Impact of Small Arms Misuse in Central America. Graduate Institute of International Studies-Small Arms Survey.
• Goodfellow, T., & Smith, A. (2013). From urban catastrophe to ‘model’city? Politics, security and development in post-conflict Kigali. Urban studies, 50(15), 3185-3202.
• Jütersonke, O., Muggah, R., & Rodgers, D. (2009). Gangs, urban violence, and security interventions in Central America. Security Dialogue, 40(4-5), 373-397.
• Kyamusugulwa, P. M., Hilhorst, D., & Van Der Haar, G. (2014). Capacity builders for governance: community-driven reconstruction in the eastern Democratic Republic of Congo. Development in Practice, 24(7), 812-826.
• McMichael, G. (2014). Rethinking access to land and violence in post-war cities: reflections from Juba, Southern Sudan. Environment and Urbanization, 26 (2), 389-400.
• Orozco, I. (2005). Sobre los límites de la conciencia humanitaria: dilemas de la paz y la justicia en América Latina. Bogotá: Editorial Temis y Universidad de los Andes.
• PUND. (2015). Post-2015: una nueva agenda de desarrollo sostenible. Available at: http://bit.ly/1aC7Frv.

Lanzamiento del Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2015

El lanzamiento oficial para Colombia del "World Investment Report"(WIR 2015) -Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2015- se llevará a cabo el martes 29 de Septiembre 2015 vía video conferencia desde el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) por parte de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y del Desarrollo (UNCTAD). Esta transmisión oficial es organizada por el Instituto Virtual de la UNCTAD.

El instituto virtual de la UNCTAD, y el Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo de la Universidad EAFIT invitan a estar presente en la exclusiva presentación por parte de Noelia Garcia Nebra (Oficial de Asuntos Económicos de la UNCTAD), representante de equipo investigador del Reporte Mundial de Inversiones 2015.

• Hora: 09:00 – 11:00 am 
• Lugar: Bl. 19-806. Universidad EAFIT, Medellin, Colombia 
• Conferencista: Noelia Garcia Nebra, UNCTAD 

Transmisión en linea disponible para otras ciudades, y universidad miembros del instituto virtual de la UNCTAD.
En el enlace: http://200.12.176.194/replay/webcastShow.html?key=1GnTS3wb2WSkABr

Transmisión disponible a través de la app Periscope.tv (descargar aplicación en: https://www.periscope.tv, y agregar usuario alegp1) 

Mayores informes: Nathalia Rios Ballesteros (nriosba@eafit.edu.co)

La política fiscal como herramienta para el desarrollo en América Latina

Artículo de opinión por: Esteban Jaramillo Osorio (ejaram11@eafit.edu.co )*
Estudiante de Economia, Universidad EAFIT, Colombia

Los Estados tienen a su disposición una innumerable cantidad de herramientas para fomentar el crecimiento y el desarrollo, entre ellas puede destacarse al fortalecimiento de la política fiscal como una de las más poderosas en los países emergentes.

Para poder considerar la utilidad de la política fiscal a la hora de fomentar el desarrollo, es importante primero definir a que nos referimos por política fiscal, entendiendo está bajo los preceptos del Banco de la República; “Es una política que sigue el sector público y que dictamina sus decisiones de gasto, impuestos y endeudamiento”.

En Latinoamérica, se ha demostrado que el uso de la política fiscal es efectivo para el desarrollo y el crecimiento, pero en comparación a países más desarrollados aún le queda un largo camino por recorrer. Según datos de la Organización para la cooperación y desarrollo económicos (OECD) los ingresos gubernamentales en Latinoamérica entre 1990 y 2006 aumentaron un promedio de 23% respecto al PIB, pero los países de la (OECD) ostentan una media del 42%, lo que evidencia el gran potencial de crecimiento que tiene Latinoamérica. Cifras similares se hallaron en el gasto público, estas tienen sustento en las marcadas diferencias entre los Estados de referencia, a saber, los países latinoamericanos y aquellos pertenecientes a la (OECD), algunas de estas discrepancias son: los sistemas fiscales excesivamente centralizados, la baja calidad de los servicios públicos respecto a los impuestos pagados, la injusticia que conlleva una recaudación de impuestos desproporcionada, el gasto publico bajo y mal implementado, y finalmente, la sensibilidad de los bonos soberanos ante los ciclos políticos.

La centralización causa una inequitativa repartición de los recursos recaudados por el gobierno central, lo que presenta varios desafíos a la hora de proporcionar bienes y servicios necesarios para la sociedad, como lo son la electricidad o agua potable. Para solucionar esto lo ideal sería una descentralización de los sistemas fiscales y dar más control sobre estos a las subregiones, sin embargo esto puede presentar algunos inconvenientes que requieren ser superados a la hora de implementar estas políticas.

Debido a la gran importancia que tienen los servicios públicos, los impuestos deberían verse reflejados en ellos puesto que dota de confianza al pueblo a la hora de tributar y se contrarresta así la evasión de impuestos que está en auge. Pero el mayor factor a la hora de analizar los efectos del gasto público y la calidad de los servicios se puede notar en la disminución de la pobreza, la desigualdad, y la exclusión, ya que al proveer mejores servicios como educación, agua potable, transporte público, entre otros, se le dan nuevas y mejores oportunidades a las clases más desfavorecidas de los países, y estas, convertidas en perspectivas de crecimiento favorecen la confianza en el Estado y fortalecen el desarrollo.

Para reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, es importante hacer gran énfasis en la necesidad de terminar con la desproporción en la recaudación de impuestos, puesto que la generación de carga tributaria es regresiva respecto a la tasa impositiva, que puede reducir la renta de los habitantes a medida que aumenta la tasa impositiva, teniendo esta un impacto mayor para los habitantes que menos ingresos perciben, debido a la disminución en la capacidad de obtención de bienes y servicios de primera necesidad, y por lo tanto los contribuyentes con menores ingresos son los que se ven afectados en mayor medida, visto que el impacto de la tributación es mayor en comparación a agentes con un mayor ingreso, puesto que sufren un menor impacto a la hora de tributar puesto que la destinación del capital a ser tributado no implica una disminución en el consumo de bienes o servicios básicos.

Al hacer más equitativa la recaudación de impuestos se podría aumentar la cobranza de los mismos mientras a su vez se reduce la desigualdad y se brindan nuevas oportunidades de crecimiento a las clases más bajas.

El gasto público puede ser una de las herramientas de la política fiscal con mayor impacto, pero este debe ser realizado de manera muy cuidadosa puesto que debe tener en cuenta el tipo de financiación que se utiliza a la hora de generar gasto público.

Respecto a lo anterior es importante resaltar que no todo gasto es idóneo para promover el desarrollo, y en últimas el crecimiento de un Estado, y por esto es de suma importancia discriminar los diferentes gastos y su utilidad, por ejemplo, una de las inversiones más efectivas es la que se hace en educación y la realización de sus políticas educativas, estas demuestran ser altamente efectivas a la hora de aumentar la productividad de un país, siempre y cuando sean implementadas correctamente, puesto que la intervención estatal no genera necesariamente un aumento en la productividad o en el desarrollo, sino una buena implementación del gasto, ya que al gastar en servicios como la educación, se está invierte en el capital humano que a futuro proporcionara un mayor crecimiento económico y social, pero esto solo se puede dar si y solo si este gasto se hace de manera adecuada y focalizada.

Otro aspecto del gasto público productivo es que puede aumentar el empleo formal ya que al destinar gasto a obras públicas de importancia abren cupos de trabajo para las clases más bajas.

A la hora de financiarse el gobierno puede hacerlo a través de políticas impositivas, así como también puede recurrir a la venta de bonos soberanos, esta fuente de financiamiento es bastante común, sin embargo estos bonos de deuda soberana están basados credibilidad del Estado, y por esto, en Latinoamérica suelen fluctuar de acuerdo al gobernante de turno y las calificaciones del riesgo país, este fenómeno es causado por el temor de los inversionistas a los cambios políticos sustentados en políticas fiscales expansivas, reduciendo así la credibilidad en los Estados. También tienen una gran influencia los bruscos cambios en las políticas económicas que se generan en la transición de un gobierno a otro, y por ello tienden a ser extremadamente cautelosos a la hora de invertir. Para solucionar esto se requiere de una comunicación más medida y cuidadosa de parte de quienes gobiernan o quienes aspiran a gobernar, así como también un marcado respeto por la constitución económica, entendiendo esta como las bases fundantes de la economía estatal, bases que no pueden ser moldeadas al gusto de cada uno de los gobiernos que hayan de llegar.



La política fiscal es un tema que suscita una amplia controversia por parte de los expertos, puesto que estos entienden como un problema la implementación de impuestos a modo de freno frente al crecimiento económico y el desarrollo del país, así como también existen otros que consideren la política fiscal como un mecanismo para estabilizar los ciclos económicos evitando las fluctuaciones marcadas como lo son las grandes escaladas y depresiones. Pero la política fiscal podría tener otra cara en donde sea un motor para el crecimiento y un medio para la consecución de los objetivos del desarrollo económico y social dentro de un Estado.

Referencias

Jiménez, J. P. (2008). Política fiscal y crisis en América latina. Revista Asturiana De Economia.

OECD. (2008). La política fiscal como herramienta de desarrollo en América Latina. Organización para la cooperación y el desarrollo Económicos(OECD).

La responsabilidad social empresarial (RSE) como parte de la agenda de desarrollo post-2015 en América Latina

Por: Carolina Herrera Cano*

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Universidad EAFIT, Colombia

Los retos propuestos por la Agenda de Desarrollo Post-2015 postulan responsabilidades propias de los gobiernos, las empresas y los individuos. Poner al desarrollo sostenible como tema fundamental para los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazarán a los actuales Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) (Naciones Unidas, 2013), busca hacer realidad la incorporación de las dimensiones sociales, económicas y medioambientales en los diferentes escenarios internacionales. Por esta razón, y debido al contexto social propio de la región y de las empresas multilatinas, se plantea la necesidad de poner a la Responsabilidad Social de las empresas (RSE) de estas empresas como prioridad dentro de la Agenda de Desarrollo Post-2015 de América Latina.

Durante la última década, América Latina y el Caribe han presentado grandes avances en el cumplimiento de los ODM. Es este el caso de la pobreza que ha pasado de un 42% a un 25% desde el año 2000 al 2012. Sin embargo, a pesar de que esta cifra responde en cierta medida a los objetivos planteados para 2015; problemas tales como la desigualdad siguen siendo preocupantes en la región (World Bank, 2015). Por esta razón y debido a resultados similares en los demás ODM, las Naciones Unidas promueven una reestructuración de estos objetivos.

El Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015: “Una Nueva Alianza Mundial: Erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible” propone cinco grandes cambios transformativos aplicables a todos los países con el fin de hacer realidad el alcance de los ODS. Estos cambios son: No olvidarse de nadie, Transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo, Construir paz e instituciones públicas eficaces, abiertas y responsables, Forjar una nueva alianza mundial y, de manera importante para el presente análisis, colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda (Naciones Unidas, 2013).

En este último cambio propuesto, las Naciones Unidas buscan hacer realidad los esfuerzos que se ha planteado la comunidad internacional durante los últimos años: integrar las dimensiones sociales, económicas y medioambientales de la sostenibilidad para el logro del desarrollo internacional. Además, las Naciones Unidas plantean que, de hecho, desde el sector privado, muchas de las empresas más importantes alrededor del mundo lideran en este momento la deseada transformación hacia una economía mundial sostenible (Naciones Unidas, 2013).

Para el caso de América Latina, el desarrollo sostenible de las empresas a través de la RSE ha sido no sólo de gran importancia, sino que se ha caracterizado por tener un enfoque diferente a las demás regiones del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, ha centrado la RSE en la caridad, Europa, por su parte, le ha apostado más a la incorporación de modelos de negocio más sostenibles. América Latina se ha caracterizado por tener un enfoque que busca responder a los problemas sociales que enfrenta la región, tales como la pobreza y la desigualdad (Casanova & Dumas, 2010).

De hecho, Lindgreen y Córdoba (2010) afirman que en la región muchos gobiernos tienden a ceder responsabilidades relacionadas con el bienestar de la población a las empresas privadas. Además, debido a su inminente incorporación al escenario global, las empresas multilatinas se han visto en la necesidad de implementar la RSE de manera creciente dentro de sus prácticas corporativas. De esta manera, una de las características principales de la RSE en América Latina es su surgimiento a partir de las necesidades del entorno.

Por otro lado, es importante reconocer la importancia que las empresas latinas multinacionales o multilatinas han adquirido durante los últimos años: muchas de estas empresas se han convertido en importantes referentes en las industrias en las que operan (Cuervo-Cazurra, 2008). Sin embargo, es la lamentable la comparación entre la situación exitosa de algunas multilatinas en el mercado internacional, acompañada de las positivas expectativas de crecimiento de las economías, y la de las condiciones sociales que aún vive la región: pobreza, falta de educación y violencia (Lindegreen & Córdoba, 2010).

La Agenda de Desarrollo Post-2015 plantea la importancia de hacer del desarrollo sostenible un tema prioritario. La situación actual de América Latina en términos de pobreza, falta de educación y violencia requiere de la intervención de instituciones privadas pues hasta el momento han demostrado no sólo ser capaces de ser líderes en esta requerida transformación, sino que desde su posición exitosa pueden continuar su labor de responsabilidad social basadas en las necesidades de la región.

Referencias

Casanova, L., & Dumas, A. (2010). Corporate Social Responsibility and Latin American Multinationals: Is Poverty a Business Issue?. Universia Business Review, (25), 132-145.

Cuervo-Cazurra, A. (2008). The multinationalization of developing country MNEs: The case of multilatinas. Journal Of International Management, 14(2), 138-154.

Lindgreen, A., & Córdoba, J. (2010). Editorial: Corporate Social Responsibility in Latin America. Journal Of Business Ethics, 91167-170.

Lindgreen, A., Córdoba, J., Maon, F., & Mendoza, J. (2010). Corporate Social Responsibility in Colombia: Making Sense of Social Strategies. Journal Of Business Ethics, 91229-242.

Naciones Unidas. (2013). Una nueva alianza mundial: erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible. Nueva York: UN.

Latinoamérica y su concepción de desarrollo

Por: Alejandro Botero Uribe[1]

El 13 de marzo de 1961 el presidente John F. Kennedy, al pronunciar un discurso ante los embajadores de los países americanos en Washington hizo un llamamiento a la cooperación regional de Las Américas para unir esfuerzos en el mejoramiento de las condiciones de vivienda, trabajo, acceso a la tierra, salud y educación de los habitantes del continente, proponiendo así la creación de lo que él llamó La Alianza Para el Progreso que se vería plasmado en el Plan Decenal de las Américas. Este plan pretendía ser puesto sobre la mesa el 15 de julio del mismo año en Uruguay donde se establecerían los principios rectores, las medidas institucionales a tomar para su implementación y el financiamiento del programa[2].

Si bien la Alianza para el Progreso nunca surgió, es importante resaltar este hecho como un hito histórico en la concepción de desarrollo de América Latina y el mundo en general, pues de manera avanzada para su época se concibió a este no como un aspecto de carácter meramente económico, sino como la confluencia de una serie de factores que juntos contribuirían al bienestar humano, pues como bien expresa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre desarrollo humano 2010 “La verdadera riqueza de una nación está en su gente”[3].

La transvaloración del desarrollo desde un punto de vista económico a uno que reuniera mas factores de bienestar, entró a ser parte del panorama mundial en 1990 con el primer informe de este tipo que introdujo el PNUD. La razón de ser de este fue lo poco que reflejaba de una sociedad un análisis que únicamente reuniera factores económicos, pues si bien estos mostraban una mayor disponibilidad en ingresos, no necesariamente establecían como tales ingresos se irrigaban en beneficio de una sociedad interpretada en su globalidad. De esta forma se estimó necesario incluir factores que reflejaran la situación de las naciones en términos de vida saludable, adquisición de conocimiento y disponibilidad de recursos para tener una vida digna[4], factores que con el tiempo han sido complementados con estadísticas sobre las disparidades de género, la desigualad, la pobreza multidimensional y la libertad humana[5].

La implementación de esta visión sobre el desarrollo en Latinoamérica llegó de manera tardía, por un lado el territorio no fue ajeno a factores tales como los conflictos armados y la mala gestión política y económica que junto con las epidemias del Sida han sido los elementos obstaculizantes mas importantes desde 1990[6]. Por su parte es importante tener en cuenta que, aún a principio de los 90, gran parte de la región se encontraba enfocada en lograr una salida a los problemas de deuda externa que la azotaron durante los años 80[7], por lo que la implementación de una nueva concepción sobre el desarrollo no era una prioridad en ese entonces.

La tardanza en implementar una concepción mas amplia del desarrollo generó cierto atraso de estos países sobre la materia, pues fue solo 10 años mas tarde, con la aparición de los objetivos del milenio, que se logró apreciar un interés por parte de Latinoamérica en atacar de manera frontal problemas que no tuvieran una relación directa con su política, fiscal, monetaria o cambiaria[8].

A lo largo del siglo XXI se ha logrado apreciar un resurgimiento del proteccionismo estatal en diversos países de Latinoamérica, por un lado se pueden ver tendencias al interior de países tales como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, entre otros. Así como se puede apreciar desde el punto de vista de la cooperación internacional en organizaciones como Mercosur[9].

En oposición a esta situación encontramos países que se han preocupado mas por la competitividad y que de esta forma han incluso implementado organizaciones cooperativas para lograr este fin, como es el caso de la Alianza Pacífico, conformada, por Chile, Colombia, México y Perú[10].

El balance para demostrar cuan afortunada es una u otra tendencia no es posible hacerlo mas que haciendo un ejercicio argumentativo, pues de manera empírica encontramos un aumento de ciertos índices en diversas naciones de Latinoamérica y no precisamente se logra apreciar una influencia por el tipo de modelo implementado. Igualmente es importante resaltar que la aparición de la Alianza Pacífico aún es muy reciente, por lo que sería apresurado hacer un balance que hable de su efectividad.

Si bien es importante el análisis de las sociedades actuales, es importante tener en cuenta algunos aspectos históricos que aún hoy influyen en las dinámicas económicas latinoamericanas, instituciones como la mita y la encomienda, con sus respectivos efectos devastadores en los pueblos indígenas, reflejan sus sombras en la América Latina de hoy.

Un ejemplo de esto son los asentamientos indígenas del Perú, en los cuales se logra ver un mayor deterioro en términos de desarrollo en aquellos lugares que, si bien tienen características similares, estuvieron bajo la influencia de la mita[11].

De manera mas amplia, son estas temáticas las que se pretenden abordar en el escrito, esta propuesta no constituye mas que una promesa de profundizar en cada tema mencionado de forma tal que se logre tener un panorama mas amplio sobre los modelos de desarrollo que predominan en América Latina, sus particularidades frente a los factores que lo determinan y los efectos que antiguos modelos o factores culturales tienen en las sociedades actuales.


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Notas de pie

[1] Estudiante de Derecho, Universidad EAFIT. Correo electrónico: aboter19@eafit.edu.co
[2] s.d, “Planificación del desarrollo económico y social en América Latina”, EBSCOHost, [base de datos en línea], artículo 20066755.
[3] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano”, UNDP, [en línea], s.f., disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_summary.pdf.
[4]Fernando Martín Mayoral y Jorge Yepes Zúñiga, “Evolución de las disparidades en el desarrollo económico y humano de América Latina : Análisis del IDH y sus componentes”, EBSCOHost, [base de datos en línea], artículo 97347554.
[5] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano”, UNDP, [en línea], s.f., disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_summary.pdf.
[6] Ibíd.
[7] Marcos Troyjo, “Development models or growth tactics?”, Latin Trade, vol. 22, num. 2, 1 de marzo de 2014, p. 32, [en línea], disponible en: http://latintrade.com/wef-trade-development-models-or-growth-tactics/.
[8] Ibíd.
[9] Fernando Martín Mayoral y Jorge Yepes Zúñiga, “Evolución de las disparidades en el desarrollo económico y humano de América Latina : Análisis del IDH y sus componentes”, EBSCOHost, [base de datos en línea], artículo 97347554.
[10] Marcos Troyjo, “Development models or growth tactics?”, Latin Trade, vol. 22, num. 2, 1 de marzo de 2014, p. 32, [en línea], disponible en: http://latintrade.com/wef-trade-development-models-or-growth-tactics/
[11] Daron Acemoglu y James A. Robinson, Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Colombia, Planeta Colombia, 2012, pp. 26 – 33.

De los ODM a los ODS: Una mirada desde del institucionalismo cognitivo

Por: David Ricardo Murcia Sánchez*

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT

Si se mira desde la perspectiva de los estudios de políticas públicas al proceso de renovación de los objetivos de desarrollo a nivel mundial, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se puede llegar a aliviar actitudes pesimistas hacia el proceso de diseño de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El surgimiento de los objetivos de desarrollo Post 2015, o como son conocidos ahora, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no sólo se ve justificado por los cambios que el tiempo ha dejado en la sociedad, sino también, por las dificultades que se han presentado en el cumplimiento de los ODM. Si recordamos a Adolfo Eslava (2011), la base de todo pensamiento sobre políticas públicas es la abstracción al ciclo en el que estas tienen lugar donde, grosso modo, pueden comprenderse tres fases: antes, durante y después.

• Antes, corresponde al momento en el que un problema sale a la esfera pública, lo que quiere decir: el reconocimiento y aceptación medianamente generalizado de un asunto como problemático para una comunidad o sociedad determinada. También, esta etapa incluye la discusión pública que se genera en torno a aquello que se ha identificado como problemático hasta el punto de la formulación de una solución: política pública.

•  El durante corresponde al proceso de implementación de la política pública, en el cual se toman todas las acciones necesarias y convenientes para poder llevar a cabo la ruta de acción anteriormente determinada. Es importante tener en cuenta que el proceso de práctica cambia el diseño al que se ciñe debido a los problemas contextuales que, naturalmente, la afectan.

• Finalmente, el después, permite el desarrollo de actividades evaluativas y de retroalimientación que facilitan el entendimiento del proceso entero y la toma de decisiones para la continuación del curso de la política pública.

No obstante, como de la mano de Roth, Eslava (2011) sugiere, el análisis y el mundo de las políticas públicas no se ven limitados por este esquema. Inclusive, el esquema mismo, no muestra un final. Sobre esto, es más esclarecedor Charles E. Lindblom (1991), al mostrar el complejo juego de intereses sociales que está detrás de la formulación de una política pública, brindando una riqueza sociológica al marco teórico del ciclo. Así, puede dejar de pensarse en una lógica vertical de las políticas, donde, ante unos determinados problemas sociales, hay un estructurado cuerpo administrativo dispuesto a resolverlos.

Si nos devolvemos al ciclo de las políticas públicas en la lógica de Lindblom, el surgimiento de los problemas es ampliamente público, pues hay una gran cantidad de ellos concursando por penetrar los espacios de discusión válidos (acotándonos a un sistema democrático) e, inclusive cuando lo logran, combatiendo entre ellos para encontrar una solución. Una solución que a su vez estará diseñada para responder a unos intereses que en el momento triunfaron en el proceso democrático. En este sentido, es entendible que las políticas implementadas no logren responder a todos los problemas que una sociedad tiene y no solamente a aquellos que son validados por el debido proceso.

De esta manera, se puede comprender cómo el camino escogido por la ONU con los ODM trató de responder, a los problemas formulados de una manera eficiente en un curso de acción limitado por unos intereses contextualizados. En este sentido, a pesar de posibles posturas pesimistas respecto al cumplimiento de los objetivos, puede decirse que el proceso de su construcción estuvo acorde a la discusión pública. Más aún, entre los ODM y los ODS no puede interpretarse un quiebre, sino una renovación a la luz de la retroalimentación, presupuestada en el ciclo de cualquier política pública.

A pesar del entendimiento del flujo normal de políticas públicas, no se puede caer en la satisfacción de pensar que los objetivos no obtenidos se lograrán por inercia en la continuación de este proceso. Adquiere especial importancia que la retroalimentación se haga de una manera consciente e inquisitiva, tratando de entender qué pudo generar desfases en la planeación o desvíos en la implementación. En esta línea argumental, este capítulo se centrará en la perspectiva teórica que, desde el institucionalismo cognitivo de Constantinos Mantzavinos (2004) se plantea.

Para facilitar el paso de la discusión hacia la propuesta meta-teórica de Mantzavinos (2004), es útil deshacerse de la analogía con la que inició este texto. Si bien, para facilitar la comprensión del proceso en el que un cuerpo político y jurídico genera soluciones, se implicó que las acciones de la ONU pueden interpretarse como políticas públicas, hay límites teóricos entre el mundo internacional y los Estados. El punto de unión es brindado por la teoría del economista griego al brindar un contexto de solución a problemas. De esta manera, se solucionan las dificultades que temas como la exigibilidad o la legitimidad representan para que los cuerpos internacionales produzcan piezas normativas como las políticas públicas de una nación. Desde la perspectiva de este autor, se desmonta del marco jurídico estatal a las respuestas que los cuerpos jurídicos y político dan a problemas sociales dejándolas como soluciones, que en caso de ser exitosas y difundidas se convierten instituciones.

Referencias

Eslava, A. (2011). El juego de las políticas públicas: reglas y decisiones sociales. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Lindblom, C. E. (1991). El proceso de elaboración de políticas públicas. México D. F.: Purrúa.

Mantzavinos, C. (2004). Individuals, institutions, and markets. Cambridge University Press.

Some views on the Trade and Development Report, 2014

Opinion by: Verónica Velásquez Zuluaga*
Law student at Universidad EAFIT, Colombia

On a post 2015 development agenda, the transformative and sustainable approach to development will be a key role in the setting of new goals and targets for policymakers.

UN Open Working Group on sustainable development presents 17 goals. But we will talk about 3 of them that international community regards them as major. The first is organizing any new goals and targets to a policy paradigm that can help raise productivity, generate enough jobs, and establish a stable international financial system that increase productivity investment and deliver reliable public services that leave no one behind; the second challenge is to formulate a new developing agenda to decrease the inequality which has accompanied the spread of market liberalism. This is relevant because the inequity could damage the well-being and threaten the economic, progress and stability; and the third is restoring a development model that favors the real economy over financial interests and ensures that the policy instruments are available to countries to enable them and advance the development agenda.

About natural resources for public revenue, in some cases, the developing countries need collecting them for the financing of development. The principal contribution to the development of these activities is the payment of the government revenues. However, the mining companies make the prices of commodities increase for their own benefit, that’s why the public gains were falling behind. As a result, many governments, both from developed and developing countries, have begun to revise their policies relating to the extractive industries. This has included renegotiation or cancellation of existing contracts, increases in tax or royalty rates, introduction of new taxes and changes in the degree of State ownership of the extractive projects. However, these changing market conditions should not obscure the wider policy challenges faced by producing countries in making the most of industries for development.

A comprehensive policy aimed at improving revenues from natural resources incorporated this element. First, governments should retain their right to review the tax regimes and ownership structures. Second, governments should have mechanism to enforce the rules to control the MNC's. Third, governments should be allowed to the MNC's transfer pricing manoeuvres and underreporting of export volumes with threats of legal punishment. This topic has to be included in the post-2015 development agenda.

According to UNCTAD international trade grew 2 per cent in the first period of the 2014. All regions have experienced a deceleration in their volume of trade in varying degrees, the greatest slowdown being in the developed countries, the transition economies and Latin America. Trade in developing and transition economies also decelerated. Talking about Latin America and the Caribbean, the trade volume slowed down to a growth rate of around 2 per cent. Slow GDP growth in its major markets (including U.S.) and real exchange rate appreciation affected the regions exports.

The way to expand trade globally is through a domestic-demand-let output recovery; not the other way round. However if a country want to try an exit from the crisis through net exports, this strategy would create a fallacy of composition if followed by many trading partners. But demand must also be geographically distributed in a way that is consistent with the reduction of global imbalances. This requires that developed countries take the lead in expanding domestic demand so as to enable an expansionary adjustment in contrast with the recessionary bias of balance-of-payments adjustments, which place the entire burden on deficit countries.

In conclusion: developed countries need to adopt a balanced approach that gives a larger role to domestic and regional demand and to South-South trade than in the past. Trading partners should encourage domestic demand simultaneously, they would also be supporting each other’s exports and the recovery of international trade and production capacities should be expanded and adjust to the new demand pattern through appropriate, proactive industrial policies.

Economic growth towards development

Artículo de opinión por: Catalina Tamayo Posada (catalinatamayop1@gmail.com)
Estudiante de Economía. Universidad EAFIT, Medellin, Colombia.

Since the most recent financial crisis, the world has been trying to reach the pre-crisis levels of growth, unemployment rates –which increased with the crisis-, investment, trade, domestic demand, among other economic variables.

As for growth, there have been lower levels since the 2008 crisis, which was caused by the developed countries. Nevertheless, in 2014 the modest improvements have been fostered by the developed economies, specially, the European Union (EU). While growth in some countries of the EU is explained by the increase in the domestic demand and the recovery of consumer and mortgage credits, some other countries still face weakness in the banking sector. In developing and transition economies from Asia, growth is mainly because of the rise of domestic and public demand. In contrast, sub-Saharan economies are doing well because of high commodity prices, improvements in agriculture and the recovery from civil conflicts. Some Latin American economies have lost momentum due to a decrease in the domestic demand. However, hydrocarbons and mineral exporters are reporting high rates of growth (UNCTAD, 2014)

These slow but considerable improvements in economic growth have to be seen from a new perspective since the world is changing towards a new paradigm in which development plays a key role. According to the Trade and Development Report (2014), progresses in growth must be supported by policies taken by governments to direct the economy to achieve better life standards and to reduce the growing levels of inequality. In order to do it, it is necessary that countries make their best efforts to incentive investment and to raise their levels of human capital and technological know-how. Additionally, increasing per capita incomes is a priority for which it stimulates consumption and therefore the economy as whole, this increase should be the consequence of government’s efforts to improve industries’ productivity. Moreover, developing economies should enhance policies focused on diversifying their economies, strengthening income policies and creating measures to help mitigate the consequences of financial internationalization.

In pursuance of achieving the goals mentioned above, some developing countries and the least developed countries face, among many, a huge problem in terms of financial resources. The poor access they have to these services makes it difficult for the economy to grow. In addition to this, the transfer of technological know-how is urgent in order to develop countries’ own production capabilities (UNCTAD, 2014). The international community faces the challenge of ensuring that these countries –developing and least developed- manage to get the infrastructure required to effectively access to financial services and to implement any new technologies acquired, which in the end is what makes the economy more productive and –with good policies- more inclusive. If done so, economic recovery would be faster, more “global” and guided to development.

References

UNCTAD. (2014). Trade and Development Report 2014. New York and Geneva: United Nations.

Mr. Toru Shibiku discusses his views on the current financial system

"Good players, sound markets, and supervision should go together in a sound international financial system" Toru Shibiku, Representative of the InterAmerican Development Bank (IDA) in Asia. Interview by Dr. Maria Alejandra Gonzalez-Perez

Inversión privada en innovación para el desarrollo

Artículo de opinión por: Laura Jaramillo Echeverri (*)
Estudiante de Derecho, Universidad EAFIT, Colombia

Se ha planteado como una realidad en la actualidad que la innovación y la promoción del aprendizaje tecnológico son los dos estímulos mas grandes para el cambio estructural de una economía en desarrollo, pues significa mejorar la competitividad de las empresas, generar crecimiento y empleo.

La innovación suele requerir inversiones considerables de capital, y normalmente la falta de financiación suele ser un obstáculo en materia de innovación para las empresas. Esta falta de financiación se genera por que representa un riesgo de incertidumbre para quien invierte, por que solo es posible apropiarse de una parte de los resultados por parte de quien invierte. 

Estudios de UNCTAD han demostrado que la tasa de rentabilidad social en la inversión publica de investigación y desarrollo puede ser varias veces superior a la de la inversión privada. De esta manera el WIR 2014 publicado por UNCTAD sostuvo que para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible post 2015 se requiere de inversión privada, para que de la mano de las políticas de los gobiernos se logre un desarrollo a largo plazo y de manera sostenible. Es por esto que se debe hacer énfasis en la investigación y desarrollo, pues a través de la innovación se genera crecimiento en la economía, a través de las empresas y emprendedores. 

Se han planteado unos instrumentos para financiar la innovación, que comprenden financiación directa e indirecta. La financiación directa esta compuesta por financiación privada y financiación publica, en el presente articulo nos vamos a enfocar en la financiación privada, explicando los instrumentos de esta financiación, en la innovación para luego relacionarlos con los instrumentos de la inversión publica. 

La financiación para actividades emergentes normalmente resulta mas problemático en el caso de las pymes y las micro empresas, frente a lo que resulta para las grandes empresas. Cuando se trata de financiación privada para un proyecto innovador lo que primero que se considera son ahorros personales y recursos de familiares o endeudamiento personal, el ahorro personal de los socios, las utilidades de periodos anteriores (cuando son empresas ya constituidas), ángeles inversionistas, siendo este un tipo de financiación muy novedoso pues son personas que aportan capital en la fase de gestión y de crecimiento inicial de la empresa, pero además de aportar fondos, aportan conocimientos técnicos, administrativos y empresariales que resultan muy útiles para los emprendedores. Otro instrumento es el capital de riesgo, pues se trata de una forma de financiación mediante participación al margen de mercados bursátiles, esto es que los inversores invierten, normalmente en las fases de crecimiento inicial o de expansión por un período de tiempo mas largo que el de los ángeles inversionistas aprovechando el elevando potencial de crecimiento de las empresas que ya han iniciado sus operaciones. Además están los prestamos de bancos comerciales, que son la fuente más tradicional y la más importante forma de financiación de las empresas, pero en muchos países en vía de desarrollo las pymes tienen dificultades para obtener prestamos bancarios con interés asequibles, lo que genera que la innovación empresarial se frene en países menos desarrollados. Así mismo esta el microcrédito, el cual, consiste en financiación crediticia a pequeña escala que surgen normalmente de ONG o por ayuda del gobierno. Finalmente vemos como instrumento para financiar la innovación, la micro financiación colectiva, que resulta como un fenómeno reciente donde los empresarios entran en contacto con los inversores a través de internet estableciendo plataformas que hacen coincidir a los inversores y a las empresas que buscan financiación. 

Con base en estos instrumentos es que el sector privado debe enfocarse en la inversión, por medio de ángeles inversionistas creando redes de ángeles en todo el mundo y estableciendo asociaciones o federaciones nacionales de inversores, para ayudar al desarrollo no solo local sino global impulsando las nuevas empresas con proyectos innovadores. Frente a los fondos de capital de riesgo, estos puede ser privados o públicos, pero la mayoría pertenecen al sector privado, por lo tanto el sector publico por medio de sus políticas de investigación y desarrollo debe fomentar la inversión con este instrumento que genera un gana-gana para ambas partes. Finalmente la micro financiación colectiva siendo el instrumento mas reciente que podría crecer mas rápidamente necesita de la elaboración de normas y mecanismos de adecuación para garantizar la confianza en los inversores a través de internet, pero aun así resulta siendo un instrumento muy eficiente donde las partes se encuentran para proponer sus propuestas de financiación para así impulsar la innovación. 

Referencias 

UNCTAD (2013) Inversión, en innovación y tecnología para el desarrollo. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: TD.B.C.II.21, Ginebra