Lanzamiento del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo (World Trade Report 2016)

El Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo invita al lanzamiento oficial para Colombia del "Informe sobre el Comercio y el Desarrollo" de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (World Trade Report, WTR 2016). 

 
Este lanzamiento será a través de transmisión oficial en vivo desde el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza es organizada por el Instituto Virtual de la UNCTAD (vi UNCTAD).

Presenta: Alfredo Calcagno, Jefe de Políticas Macroeconómicas y de Desarrollo de la UNCTAD

• Fecha: Martes 4 de Octubre, 2016
• Idioma: Español
• Hora: 9:00 a.m.
• Lugar: Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Bloque 19 aula 806

Para transmisión a universidades que hacen parte del instituto virtual de la UNCTAD, pueden conectarse mediante en el enlace de Vydeo disponible haciendo click [AQUÍ]

El Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del Comercio

Artículo de análisis por: Andrés Ordoñez Buitrago*

Abogado

Históricamente, el comercio internacional ha enfrentado múltiples barreras. Durante gran parte de la historia económica mundial, los Estados adoptaron políticas comerciales proteccionistas que restringían considerablemente la posibilidad de comerciantes alrededor del mundo de comercial entre sí, a través de la importación y exportación de bienes y servicios. Así, cuando después de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional acordó una organización de la economía internacional a través de la creación de tres instituciones –el Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio– fue precisamente esta última, la que nunca pudo ver la luz, por la negativa del Congreso de los Estados Unidos de ratificar su tratado constitutivo, la Carta de La Habana. En consecuencia, por muchas décadas el comercio internacional estuvo regulado por un instrumento, y no una organización: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Esta situación cambió en 1994, cuando después de la Ronda Uruguay, se acordó crear la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del Acuerdo de Marrakech. Sin embargo, el énfasis de esta organización inicialmente fue la liberalización del comercio internacional a través de la reducción de aranceles, lo cual resultó insuficiente en tanto una barrera importante a este tipo de intercambios también lo son los trámites administrativos requeridos para llevarlos a cabo. En otras palabras, si hay aranceles bajos pero los trámites para exportar o importar un bien son demasiado engorrosos, el comercio internacional se ve dificultado.

En este sentido, en la Conferencia Ministerial de Singapur (1996) los Miembros de la OMC encomendaron al Consejo del Comercio de Mercancías “la realización de trabajos exploratorios y analíticos sobre la simplificación de los procedimientos que rigen el comercio [...] con objeto de evaluar si procede establecer normas de la OMC en esta materia” (párrafo 21 de la Declaración Ministerial de Singapur). Estos trabajos exploratorios se desarrollaron durante casi una década, hasta que finalmente en 2004 se decidió iniciar formalmente la negociación de un acuerdo internacional en materia de facilitación del comercio. En agosto de ese año, el Consejo General de la OMC adoptó el denominado “Paquete de Julio” o Programa de Trabajo de Doha, en el cual se fijaron los siguientes objetivos para el proceso de negociación:

a) “Aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V (Libertad de tránsito), VIII (Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación) y X (Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT de 1994, con miras a agilizar aún más el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.

b) Potenciar la asistencia técnica y el apoyo a la creación de capacidad en esta esfera.

c) Establecer disposiciones para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras o cualesquiera otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros”[1].

Para implementar este mandato, se estableció en el marco de la OMC un Grupo de Negociación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (en adelante AFC). Este proceso estuvo liderado por los países desarrollados, aunque algunos países en desarrollo –como Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Paraguay y Singapur– lo respaldaron. Durante varios años, el principal obstáculo que enfrentaron de parte de los países en desarrollo fue resistencia en torno al carácter vinculante del Acuerdo (preferían recomendaciones no vinculantes, en vez de normas obligatorias), temiendo no tener las capacidades técnicas requeridas para implementar lo acordado[2].

A pesar de estas dificultades, en 2013 durante la Conferencia Ministerial de Bali y en el marco del “Paquete de Bali”, se logró finalmente adoptar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. El AFC se encuentra divido en tres secciones:

I. En la Sección I están contempladas múltiples disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de aduana de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. De esta manera aclara y mejora los artículos pertinentes (V, VIII y X) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. Asimismo, contiene disposiciones en materia de cooperación aduanera. Algunas de las normas que contiene esta sección son:

• · Los Estados deben publicar información sobre procedimientos de importación, exportación y tránsito; formularios y documentos requeridos; derechos, cargas e impuestos; normas sobre clasificación de productos; normas de origen; restricciones o prohibiciones de importación; procedimientos de recursos; sanciones. 
• · Los Estados deben ofrecer oportunidades para que los comerciantes y demás partes interesadas formulen observaciones sobre cambios normativos en materia aduanera, antes de su entrada en vigor; y formular consultas a las autoridades respectivas.
• · Los Estados deben garantizar el derecho a interponer recursos judiciales y/o administrativos contra las decisiones de la aduana.
• · Los Estados deben brindar facilidades para trámites aduaneros como: presentación de documentación antes de la llegada; pago electrónico de los derechos aduaneros; separación entre el levante y la determinación definitiva de derechos aduaneros; establecimiento y publicación de plazos medios de levante; medidas adicionales de facilitación para operadores autorizados.
• · Los Estados deben simplificar las formalidades y requisitos de documentación e implementar una ventanilla única.

II. La Sección II contiene disposiciones sobre trato especial y diferenciado que permiten a los países en desarrollo y menos adelantados determinar cuándo aplicarán disposiciones específicas del Acuerdo. Estas disposiciones tuvieron que incluirse para generar aceptación de los países en desarrollo, quienes estaban reticentes a aceptar un acuerdo en materia de facilitación del comercio por posibles faltas de capacidades para implementar lo acordado.

El sistema ideado consiste en que los Estados deben notificar a la OMC en cuáles de las siguientes categorías se encuentran las disposiciones del AFC y en este sentido pueden determinar cuándo aplicarán disposición en cuestión. Las tres categorías que existen son:

• · Categoría A: aplicarán en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo (o, en el caso de un país menos adelantado, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor).
• · Categoría B: aplicarán en una fecha posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo.
• · Categoría C: aplicarán en una fecha posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo y que requieren asistencia y apoyo para la creación de capacidad.

III. La Sección III establece que se creará en la OMC un Comité Permanente de Facilitación del Comercio y exige que los Miembros tengan un comité nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del Acuerdo.

Para la implementación de lo acordado en Bali como un tratado internacional, en noviembre de 2014 el Consejo General de la OMC adoptó el Protocolo de Enmienda para insertar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio como un anexo del Acuerdo de Marrakech. El AFC constituye un hito internacional en tanto es el primer tratado multilateral sobre comercio negociado en 18 años y el primero de tales acuerdos celebrado por la OMC. Sin embargo, aún hace falta que el tratado entre en vigencia. Para tal efecto, se requiere que lo ratifiquen 2/3 de los Estados Miembros de la OMC. A la fecha, solo 90 Estados lo han hecho.

En adición a lo contemplado en la Sección II relativo a plazos para la aplicación de ciertas normas a los países en desarrollo, también se adoptaron otras medidas para facilitar la aplicación del AFC por parte de estos países. En este sentido, se destaca el Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el cual brinda asistencia técnica para la implementación del Acuerdo por parte de países en desarrollo y países menos adelantados. Entre sus funciones se encuentran: ayudar a preparar las notificaciones de las categorías para el trato especial y diferenciado; impartir programas de formación y de creación de capacidad para asegurar la comprensión del Acuerdo; ayudar a tener acceso a la asistencia para la aplicación del Acuerdo; cuando no se disponga de ninguna otra fuente de financiación, financiar los compromisos de la categoría C.

Para el caso de Colombia, es importante destacar que nuestro país tuvo un papel activo en las negociaciones del AFC como promotor, pero a la fecha no ha ratificado este tratado. El 19 de octubre de 2015, las ministras María Ángela Holguín (Relaciones Exteriores) y Cecilia Álvarez-Correa (Comercio, Industria y Turismo) radicaron el Proyecto de Ley 109 de 2015 “Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio» adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014”. Actualmente este proyecto de ley se encuentra en curso en la Comisión Segunda del Senado de la República, a la espera de su aprobación.

Sin embargo, nuestro país sí envió la notificación relativa a la Sección II, incluyendo todas las disposiciones de la Sección I en la categoría A, es decir de aplicación inmediata cuando entre en vigencia el tratado, a excepción de dos disposiciones:

• · Artículo 5.3 Procedimientos de Prueba: establece que se lleve a cabo una segunda prueba en caso de que el resultado de la primera prueba de una muestra tomada a la llegada de mercancías declaradas para la importación dé lugar a una constatación desfavorable.
• · Artículo 7.9 Mercancías Perecederas: establece un tratamiento preferencial para el trámite aduanero y almacenamiento de mercancías perecederas.

El Gobierno Nacional justifica la conveniencia de ratificar este tratado a partir de estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que indican que las medidas de facilitación del comercio dispuestas en el AFC traerían una reducción en los costos globales del comercio de alrededor de 13.2% para países de ingreso medio como Colombia; y que una reducción del 5% de los tiempos de espera en las fronteras, aumentaría un 10% el comercio intrarregional[3]. En este sentido, el AFC constituiría una oportunidad para que nuestro país sea más eficiente en su comercio exterior y en consecuencia aumente sus vínculos comerciales con el mundo.

Por su parte, entre los efectos a nivel global, según la información del Gobierno Nacional, la Organización Mundial del Comercio estima que los beneficios del Acuerdo para la economía mundial estarían “entre 400.000 millones y 1 billón de dólares gracias a la reducción de costos, al incremento de las corrientes comerciales y la recaudación de ingresos fiscales; adicionalmente, se creará un entorno empresarial estable y atraerá inversión extranjera”[4]. Es decir, aunado a la reducción de los aranceles, la facilitación del comercio a través de reducción, simplificación y agilización de trámites, entre otras medidas contempladas en el AFC, permitirían a nivel global una mayor eficiencia y competitividad, contribuyendo así a fomentar el comercio internacional y en últimos propiciar el desarrollo económico.

Bibliografía

Neufeld, Nora (2014) “The long and winding road: how WTO members finally reached a Trade Facilitation Agreement”, División de Investigación Económica y Estadísticas de la OMC (2014), disponible en: http://www.tfafacility.org/sites/default/files/the_long_and_winding_road_how_wto_members_finally_reached_a_tfa_e.pdf

Organización Mundial del Comercio, Declaración Ministerial de Singapur (1996), Documento WT/MIN(96)/DEC, disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min96_s/wtodec_s.htm

Organización Mundial del Comercio, Paquete de Julio/Programa de Trabajo de Doha (2004), Documento WT/L/579, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/draft_text_gc_dg_31july04_s.htm

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio”, Documento WT/L/931, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/trade-facilitation-agreement-facility

Organización Mundial del Comercio, “Facilitación del comercio”, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm#background

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Lista de notificaciones”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/notifications

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Lista de ratificaciones”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/ratifications

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Antecedentes”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/background

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Acerca del Mecanismo”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/acerca-del-mecanismo

Senado de la República, Proyecto de Ley 109 de 2015, disponible en: http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2015%20-%202016/PL%20109-15%20Enmienda%20al%20Convenio%20de%20Marrakech%20-%20Acuerdo%20de%20Comercio.pdf








[1] Anexo D, Paquete de Julio/Programa de Trabajo de Doha, 2004.


[2] Nora Neufeld, “The long and winding road: how WTO members finally reached a Trade Facilitation Agreement”, Organización Mundial del Comercio – División de Investigación Económica y Estadísticas, 2014, disponible en: http://www.tfafacility.org/sites/default/files/the_long_and_winding_road_how_wto_members_finally_reached_a_tfa_e.pdf


[3] Senado de la República, Proyecto de Ley 109 de 2015, pp. 24-25, disponible en: http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2015%20-%202016/PL%20109-15%20Enmienda%20al%20Convenio%20de%20Marrakech%20-%20Acuerdo%20de%20Comercio.pdf


[4] Íbid.

Lanzamiento del Reporte sobre las Inversiones en el Mundo (World Investment Report 2016)

El Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo invita al lanzamiento oficial para Colombia del "Reporte sobre las inversiones en el mundo 2016" de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (World Investment Report, WIR 2016).                  
Este lanzamiento será a través de transmisión oficial en vivo desde el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza es organizada por el Instituto Virtual de la UNCTAD (vi UNCTAD).

• Presenta: Stephanie Bonilla-Féret, División de Inversión de Empresa de la UNCTAD.
• Fecha: Martes 13 de septiembre, 2016
• Idioma: Inglés
• Hora: 9:00 a.m.
• Lugar: Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Bloque 19 aula 806

Para transmisión a universidades que hacen parte del instituto virtual de la UNCTAD, pueden conectarse mediante en el enlace de Vydeo disponible haciendo click [AQUÍ]

La doctrina de la deuda odiosa: ¿problema o solución?

Por: Andrés Ordoñez Buitrago*

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

La doctrina de la deuda odiosa sostiene que “la deuda soberana incurrida sin el consentimiento del pueblo y que no lo beneficia es odiosa y no debe ser transferible a un gobierno sucesor, sobre todo si los acreedores conocían de antemano estos hechos”[1]. Quienes defienden esta doctrina proponen como ejemplos para su aplicación los casos de los dictadores Anastasio Somoza (Nicaragua), Ferdinand Marcos (Filipinas), Jean-Claude Duvalier (Haití), el régimen del apartheid en Sudáfrica, entre otros. Y hace pocos años, el gobierno del presidente Rafael Correa (Ecuador) invocó el carácter ilegítimo e inmoral de la deuda externa de su país para declararse en moratoria de pagos internacionales, teniendo en cuenta que desde 1978 el Parlamento ecuatoriano fue excluido de las decisiones sobre endeudamiento[2].

Este concepto es, sin duda, bastante polémico y da lugar a varias reflexiones. En primer lugar, uno podría cuestionarse por las motivaciones de los bancos e instituciones financieras internacionales para realizar préstamos a gobiernos corruptos, tiránicos o antidemocráticos, si estos gobiernos no representan el interés general de su población sino que están movidos por intereses particulares. Este cuestionamiento lleva implícita la premisa de que lo que busca el sistema financiero es el bienestar general y que las consideraciones morales son relevantes a la hora de determinar si se concede o no un préstamo. Si bien lo anterior es un ideal, una aspiración en cuya deseabilidad prácticamente todos coincidimos, en la realidad no ocurre así y debe diferenciarse el ser del deber ser de las cosas.

Por una parte, la banca privada internacional tiene un claro ánimo de lucro: realizan inversiones con el único ánimo de obtener una rentabilidad o retorno suficiente; las demás consideraciones, como la legitimidad del prestatario para obligar a un Estado a pagar la deuda, son irrelevantes para los banqueros globales. En este sentido, a la hora de evaluar si conceden o no un crédito, no es realmente importante si el gobierno es democrático o no, sino únicamente si hay suficiente respaldo para obtener el pago de la deuda; y cuando no lo hay fijan unas tasas de interés más altas de lo habitual, porque a mayor riesgo, mayor ganancia.

Por otra parte, en las instituciones financieras internacionales como el FMI, el BM, BID, entre otras, que tienen un carácter público, las consideraciones sobre el carácter legítimo o no del gobierno que solicita un préstamo tampoco es muy relevante (sí tienen en cuenta por ejemplo la estabilidad política y económica del país, pero esto es muy diferente al carácter transparente, democrático y legítimo del gobierno en cuestión). Así, vemos cómo en los tratados constitutivos de esas organizaciones no se hace ninguna alusión a requisitos como transparencia o democracia o respeto a los derechos humanos que deban cumplir los Estados para poder recibir financiamiento. En materia económica, todo parece indicar que la estabilidad prima sobre la legitimidad.

Esta situación no es necesariamente mala; introducir juicios de valor político o moral (que son inherente discutibles y no hay fórmulas exactas para hacerlos) en decisiones económicas podría comprometer la estabilidad del sistema internacional. Adicionalmente, es importante recordar que la democracia no es un sistema político universal y que la Carta de las Naciones Unidas acepta la diferencia en regímenes políticos y económicos, por lo cual un gobierno monárquico o dictatorial en el sistema internacional están en igualdad de condiciones jurídicas y políticas (aunque no morales, a la luz de nuestras consideraciones personales) que un gobierno democrático. De allí que asumir la postura de la deuda odiosa llevaría a sostener que Arabia Saudita debe ser aislada del financiamiento internacional, tanto público como privado, por ser una monarquía absoluta; o que China, Emiratos Árabes, Qatar tampoco podrían recibir financiamiento por no ser un gobierno democrático, a la luz de estándares occidentales; y muchos otros casos como Ucrania, Singapur, Argelia, Venezuela, Cuba y Sudán entrarían a ser discutidos, ya que no es fácil determinar con claridad si son gobiernos democráticos o no, en tanto la democracia no es una cuestión de blanco y negro, sino que habitualmente se mueve en una escala de grises donde la definición de si un régimen es democrático o no tiene un alto componente de subjetividad (atendiendo al concepto de democracia que se adopte), ideología e intereses[3].

Adicionalmente, el caso de China sirve para formular un interrogante adicional: ¿pueden los gobiernos ilegítimos aportar recursos, como prestamistas, a las instituciones financieras internacionales? ¿O por el hecho de estar “manchado” este dinero debe excluirse en general del sistema financiero global? En caso de responder negativamente estaríamos ante una situación de doble moral, que sí recibimos dinero manchado de sangre pero no podemos otorgarlo; y en caso de responder que no, las implicaciones sobre la estabilidad del sistema económico global serían, a mi juicio, catastróficas.

Para concluir, a mi juicio esta propuesta es bien intencionada y comparto los ideales que la inspiran (fortalecimiento de la democracia, respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho a nivel global, lucha contra la corrupción, entre otros), pero considero que su implementación tendría muchísimos problemas tanto teóricos (la definición del concepto de democracia y legitimidad de un régimen político, por ejemplo) como prácticos (la autoridad que determine si un gobierno es “digno” o no de recibir un préstamo, los mecanismos para asegurar que no reciba dinero de ninguna institución financiera pública o privada, el problema del mercado negro, los efectos que tendría esta medida sobre la población del país afectado, por mencionar algunos). Por lo anterior, considero que no debe desarrollarse una norma a nivel internacional que permita a un gobierno eximirse de sus deudas internacionales alegando que el gobierno bajo el cual se contrajeron fue ilegítimo, dictatorial o corrupto. Como alternativa, deberían fortalecerse los mecanismos de cooperación internacional que permitan rastrear –especialmente en paraísos fiscales– las grandes fortunas que amasaron gobernantes corruptos y dictatoriales a expensas de su pueblo, y devolver estos recursos a su país cuando haya vuelto a la democracia o al régimen que sus habitantes definan en ejercicio de su autodeterminación.  

---

[1] Michael Kremer y Seema Jayachandran, “La deuda odiosa”, en Revista Finanzas & Desarrollo, junio de 2002, p. 36.

[2] Alejandro Nadal, “Ecuador: repudio de la deuda odiosa”, en La Jornada, 17 de diciembre de 2008, disponible en línea en: http://www.jornada.unam.mx/2008/12/17/index.php?section=opinion&article=029a1eco

[3] Véase por ejemplo el Índice de Democracia producido por la Unidad de Inteligencia de The Economist, en el cual se clasifican un gran número de países del mundo entre democracias plenas, imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Para el último reporte, del año 2015, sólo 20 países fueron considerados democracias plenas. ¿Sólo ellos pueden ser prestatarios? ¿O todos los países menos los regímenes autoritarios? Fuente: The Economist, “Democracy Index 2015: Democracy in an age of anxiety”, disponible en: http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2015

International cooperation for corruption and tax havens: an obstacle in the way to reach the Sustainable Development Goals

Opinion article by: Maria Isabel Aguilar Goez *

Student of Law (Universidad EAFIT)

The collaboration of different subjects and actors in the international context is perceived as a useful tool to acquire all kinds of interests that can vary depending on the objectives of those actors. A recent event showed a cooperation that certainly obeys to the interest of a group and at the same time damages the interests of others. In this short article, the incident will be explained together with the influence that it has in the international community and how trough The Sustainable Development Goals (SDGs) the reasons that produce such a happening can be confronted.

Clearly, the Panama Papers have caused a global feeling of repulsion to corruption, the fact that such a happening exploded recently involving public figures, has risen a concern in the international community society about tax heavens. According to the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), the brother-in-law of China’s president, the children of Pakistan’s prime minister, the cousins of Syria’s dictator, the late father of David Cameron, Britain’s prime minister and also friends of Vladimir Putin, the president of Russia, all of them, did business with Mossack Fonseca, the law firm established in Panama that stands in the eye of the storm. The leak also provides details about the hidden financial dealings of 128 more politicians and public officials around the world and the cache of 11.5 million records shows how a global industry of law firms and big banks sells financial secrecy to politicians, fraudsters and drug traffickers as well as billionaires, celebrities and sports stars, says the ICIJ.

It is not the first time that the international cooperation that shall be implemented for poverty, climate change and many causes is used in the wrong way, more specifically for corruption. This problem is all over the world making it poorer, less equal and is willing to keep it in that way “When politicians steal, they reduce the amount of public cash left over for roads or schools. When they give sweetheart contracts to their chums, they defraud taxpayers and deter honest firms from investing in their country. All this hobbles growth” (The Economist, 2016).

Surprisingly, a cooperative initiative was made in another sector as well, the ICIJ labels it as “the largest media collaboration ever undertaken” because it involved journalists working in more than 25 languages who “dug into Mossack Fonseca’s inner workings and traced the secret dealings of the law firm’s customers around the world. They shared information and hunted down leads generated by the leaked files using corporate filings, property records, financial disclosures, court documents and interviews with money laundering experts and law-enforcement officials” in the words of the Consortium.

Due to the undeniable intercommunication trough social media, the civil society from countries all over the globe, and also the governments pointed at the need of more regulation in the financial sector, such a measure is essential to progress on the Sustainable Development Goals. These objectives draw the guidelines to how we want to be at 2030, they are an integration but the ones that could help to prevent and fight for this kind of problems is the SDG number 10 that establishes the need of reduction of inequality and the SDG number 16 that talks about the importance of strong and transparent institutions in the process to obtain peace and justice.

The Sustainable Development Goal number ten aims to reduce inequality and it is evident that the goal is directly affected by tax shelters, however what some of its targets suggest could be very effective to fight this problematic issue First, the governments must ensure equal opportunities and should also reduce inequalities of outcome, including eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard. Second, fiscal, wage and social protection policies shall be adopted to progressively achieve greater equality, and third improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen the implementation of such regulations (United Nations, 2015). In addition to this, it is also relevant to promote a transparency culture, since the globalization constitutes an undeniable fact it is necessary to promote a significant change in the minds of the society to not use this kinds of tools to protect their money. It is often that people with a higher income who live in financially unstable countries are tempted to consume the tax heavens services, under the believing of protecting their money but offshore companies are also used to evade taxes and hide illicit wealth.

Regarding to the SDG number 16 the governments should face this problem since they are obviously and directly affected by this issue. This goal establishes how important is to create and reform the institutions in order to make them transparent, effective and capable of developing trust in the citizens trough the promotion of inclusive societies and providing access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels (United Nations, 2015). Besides , the interconnection between the goals is what makes them so special, to achieve this two goals, first there must be education, promotion of a honesty culture and total repulsion for such acts, the corruption problematic can low any progress made by a nation and discourages the people for the change and convince them that such a thing as the global society action and power doesn’t exist, when it is completely the opposite and the people needs to realize about this and, how the GG number 17 says, alliances for sustainable development must be created, because nothing is stronger than unity.

References

The Economist. (2016). The lesson of the Panama papers: More should be done to make offshore tax havens less murky, Apr 9th 2016, Available at: http://www.economist.com/news/leaders/21696532-more-should-be-done-make-offshore-tax-havens-less-murky-lesson-panama-papers

The International Consortium of Investigative Journalist. (2016). Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption: Millions of documents show heads of state, criminals and celebrities using secret hideaways in tax havens. Available at: https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html

United Nations. (2015). United Nations Sustainable Development Goals. Available at: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Combatir la pobreza mediante la formación empresarial

Columna de opinión por: Marcela Marín Mira
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Según establecen las Naciones Unidas (2016) en su sitio web, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible — aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas — entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Estos nuevos objetivos de aplicación universal, aprovechan el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y tratan de ir más allá para poner fin a la pobreza en todas sus formas y reducir la desigualdad de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Plan Nacional de Desarrollo alineado con los ODS

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, el gobierno colombiano alineó conceptualmente su Plan Nacional de Desarrollo con estos objetivos para convertirlos en una “carta de navegación” con una visión de país para el 2030.

Con el objetivo principal de desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población en pobreza extrema y desplazamiento, desarrollando sus capacidades y creando oportunidades para que puedan acceder y acumular activos y, en el mediano y largo plazo, alcanzar la estabilización socioeconómica, en el 2009 el Gobierno Nacional Colombiano formuló el documento Conpes 3616 “Lineamientos de la Política de Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento”, que tiene como antecedente importante el Documento Conpes Social 91 “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) – 2015” de marzo de 2005, que establece el compromiso del país en adoptar las metas y estrategias acordadas en la Cumbre del Milenio para reducir la pobreza.

Por estos compromisos de Colombia como país y para promover la Ruta Integral de Generación de Ingresos para población pobre extrema y desplazada (PPED), propuesta por el documento Conpes 3616 de 2009, como lo destaca en su sitio web la Red Cemprende -Red de Centros de Empleo y Emprendimiento - (2016), en 2010 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, con el respaldo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), decidieron implementar conjuntamente proyectos piloto orientados al desarrollo de un modelo de Desarrollo Económico Incluyente (DEI), creando bajo esquemas de alianzas público-privadas unos centros de referenciación y orientación a oportunidades de generación de ingresos y empleo que prestaran servicios a la medida, en las líneas de empleo y emprendimiento, a las poblaciones en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, especialmente aquellas vinculadas a la Red Unidos (anteriormente JUNTOS), que según descrito por el Ministerio de Salud y Portección Social -MinSalud-, es la estrategia del Estado Colombiano para dar una respuesta integral a la multidimensionalidad de la pobreza extrema, en la que participan las entidades del sector público que cuentan con oferta social, entre las que se encuentra el Ministerio de Salud y Protección Social.

Alianzas Público Privadas y Cemprende

Para contextualizar al lector, las alianzas público privadas (APP), según lo establece la Ley 1508 de 2012 en Colombia, son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. También es importante destacar que según enunciado del párrafo 5 del Art. 27 de la misma ley, “sólo se podrán desarrollar proyectos de asociación público privada consistentes con los objetivos de los planes de desarrollo territorial”.

Es entonces así, como bajo el modelo de APP, con la participación de entidades del gobierno, entes territoriales, sector privado y PNUD, actualmente la Red Cemprende agrupa 18 Centros. El comercio en Colombia está en auge y hasta hace poco la gente pobre no se veía beneficiada, pero con Cemprende, como uno de los tantos ejemplos de redes para el empleo y la formación de empresarios en Colombia, se han capacitado a más de 21000 personas, 60% de ellas mujeres y se han preparado más de 4000 planes de negocios, lo que ha generado más de 2000 empleos.

El Banco Mundial y el crecimiento económico de Colombia

Después de años de conflicto armado, esta nación ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes. Colombia ha tenido entre los últimos 6-7 años un desarrollo sostenido entre los más altos de la región y del mundo, estando este entre el 5 y 6 por ciento. Como lo dijo el presidente del Banco Mundial, Jim Kim (2016), en el pasado enero, luego de su visita a Colombia “Colombia ya es una de las economías más fuertes de América Latina. Impresionantes tasas de crecimiento han ayudado a sacar a más de 6 millones de personas de la pobreza en la última década. La tasa de crecimiento de Colombia es más alta que la de la mayoría de las economías en América Latina y está también más diversificada que la de muchos de sus vecinos. De cara al futuro, el reto aquí y en toda América Latina será encontrar nuevas vías de crecimiento. Colombia necesitará seguir invirtiendo en infraestructura, movilizar al sector privado e invertir en capital humano”.

Nuevos retos y oportunidades

Es claro que, si bien los niveles de crecimiento en Colombia muestran un gran avance, el conflicto actual ha excluido a algunos grupos de los beneficios del crecimiento económico, por lo que combatir la desigualdad y la pobreza es una prioridad del gobierno, quien tiene gran interés en crear oportunidades de ingreso para sus poblaciones marginadas a través de programas de desarrollo sostenible.

Dentro de estos esfuerzos cabe destacar los esfuerzos realizados por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) que, con el respaldo del Fondo Fiduciario para Corea, en su afán por lograr las metas del desarrollo del milenio han mejorado el acceso al microcrédito (con el apoyo de la microfinanciera Finamérica) y a la asistencia técnica, y también han ayudado a crear un entrepreneurship center “OPORTUNIDADES, Centro de Orientación para el empleo y el emprendimiento”.

Alianzas público privadas como el programa inclusivo del PNUD, Cemprende, garantizan la sostenibilidad del proyecto que provee servicio a gente como mujeres jóvenes indígenas normalmente excluidas del plan nacional de comercio y desarrollo, pues mediante una formación dirigida busca que estas personas logren conseguir un empleo que mejore sus condiciones de vida. Esta población es la razón de ser de Cemprende y es quien motiva el incremento de sus esfuerzos, y los de otros actores que se unen a causas como esta, para introducir el proyecto en todo el país, interviniendo más grupos de personas marginadas y creando un impacto mayor.

Bibliografía

Alcaldía de Bogotá. (1 de Marzo de 2016). Ley 1508 de 2012. Obtenido de Sitio Web de Alcaldía de Bogotá: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4532

Colombia.com. (1 de Marzo de 2016). Gobierno busca reducir desigualdad con Plan Nacional de Desarrollo. Obtenido de Sitio Web de Colombia.com: http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/109681/gobierno-busca-reducir-desigualdad-con-plan-nacional-de-desarrollo

Departamento Nacional de Planeación. (28 de Septiembre de 2009). Documento Conpes 3616. Obtenido de ACNUR: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2728

Kim, J. (15 de Enero de 2016). Palabras del presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Kim, en su visita oficial a Colombia. Obtenido de Sitio Web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/news/speech/2016/01/15/statement-by-world-bank-group-president-jim-kim

MinSalud. (1 de Marzo de 2016). Red Unidos. Obtenido de Sitio Web de MinSalud: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/redunidos.aspx

Naciones Unidas. (1 de Marzo de 2016). Combatir la pobreza mediante la formación empresarial. Obtenido de Sitio Web de Naciones Unidas: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2013/08/combatir-la-pobreza-mediante-la-formacion-empresarial/

Naciones Unidas. (1 de Marzo de 2016). La Agenda de Desarrollo Sostenible. Obtenido de Sitio Web de las Naciones Unidas: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/

Red Cemprende. (1 de Marzo de 2016). Orígenes. Obtenido de Sitio Web de Red Cemprende: http://redcemprende.org/la-red-cemprende/

Conferencia: Empresas B ( b-corps ): No solo las DEL mundo sino PARA el mundo

“Una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, de las sociedades y de la naturaleza”.

En las empresas B los accionistas redefinen el sentido del éxito de su negocio: no sólo son las mejores empresas DEL el mundo, sino las mejores empresas PARA el mundo.

La Universidad EAFIT invita a la conferencia "Empresas B ( B-corps ): No solo las DEL mundo sino PARA el mundo"

Conferencista: Camilo Ramírez, economista de la Universidad de los Andes, estudiante de la Maestría en Dirección de Marketing en el CESA. Director de Desarrollo Sistema B en Colombia.

• Fecha: Lunes 18 de Abril, 2016
• Hora: 6:00pm – 8:00pm
• Lugar: Auditorio Fabricato (Bl. 27-101), Universidad EAFIT, Medellín

Mayores informes:

Email: mgonza40@eafit.edu.co

Teléfono: +57 4 21619500 ext. 9431


P.D. El logo es tomado de http://almanatura.com/wp-content/uploads/2014/01/B_the_Change.jpg

The Colombian Labour Market behind Female Participation in Management

By: Carolina Herrera-Cano (IB, MIB)*
Analyst at the Observatory in Trade, Investment and Development
Lecturer of Ethics and CSR at Universidad EAFIT

Women’s rights are increasingly becoming an important trend for governments and civil society and, with the purpose of monitoring their advances, different indicators are being used. Although gender gaps have narrowed in many ways –according to the United Nations Millennium Development Goals Report, goal 3 (to promote gender equality and empower women) made important progress in terms of education, employment, and political representation-, some gender disparities have deteriorated, sometimes even as a result of others’ improvement. Accordingly, indexes evaluating the status of women’s rights around the world may present contradictory scenarios (United Nations, 2015). Those figures do not only show the multiple challenges women’s rights still have in a global scale, but they are the evidence of a need to have a closer look to gender equality indicators even in countries were figures seem to indicate positive scenario for women’s rights (WEF, 2015).

The Global Gender Gap Report (GGGR) quantifies gender-based disparities in four categories: Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival, and Political Empowerment. According to this assessment, countries with the highest equality between men and women are Iceland and Norway. Yet, it is useful to analyse them in a deeper way four categories in these countries. Iceland ranks 1 in three of the four categories but has a surprising 105 position in health and survival index. This is also the case of Norway with a 70 position for health and 32 for educational attainment. However, Norway’s performance in economic participation (2) and political empowerment (3) makes it the second most equal country in terms of gender.

According to the GGGR, Colombia has faced important improvements in terms of gender equality. The country has moved up 11 positions (from 53 to 42) in the ranking, far from Mexico (71), Chile (73) and Brazil (85), and has effectively closed 74% of its gender gap. More surprisingly, in the words of the Inter American Development Bank (IADB) (2016), this country, along with Jamaica and St. Lucia, has an outstanding position in the continent due to its larger share of women in managerial positions. This situation has also been documented by the United Nations Development Programme, which highlights that only in five out of 35 developing countries included in their data; women constitute 30% or more in decision-making positions (UN Women, 2015): this result also includes Colombia, and Botswana, Costa Rica Croatia, and South Africa.

Nevertheless, women participation in managerial positions hides important challenges for the Colombian labour market. Actually, the IADB recognizes the remaining glass-ceilings women still have to fight with even in Jamaica, St. Lucia, and Colombia: even in these countries female representation is still low at the highest spheres of the companies. More importantly, for the case of Colombia, some authors attribute the increased number of women in management to unequal remuneration between men and women: as female labour is usually less remunerated, employers prefer to hire women in order to reduce costs. In fact, it has been found that women participation in management has only been reached in lower to middle positions, as higher levels are still occupied by men. Only 4% of the Colombian 100 largest companies have women in the top management (BBC Mundo, 2015).

This situation is consistent with Darity’s (1989) and Darity and Williams’ (1985) heterodox perspective predicting the effects of trade gender pay gaps: international competition and competition between companies use existing gender inequalities to reduce unit costs. In consequence, this phenomenon increases women participation in management at the expense of the perpetuation of wage gaps between men and women. This issue has also been addressed by the International Labour Organization (ILO). In its most recent report “Women in Business and Management”, the ILO highlights how despite women nowadays represent 40% of jobs worldwide; their wages are still lower than men’. In fact, according to the Global Wage Report, wage gaps remain significant around the world. Even though gender wage gaps have narrowed slightly in the last decade thanks to a declining in most of the countries with available data, Colombia, together with Australia, Finland, Mongolia, and Paraguay are the only countries where the gap expanded (UN Women, 2015).

Another important challenge for gender equality in Colombia which is also related to the labour market is women’s higher levels of poverty. This situation can be explained by two important reasons. The first is informal employment: in the country, more than 60% of the employed women work in the informal sector: this restricts women access to pension funds and safety conditions. The second is female unemployment. Unemployment rate in women over the past two decades has continuously been 5% higher than men unemployment (Sabogal 2009). In 2013, Colombian women presented an unemployment rate of 13,8% while this figure was 8,1% for men. Additionally, women engagement to labour markets has not been successful: while men’s labour force participation rate is 79,7%, women’s is only 55,8 percent. Furthermore, recent studies show a faster declining tendency in women employment in a variety of developing countries, including Brazil, Colombia Cost Rica, Philippines, and Republic of Korea (UN Women, 2015).

Although Colombian improvements in GGGR during last year can be explained by wage equality efforts (WEF, 2016), as it was possible to show, changes in country’s labour market will be fundamental in gender equality pursuit. The Colombian case is a great example of the importance to have a closer look to gender equality indicators. In spite of the need to engage women in decision-making processes of private and public organizations in 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations), when women participation in managerial positions coincides with (or can even be explained by) wage gaps, informal employment, and unemployment, it does no longer constitute a positive scenario for women’s rights. The existing presence of women in management market together with appropriate business, civil society and governmental efforts to promote equality in the labour market makes Colombia a country with a great potential to promote trade and economic development with a gender perspective.

Incertidumbre en la economía mundial: países emergentes y en vía de desarrollo

Artículo de opinión por: Juliana Maya Herrera*   (jmayahe@eafit.edu.co) 

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

La seguridad financiera mundial en 2016 está causando preocupación en las economías, este es un año en el que hemos podido presenciar una incertidumbre frente a factores que se están evidenciando. Estos están despertando una gran amenaza a variedad países, debido al desplome del petróleo desde mediados de 2014, enormes deudas acumuladas en las economías emergentes, gran salida de capitales, la apreciación del dólar, salida de flujos de los mercados emergentes, principalmente en Latinoamérica, caída de los precios de los commodities, y por último la desaceleración del crecimiento económico en China y depreciación del yuan en un 2% (CNN Expansión, 2015) Todos estos factores hacen que exista más riesgo en la economía global generando desestabilización en los países emergentes y en vía de desarrollo. 

China, el gigante asiático es una de las causas más influyentes en la situación actual, puesto que ha entrado en un período de crecimiento más lento evidenciado en su PIB (Producto Interno Bruto). Esta economía, creció un 6,8% en los últimos tres meses de 2015, siendo la cifra más baja en un periodo trimestral desde la crisis mundial de 2008 (LIY, 2016). Como lo indica un estudio realizado por el periódico español, La Vanguardia, a pesar de que su crecimiento se ha debilitado pasando de un 7,3% en el 2014 a un 6,9% en el 2015, el incremento anual más bajo en 25 años, sigue siendo un país clave para la economía mundial. Según el periódico El Economista, el índice general de la Bolsa de Shanghái, cerró en enero de 2016 con una caída de un 2,92%, siendo este indicador no muy favorecedor para los inversionistas. 

"El enfriamiento chino está poniendo presión en los (países) exportadores de materias primas y de bienes de consumo", recordó un análisis del gigante bancario HSBC (EFE, 2016). Como podemos ver en el análisis que realiza la CEPAL para América Latina y el Caribe, el crecimiento de las exportaciones de China se ha ralentizado debido a los precios más bajos y una menor demanda de sus socios comerciales. Los exportadores de esta potencia, están reemplazando gradualmente los insumos importados con los producidos localmente. Esto ha ocurrido principalmente en los países latinoamericanos especializados en exportación de productos básicos. El declive de la demanda global ha arrastrado a la baja los precios de las materias primas de manera significativa, especialmente de petróleo, carbón, cobre, hierro, zinc, plata, níquel, oro, soja, maíz, algodón, azúcar, café y productos de pescado. Esta situación ha afectado a los países con economías enfocadas en a estos commodities porque tienen una estructura de exportación de productos básicos y por otro lado, tienen una limitada producción de productos de mayor tecnología, cuyos precios han caído menos. (United Nations, 2015).

Existe un temor global relacionado con lo que pueda pasar en un futuro y cómo la situación actual puede afectar posteriormente las economías. No obstante, es indudable que la situación de China es el epicentro de muchas consecuencias que se están presentando actualmente haciendo que el panorama global no sea muy alentador. Toda esta progresiva ralentización se debe en gran parte a la trasformación de este país causando: el aumento de salarios, el fomento del consumo interno y la innovación dentro de esta región. La complejidad de este asunto global, es que un tema lleva a otro, y al final todo se relaciona entre si. Por eso, es que todos los países incluyendo las economías emergentes y las sub-desarrolladas, se ven afectadas de una u otra manera

Referencias

Ambrós, I. (19 de 01 de 2016). El PIB de China creció un 6,9% en el 2015 la cifra más baja en 25 años. Recuperado el 20 de 02 de 2016, de La vanguardia.com: http://www.lavanguardia.com/internacional/20160119/301504123868/pib-china-crecio-6-9-2015-cifra-mas-baja-25-anos.html

CNN Expansión. (25 de Agosto de 2015). China devalúa el yuan para impulsar su economía. Recuperado el 22 de 02 de 2016, de CNN Expansión: http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/08/11/china-devalua-el-yuan-para-impulsar-su-economia

EFE. (19 de 01 de 2016). Expectativa por PIB de China. Recuperado el 20 de 02 de 2016, de El nuevo diario : http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382601-expectativa-pib-china/

El Economista. (28 de 01 de 2016 ). Eleconomista.es. Recuperado el 22 de 02 de 2016, de Eleconomista.es: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/7309858/01/16/La-bolsa-de-Shanghai-cierra-con-una-caida-de-un-292-.html

Gakii, M. (21 de 01 de 2016). Foreign Direct Investments to fall further- UNCTAD. Recuperado el 20 de 02 de 2016 , de The star : http://www.the-star.co.ke/news/2016/01/21/foreign-direct-investments-to-fall-further-unctad_c1279961

LIY, M. V. (19 de 01 de 2016). La economia china crece al ritmo más bajo de los últimos 25 años. Recuperado el 20 de 02 de 2016, de El País : http://economia.elpais.com/economia/2016/01/19/actualidad/1453184574_248440.html

United Nations. (2015). Latin America and the Caribbean in the World Economy. E.15.II.G.5.

Los eventos deportivos a gran escala: una estrategia económica con perspectiva internacional

Por: Carolina Herrera-Cano

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Docente de cátedra de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT, Colombia

Durante los últimos años los eventos deportivos a gran escala han sido objeto de críticas debido a la dificultad de promover sus beneficios en el largo plazo y a las potenciales desventajas para la población civil y el medio ambiente. Sin embargo, las ganancias en términos de visibilidad internacional y dinamismo económico a los cuales pueden acceder los países anfitriones, son elementos a tener en cuenta para los gobiernos que quieren promover la fuerza económica del deporte como parte de sus agendas políticas.

El deporte, tanto el recreativo, como el competitivo, es una herramienta fundamental para la construcción de tejido social. Así lo afirma Maria Alejandra Gonzalez-Perez, Vicepresidenta de AIB, la Academia de Negocios Internacionales: “los lazos emocionales que se tejen alrededor del deporte promueven la cohesión social de las comunidades”. Adicionalmente, el profesor Luis-Fernando Vargas-Alzate, docente del Área de Relaciones Internacionales del departamento de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT, destaca el componente social del deporte y su relación con la vinculación de la sociedad con estilos de vida más saludables.

Sin embargo, a pesar de que las razones sociales para incentivar el deporte pueden claras, los beneficios económicos y, más exactamente, la conveniencia de la inversión pública en eventos deportivos de gran magnitud, no es siempre evidentes. Entre las críticas que este tipo de inversión despierta se incluyen: el cuantioso endeudamiento público, el desplazamiento intraurbano de la población, el aumento en los precios de la propiedad, la proliferación de problemas de movilidad, el deterioro medioambiental y, sobre todo, la destinación de recursos públicos a rubros diferentes a salud, vivienda o educación. Además, como afirma Maria Alejandra Gonzalez-Perez, estos certámenes pueden convertirse en “elefantes blancos” para la economía de los países debido a que las inversiones en infraestructura no responden muchas veces a las necesidades de la población local y su mantenimiento implica costos bastante altos, los cuales no son sostenibles.

No obstante, los altos índices de infraestructura, ingeniería, turismo y empleo alcanzados con los eventos deportivos a gran escala son difícilmente logrados a través de la inversión pública convencional. Además, de manera importante, los países pueden acceder a beneficios a nivel internacional. Para Maria-Alejandra Gonzalez-Perez, estos eventos “son una oportunidad grande para presentarse ante el mundo de manera visible y profunda”. Destaca la atracción de capital extranjero y el fortalecimiento de las marcas país que promueven las industrias locales y permiten el desarrollo de importantes sectores de la economía: las telecomunicaciones, el turismo y el transporte. Además, el desarrollo de capacidades en la población civil, no sólo en temas deportivos y logísticos, sino culturales y sociales.

Por su parte, el profesor Luis Fernando Vargas-Alzate afirma que la masificación de las disciplinas deportivas se convierte en una fuente importante de “poder blando”: “existe un efecto importante de recordación y generación de relaciones culturales”, afirma. En este sentido, y en especial para los países en desarrollo, es posible sacar provecho de esta visibilidad para aumentar su participación en las agendas políticas y económicas internacionales.

Al conocer los potenciales peligros de la inversión en eventos deportivos a gran escala, se destaca la importancia de que esta se realice en el marco del fortalecimiento de las instituciones y una correcta planeación gubernamental. Así habrá una efectiva utilización de los ingresos adicionales que recibe la economía y las ventajas derivadas podrán ser sostenibles en el largo plazo. Finalmente, es preciso que los gobiernos tengan las precauciones necesarias para que las instituciones internacionales que los desarrollan no solo beneficien sus intereses o los de particulares y, consecuentemente, la fuerza económica del deporte se manifieste en la población civil y la economía local.

¿Por qué no aumentan las exportaciones colombianas a pesar de la devaluación del peso?

Artículo de opinión por: Carolina Herrera-Cano (MIB)
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Durante los últimos meses, la tasa de cambio del peso frente al dólar ha alcanzado cifras a las históricas (al 15 de febrero 2016 de 3409,82 pesos por dólar), sólo comparables a las que llegaba en 2002. Este hecho ha sido visto con buenos ojos por diferentes sectores que consideran el consecuente aumento del poder adquisitivo de otros países una oportunidad para incentivar las ventas colombianas en el exterior. Por esta razón, puede resultar sorprendente que el alza del precio del dólar no ha coincidido con aumentos en las exportaciones ni en términos de volumen, ni en su valor, sino más bien con grandes reducciones. Sin embargo, al analizar a profundidad el funcionamiento de la economía colombiana, es fácil observar cómo los procesos de internacionalización de las empresas no están influidos sólo por los precios de las divisas.

Al analizar las cotizaciones y los volúmenes de venta de gran parte de los productos colombianos es posible observar que ambos están en descenso. El carbón, las frutas, el café y, en general, las exportaciones no tradicionales han sufrido disminuciones en la demanda exterior, mientras que productos como el petróleo se han visto afectado por los bajos precios internacionales. Esta situación ha hecho que a pesar de los exportadores colombianos perciben más pesos por cada dólar recibido, sus ingresos sean cada vez menores.

Por otro lado, el hecho de que el precio del dólar no haya beneficiado directamente a las exportaciones colombianos se explica desde varios puntos. En primer lugar, los empresarios con vocación exportadora no han tenido el tiempo suficiente ni los recursos necesarios para acomodar su oferta exportadora a las necesidades de otros mercados, en este sentido, instituciones como la ANDI y Analdex, afirman que será necesario esperar varios meses para que la economía colombiana comience a percibir mayores ingresos provenientes de un dólar caro (El Tiempo, 2015). En segundo lugar, las exportaciones no tradicionales, las cuales han sido últimamente promovidas por el Gobierno dependen en gran medida de exportaciones de bienes de capital, que frente a un dólar alto, tienden aumentar sus precios. Así, productos como los textiles, el banano y las flores (los cuales también han percibido disminuciones en la demanda), aumentan su precio debido a los altos costos de los bienes para su producción (DANE, 2015).

Además, el alza del dólar también ha puesto evidencia los retos internos en cuanto a tributación y libre comercio. La devaluación del peso no será suficiente en tanto la economía colombiana siga siendo una de las más cerradas de la región y su sistema tributario siga desincentivando a inversionistas que son empresas potencialmente exportadoras (Dinero.com, 2015). Por último, la inversión extranjera directa (IED) colombiana en el exterior también ha sufrido grandes disminuciones como consecuencia de la reducción en el poder adquisitivo de los inversionistas colombianos y de la inestabilidad de la economía global.

Asumir que un dólar fuerte beneficiaría a los exportadores colombianos puso de manifiesto grandes debilidades en la estructura económica del país: una fuerte dependencia de la importación de bienes de capital, poca diversificación de la canasta exportadora y un sistema tributario que no favorece la IED (y consecuentemente a las exportaciones). Ante el hecho de que la presencia de empresas colombianas en el exterior difícilmente se llevará a cabo gracias a IED (debido a los altos precios del dólar), el reto para el país será realizar esfuerzos para que las industrias con vocación exportadora puedan sacar provecho de la tasa de cambio a la hora de acceder a otros mercados.

Referencias

Banrep. (2016). Tasa de cambio del peso colombiano (TRM). Disponible en línea: http://www.banrep.gov.co/es/trm

DANE. (2015). Comercio Internacional Exportaciones. Disponible en línea: http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-y-servicios/comercio-exterior/exportaciones

Dinero.com (2015). La puerta que abre el dólar para los exportadores. Disponible en línea: http://www.dinero.com/economia/articulo/como-favorece-dolar-exportadores/206609

El Tiempo. (2015). Tras alza del dólar, los exportadores no la ven tan fácil. Disponible en línea: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-del-dolar-exportadores-no-la-van-tan-facil/16368538

Sobre los impactos sociales de la política comercial

Artículo de opinión de: Andrés Ordoñez Buitrago* (Email: aordone2@eafit.edu.co)
Abogado, y Analista del Observtorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT. 

El miércoles 10 de Febrero 2016,  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, llevaron a cabo un Seminario Taller sobre política comercial y la evaluación de sus efectos sociales. La importancia de este vínculo entre política comercial –y en general entre cualquier política económica– y sus impactos sociales –indicadores como pobreza, desigualdad y empleo– salta a la vista para los profesionales de las ciencias sociales. Sin embargo, al parecer (y sin generalizar) los economistas tienden a otorgarle una mayor importancia a la evaluación de los impactos netamente económicos de dichas políticas, a través de mediciones de cambios en el producto interno bruto, la balanza comercial, la tasa de cambio y los agregados macroeconómicos. Al menos esto es lo que parece indicar, según oficiales de la CEPAL, la falta de análisis rigurosos ex post sobre los efectos sociales de medidas como la apertura comercial, la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias y la suscripción de tratados de libre comercio por parte de nuestro país.

En esta columna no puedo pretender suplir este vacío. En consecuencia, me limitaré simplemente a llamar la atención sobre ciertos puntos que considero esenciales para responder a la pregunta de cuáles son los impactos sociales de la política comercial de nuestro país. Antes de comenzar, sería útil preguntarse: ¿por qué es importante medir los impactos sociales de esta política? La respuesta es un tanto evidente: porque la política comercial, al igual que las demás políticas estatales, tienen un propósito manifiesto de mejorar la calidad de vida de las personas de dicho país (aunque a veces algunos policymakers lo olviden). El incremento del comercio internacional de nuestro país no es algo bueno per se, ni un propósito en sí mismo. Sin embargo, sí se plantea como una herramienta u oportunidad para incrementar los niveles de empleo (sobra decir, empleo digno), los salarios, la tecnología, la productividad, así como de reducir la pobreza y la desigualdad. Sólo en la medida en que la política comercial que emprende un Estado logra no todos, pero al menos algunos de dichos cometidos, es que podemos decir que es política e incluso moralmente justificable e incluso deseable. Por el contrario, analizar las políticas económicas como si operaran en el vacío es un grave error pues olvida que detrás de las estadísticas agregadas sobre el desempeño de la economía se encuentran millones de personas cotidianas, colombianos de a pie, que cuentan con que el gobierno utilice todos los instrumentos a su alcance para mejorar la calidad de vida de todos, y no sólo de unos pocos.

A continuación quisiera dedicar un espacio a esbozar los principales elementos de la política comercial colombiana, a partir de la información presentada por el Sr. José Durán Lima, Jefe de la Unidad de Integración Económica de la CEPAL. Durante la década de los 1990, como es bien sabido, Colombia adelantó un proceso de apertura económica, el cual ha continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. De esta manera, el porcentaje de las exportaciones colombianas que tienen preferencias arancelarias (es decir, que no deben pagar aranceles para entrar en otros países) pasó del 22% en 1995 al 75% en la actualidad. En cuanto a las importaciones, el porcentaje de desgravación pasó en ese mismo período del 18% al 69%. El arancel promedio efectivamente aplicado en el 2015 fue de 1.8%, mientras que antes de la apertura era de 27%. La mayoría de estos aranceles se concentran en sectores bastante sensibles de la economía, como alimentos, agricultura, ganadería, papel/cartón, textil. En el plano institucional, además del ingreso de Colombia a la Organización Mundial del Comercio en 1995, se destaca la suscripción de numerosos acuerdos de libre comercio con 68 países.

Sin embargo, hay un problema estructural: el grado de concentración de las exportaciones por sector económico es bastante alto. Para 2014 el 59% de las exportaciones correspondían al sector de petróleo y minería, seguido –muy de lejos– por alimentos con el 11% y químicos con el 7%. Esto es bastante problemático, pues el sector minero-energético genera muy pocos empleos (tanto directos como indirectos) en comparación con la industria manufacturera, y sus consecuencias en el medio ambiente son bien conocidas. En materia de socios comerciales, si bien durante los años 90 se presentaba también un alto grado de concentración (con Estados Unidos a la cabeza, como país de destino de más del 50% de nuestras exportaciones), en la actualidad se encuentran mucho más diversificadas: Estados Unidos 26%, Venezuela 22%, Ecuador 21%, Brasil 18%, Perú 13%, Chile 11%, China 10.5%, México 10%.

El panorama para este año no es muy alentador. En el 2015 las exportaciones cayeron un 35% como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Para hacer frente a esta situación, es necesario replantear la política industrial de nuestro país, incentivando y fortaleciendo la industria manufacturera, con ocasión de la revaluación del peso. De esta manera, por un lado dependeríamos menos de los ingresos del petróleo, y por el otro propenderíamos por un avance real en los indicadores sociales (como pobreza, empleo y desigualdad), a partir de un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental.

Colombia, ¿se acerca a una crisis griega?

Artículo de opinión de: Esteban Jaramillo Osorio* (ejaram11@eafit.edu.co)
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Estudiante de Economia de la Universidad EAFIT, Colombia

Durante 2015 y lo que va de 2016 con los desplomes de los precios del petróleo y el aumento del dólar, es fácil apreciar que Colombia no se encuentra en una situación económica muy favorable. Lo más preocupante son algunas de las acciones que está tomando el Estado, estas se asemejan a las condiciones forzadas a Grecia, España, Irlanda y Portugal por la troika financiera conformada por: El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la comisión europea (CE); para un rescate de emergencia, cuando estas se encontraban en situaciones económicas críticas, algunas de estas naciones estaban al borde de la quiebra con niveles del desempleo superiores al 20% y estas entidades intervinieron para evitar que la situación de estos países empeorara, en el peor, de los casos quebraran.

Lo que resulta alarmante es que medidas similares fueron forzadas por la troika financiera, al tomar la posición de prestamistas de última instancia, y debido a que estos no podían ayudar a salvar a países que no pueden pagar las ayudas que van a recibir, ponían condiciones a los países a los que estaban por ayudar. Entre estas condiciones se encontraban una serie de políticas de austeridad que asegurarían que el país iba a ahorrar y en un futuro tendría el capital suficiente para pagar su deuda. Estos préstamos se hicieron a países de la Unión Europea durante la crisis del euro, que golpeó en los años pasados, y dejaron a algunos países con fuertes problemas de liquidez, los cuales han logrado salir adelante exceptuando a algunos como Grecia, que aún se encuentra con problemas económicos y ha tenido que acudir a estos mecanismos repetidas veces.

Contrastando estos eventos con las medidas que ha tomado Colombia en los últimos meses, a pesar de no ser tan severas aparentemente, podría indicar que el gobierno ha acudido a alguna entidad prestamista y se le están imponiendo condiciones para recibir ayuda de estas instituciones que en algunos casos actúan como prestamistas a países en desarrollo o en crisis lo que nos podría llevar a concluir que Colombia bien está tratando de financiar algunos de sus proyectos por medio de préstamos internacionales o está buscando un alivio económico a una posible falta de liquidez causada sea por la severa depreciación del peso colombiano respecto al dólar, los bajos precios del petróleo o por malos manejos de los capitales por parte de los gobernantes.

Para cotejar las medidas que se están tomando en Colombia utilizaremos el ejemplo más evidente de estas medidas el cual es Grecia, que como se mencionó antes incurrió en políticas de austeridad para recibir un rescate por parte de la troika durante la crisis europea. Partiendo de esto, analizaremos las medidas tomadas a partir de diciembre del 2009 por Grecia y las compararemos con algunos de los eventos y políticas fiscales que se han tomado en Colombia a lo largo del 2015 y lo que llevamos del 2016.

En Grecia, el 14 de diciembre del 2009, Yorgos Papandreu, el ministro de economía griego presentó las medidas de austeridad solicitadas por la troika financiera para recibir la ayuda que necesitaba. Esta cual consistió en el mayor paquete de rescate financiero de la historia al ascender a 110 mil millones de euros y fue dividido en tres diferentes pagos a lo largo del 2010. Estas medidas de austeridad consistieron en: reducción del gasto público, aumentos en ingresos fiscales y la repartición del paquete de rescate a lo largo de tres periodos. Además de estas condiciones impuestas también se le pidió realizar reformas internas para que el país esté en mejores condiciones para afrontar la crisis, entre ellas: un recorte de salarios del sector público y anulación de la 13ª y 14ª pagas a sueldos mayores a los 3.000 EUR y una disminución del pago a las horas extras, también se dio un aumento de cotización de los 37 a los 40 años para una jubilación completa y se aumentó la edad mínima para la jubilación a los 60 años (Torrent, 2011).

En términos fiscales se dio un aumento en los impuestos aumentando tanto el IVA como el impuesto al alcohol, tabaco y combustible y se les imponen impuestos a las empresas grandes con beneficios y finalmente impuestos a los bienes de lujo y nuevos impuestos a los juegos de azar. El Estado también comenzó a reducir su presencia por medio de la venta de empresas estatales o publicas aumentando así sus ingresos fiscales (Cavero, 2013).

Con la caída del precio del petróleo, la pérdida de competitividad de Colombia, la caída del crecimiento del PIB, el excesivo endeudamiento del país, y la consecuente depreciación del peso colombiano respecto al dólar, el poder adquisitivo tanto del Estado como de sus habitantes se vio reducido en aproximadamente un 50%, pasando así de tener una tasa representativa del mercado (TRM) respecto al dólar con una estabilidad cercana a los 2.000 COP para noviembre del 2014, a ostentar hoy un dólar cotizándose alrededor de los 3.350 COP(Banrep, 2016), lo que para el colombiano promedio significa una disminución en su salario real, puesto que aunque el salario mínimo aumentó incluso por encima del IPC, la capacidad para adquirir bienes y servicios se vio ostensiblemente disminuida . Si bien estas cifras parecen alarmantes, son aún más preocupantes las medidas que ha tomado el Estado para atajar la crisis, tales como la enajenación de activos del Estado como lo eran sus acciones en ISAGEN, así como también la reducción de costos de funcionamiento estatales, anunciados por el presidente con la llamada “política de austeridad”, y por último se ha aumentado la base gravable, al disminuir a 1'800.000 COP colombianos el canon mínimo para verse obligado a declarar renta, que antes estaba en 2'100.000 COP(Portafolio, 2016).

Después de contrastar las políticas económicas tanto de Colombia como de Grecia, es imposible no observar una honda similitud, lo que necesariamente nos hace preguntar sobre la viabilidad económica de Colombia a largo plazo, puesto que las medidas económicas, entendidas como síntomas de un mal mayor, permiten entrever una crisis mucho más profunda de lo que hasta el momento hemos podido ver; en otras palabras, Colombia está preparando el camino para hacerse acreedor de medidas de salvaguardia por parte de organismos internacionales, lo que llevará a la economía nacional a un déficit del que seguramente será muy difícil escapar, y por ello nuestra disciplina debe estar atenta a mitigar el daño que puede traer consigo una crisis como para la cual el gobierno parece estar preparándose.

Referencias

Banrep. (04 de Febrero de 2016). Obtenido de Banrep: http://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria

Banrep. (08 de Febrero de 2016). Obtenido de Banrep: http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico&Path=/shared/Consulta%20Series%20Estadisticas%20desde%20Excel/1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano/1.1%20TRM%20-%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991/1.1.1%20Serie%20historica&Options=rdf

Cavero, G. (septiembre de 2013). oxfam. Obtenido de oxfam: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cs-true-cost-austerity-inequality-greece-120913-es.pdf

Portafolio. (07 de Enero de 2016).Obtenido de Portafolio:
http://www.portafolio.co/especiales/reforma-tributaria-2016/impuestos-colombia-2016

Torrent, L. (20 de 06 de 2011). United Explanations. Obtenido de unitedexplanations: http://www.unitedexplanations.org/2011/06/20/todas-las-medidas-de-austeridad-de-grecia-al-detalle/#