¿Es el crecimiento verde un compromiso en Colombia?

Por: Juan Esteban Rivera Salazar (jriver30@eafit.edu.co)

Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

EL Crecimiento Verde es definido por la OCDE en su publicación Towards Green Growth de 2011 como el fomento del crecimiento económico y el desarrollo al mismo tiempo que se asegura que los activos naturales continúan proveyendo los recursos y los servicios ambientales. Ese mismo año, los países miembros de la OCDE adoptan la Estrategia Verde que “establece un marco de instrumentos para instar a que los países miembros establezcan políticas nacionales en la materia, considerando sus circunstancias nacionales” (Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, 2018). No obstante, dos años antes, en 2009, los 34 países, miembros de la OCDE para la fecha, firmaron la Declaración de Crecimiento Verde, asegurando que para evitar que los avances en niveles de vida no se detengan, como grupo de buenas prácticas, se debían encontrar nuevas maneras de producir y consumir, así como nuevos métodos para la medición de progreso. Esta declaración pretendía, a su vez, integrar a la sociedad civil en el proceso, haciéndola consciente de su rol en el consumo e incorporación en el sistema. Colombia no se queda atrás pues para el año 2014, se adhiere a la Declaración.

Parece entonces que mantener un crecimiento económico responsable con la biodiversidad y los servicios eco-sistémicos es un compromiso explícito para la OCDE, un compromiso que el país también aparenta haber adoptado no solo para ser miembro de la organización, sino para garantizar la adopción de prácticas sostenibles en la producción que permitan hacer eficiente uso de los recursos que poseemos. Y es lógico que el Estado encamine sus esfuerzos a promover un buen manejo de los recursos naturales, pues cabe recordar que somos reconocidos como el segundo país más biodiverso del mundo, riqueza que debe ser utilizada a consciencia en un momento clave para combatir el cambio climático y los índices desesperanzadores de pérdida de biodiversidad (Colciencias, 2016). Es así que bajo su proceso de adhesión a la OCDE, Colombia adopta el Crecimiento Verde como enfoque transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible capaz de garantizar bienestar económico y social de largo plazo. A través de 3 objetivos principales se buscaría cumplir con dicho propósito: 1) alcanzar un crecimiento sostenible y de bajo carbono, 2) proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural, y 3) fomentar un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático . Estos permitirían, por tanto, alcanzar un modelo de desarrollo fundamentado en el crecimiento sostenible evitando la degradación de ecosistemas, el uso desmedido e ineficiente de los recursos y la pérdida de biodiversidad.

Para Colombia, la OCDE se ha convertido en punto de referencia a lo que se refiere a la planeación, diseño e implementación de políticas públicas. Es así, que siendo un líder en el tema, la organización le ha permitido al país avanzar hasta el punto de formular la Política de Crecimiento Verde que pretende “impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima” (Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, 2018). Esto demuestra un avance en el interés del Estado por conformar una ruta de acción para la protección de la riqueza natural del país, aun cuando existen contradicciones en la gestión de gobiernos de turno que parecen ir en contravía con el propósito de apartarse de la dependencia de industrias extractivas. Es así como en el documento CONPES 3934 se abarcan cinco ejes estratégicos para ser implementados hasta el 2030. Entre estos, se destaca la generación de nuevas oportunidades económicas basadas en la bioeconomía, la economía forestal y otras fuentes no convencionales de energías renovables.

En su reporte para las Américas, IPBES (2018) – Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en español - destaca que entre las causas directamente relacionadas a la pérdida de biodiversidad, pérdida de funciones ecosistémicas y el decrecimiento de las contribuciones de la naturaleza está la sobreexplotación de recursos. De hecho, el reporte establece que la mayoría de países de América está haciendo uso de la naturaleza de una manera más intensiva que el promedio mundial excediendo su capacidad natural para la renovación de sus contribuciones al ser humano. En datos, el 13% de la población humana mundial residente en América produce 22,8% del impacto ecológico mundial. Además, las condiciones ecosistémicas y la biodiversidad en muchas zonas del continente se encuentran en decaimiento, resultando así en una reducción de las contribuciones de la naturaleza a la calidad de vida de las personas. Es claro que ante un panorama algo desalentador, no se puede perder la esperanza. Se necesita de voluntad política proveniente del sector público, así como de las capacidades del sector privado en adoptar prácticas en sus cadenas de producción más responsables con el medioambiente. El Departamento Nacional de Planeación (2016) considera que el crecimiento verde puede ser la ruta crítica para el cumplimiento de los ODS. Es evidente así que Colombia debe comenzar a adoptar una agenda transformadora enfocada en un modelo económico centrado en la gestión racional, sostenible y eficiente de los recursos naturales, pues tanto el aprovechamiento como conservación del capital natural debe ser entendido como fuente de crecimiento a largo plazo, siendo motor de prosperidad prolongada y equitativa para futuras generaciones.

Bibliografía

Colciencias. (2016). Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo. Recuperado de https://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo

Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia. (2018). Documento CONPES 3934: Política de Crecimiento Verde. [PDF]. Recuperado de http://www.andi.com.co/Uploads/CONPES%20CV%203934.pdf

Departamento Nacional de Planeación de Colombia. (2016). Crecimiento verde para Colombia: Elementos conceptuales y experiencias internacionales. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/diagnostico/Documento%20Final%20Crecimiento%20verde%20para%20Colombia.pdf

IPBES. (2018). The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for the Americas. Rice, J., Seixas, C. S., Zaccagnini, M. E., Bedoya-Gaitán, M., and Valderrama N. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 656 pages.

OCDE. (2011). Hacia el crecimiento verde: Un resumen para los diseñadores de políticas. [PDF]. Recuperado de http://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf

El ser humano y la pérdida de biodiversidad

Artículo de opinión por: Laura Usma Marquez (lusmama@eafit.edu.co)
Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Universidad EAFIT, Colombia 

Hace aproximadamente un mes el mundo se estremeció al conocer que la selva amazónica llevaba tres semanas consecutivas en llamas, situación que fue agravada principalmente por la estación seca que estaba atravesando Brasil. De acuerdo con el diario británico “The Guardian”, los incendios se iniciaron a causa de quemas de hectáreas de bosque que pretendían ser destinadas a cultivos, ganadería y la explotación forestal. Lo anterior, a raíz del descuido y las malas políticas medioambientales del presidente Jair Bolsonaro. 

La selva amazónica en lo corrido del 2019 ha presentado alrededor de 77154 incendios forestales, representando un aumento del 85% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento de incendios ha afectado profundamente la biodiversidad de especies, las cuales según su composición genética están destinadas a “ganar o perder” ante este tipo de circunstancias que amenazan su hábitat.

En ecosistemas específicos de bosques y eucaliptos en Estados Unidos y Australia respectivamente, los incendios han permitido el mantenimiento de ecosistemas sanos y han logrado fortalecer especies como las aves de rapiña y el pájaro carpintero de vientre negro, no obstante, este escenario optimista no aplica para la selva amazónica, ya que gran parte de las especies que alberga no son aptas para resistir las altas temperaturas originadas por el fuego.

Al momento de ocurrir un incendio las especies animales pueden optar principalmente por movilizarse, algunas especies por su composición genética, como lo son el Jaguar y el Leopardo pueden hacerlo de manera ágil con respecto a especies de movilidad baja como lo son el oso perezoso, el oso hormiguero y ciertos anfibios vertebrados cuyo destino ante este tipo de situaciones, sea probablemente, la muerte. 

Si bien estas consecuencias a corto plazo son críticas, las consecuencias a largo plazo pueden ser aún peor. Los incendios afectan en gran medida los ecosistemas acuáticos y terrestres, estos pueden cambiar la química del agua y a su vez pueden disminuir el follaje de la selva, lo cual trae como resultado directo la alteración de los procesos propios del ecosistema y del flujo de energía, haciendo que las especies animales que nunca habían sido expuestas tengan que migrar a entornos más competitivos cambiando completamente la cadena alimenticia.

Esta situación ambiental tan compleja y crucial ha sido uno de los temas principales de la Cumbre de Acción Climática. Allí se llevó a cabo una reunión de alto nivel sobre la crisis de la Amazonía. Los presidentes de Colombia, Chile y Francia, así como los de Bolivia, Alemania y Guyana resaltaron la importancia de unir esfuerzos para frenar la deforestación, proteger la biodiversidad y garantizar medios de vida sostenible paras las comunidades, logrando que de esta forma se pueda alcanzar la conservación de una de las regiones más biodiversas del mundo y otras regiones boscosas a través de una alianza por los bosques tropicales. 

Referencias

• Fondo Mundial para la Naturaleza. (25 de Septiembre de 2019). La crisis de la Amazonia, un tema central en la agenda climática mundial. Obtenido de Fondo Mundial para la Naturaleza: http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/?uNewsID=353459
• National Geographic. (2019). Amazonía en llamas: ¿cómo afectan los incendios a la vida silvestre? National Geographic. Obtenido de https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2019/08/amazonia-en-llamas-como-afectan-los-incendios-la-vida-silvestre
• Revista Semana. (2019). Las graves consecuencias de los incendios en la Amazonia de Brasil. Semana. Obtenido de https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/incendios-en-el-amazonas-cuales-son-las-consecuencias-de-los-incendios-en-brasil/45472
• The New York Times. (Agosto de 2019). Fires in Amazon Rain Forest Have Surged This Year. The New York Times. Obtenido de https://www.nytimes.com/2019/08/21/world/americas/amazon-rainforest.html

En Colombia no todo va mal

Artículo de opinión por: Alejandro Camargo Jaramillo (Estudiante de Ingeniería Física y Finanzas; Universidad EAFIT, Colombia)

Desde que tengo memoria he escuchado a mis amigos, familiares, compañeros y hasta personas extrañas hablar de lo mal que va Colombia, y el alcance de todo lo que sentimos que no funciona. Lo más triste es que en parte tienen razón, este país deja muchas cosas que desear, especialmente a los ciudadanos que queremos que avance y pueda dejar atrás esos innumerables problemas con los que hemos convivido todas nuestras vidas. Sin embargo, siento que más que ir por mal camino, se trata de un pesimismo generalizado que con el que nos hemos acostumbrado a convivir. Existen unos cuantos ciudadanos educados que se quejan por quejarse de lo que ocurre aquí, porque sienten que no se toman las medidas que necesitamos, especialmente cuando se habla del cuidado y la preservación del medio ambiente o el desarrollo sostenible. Siempre se escuchan comentarios como “Acá no hay tiempo para eso” o “Acá nadie aprecia la riqueza natural que tenemos” o “Tenemos que aprenderle a otros países acerca del cuidado del medio ambiente” o incluso “Eso nadie lo vota porque no genera capital político”, cuando realmente hay evidencia que demuestra lo contrario. En general, creo que estos ciudadanos se alimentan de ignorancia, sentimiento y anécdotas, pues hablan de estos temas bajo una percepción personal que generalmente no está fundamentada en hechos sino en situaciones particulares que han vivido personalmente. Hablaré principalmente del sector eléctrico, pues es una de las industrias más relevantes de Colombia en cuanto a desarrollo económico, tecnológico, madurez y además es una de las industrias que tiene un gran impacto ambiental a nivel nacional.

El sector eléctrico colombiano ha cambiado en los últimos 3 años a un ritmo que no se veía desde las grandes reformas del 94 impulsadas por el racionamiento, luego de dos fenómenos del niño. La gran diferencia es que ahora no está cambiando por el riesgo de racionamiento, sino por la necesidad de modernización que trae las fuentes de energía renovables no convencionales. Sí, así es, Colombia le está apostando a la energía solar y eólica, y está modernizando el sector eléctrico para que pueda recibir estas tecnologías sin percances tanto para la operación como para los usuarios. El primer acto significante fue la promulgación de la Ley 1715 de 2014 que regula la integración de las renovables no convencionales al sector; sin embargo, no solamente se limita a esto, sino que también genera incentivos tributarios para la integración de estas fuentes de generación eléctrica. Estos incentivos son muy atractivos para el sector privado, pues disminuyen considerablemente el impuesto de renta de las empresas que inviertan en estos sistemas, también eliminan el IVA y cualquier arancel de importación sobre los equipos necesarios para la integración de renovables y da unos cuantos más incentivos tributarios que terminan de mejorar la propuesta para el sector privado. Debido a estas políticas de Estado, se empezaron a desarrollar los primeros grandes proyectos de generación de energía solar en Colombia, completamente financiados por el sector privado. Gracias a esta expansión inicial, fue claro para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ente encargado de regular la operación del sector eléctrico, que era necesario empezar a preparar las normas técnicas y legales para la integración de estas tecnologías, al igual que abrirles las puertas a los pequeños generadores con energía renovables a participar en el mercado de energía y transar sus excedentes. Además, es importante resaltar que luego de dos reformas tributarias recientes que se tramitaron sin mayor debate en el congreso, los incentivos tributarios de la ley 1715 de 2014 siguen vigentes y tienen muy pocos opositores en el ejecutivo y el legislativo.

Hoy, ya existe un marco regulatorio robusto para la integración de fuentes de energía renovables no convencionales a la matriz energética colombiana. Además, se están desarrollando proyectos de infraestructura previendo la expansión de las renovables no convencionales. Por ejemplo, en la Guajira se está construyendo una línea de transmisión de energía para transportar las grandes cantidades de energía, que allí se va a generar de forma limpia, al centro del país. Esta obra se diseñó estimando la oferta de generación que se originará en esta zona rica en recursos naturales renovables. Y algunos todavía piensan que aquí hacemos las cosas sin planear o que “Acá a nadie le importa cuidar el medio ambiente”. Otro hito importante que se logró recientemente fue la primera subasta de largo plazo para proyectos de generación de energía renovable. Este instrumento es fundamental para dar viabilidad a dichos proyectos pues sus márgenes son más bajos que de costumbre, por lo tanto, necesitan de la mayor seguridad financiera que brindan los contratos de largo plazo para lograr el cierre financiero. Aunque la subasta se declaró desierta, esta se repetirá, pues se presentaron 23 proyectos de generación y el problema que la llevó a declararse desierta se trataba más de un vicio de forma que de fondo, ya que el ente que la ejecutó no tenía experiencia previa en dichas subastas. Por último, cabe resaltar que en la última subasta del cargo por confiabilidad (otro instrumento de financiación y seguridad energética), quedaron adjudicados al menos cuatro proyectos de generación que usan fuentes de energía renovable no convencional y estos proyectos están en la obligación de ejecutarse. Es decir que, en los próximos años, al menos veremos entrar estos cuatro proyectos en operación. Sin embargo, existen muchas más propuestas de generación que están en busca de viabilidad financiera para comenzar su ejecución.

Mi objetivo no es elogiar, pues todavía falta mucho camino por recorrer. Más del 20% de la energía en Colombia se sigue generando al quemar combustibles fósiles y las hidroeléctricas no son una solución ideal desde lo ambiental. Sin embargo, claramente vamos por el camino correcto y lo estamos haciendo incluso mejor que aquellos países que tanto envidiamos, aquellos países que siempre mencionamos como lideres en la lucha contra el cambio climático o del desarrollo sostenible. Siempre que podamos analizar nuestra situación de forma objetiva, entender nuestras fortalezas y debilidades, podremos salir adelante como tantos colombianos lo hemos soñado.

Imagen de la Minería en Colombia

Columna de opinión por: Santiago Jurado Sossa 

Miembro del observatorio en Comercio Inversión y Desarrollo

Universidad EAFIT, Colombia

El Diccionario Minero Colombiano define la explotación ilegal de minerales cómo todo acto que sea realizado sin los documentos requeridos por la ley colombiana, como la licencia ambiental y/o el titulo minero. Es por medio de estos mismos que el gobierno colombiano controla a las empresas o a los mineros que ejercen dicha industria, ya que estos deben cumplir con ciertas demandas tributarias, debido a que, en Colombia, todo bien que se encuentre bajo el subsuelo nacional, pertenece al estado. El control no es fijado específicamente a los tributos, ya que por igual se controla el impacto que las empresas o las personas generan al medio ambiente cuando se busca los minerales, dado por la licencia ambiental. 

Es necesario tener en cuenta la importancia de la minería en Colombia. En general, dicho sector representa el primer ítem en aportes al PIB del país, además que la región es conocida por el aporte al resto de países de materias primas.

Por igual, la minería es un acto sumamente provechoso en términos monetarios, y es allí donde la minería criminal toma partido. La minería criminal engloba toda aquella minería que genera daños al medio ambiente y a las comunidades aledañas, normalmente usada por grupos criminales y al margen de la ley para financiar sus actos vandálicos.

Hacer dicha diferenciación es primordial, debido a que la minería siempre se ha visto afectada por diferentes tipos de prejuicios, casi siempre malos, fomentando la aversión de esta. Cuando se analiza un proyecto de minería, es obligatorio evaluar como afectará la comunidad aledaña, además de los recursos naturales y el medio ambiente. Se hace obligatorio aplicar al título minero y a la licencia medio ambiental, no obstante, las empresas y mineros que, antes de comenzar a regir dicho acto de licencias y licitaciones, ya se encontraban en medio de algún tipo de explotación, precisan la aplicación a las mismas contando con un tiempo máximo de plazo para aplicar los cambios. Sin embargo, dichos solicitantes cuentan con obstáculos. Javier Pérez, trabajador en calidad de contratista para el Ministerio de Minas de Colombia, nos acerca un poco a ellos. De acuerdo a Javier, el gobierno se toma un tiempo prudente para analizar cada proceso, y es así como la demora del análisis de la solicitud obliga a varias empresas mineras a parar sus actos debido o a recaer en el termino ilegal, aún incluso cumpliendo estrictamente los estándares dictados por la ley.

La minería no representa siempre un daño al medio ambiente. Es claro que genera un impacto, el cual debe de verse cubierto por los retornos a la sociedad, además de contar con un tiempo de explotación limitado para poder ser sostenible, para que la naturaleza, fauna y flora, aledaña, tenga tiempo en recuperar su perdida. Si comparamos el daño ejercido por otros tipos de industria, el de la minería es equiparable con la industria textil (Vera, 2018).

Se concluye que la mala imagen de la minería es a veces merecida, pero cuando se práctica como es debido, genera un bienestar mayor que eclipsa el impacto generado. Es casi obvio que al aplicar la minería se genera un daño al medio ambiente, el cual debe de ser recuperado, sin embargo, la existencia de otras industrias como la textil, con parecidos resultados en lo referente al daño al medio ambiente demuestra que la minería no es la única que debe fomentar la responsabilidad social.

Referencias

Pérez, Javier  (entrevistado en junio de 2018). Aclaraciones de la mineria en Colombia. (S. J. S., Entrevistador)

Vera, B. d. (8 de agosto de 2018). ¿Por qué la industria textil es la más contaminante después del sector petrolero?: El Espectador. Disponible en línea https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/por-que-la-industria-textil-es-la-mas-contaminante-despues-del-sector-petrolero-articulo-805061

An ethical approach over corruption as a potential solution

Opinion article by: Nicolas Botero Mejia (International Negotiator, Universidad EAFIT; and Analyst at the Trade, Investment and Development Observatory)

Colombia, among other Latin American countries have suffered for decades the negative consequences of corruption in different spheres. For instance, in politics, in the economic growth and in the social development. The kind of corruption that most affect a country usually is the one that political corporations and enterprises engage with. Although individuals might fall into daily unethical practices as well, the biggest concerns are those practices and behaviors happening in the public and the private sector that undermine social values and public morality. Governments had tried to confront this problematic by legal ways, promoting laws and regimes that forbid and sanction corrupt actions and actors. I don't have precise information over the real impact those regulations have had, probably not too well since corruption index and perception still high, but what I do recognize is the necessity to address this problem from another approach. Ethics and moral principles play an important role in this topic and I believe that should be considered to beat corruption with a structural social solution.

The purpose of this work is to address some desirable moral reflections that businessmen and employees as well as politicians and administrative authorities should contemplate not to incur in unethical and maybe illegal behaviors. After giving some background over moral principles, the basic essential concepts and its definitions, specific ideas will be presented. 

Every person has a moral code that contains principles, values, ideals and aspirations that shape our lives and determine the way we behave and relate with each other. The philosopher Richard Brandt suggest that when a principle is part of a person’s moral code, that person is strongly motived toward the conduct required by the principle, and against the ones that conflict with the principle. Nevertheless, there are two other concepts that could struggle with the moral principles and that usually do not depend on their choices or decisions because are given by the way they were raised and educated. On one side, conscience as the moral sense of right or wrong is disturbed when an internalized principle is violated. On the other hand, there is the self-interest orientation that every human unfortunately has. Collision of self-interest with moral principles are a usual cause for unethical actions because there is no guarantee that moral behavior will always benefit and satisfy a person's selfishness. 

There are some reflections that eventually can adjust politicians and businessmen's behaviors with the integrity that citizens expect. One of them is the acceptance of organizational norms and rules. No matter the nature of the organization, to achieve the objectives, members must commit themselves and in some cases, it implies resign some of their personal freedom. This means that both in an enterprise or in the Congress, the employees and members must follow rules and respect norms and assume that, consciously or unconsciously, for the pursuit of goals and correct performance of the functions. In the reality, some people think that their job, their social position or support gives the prerogative to skip rules and apply the Machiavellian idea of the goal justifying the means.

Accepting the norms established by an organization does not exclude the autonomy that sometimes the mentioned people should have. Since organizations and companies commonly exert pressure on their members, they tend to behave as those around them do. Imitating behaviors without realizing them is not desirable at all because that would perpetuate the wrong practices in certain manner and won’t allow new ideas and alternative courses of action to emerge. The bosses of a firm and the politicians, specially those elected by the population, must have a defined temperament and character to defend the interest of the company or of the voters.

In his book Business Ethics, Professor William Shaw names this objectionable phenomenon as Groupthink, and adds that “leads to irrational, sometimes disastrous decisions, and it has enormous potential for doing moral damage”.

It often happens that when a case of corruption is disclosed, no one of the people involved assumes the responsibility. Functions in an organization are frequently shared and coworkers use to join efforts towards a common objective which is a remarkable way to work coordinated. However, that collective participation can lead to a fragmented responsibility. That diffusion overwhelms personal moral responsibilities and make people think they are single small players with no important roles in a game that they cannot control. Looking forward to having respectful leaders that assume risks but also responsibilities when things does not end as expected is a must for a country that pretends to have transparent relations between government, private sector and civil society.

In conclusion, there are certain ethical and moral issues that could build a framework relative to those who participate in politics or run a business in order to promote integrity, rational and ethical decisions that influence the everyday life and could start a transformation towards an honored society. Legal system should not be totally banned from the regulation against corruption, the proposal of this work is another perspective that complements and seeks to prevent the necessary punishment that some actions deserve after attempting the general interests as corruption does. The way that the framework could be effectively replicated could follow the theory of the human-related collaborative sharing of knowledge, stated by Professor Johanna Lahtinen and that transferred knowledge based in qualitative feedback and empirical perceptions.

Reference

Shaw, W. (2011). Business Ethics: A textbook with cases. Boston, MA, USA: Wadsworth Cengage Learning.

Charlie Hebdo & Matador: when cartoons create controversy

Opinion article by: Cyriac Bouët (email: cebouet@eafit.edu.co)
Universidad EAFIT, Colombia

About Freedom of press

The freedom of press is one of the fundamentals principles for democratic systems, alongside freedom of opinion and freedom of speech. It is defined in the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights from 1948 that “ Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive, and impart information and ideas through any media regardless of frontiers”. 

Even though both Charlie and Matador illustrations can be very critical and shocking, it is important to keep in mind that their purpose is primarily to distract the reader, as it is featured in a published journal, that led to many reunion with the redactors and editors, it has to be validated in order to be published, and when you buy a journal, you know a little bit about how oriented is its content. For example, it is well known that the two major sport related newspaper in Spain, As! And Marca both have a strong support, one for the Real Madrid, and the other for FC Barcelona, and that their content, while relating to the same news, will be written differently. 

The political satire was born at the same time as freedom of press in the early 18th century in England, and then later in France as the French Revolution occurred. It has often been a way to communicate effectively an idea or a thought in a more effective way than with words. Every year, the NGO Reporters without Borders establish a ranking of the countries who gives the more freedom of press. To get to this ranking, the NGO send surveys to local journalists, but also to lawyers, politicians and scientists who study this sector, about threats done to journalist, but also about the press itself, its owners, the ease of diffusion, etc. As of 2017, the European Nordic countries were dominating the ranking, with Norway on top of it. France was ranked 39th and Colombia 129th. At the end of the ranking can be found all state-controlled countries with North Korea closing the ranking at the 180th rank.

Background and context

We will start with Charlie Hebdo. It is a French satirical magazine, associated with the political left-wing ideas, which first got published in 1970. It features a lot of political cartoons, and satirical images, along some investigative articles about various subjects (politics, culture, religion, cults, right-wing politics, etc.). The team behind Charlie Hebdo in 1970 was the team of the magazine Hara-Kiri, which got banned due to political incorrectness. This is the spirit that can characterize the periodic. Its first great scandal though was in 2006, when the magazine chose to feature Mahomet’s caricatures from the Danish periodic Jyllands-Posten, which lead to violent reaction in Muslim countries and in France. In 2011, after another too satirical front page (the edition was renamed “Charia Hebdo”), the headquarters of the magazine was burned with Molotov cocktails by Muslim activists. Then in 2015, two armed radical islamists entered the new headquarters of Charlie Hebdo, killing 12 members of the staff, including 5 of the illustrators. After this tragic terrorist attack, the survivors decided that the journal should continue and released one week after the “survivor edition”, featuring a satirical cartoon about prophet Mahomet on the front page since then, the public opinion is divided about Charlie Hebdo. On one side those who thinks they deserved what happened to them, and on the other side those who thinks that they have the right to freedom of speech in every situation.

Now, a little background check on Matador: This Colombian cartoonist, born in 1969, and whose real name is Julio Cesar Gonzalez drew his first cartoons for the periodic El Fuerte, before getting to draw for La Tarde, El Espectador, Portafolio, Soho and finally El Tiempo, the best-selling journal in Colombia. He his nationally known for his criticism through his comics, especially towards former president and actual senator Alvaro Uribe Velez and his right- wing party, el Centro Democratico, represented by Ivan Duque Marquez in the current presidential election in Colombia. Due to a growing number of death threats, he decided to suspend his activity on social medias two weeks ago (but he will continue to get his work published inside El Tiempo).

Cartoons from Charlie Hebdo  

This is the translated front page of the magazine a week after the 2015 terrorist  attack, Prophet with an ironically shaped head.

This controversial cover from 2013 reads, “The Quran is shit – It does not stop bullets.” French Islamists actually sued the magazine for blasphemy after this edition.

This cover from August 2017 refers to the terrorist attack in Barcelona few days before. It says “Islam, religion of peace...for the eternity”

Cartoons from Matador (Colombia) 

This comic from Matador was censored and lead to a lawsuit due to the controversy depicted in the drawing.

This comic followed the previous one by hitting even harder the attackers of Matador.

Supporters and attackers of Charlie & Matador

Despite being a target for a long time, the Charlie Hebdo illustrators continue to provide the magazine sensitive drawings, even after having to endure a terrorist attack. Many staff members of the redaction do have a personal 24/7 police escort assigned to them (one of the 2015 attack victim was even a policeman assigned to the protection of the illustrator Charb). Despite having the public opinion being them due to this awful event, most believe that the journal often goes too far. Pope Francis even took position regarding Charlie Hebdo and said “Freedom of speech is a fundamental right, but should not insult other’s beliefs”. The front page of the “survivor edition” made a lot of debate internationally. This edition was censored in Egypt, Israel and Turkey, and led to violent manifestations toward French cultural site and French expatriated people in Pakistan, Niger, Senegal, Algeria, Tunisia, Mauritania, Mali, Sudan, Jordania, Iran, Afghanistan and Chechenia.

Concerning Matador, he is despised by the Uribists, also known as the followers of Alvaro Uribe and other followers of el Centro Democratico, as their leaders are often the targets of these cartoons, but on the other hand, most of the other political leaders support Matador, saying that he has the freedom of speech and should of course continue to work and publish what he wants to.

¿Es un embuste decir que Colombia es rica?

Artículo de opinión por: Juan Esteban Rivera Salazar * (jriver30@eafit.onmicrosoft.com)
*Estudiante de Negocios Internacionales, Universidad EAFIT, Medellin

Andamos por la calle y encontramos cada día más gente preguntándose si Colombia va directo a la inmundicia o la prosperidad. Bien es sabido que desde la perspectiva de la economía internacional, podemos encontrar a Colombia sumergida en el campo de las potencias regionales secundarias nacientes, su participación en el contexto global ha ido acrecentándose paulatinamente y su inclusión dentro del grupo denominado CIVETS la hace acreedora a un desarrollo lento pero sustentable; carece de liderazgo por los conflictos en los que décadas atrás se vio envuelta, problemas que eran el pan de cada día de miles de colombianos que se preocupaban por la seguridad en sus barrios y hogares. Los impuestos suben para suplir gastos externos, las empresas estatales se venden y nuestros recursos naturales son explotados por compañías extranjeras. La pirámide social sigue siendo inestable: el estado llano colombiano se empobrece más y los privilegiados se enriquecen más; es complicado que con un panorama de esta índole, se pueda llamar a Colombia rica si se está haciendo referencia a lo económico, aún queda la esperanza que en algunos años se fortalezca la diplomacia, que la cooperación en desarrollo mediante los organismos económicos regionales, permitan la consolidación de la liberalización del mercado nacional y exista una mayor eficiencia de los tratados multilaterales para una mejor inserción en el dinamismo económico mundial.

Por otra parte, el concepto de riqueza no obedece exclusivamente a lo tratado previamente, me atrevo a decir que riqueza es esa amplia diversidad de creencias, de pensamientos, de expresiones, de rasgos físicos… ¿Habría monotonía si no existiese diversidad? Por supuesto. La multiplicidad de naturaleza que poseemos nos hace acreedores a ese título de ricos, deberíamos evaluar si verdaderamente la apreciamos; poco a poco la explotación de sus suelos, de lo que produce, la ha ido acabando y no hay total consciencia de ello… ¿Qué es, además de esa diversidad lo que podría atraer a extranjeros a nuestro país? Esa posibilidad de asombro frente a lo heterogéneo es lo que hace la diferencia para que Colombia se convierta en un escenario atractivo y turístico. En ocasiones, es precisamente nuestra mentalidad cerrada lo que no nos permite ver que en cada pequeñez y diferencia, hay un misterio nuevo, y que la cantidad de esos misterios se convierten en la verdadera riqueza de una nación.

Comunidades y ciudades sostenibles: Caso Colombiano

Artículo de opinión por: Andrea Herrera Guamán*

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Administradora de Negocios, Universidad EAFIT

De acuerdo a la OEA las ciudades de la región están pasando actualmente por un proceso de cambios extraordinarios y acelerados. Cada vez más Los Gobiernos unen recursos y conceden mayores facultades a las jurisdicciones subnacionales. De igual manera, muchos gobiernos regionales y locales facilitan iniciativas empresariales y comunitarias destinadas a ampliar y mejorar los servicios en cuanto a cobertura, calidad y eficiencia.

Esta descentralización ha hecho que autoridades locales de América Latina y el Caribe busquen la creación de ciudades equilibradas, sostenibles, en un espacio en el que los intereses de los individuos y los servicios colectivos sean compatibles como en el caso de Mendoza en Argentina o Manizales en Colombia en donde se ha venido forjando un enfoque multidisciplinario e integrado de administración municipal.

A lo anterior se unen las creencias del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon y Alicia Bárcena, Secretaria ejecutiva de la CEPAL, quienes resaltan la importancia de la cooperación entre la sociedad civil y el sector privado al igual que la búsqueda de la paz y la seguridad para el logro del desarrollo sostenible.

En este sentido Ciudades como Rio de Janeiro y Medellín han encaminado programas que faciliten el acceso de los municipios a los mercados de capital, programas en donde los grupos de bajos ingresos pueden también obtener crédito para financiar actividades productivas a través de la regularización de títulos de propiedad y el mejoramiento de la infraestructura y vivienda urbana. A su vez, encontramos ciudades que orientan sus incentivos en la participación de diferentes sectores sociales en la preparación del presupuesto de capital para la ciudad como es el caso de Tijuana , México y Cali, Colombia.

Uno de los principales problemas que enfrenta el logro de ciudades y comunidades sostenibles en el mundo es el uso inadecuado e ineficiente que se le da al uso de los recursos y su relación con el aumento de la población.

Según la ONU, la mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy día en las ciudades, las cuales ocupan apenas el 3% del planeta pero representan entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las aguas residuales, los medios de vida y la salud pública.

Para María del Pilar Medina, Directora de Gestión Institucional existen varias acciones para lograr ciudades sostenibles en Colombia sobre todo aquellas con miras en la construcción el cual es el sector con mayor potencial de mitigación de emisiones de GEI hacia 2030.

Las acciones incluyen producción de energía y calor a partir de energías renovables, parqueo centralizado, edificaciones integradas al manejo de energía , centro de la ciudad libre de vehículos (parqueaderos subterráneos), reciclaje y manejo eficiente de los residuos y el agua.

Al tema de sostenibilidad se le une también la resiliencia de las ciudades que determina la capacidad que tiene un sistema de absorber el impacto y reorganizarse mientras está adaptándose a dicho cambio.

En Colombia , la política pública para ciudades sostenibles y resilentes plantea diversos retos y avances en el tema. Entre la problemática se puede destacar la expansión y deterioro de las zonas centrales de las ciudades, alto déficit habitacional , asentamientos informales, déficit de espacio público, deficiencias en movilidad y abastecimiento de agua y la vulnerabilidad de los centros urbanos ante los desastres naturales. Ante lo anterior se hace necesario reducir la desigualdad en el ingreso y la disparidad regional, mejorara la cobertura y calidad de la educación, proteger la biodiversidad y evitar un crecimiento de carbono intensivo, reducir la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua, entre otros.

Entre las acciones que viene adelantando Colombia en este tema se pueden encontrar varias iniciativas como el proyecto de ley 119/12, el código Nacional de construcción sostenible, el Sello ambiental colombiano y la estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en carbono (ECDBC).

Resultado de estas iniciativas son la existencia de 21 edificios sostenibles con certificación LEED y 88 proyectos registrados, creación del Plan BIO – 2030 – Medellín- Valle del aburra que es un plan a 20 años que integra al Valle de Aburra en función de la sostenibilidad , la existencia de un Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) y la construcción de la Ciudadela Colsubsidio “Maiporé” en Soacha que busca desarrollar una estrategia de mantenimiento de flora y fauna en el sitio al tiempo que busca aprovechar el sistema hídrico y las lagunas para dirigir hacia ellas el agua pluvial del proyecto.

A lo anterior se le suma la reciente alianza entre la Cámara Colombiana de la Construcción y ONU-Hábitat en la que firmaron un memorándum de entendimiento para trabajar conjuntamente por el desarrollo urbano sostenible y el fomento de programas integrales de vivienda, a partir de una perspectiva de ciudades inclusivas, sostenibles y equitativas

Las recomendaciones de la OEA en este sentido consisten en establecer iniciativas financieras y hacer participar a las comunidades, las empresas y los gobiernos en la creación de consenso con respecto a metas y actividades compartidas. Debería revisarse la legislación para hacer posible la participación del sector privado en inversiones urbanas y también para promover un financiamiento conjunto de programas municipales por parte del Gobierno nacional, el sector privado y las comunidades locales. Deberían sancionarse leyes tributarias que tengan en cuenta la participación local en el ingreso fiscal. También deberían revisarse los marcos institucionales, de modo que sean compatibles con la creciente descentralización. Debería perseverarse en los esfuerzos destinados a insertar los temas referentes a las zonas urbanas en los objetivos de los organismos internacionales y los gobiernos nacionales.

Con respecto al sector transporte, las municipalidades deberían dar participación al sector privado en la construcción y el funcionamiento de los sistemas de transporte público. Los países deberían enfrentar con decisión los problemas de la vivienda de los sectores de bajos ingresos y la regularización de la propiedad de la tierra, con la participación directa y activa de instituciones financieras.

Referencias

Camacol.co. (2015). Alianza entre Camacol y la ONU impulsará ciudades más sostenibles.  Camacol. [online] Available at: http://camacol.co/noticias/alianza-entre-camacol-y-la-onu-impulsar%C3%A1-ciudades-m%C3%A1s-sostenibles [Accessed 17 Apr. 2016].

Desarrollo Sostenible. (n.d.). Ciudades - Desarrollo Sostenible. [online] Available at: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ [Accessed 17 Apr. 2016].

Medina, M. (2013). Smart City Bogotá – Estrategias de construcción ambiental del hábitat urbano. 1st ed. Bogota: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pp.4-19.

Oas.org. (n.d.). 3. Ciudades y comunidades sostenibles. [online] Available at: http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea61s/ch09.htm [Accessed 13 Apr. 2016].

Servicio de Noticias de las Naciones Unidas. (2016). Centro de Noticias de la ONU - El desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz van de la mano, asevera Ban. [online] Available at: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34547#.VxPmtPnhDIU [Accessed 13 Apr. 2016].

Combatir la pobreza mediante la formación empresarial

Columna de opinión por: Marcela Marín Mira
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Según establecen las Naciones Unidas (2016) en su sitio web, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible — aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas — entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Estos nuevos objetivos de aplicación universal, aprovechan el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y tratan de ir más allá para poner fin a la pobreza en todas sus formas y reducir la desigualdad de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Plan Nacional de Desarrollo alineado con los ODS

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, el gobierno colombiano alineó conceptualmente su Plan Nacional de Desarrollo con estos objetivos para convertirlos en una “carta de navegación” con una visión de país para el 2030.

Con el objetivo principal de desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población en pobreza extrema y desplazamiento, desarrollando sus capacidades y creando oportunidades para que puedan acceder y acumular activos y, en el mediano y largo plazo, alcanzar la estabilización socioeconómica, en el 2009 el Gobierno Nacional Colombiano formuló el documento Conpes 3616 “Lineamientos de la Política de Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento”, que tiene como antecedente importante el Documento Conpes Social 91 “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) – 2015” de marzo de 2005, que establece el compromiso del país en adoptar las metas y estrategias acordadas en la Cumbre del Milenio para reducir la pobreza.

Por estos compromisos de Colombia como país y para promover la Ruta Integral de Generación de Ingresos para población pobre extrema y desplazada (PPED), propuesta por el documento Conpes 3616 de 2009, como lo destaca en su sitio web la Red Cemprende -Red de Centros de Empleo y Emprendimiento - (2016), en 2010 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, con el respaldo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), decidieron implementar conjuntamente proyectos piloto orientados al desarrollo de un modelo de Desarrollo Económico Incluyente (DEI), creando bajo esquemas de alianzas público-privadas unos centros de referenciación y orientación a oportunidades de generación de ingresos y empleo que prestaran servicios a la medida, en las líneas de empleo y emprendimiento, a las poblaciones en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, especialmente aquellas vinculadas a la Red Unidos (anteriormente JUNTOS), que según descrito por el Ministerio de Salud y Portección Social -MinSalud-, es la estrategia del Estado Colombiano para dar una respuesta integral a la multidimensionalidad de la pobreza extrema, en la que participan las entidades del sector público que cuentan con oferta social, entre las que se encuentra el Ministerio de Salud y Protección Social.

Alianzas Público Privadas y Cemprende

Para contextualizar al lector, las alianzas público privadas (APP), según lo establece la Ley 1508 de 2012 en Colombia, son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. También es importante destacar que según enunciado del párrafo 5 del Art. 27 de la misma ley, “sólo se podrán desarrollar proyectos de asociación público privada consistentes con los objetivos de los planes de desarrollo territorial”.

Es entonces así, como bajo el modelo de APP, con la participación de entidades del gobierno, entes territoriales, sector privado y PNUD, actualmente la Red Cemprende agrupa 18 Centros. El comercio en Colombia está en auge y hasta hace poco la gente pobre no se veía beneficiada, pero con Cemprende, como uno de los tantos ejemplos de redes para el empleo y la formación de empresarios en Colombia, se han capacitado a más de 21000 personas, 60% de ellas mujeres y se han preparado más de 4000 planes de negocios, lo que ha generado más de 2000 empleos.

El Banco Mundial y el crecimiento económico de Colombia

Después de años de conflicto armado, esta nación ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes. Colombia ha tenido entre los últimos 6-7 años un desarrollo sostenido entre los más altos de la región y del mundo, estando este entre el 5 y 6 por ciento. Como lo dijo el presidente del Banco Mundial, Jim Kim (2016), en el pasado enero, luego de su visita a Colombia “Colombia ya es una de las economías más fuertes de América Latina. Impresionantes tasas de crecimiento han ayudado a sacar a más de 6 millones de personas de la pobreza en la última década. La tasa de crecimiento de Colombia es más alta que la de la mayoría de las economías en América Latina y está también más diversificada que la de muchos de sus vecinos. De cara al futuro, el reto aquí y en toda América Latina será encontrar nuevas vías de crecimiento. Colombia necesitará seguir invirtiendo en infraestructura, movilizar al sector privado e invertir en capital humano”.

Nuevos retos y oportunidades

Es claro que, si bien los niveles de crecimiento en Colombia muestran un gran avance, el conflicto actual ha excluido a algunos grupos de los beneficios del crecimiento económico, por lo que combatir la desigualdad y la pobreza es una prioridad del gobierno, quien tiene gran interés en crear oportunidades de ingreso para sus poblaciones marginadas a través de programas de desarrollo sostenible.

Dentro de estos esfuerzos cabe destacar los esfuerzos realizados por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) que, con el respaldo del Fondo Fiduciario para Corea, en su afán por lograr las metas del desarrollo del milenio han mejorado el acceso al microcrédito (con el apoyo de la microfinanciera Finamérica) y a la asistencia técnica, y también han ayudado a crear un entrepreneurship center “OPORTUNIDADES, Centro de Orientación para el empleo y el emprendimiento”.

Alianzas público privadas como el programa inclusivo del PNUD, Cemprende, garantizan la sostenibilidad del proyecto que provee servicio a gente como mujeres jóvenes indígenas normalmente excluidas del plan nacional de comercio y desarrollo, pues mediante una formación dirigida busca que estas personas logren conseguir un empleo que mejore sus condiciones de vida. Esta población es la razón de ser de Cemprende y es quien motiva el incremento de sus esfuerzos, y los de otros actores que se unen a causas como esta, para introducir el proyecto en todo el país, interviniendo más grupos de personas marginadas y creando un impacto mayor.

Bibliografía

Alcaldía de Bogotá. (1 de Marzo de 2016). Ley 1508 de 2012. Obtenido de Sitio Web de Alcaldía de Bogotá: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4532

Colombia.com. (1 de Marzo de 2016). Gobierno busca reducir desigualdad con Plan Nacional de Desarrollo. Obtenido de Sitio Web de Colombia.com: http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/109681/gobierno-busca-reducir-desigualdad-con-plan-nacional-de-desarrollo

Departamento Nacional de Planeación. (28 de Septiembre de 2009). Documento Conpes 3616. Obtenido de ACNUR: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2728

Kim, J. (15 de Enero de 2016). Palabras del presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Kim, en su visita oficial a Colombia. Obtenido de Sitio Web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/news/speech/2016/01/15/statement-by-world-bank-group-president-jim-kim

MinSalud. (1 de Marzo de 2016). Red Unidos. Obtenido de Sitio Web de MinSalud: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/redunidos.aspx

Naciones Unidas. (1 de Marzo de 2016). Combatir la pobreza mediante la formación empresarial. Obtenido de Sitio Web de Naciones Unidas: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2013/08/combatir-la-pobreza-mediante-la-formacion-empresarial/

Naciones Unidas. (1 de Marzo de 2016). La Agenda de Desarrollo Sostenible. Obtenido de Sitio Web de las Naciones Unidas: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/

Red Cemprende. (1 de Marzo de 2016). Orígenes. Obtenido de Sitio Web de Red Cemprende: http://redcemprende.org/la-red-cemprende/

The Colombian Labour Market behind Female Participation in Management

By: Carolina Herrera-Cano (IB, MIB)*
Analyst at the Observatory in Trade, Investment and Development
Lecturer of Ethics and CSR at Universidad EAFIT

Women’s rights are increasingly becoming an important trend for governments and civil society and, with the purpose of monitoring their advances, different indicators are being used. Although gender gaps have narrowed in many ways –according to the United Nations Millennium Development Goals Report, goal 3 (to promote gender equality and empower women) made important progress in terms of education, employment, and political representation-, some gender disparities have deteriorated, sometimes even as a result of others’ improvement. Accordingly, indexes evaluating the status of women’s rights around the world may present contradictory scenarios (United Nations, 2015). Those figures do not only show the multiple challenges women’s rights still have in a global scale, but they are the evidence of a need to have a closer look to gender equality indicators even in countries were figures seem to indicate positive scenario for women’s rights (WEF, 2015).

The Global Gender Gap Report (GGGR) quantifies gender-based disparities in four categories: Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival, and Political Empowerment. According to this assessment, countries with the highest equality between men and women are Iceland and Norway. Yet, it is useful to analyse them in a deeper way four categories in these countries. Iceland ranks 1 in three of the four categories but has a surprising 105 position in health and survival index. This is also the case of Norway with a 70 position for health and 32 for educational attainment. However, Norway’s performance in economic participation (2) and political empowerment (3) makes it the second most equal country in terms of gender.

According to the GGGR, Colombia has faced important improvements in terms of gender equality. The country has moved up 11 positions (from 53 to 42) in the ranking, far from Mexico (71), Chile (73) and Brazil (85), and has effectively closed 74% of its gender gap. More surprisingly, in the words of the Inter American Development Bank (IADB) (2016), this country, along with Jamaica and St. Lucia, has an outstanding position in the continent due to its larger share of women in managerial positions. This situation has also been documented by the United Nations Development Programme, which highlights that only in five out of 35 developing countries included in their data; women constitute 30% or more in decision-making positions (UN Women, 2015): this result also includes Colombia, and Botswana, Costa Rica Croatia, and South Africa.

Nevertheless, women participation in managerial positions hides important challenges for the Colombian labour market. Actually, the IADB recognizes the remaining glass-ceilings women still have to fight with even in Jamaica, St. Lucia, and Colombia: even in these countries female representation is still low at the highest spheres of the companies. More importantly, for the case of Colombia, some authors attribute the increased number of women in management to unequal remuneration between men and women: as female labour is usually less remunerated, employers prefer to hire women in order to reduce costs. In fact, it has been found that women participation in management has only been reached in lower to middle positions, as higher levels are still occupied by men. Only 4% of the Colombian 100 largest companies have women in the top management (BBC Mundo, 2015).

This situation is consistent with Darity’s (1989) and Darity and Williams’ (1985) heterodox perspective predicting the effects of trade gender pay gaps: international competition and competition between companies use existing gender inequalities to reduce unit costs. In consequence, this phenomenon increases women participation in management at the expense of the perpetuation of wage gaps between men and women. This issue has also been addressed by the International Labour Organization (ILO). In its most recent report “Women in Business and Management”, the ILO highlights how despite women nowadays represent 40% of jobs worldwide; their wages are still lower than men’. In fact, according to the Global Wage Report, wage gaps remain significant around the world. Even though gender wage gaps have narrowed slightly in the last decade thanks to a declining in most of the countries with available data, Colombia, together with Australia, Finland, Mongolia, and Paraguay are the only countries where the gap expanded (UN Women, 2015).

Another important challenge for gender equality in Colombia which is also related to the labour market is women’s higher levels of poverty. This situation can be explained by two important reasons. The first is informal employment: in the country, more than 60% of the employed women work in the informal sector: this restricts women access to pension funds and safety conditions. The second is female unemployment. Unemployment rate in women over the past two decades has continuously been 5% higher than men unemployment (Sabogal 2009). In 2013, Colombian women presented an unemployment rate of 13,8% while this figure was 8,1% for men. Additionally, women engagement to labour markets has not been successful: while men’s labour force participation rate is 79,7%, women’s is only 55,8 percent. Furthermore, recent studies show a faster declining tendency in women employment in a variety of developing countries, including Brazil, Colombia Cost Rica, Philippines, and Republic of Korea (UN Women, 2015).

Although Colombian improvements in GGGR during last year can be explained by wage equality efforts (WEF, 2016), as it was possible to show, changes in country’s labour market will be fundamental in gender equality pursuit. The Colombian case is a great example of the importance to have a closer look to gender equality indicators. In spite of the need to engage women in decision-making processes of private and public organizations in 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations), when women participation in managerial positions coincides with (or can even be explained by) wage gaps, informal employment, and unemployment, it does no longer constitute a positive scenario for women’s rights. The existing presence of women in management market together with appropriate business, civil society and governmental efforts to promote equality in the labour market makes Colombia a country with a great potential to promote trade and economic development with a gender perspective.

¿Por qué no aumentan las exportaciones colombianas a pesar de la devaluación del peso?

Artículo de opinión por: Carolina Herrera-Cano (MIB)
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Durante los últimos meses, la tasa de cambio del peso frente al dólar ha alcanzado cifras a las históricas (al 15 de febrero 2016 de 3409,82 pesos por dólar), sólo comparables a las que llegaba en 2002. Este hecho ha sido visto con buenos ojos por diferentes sectores que consideran el consecuente aumento del poder adquisitivo de otros países una oportunidad para incentivar las ventas colombianas en el exterior. Por esta razón, puede resultar sorprendente que el alza del precio del dólar no ha coincidido con aumentos en las exportaciones ni en términos de volumen, ni en su valor, sino más bien con grandes reducciones. Sin embargo, al analizar a profundidad el funcionamiento de la economía colombiana, es fácil observar cómo los procesos de internacionalización de las empresas no están influidos sólo por los precios de las divisas.

Al analizar las cotizaciones y los volúmenes de venta de gran parte de los productos colombianos es posible observar que ambos están en descenso. El carbón, las frutas, el café y, en general, las exportaciones no tradicionales han sufrido disminuciones en la demanda exterior, mientras que productos como el petróleo se han visto afectado por los bajos precios internacionales. Esta situación ha hecho que a pesar de los exportadores colombianos perciben más pesos por cada dólar recibido, sus ingresos sean cada vez menores.

Por otro lado, el hecho de que el precio del dólar no haya beneficiado directamente a las exportaciones colombianos se explica desde varios puntos. En primer lugar, los empresarios con vocación exportadora no han tenido el tiempo suficiente ni los recursos necesarios para acomodar su oferta exportadora a las necesidades de otros mercados, en este sentido, instituciones como la ANDI y Analdex, afirman que será necesario esperar varios meses para que la economía colombiana comience a percibir mayores ingresos provenientes de un dólar caro (El Tiempo, 2015). En segundo lugar, las exportaciones no tradicionales, las cuales han sido últimamente promovidas por el Gobierno dependen en gran medida de exportaciones de bienes de capital, que frente a un dólar alto, tienden aumentar sus precios. Así, productos como los textiles, el banano y las flores (los cuales también han percibido disminuciones en la demanda), aumentan su precio debido a los altos costos de los bienes para su producción (DANE, 2015).

Además, el alza del dólar también ha puesto evidencia los retos internos en cuanto a tributación y libre comercio. La devaluación del peso no será suficiente en tanto la economía colombiana siga siendo una de las más cerradas de la región y su sistema tributario siga desincentivando a inversionistas que son empresas potencialmente exportadoras (Dinero.com, 2015). Por último, la inversión extranjera directa (IED) colombiana en el exterior también ha sufrido grandes disminuciones como consecuencia de la reducción en el poder adquisitivo de los inversionistas colombianos y de la inestabilidad de la economía global.

Asumir que un dólar fuerte beneficiaría a los exportadores colombianos puso de manifiesto grandes debilidades en la estructura económica del país: una fuerte dependencia de la importación de bienes de capital, poca diversificación de la canasta exportadora y un sistema tributario que no favorece la IED (y consecuentemente a las exportaciones). Ante el hecho de que la presencia de empresas colombianas en el exterior difícilmente se llevará a cabo gracias a IED (debido a los altos precios del dólar), el reto para el país será realizar esfuerzos para que las industrias con vocación exportadora puedan sacar provecho de la tasa de cambio a la hora de acceder a otros mercados.

Referencias

Banrep. (2016). Tasa de cambio del peso colombiano (TRM). Disponible en línea: http://www.banrep.gov.co/es/trm

DANE. (2015). Comercio Internacional Exportaciones. Disponible en línea: http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-y-servicios/comercio-exterior/exportaciones

Dinero.com (2015). La puerta que abre el dólar para los exportadores. Disponible en línea: http://www.dinero.com/economia/articulo/como-favorece-dolar-exportadores/206609

El Tiempo. (2015). Tras alza del dólar, los exportadores no la ven tan fácil. Disponible en línea: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-del-dolar-exportadores-no-la-van-tan-facil/16368538

Colombia, ¿se acerca a una crisis griega?

Artículo de opinión de: Esteban Jaramillo Osorio* (ejaram11@eafit.edu.co)
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

Estudiante de Economia de la Universidad EAFIT, Colombia

Durante 2015 y lo que va de 2016 con los desplomes de los precios del petróleo y el aumento del dólar, es fácil apreciar que Colombia no se encuentra en una situación económica muy favorable. Lo más preocupante son algunas de las acciones que está tomando el Estado, estas se asemejan a las condiciones forzadas a Grecia, España, Irlanda y Portugal por la troika financiera conformada por: El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la comisión europea (CE); para un rescate de emergencia, cuando estas se encontraban en situaciones económicas críticas, algunas de estas naciones estaban al borde de la quiebra con niveles del desempleo superiores al 20% y estas entidades intervinieron para evitar que la situación de estos países empeorara, en el peor, de los casos quebraran.

Lo que resulta alarmante es que medidas similares fueron forzadas por la troika financiera, al tomar la posición de prestamistas de última instancia, y debido a que estos no podían ayudar a salvar a países que no pueden pagar las ayudas que van a recibir, ponían condiciones a los países a los que estaban por ayudar. Entre estas condiciones se encontraban una serie de políticas de austeridad que asegurarían que el país iba a ahorrar y en un futuro tendría el capital suficiente para pagar su deuda. Estos préstamos se hicieron a países de la Unión Europea durante la crisis del euro, que golpeó en los años pasados, y dejaron a algunos países con fuertes problemas de liquidez, los cuales han logrado salir adelante exceptuando a algunos como Grecia, que aún se encuentra con problemas económicos y ha tenido que acudir a estos mecanismos repetidas veces.

Contrastando estos eventos con las medidas que ha tomado Colombia en los últimos meses, a pesar de no ser tan severas aparentemente, podría indicar que el gobierno ha acudido a alguna entidad prestamista y se le están imponiendo condiciones para recibir ayuda de estas instituciones que en algunos casos actúan como prestamistas a países en desarrollo o en crisis lo que nos podría llevar a concluir que Colombia bien está tratando de financiar algunos de sus proyectos por medio de préstamos internacionales o está buscando un alivio económico a una posible falta de liquidez causada sea por la severa depreciación del peso colombiano respecto al dólar, los bajos precios del petróleo o por malos manejos de los capitales por parte de los gobernantes.

Para cotejar las medidas que se están tomando en Colombia utilizaremos el ejemplo más evidente de estas medidas el cual es Grecia, que como se mencionó antes incurrió en políticas de austeridad para recibir un rescate por parte de la troika durante la crisis europea. Partiendo de esto, analizaremos las medidas tomadas a partir de diciembre del 2009 por Grecia y las compararemos con algunos de los eventos y políticas fiscales que se han tomado en Colombia a lo largo del 2015 y lo que llevamos del 2016.

En Grecia, el 14 de diciembre del 2009, Yorgos Papandreu, el ministro de economía griego presentó las medidas de austeridad solicitadas por la troika financiera para recibir la ayuda que necesitaba. Esta cual consistió en el mayor paquete de rescate financiero de la historia al ascender a 110 mil millones de euros y fue dividido en tres diferentes pagos a lo largo del 2010. Estas medidas de austeridad consistieron en: reducción del gasto público, aumentos en ingresos fiscales y la repartición del paquete de rescate a lo largo de tres periodos. Además de estas condiciones impuestas también se le pidió realizar reformas internas para que el país esté en mejores condiciones para afrontar la crisis, entre ellas: un recorte de salarios del sector público y anulación de la 13ª y 14ª pagas a sueldos mayores a los 3.000 EUR y una disminución del pago a las horas extras, también se dio un aumento de cotización de los 37 a los 40 años para una jubilación completa y se aumentó la edad mínima para la jubilación a los 60 años (Torrent, 2011).

En términos fiscales se dio un aumento en los impuestos aumentando tanto el IVA como el impuesto al alcohol, tabaco y combustible y se les imponen impuestos a las empresas grandes con beneficios y finalmente impuestos a los bienes de lujo y nuevos impuestos a los juegos de azar. El Estado también comenzó a reducir su presencia por medio de la venta de empresas estatales o publicas aumentando así sus ingresos fiscales (Cavero, 2013).

Con la caída del precio del petróleo, la pérdida de competitividad de Colombia, la caída del crecimiento del PIB, el excesivo endeudamiento del país, y la consecuente depreciación del peso colombiano respecto al dólar, el poder adquisitivo tanto del Estado como de sus habitantes se vio reducido en aproximadamente un 50%, pasando así de tener una tasa representativa del mercado (TRM) respecto al dólar con una estabilidad cercana a los 2.000 COP para noviembre del 2014, a ostentar hoy un dólar cotizándose alrededor de los 3.350 COP(Banrep, 2016), lo que para el colombiano promedio significa una disminución en su salario real, puesto que aunque el salario mínimo aumentó incluso por encima del IPC, la capacidad para adquirir bienes y servicios se vio ostensiblemente disminuida . Si bien estas cifras parecen alarmantes, son aún más preocupantes las medidas que ha tomado el Estado para atajar la crisis, tales como la enajenación de activos del Estado como lo eran sus acciones en ISAGEN, así como también la reducción de costos de funcionamiento estatales, anunciados por el presidente con la llamada “política de austeridad”, y por último se ha aumentado la base gravable, al disminuir a 1'800.000 COP colombianos el canon mínimo para verse obligado a declarar renta, que antes estaba en 2'100.000 COP(Portafolio, 2016).

Después de contrastar las políticas económicas tanto de Colombia como de Grecia, es imposible no observar una honda similitud, lo que necesariamente nos hace preguntar sobre la viabilidad económica de Colombia a largo plazo, puesto que las medidas económicas, entendidas como síntomas de un mal mayor, permiten entrever una crisis mucho más profunda de lo que hasta el momento hemos podido ver; en otras palabras, Colombia está preparando el camino para hacerse acreedor de medidas de salvaguardia por parte de organismos internacionales, lo que llevará a la economía nacional a un déficit del que seguramente será muy difícil escapar, y por ello nuestra disciplina debe estar atenta a mitigar el daño que puede traer consigo una crisis como para la cual el gobierno parece estar preparándose.

Referencias

Banrep. (04 de Febrero de 2016). Obtenido de Banrep: http://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria

Banrep. (08 de Febrero de 2016). Obtenido de Banrep: http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico&Path=/shared/Consulta%20Series%20Estadisticas%20desde%20Excel/1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano/1.1%20TRM%20-%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991/1.1.1%20Serie%20historica&Options=rdf

Cavero, G. (septiembre de 2013). oxfam. Obtenido de oxfam: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cs-true-cost-austerity-inequality-greece-120913-es.pdf

Portafolio. (07 de Enero de 2016).Obtenido de Portafolio:
http://www.portafolio.co/especiales/reforma-tributaria-2016/impuestos-colombia-2016

Torrent, L. (20 de 06 de 2011). United Explanations. Obtenido de unitedexplanations: http://www.unitedexplanations.org/2011/06/20/todas-las-medidas-de-austeridad-de-grecia-al-detalle/#