Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo.
Bien se ha establecido que la correlación entre Estado de Derecho y desarrollo es positiva. Ambos se refuerzan mutuamente y apuntan a la consecución de la sostenibilidad en el largo plazo. Aun cuando la paz no es estado perfecto, es ciertamente conditio sine qua non bajo el cual el Estado de Derecho se fortalece y puede emplear los esfuerzos necesarios para crear las condiciones para el mejoramiento social y económico. Encaminado hacia ese propósito se encuentra el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas) que dispone de metas centradas en la erradicación de todas las formas de violencia y en la promoción y robustecimiento de las instituciones. Alineado a lo anterior, el artículo 22 de la Constitución colombiana establece que “la Paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento” erigiéndose como pilar y fundamento para el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Como estamento legal y principio constitucional, el artículo 22 obliga a cada ciudadano y gobierno en el poder, sin importar su tendencia ideológica, a designar recursos (no meramente monetarios) con el fin de lograr la paz, convirtiéndola así en medio y fin del Estado. Es por ello que ninguna voluntad política debería interferir con intentos por lograr la paz. En un país cuyas generaciones no han experimentado lo que ésta significa, se hace estrictamente imperante buscar métodos alternativos de resolución de conflictos al militarismo que ha demostrado ser inefectivo en la erradicación de grupos armados ilegales e insurrectos en Colombia. De hecho, en el afán de derrotar las guerrillas por las armas, la guerra sucia se instauró, se profanó el DIH y los altos y dolorosos costos fueron asumidos por la sociedad civil.
La fórmula es sencilla: paz negociada. En palabras de Mahatma Gandhi, si se desea paz, la paz es el camino. La construcción de paz en Colombia es un camino extenso y propenso a desafíos. En un país con más de 50 años de conflicto civil, la convivencia en armonía política y social resulta en urgentes llamados de atención en miras a alivianar las cargas que la sociedad colombiana ha estado soportado por problemas estructurales relacionados con la falta de justicia social, la precaria distribución de tierras, la participación sectaria y limitada en la política y las grandes brechas socio-económicas que se siguen ahondando. Es por ello que el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP, desde su firma en 2016 y la puesta en implementación, llama al término de hostilidades y el uso de la violencia, a la búsqueda de la verdad, a la recuperación de la dignidad de las víctimas y si es posible, la reconciliación (sin ser este último un propósito per se del Acuerdo de Paz). Su enfoque en el ODS 16 es claro. Además de propiciar un espacio para lograr parcialmente la paz social y política, el Acuerdo busca llevar al Estado a las regiones que por décadas han estado desamparadas y saldar deudas históricas con las comunidades que nunca sintieron al Estado como su Leviatán.
Pero: ¿en qué se ha avanzado con las víctimas? Los defensores del Acuerdo afirman que durante las negociaciones, las víctimas fueron puestas en el centro de la discusión. A diferencia de previos Acuerdos de Paz, el Acuerdo con las FARC dispone de un sistema restaurativo basado en 4 ejes: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, estipulando así como punto de referencia los derechos de las víctimas. Sin embargo, el panorama no parece tan alentador para ellas. De acuerdo con el reporte "Del capitolio al territorio" (Fundación Ideas para la paz, 2019) sobre la implementación del Acuerdo de Paz, si bien el Registro Único de Víctimas ha establecido el magno número de casi 9 millones de víctimas, para enero de 2019 (según reportes de prensa) solamente se habían reparado 962.000 de ellas. Una absurda cifra de menos del 15% de víctimas desde la puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011 (conocida también como Ley de Víctimas). Las víctimas siguen exigiendo al Estado por su reparación y la aceleración de los procesos para lograr la indemnización y reparación que se les había prometido. También señala una aparente desconexión entre el Sistema Integral dispuesto por el Acuerdo de Paz y otras medidas de reparación consignadas en este. Asimismo, las víctimas han clamado porque su reparación se ha visto afectada con la implementación del Acuerdo especialmente debido a la disminución de recursos tanto financieros como humanos que se han dispuesto para el cumplimiento de las obligaciones con las víctimas que estaban en proceso y las nuevas que han resultado. Encaminado a la falta de recursos, los gobiernos locales insisten en que aunque el gobierno nacional les designa responsabilidades, no se encuentran en la capacidad para atender nuevos hechos victimizantes resultado de la nueva ola de violencia que se ha desatado.
Por otro lado, el Informe Trimestral del Secretario General a marzo de 2020 sobre la situación del Acuerdo de Paz muestra cifras más concretas. Según el informe, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se han acreditado más de 265.000 víctimas en los siete macro-casos abiertos. Asimismo, la JEP ha acreditado 11.762 personas indígenas de 69 comunidades de Chocó y Antioquia y a más de 100.000 víctimas de 31 comunidades provenientes del departamento del Cauca. “Hoy comparecen ante la Jurisdicción 12.529 excombatientes y hay 1.000 solicitudes de terceros que se presentaron voluntariamente” (Colombia en Transición, 2020). La Comisión de la Verdad, por su lado, ha realizado alrededor de 11.700 entrevistas individuales y colectivas con víctimas, excombatientes y otros actores involucrados para cumplir con su propósito en revelar las verdades aún ocultas sobre el conflicto armado y disponer de ellas para la memoria histórica y colectiva del país. La Comisión actualmente cuenta con 22 Casas de la Verdad de las 28 inicialmente proyectadas. Finalmente, la tercera organización del Sistema Integral, la Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) había identificado para entonces 599 personas que no figuraban en ninguna otra base de datos.
Si bien se han hecho esfuerzos desde el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, aún queda mucho por hacer. Algunas organizaciones de víctimas han hecho peticiones a la JEP para que abra nuevos casos relacionados con violencia sexual, desaparición forzada o hechos victimizantes contra defensores y líderes sociales (Colombia en Transición, 2020). No obstante, su trabajo ha sido ejemplar y se ha permitido una mayor participación y voz a las víctimas del conflicto. Algunos resaltan la independencia de sus decisiones judiciales. Lo mismo ocurre con la Comisión de la Verdad y la UBPD, cuyas labores resultan imprescindibles para la construcción de memoria y la dignificación de las víctimas a través de las respuestas a sus preguntas y clamores. En esta línea, que las víctimas dejen de ser una cifra, se visibilicen y conviertan en vivo ejemplo de la resiliencia de un pueblo azotado por la violencia. Es importante seguir de cerca la implementación del Acuerdo y la interacción con las víctimas a quienes el Estado mismo les debe protección y garantías para que los hechos atroces no se vuelvan a cometer. El Sistema Integral fuera de convertirse en otro aparato burocrático, debe contemplar una continua articulación con organizaciones de la sociedad civil y de víctimas así como la conexión entre las tres entidades que hacen parte del sistema. En conclusión, que el Estado Colombiano realmente muestre avances en su consolidación como Estado de Derecho y su capacidad institucional para garantizar el cumplimiento de DDHH y la ley.
Referencias
Colombia en Transición. (2020). Quinta entrega. Así va el Acuerdo de Paz: tras la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto. Recuperado de https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/asi-va-el-acuerdo-de-paz-tras-la-verdad-y-la-reparacion-de-las-victimas-del-conflicto-articulo-918832/
Fundación Ideas para la Paz. (2019). Del Capitolio al Territorio. La implementación del Acuerdo de Paz en lo local: los desafíos y las oportunidades. Recuperado de https://ce932178-d58f-4b70-96e7-c85e87224772.filesusr.com/ugd/883ff8_ae12cdd588b64266bbebe841e15f065c.pdf
Organización de Naciones Unidas. (s.f.). Estado de Derecho y Desarrollo. Recuperado de https://www.un.org/ruleoflaw/es/rule-of-law-and-development/
Revista Semana. (2020). Infografía: ¿cómo va la implementación del acuerdo de paz?. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/como-va-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-marzo-de-2020/660443
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