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Monday, November 18, 2019

¿Es el crecimiento verde un compromiso en Colombia?

Por: Juan Esteban Rivera Salazar (jriver30@eafit.edu.co)
Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

EL Crecimiento Verde es definido por la OCDE en su publicación Towards Green Growth de 2011 como el fomento del crecimiento económico y el desarrollo al mismo tiempo que se asegura que los activos naturales continúan proveyendo los recursos y los servicios ambientales. Ese mismo año, los países miembros de la OCDE adoptan la Estrategia Verde que “establece un marco de instrumentos para instar a que los países miembros establezcan políticas nacionales en la materia, considerando sus circunstancias nacionales” (Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, 2018). No obstante, dos años antes, en 2009, los 34 países, miembros de la OCDE para la fecha, firmaron la Declaración de Crecimiento Verde, asegurando que para evitar que los avances en niveles de vida no se detengan, como grupo de buenas prácticas, se debían encontrar nuevas maneras de producir y consumir, así como nuevos métodos para la medición de progreso. Esta declaración pretendía, a su vez, integrar a la sociedad civil en el proceso, haciéndola consciente de su rol en el consumo e incorporación en el sistema. Colombia no se queda atrás pues para el año 2014, se adhiere a la Declaración.

Parece entonces que mantener un crecimiento económico responsable con la biodiversidad y los servicios eco-sistémicos es un compromiso explícito para la OCDE, un compromiso que el país también aparenta haber adoptado no solo para ser miembro de la organización, sino para garantizar la adopción de prácticas sostenibles en la producción que permitan hacer eficiente uso de los recursos que poseemos. Y es lógico que el Estado encamine sus esfuerzos a promover un buen manejo de los recursos naturales, pues cabe recordar que somos reconocidos como el segundo país más biodiverso del mundo, riqueza que debe ser utilizada a consciencia en un momento clave para combatir el cambio climático y los índices desesperanzadores de pérdida de biodiversidad (Colciencias, 2016). Es así que bajo su proceso de adhesión a la OCDE, Colombia adopta el Crecimiento Verde como enfoque transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible capaz de garantizar bienestar económico y social de largo plazo. A través de 3 objetivos principales se buscaría cumplir con dicho propósito: 1) alcanzar un crecimiento sostenible y de bajo carbono, 2) proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural, y 3) fomentar un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático . Estos permitirían, por tanto, alcanzar un modelo de desarrollo fundamentado en el crecimiento sostenible evitando la degradación de ecosistemas, el uso desmedido e ineficiente de los recursos y la pérdida de biodiversidad.

Para Colombia, la OCDE se ha convertido en punto de referencia a lo que se refiere a la planeación, diseño e implementación de políticas públicas. Es así, que siendo un líder en el tema, la organización le ha permitido al país avanzar hasta el punto de formular la Política de Crecimiento Verde que pretende “impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima” (Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, 2018). Esto demuestra un avance en el interés del Estado por conformar una ruta de acción para la protección de la riqueza natural del país, aun cuando existen contradicciones en la gestión de gobiernos de turno que parecen ir en contravía con el propósito de apartarse de la dependencia de industrias extractivas. Es así como en el documento CONPES 3934 se abarcan cinco ejes estratégicos para ser implementados hasta el 2030. Entre estos, se destaca la generación de nuevas oportunidades económicas basadas en la bioeconomía, la economía forestal y otras fuentes no convencionales de energías renovables.

En su reporte para las Américas, IPBES (2018) – Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en español - destaca que entre las causas directamente relacionadas a la pérdida de biodiversidad, pérdida de funciones ecosistémicas y el decrecimiento de las contribuciones de la naturaleza está la sobreexplotación de recursos. De hecho, el reporte establece que la mayoría de países de América está haciendo uso de la naturaleza de una manera más intensiva que el promedio mundial excediendo su capacidad natural para la renovación de sus contribuciones al ser humano. En datos, el 13% de la población humana mundial residente en América produce 22,8% del impacto ecológico mundial. Además, las condiciones ecosistémicas y la biodiversidad en muchas zonas del continente se encuentran en decaimiento, resultando así en una reducción de las contribuciones de la naturaleza a la calidad de vida de las personas. Es claro que ante un panorama algo desalentador, no se puede perder la esperanza. Se necesita de voluntad política proveniente del sector público, así como de las capacidades del sector privado en adoptar prácticas en sus cadenas de producción más responsables con el medioambiente. El Departamento Nacional de Planeación (2016) considera que el crecimiento verde puede ser la ruta crítica para el cumplimiento de los ODS. Es evidente así que Colombia debe comenzar a adoptar una agenda transformadora enfocada en un modelo económico centrado en la gestión racional, sostenible y eficiente de los recursos naturales, pues tanto el aprovechamiento como conservación del capital natural debe ser entendido como fuente de crecimiento a largo plazo, siendo motor de prosperidad prolongada y equitativa para futuras generaciones.

Bibliografía

Colciencias. (2016). Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo. Recuperado de https://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo

Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia. (2018). Documento CONPES 3934: Política de Crecimiento Verde. [PDF]. Recuperado de http://www.andi.com.co/Uploads/CONPES%20CV%203934.pdf

Departamento Nacional de Planeación de Colombia. (2016). Crecimiento verde para Colombia: Elementos conceptuales y experiencias internacionales. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/diagnostico/Documento%20Final%20Crecimiento%20verde%20para%20Colombia.pdf

IPBES. (2018). The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for the Americas. Rice, J., Seixas, C. S., Zaccagnini, M. E., Bedoya-Gaitán, M., and Valderrama N. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 656 pages.

OCDE. (2011). Hacia el crecimiento verde: Un resumen para los diseñadores de políticas. [PDF]. Recuperado de http://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf

Crecimiento económico sostenible: nuestro gran reto civilizatorio

Por: Manuela Gómez Valencia (mgomezv7@eafit.edu.co)
Observatorio en Comercio Inversión y Desarrollo

El fin de la Segunda Guerra Mundial, representó un hito fundamental en la creación de un nuevo sistema económico internacional (Brundtland, 1987: 11), en el que el crecimiento económico comenzó a asimilarse con la variación del Producto Interno Bruto (PIB), medición introducida para señalar la variación porcentual del valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país dentro de sus fronteras en un período de tiempo determinado (Callen, 2008).

El rápido crecimiento industrial que desató la economía de la posguerra ocurrió en gran medida en las industrias con mayor dependencia de los recursos de la naturaleza (Brundtland, 1987:19), por lo que la degradación medioambiental, considerada como un problema que atañía principalmente a las naciones ricas, se convirtió en una cuestión de supervivencia para las naciones en desarrollo (Brundtland, 1987:12).

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, sentó un primer presente en la visibilización de las preocupaciones por el medio ambiente dentro del escenario internacional, al atender la necesidad de un criterio y de unos principios comunes para ofrecer a los pueblos del mundo inspiración y guía en la preservación y mejora del medio humano (ONU, 1972:3). Esta conferencia “logró reunir a las naciones industrializadas y en desarrollo para que elaboraran los derechos que tiene la familia humana de contar con un medio ambiente sano y productivo” (Brundtland, 1987:12).

Los temas abordados en Estocolmo dieron lugar a posteriores foros internacionales sobre los derechos de las personas a disponer de alimentos adecuados, a tener un alojamiento seguro, a beber agua potable e incluso a acceder a los medios que les permitieran escoger el tamaño de sus familias (Brundtland, 1987:12). No obstante, en algunos círculos políticos el medio ambiente siguió entendiéndose como una esfera separada de las acciones, necesidades y ambiciones humanas (Brundtland, 1987:12), así como el desarrollo continuó señalándose como “lo que las naciones pobres deberían hacer para convertirse en más ricas" (Brundtland, 1987:12).

Una visión profunda sobre la interdependencia entre el crecimiento económico, el medio ambiente y el desarrollo, se esbozó por primera vez en el informe presentado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987: “el medio ambiente es donde vivimos todos, y el desarrollo es lo que todos hacemos al tratar de mejorar nuestra suerte en el entorno en que vivimos. Ambas cosas son inseparables. Además, las cuestiones de desarrollo han de ser consideradas como decisivas por los dirigentes políticos que perciben que sus países han alcanzado un nivel hacia el cual otras naciones han de tender” (Brundtland, 1987:12)”.

Este informe denominado “Nuestro futuro común” y presidido por la primer ministra noruega Gro Harlem Brundtland, transmitió un mensaje de urgencia para llamar a los gobiernos, al sector privado y a la sociedad civil a tomar acción frente a los altos costos ambientales asociados a lo que ella denominó “el sistema económico internacional de las posguerra” (Brundtland, 1987:11), poniendo en el centro de la discusión la necesidad de administrar los recursos del medio ambiente de modo que se asegure un progreso sostenible (Brundtland, 1987:16).

Esta comprensión integral del desarrollo se concretó con la introducción del concepto de “desarrollo sostenible”, definido como aquel que “asegura que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Brundtland, 1987:23), considerando así tanto las limitaciones del desarrollo dadas por las formas de organización social, el estado de la tecnología y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas, como la posibilidad de que la tecnología y la organización social sean mejoradas para abrir camino a una nueva era de crecimiento económico (Brundtland, 1987:23).

El llamado de Brundtland a generar un pacto mundial para propender por un desarrollo duradero, se tradujo en las décadas posteriores en un amplio conjunto de acuerdos y tratados multilaterales que culminaron en 2015 con la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas conexas por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El carácter innovador de dichos objetivos proyectados al año 2030, residió en gran medida en que surgieron bajo un esquema de integralidad como resultado de la interlocución horizontal entre los gobiernos, el sector privado, la academia y la sociedad civil a nivel global, reconociendo las necesidades interdependientes en temas sociales, económicos y ambientales y haciendo un llamado a la acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad (PNUD, 2018: 8).

Desde su aprobación, los ODS han servido como una potente herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local, gracias a que su cumplimiento plantea la necesidad de definir políticas públicas intersectoriales, multinivel y con una visión de largo plazo, pensadas de forma diferencial, basadas en datos desagregados y adecuadas a los contextos de países plurales y diversos (PNUD 2018: 9).

En concordancia con lo anterior, existe un consenso general sobre la necesidad de tratar la Agenda 2030 como un “todo indivisible” (ICSU, 2017: 20), asumiendo que las interacciones entre objetivos y metas son en su mayor parte de apoyo mutuo (para avanzar en un área, también se debe avanzar en otras) (ICSU, 2017: 20). Sin embargo, en los últimos años, tanto la comunidad académica como los formuladores de políticas han destacado que puede haber conflictos y compensaciones entre objetivos (ICSU, 2017: 20).

En el caso del ODS 8 (Crecimiento económico y trabajo decente) y del ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), el conflicto más evidente se encuentra en la pretensión de continuar creciendo sin considerar los límites del “medio ambiente” entendido en su sentido más amplio. En palabras de Paula Caballero (2019), la dificultad reside en que sigue predominando la fe de que el crecimiento económico puede desconectarse de la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos, por lo que no se hace hincapié en la regulación sino en la innovación y en las transferencias tecnológicas…innovaciones técnicas que supuestamente permitirán el crecimiento indefinido del consumo y por ende, de la producción.

A pesar de esta correlación explícita entre el deterioro de la biodiversidad y la actividad económica, las condiciones de vida del 10% de los seres humanos que aún viven bajo el umbral de la extrema pobreza (Banco Mundial, 2018), hacen urgente la potencialización de soluciones integradas que promuevan tanto el crecimiento económico inclusivo como la conservación de la vida terrestre.

En el caso colombiano, este desafío cobra vital importancia dada la evidencia de una disminución promedio del 18% de la biodiversidad del país (IAvH, 2017), así como la prevalencia de una alta tasa de informalidad laboral que se estimó en 48% para el año 2018 (DNP, 2018): ¿Cómo impulsar entonces interacciones positivas entre el ODS 8 (Crecimiento económico y trabajo decente) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) en Colombia?

Nos unimos a la voz de esperanza que la ministra noruega Gro Harlem Brundtland transmitió al mundo en 1987 cuando afirmó: “Dado que las respuestas a estas preocupaciones graves y fundamentales no están a nuestro alcance, no nos queda otra alternativa sino seguir tratando de encontrarlas” (Brundtland, 1987:10), así como a la convicción de Paula Caballero, quien a principios de 2019 declaró: “Los ODS tienen la promesa de una revolución. El grado en que se materialice depende de todos nosotros” (Caballero, 2019:3).



Bibliografía


Banco Mundial (2018). Según el Banco Mundial, la pobreza extrema a nivel mundial continúa disminuyendo, aunque a un ritmo más lento [Comunicado de prensa]. Recuperado de https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank

Brundtland, G.H & World Comission on Environment and Development. (1987). Our Common Future: Report of the World Comission on Environment and Development. Recuperado de http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf

Caballero, Paula. (2019). The SDGs: Changing How Development is Understood. Recuperado de: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1758-5899.12629

Callen, Tim. (2008). ¿Qué es el producto interno bruto? Recuperado de https://bit.ly/2CVQnMC

Coyle, Diane. (2014). GDP: A Brief but Affectionate History. Recuperado de https://bit.ly/2CSJiMP

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2018). Crecimiento económico y trabajo decente. Recuperado de https://www.ods.gov.co/es/objetivos/trabajo-decente-y-crecimiento-economico

Instituto Alexander von Humboldt [IAvH]. (2017). Biodiversidad colombiana: números para tener en cuenta. Recuperado de http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-biodiversidad-colombiana-numero-tener-en-cuenta

International Council for Science [ICSU]. (2017). A Guide to SDG Interactions: from Science to Implementation [D.J. Griggs, M. Nilsson, A. Stevance, D. McCollum (eds)]. Recuperado de https://council.science/cms/2017/05/SDGs-Guide-to-Interactions.pdf

ONU. (1972). Informe de la conferencia de las naciones unidas sobre el medio humano. Recuperado de https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf

PNUD. (2018). ODS en Colombia: Los retos para 2030. Recuperado de https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODS/undp_co_PUBL_julio_ODS_en_Colombia_los_retos_para_2030_ONU.pdf


Monday, September 30, 2019

Sinergias entre los ODS 8 y 15: La conservación de los bosques como fuente de generación de ingresos

Artículo de análisis por: Manuela Gómez Valencia (mgomezv7@eafit.edu.co)
Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Universidad EAFIT, Colombia

El carácter innovador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas está dado en parte por el enfoque interconectado que plantea la necesidad de abordarlos mediante políticas integradoras (Informe Luz Colombia, 2018: 7), tomando en consideración que el impacto de sus sinergias o conflictos potenciales depende de cada contexto específico, así como de las estrategias elegidas para su implementación (ICSU, 2017: 7). En Colombia, la alta dependencia de la explotación de los recursos naturales para el crecimiento económico ha conducido al agotamiento paulatino de los mismos (DNP, 2018: 59), lo cual señala la urgencia de la identificación y potencialización de sinergias en la interacción de los ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 15 (vida de ecosistemas terrestres).
De acuerdo al segundo Reporte Nacional Voluntario presentado por Colombia ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas en 2018, el país ha presentado importantes avances en materia de fortalecimiento institucional para la preservación de sus ecosistemas terrestres, gracias a la implementación de medidas como la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que optimiza la articulación de los proyectos de desarrollo económico y la sostenibilidad de los ecosistemas, la reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que en junio de 2018 llegó a cerca 30,3 millones de hectáreas, la delimitación de 30 páramos y 13 humedales de importancia Ramsar y la implementación de un Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono que genera alertas tempranas trimestralmente, así como un reporte anual de la deforestación neta y la cobertura boscosa del país, operada por el IDEAM (DNP, 2018: 60).
No obstante, en este mismo reporte se concluyó que la tasa de deforestación del país siguió en aumento, alcanzando en 2017 una cifra de pérdida anual de bosque natural de 219.973 hectáreas, 23% superior a la registrada en 2016 (DNP, 2018: 60), lo cual se atribuyó a “la usurpación de baldíos de la nación, cambio en las reglas locales de uso del suelo (presencia/ ausencia de actores armados), talas y quemas “controladas” en amplios territorios, incluso en Parques Nacionales Naturales, intereses especulativos sobre las tierras, entre otros aspectos” (DNP, 2018: 60).
Frente a lo anterior, el Informe Luz 2018, que se formuló con el propósito de complementar y detallar el seguimiento del avance de Colombia frente al cumplimiento de los ODS desde un ejercicio de veeduría ciudadana autónomo e independiente (Informe Luz Colombia, 2018:12), señala que “la escala a la cual se desarrollan actividades antrópicas (especialmente ilegales) en zonas biodiversas del país, supera con creces el efecto de conservación que ofrece la política de áreas protegidas” (Informe Luz Colombia, 2018:111), con lo cual se advierte la incongruencia entre “la tendencia expansionista de las áreas protegidas y las capacidades estatales para su gestión” (Informe Luz Colombia, 2018:111), destacando la insuficiencia de personal para la protección y ordenación sostenible de los bosques como uno de los principales retos en los territorios, especialmente de aquellos que concentran focos de deforestación (Informe Luz Colombia, 2018:114).
En este sentido, se concluye la urgencia de soluciones que no dependan únicamente de las capacidades estatales, lo cual reivindica la relevancia del rol del sector privado y de la sociedad civil en el impulso de iniciativas que permitan el avance del país hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es precisamente uno de los llamados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe “ODS en Colombia: Los retos para el 2030”: “Es necesario que la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres dejen de depender exclusivamente de la declaración de áreas protegidas, para permitir la gestión de áreas estratégicas por la prestación de servicios ambientales de forma comunitaria y con el soporte institucional que se requiera” (PNUD, 2018: 62).
En este orden de ideas, los programas de conservación de ecosistemas terrestres por parte de la sociedad civil se configuran como una importante alternativa para el logro del ODS 15 en Colombia, y constituyen además, un importante foco de sinergias con el ODS 8, puesto que existen múltiples posibilidades para la estructuración de dichas iniciativas entorno al impulso de actividades productivas basadas en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, lo cual representa potenciales fuentes de ingresos para las comunidades involucradas.
Ejemplo de lo anterior es Conexión Jaguar, el programa de sostenibilidad corporativo de Grupo ISA que junto a sus aliados técnicos, South Pole y Panthera, busca contribuir a la conservación de la biodiversidad, a la mitigación del cambio climático y a la conectividad de los hábitats naturales del Jaguar en Latinoamerica (ISA, 2018:2). La iniciativa pone la preservación de los ecosistemas terrestres en manos de las comunidades campesinas que habitan los territorios en los que ISA tiene presencia, brindándoles apoyo técnico y económico “para que las mejores iniciativas rurales comercialicen bonos de carbono certificados con los estándares más exigentes del mundo para financiar la conservación” (ISA, 2018:2), empoderándolas así a través de oportunidades de capacitación y formación, generación de empleo, fortalecimiento de sus organizaciones y apropiación de su territorio.
Otro caso de éxito en el contexto nacional es BIOREDD+, un programa desarrollado en el corredor del Chocó biogeográfico con la participación de 19 consejos comunitarios afrocolombianos y 1 cabildo indígena con títulos de propiedad de las tierras (DNP, 2018: 128). Esta iniciativa, que se estructuró a través de alianzas entre la sociedad civil, la cooperación internacional (USAID), organizaciones no gubernamentales (Fondo Acción y Anthrotec) y el Gobierno nacional, cuenta con dos grandes componentes: “el primero consiste en el desarrollo de actividades productivas complementarias para la reducción de la deforestación, entre las que se incluyen el manejo forestal sostenible y el fortalecimiento de cadenas de valor del cacao, el coco, el chontaduro, el açaí, el plátano y el achiote; así como la pesca, el ecoturismo local, entre otros[…]. El segundo componente consiste en la conservación y la reforestación de los bosques que evitan la emisión de CO2, lo que se convierte en bonos de carbono que pueden ser vendidos a empresas privadas, generando empleos e ingresos sostenibles para las comunidades” (DNP, 2018: 128). Además de los beneficios ambientales y económicos, los proyectos de BIOREDD+ han contribuido a la reafirmación de la identidad cultural, la cohesión comunitaria, la vuelta a las prácticas ancestrales y la reconexión de las nuevas generaciones con los territorios (DNP, 2018: 128).
De esta manera, Conexión Jaguar y BIOREDD+ constituyen importantes evidencias de los diferentes impactos positivos que la potencialización de las sinergias entre los ODS 8 y 15 puede traer consigo, para estos casos en específico, por medio de la implementación de estrategias que permiten convertir la conservación de los bosques en fuentes de ingresos para las comunidades que los habitan; acciones que contribuyen finalmente a nuestro avance como país hacia un paradigma de desarrollo “sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo” (CEPAL, 2016:7).

Referencias:

Tuesday, April 2, 2019

Ayudas gubernamentales para el auto-empleo y la microempresa como la forma para emerger de la pobreza: ejemplos internacionales, cómo Medellín lo está haciendo bien y cómo podría mejorar

Artículo de opinion por: Maria Camila Vargas de la Hoz (email: mvarga24@eafit.edu.co)

El auto-empleo y la microempresa constituyen en Medellín alrededor del 33% del empleo de la ciudad. En el país, las cifras oscilan entre el 30-50% de la población empleada. Este tipo de iniciativas contribuyen a la dinamización de la economía, disminuyen la tasa de desempleo (aunque los empleos generados sean en su mayoría informales), y son motores de oportunidades para las generaciones dependientes de estos autoempleados, que se benefician de los ingresos generados por sus negocios ampliando sus posibilidades de éxito y de ascenso en la escalera social.
Los efectos positivos sobre las tasas de desempleo y la economía sumados a las presiones internacionales han motivado a los gobiernos a tomar iniciativas apoyando el auto-empleo y el emprendimiento, con miras hacia la formalización y la generación de valor.

Las iniciativas más populares para fortalecer el auto-empleo y el emprendimiento son:
  • Inversión de capital en fases de incubación y fortalecimiento
  • Programas gubernamentales de asesoría y consultoría a pequeños empresarios
  • Educación técnica y vocacional gratuita

Ejemplos internacionales:
Sudáfrica, la tercera economía del continente africano, a través de su sistema NFET (siglas en inglés para Educación y Capacitación No Formales), ha logrado fortalecer su fuerza productiva capacitada, promoviendo la formación de pequeñas empresas y auto-empleados.

Los programas de educación del sistema NFET integran habilidades técnicas con una base fuerte en administración; duran entre seis meses y un año, y se continúa el acompañamiento a los egresados con asesorías y talleres trimestrales para actualizar sus conocimientos y apoyar en la incubación de sus emprendimientos. Las instituciones que ofrecen programas NFET buscan también promover la colaboración entre los estudiantes: que si hay 100 personas estudiando para ser peluqueros, no se creen 100 peluquerías pequeñas y débiles, sino que se generen alianzas para la creación de empresas fuertes, sostenibles y diferenciadas.

Los cursos que se brindan con mayor frecuencia son tecnología para agricultura, cuidados para el adulto mayor, administración de empresas, computación y tecnologías de la información, diseño de modas y sastrería, peluquería y avicultura.

Celestine Mayombe, académica de la Universidad de Pretoria, afirma en su estudio del 2017 que los efectos positivos del acceso ampliado a la educación se ahogan en la incapacidad de los egresados para hacer la inversión inicial para sus emprendimientos, incluso cuando pueden invertir en un mínimo producto viable, esta inversión no es suficiente para garantizar el éxito, sostenibilidad y diferenciación del proyecto. Acceso a productos financieros adecuados, y estrategias de apoyo económico públicas y privadas son recomendables para no dañar el impulso que la educación otorga a las personas.

En Suecia, los Subsidios para el Desarrollo Empresarial Regional, entregados en el marco del Programa Sueco de Desarrollo Empresarial Regional, constituyen una ayuda gubernamental en la forma de bonos que permiten al tenedor elegir al proveedor de servicios de consultoría empresarialque requiera.

Los servicios de asesoría profesional por parte de una empresa privadatienden a ser de calidad superior y más personalizados que los servicios de asesoría personalizada brindados por entes gubernamentales, esto se debe a que las empresas privadas consiguen atraer con sus salarios a profesionales de mayor categoría, y a que siendo la consultoría la razón de ser de su negocio tienen la experiencia, herramientas, tiempo y disposición para brindar a sus clientes una atención integral y efectiva. Además, la consultoría provista por el estado no compite con ninguna otra empresa, por lo que no se ve motivada a brindar un servicio especializado, mientras que las consultorías privadas compiten por medio del éxito de sus clientes.

La doctora en economía Barbro Widersted de la Universidad de Umea, concluyó en su estudio del 2015 que las empresas que obtuvieron los bonos para consultoría y los usaron, tuvieron en promedio un crecimiento mayor que el de las empresas que no recibieron estas ayudas. Este crecimiento se debió a un mejor uso de sus factores de producción y a los efectos positivos de la consultoría en su eficiencia técnica.

Lecciones para Colombia


El 25 de septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la educación adulta y la capacitación como un factor determinante en el logro de la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible; recordemos el objetivo 4: “Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vidapara todos”.

Mayombe, la académica de Sud-África afirma que la educación no formal y los programas de capacitación y entrenamiento para adultos desempleadospueden ser efectivos en la creación de auto-empleos y el fortalecimiento de los mismos al convertirlos en micro-empresas que continúen su crecimiento.

Así, brindar oportunidades gratuitas a los adultos para educarse con calidad es especialmente importante en países donde la pobreza obliga a los niños y jóvenes a desertar de la educación primaria y secundaria.

El SENA y demás instituciones que ofrecen programas de educación incluyentes, así como los programas de la Alcaldía de Medellín como Formación para el Trabajo, pueden aprender del enfoque que la iniciativa Sudafricana hace hacia la cooperación, así como su formación en administración que es transversal a todos los programas educativos.

La integración de estas instituciones con otras que brinden apoyo en la financiación y el fortalecimiento de los emprendimientos (especialmente aquellos de alto impacto, innovadores, diferenciados, generadores de empleo y de valor agregado) es clave para disminución de la pobreza y para lograr un efecto integral en la comunidad.

Sin dejar de resaltar la labor de los entes gubernamentales y mixtos en Medellín, cabe invitar a estos programas a considerar el ejemplo sueco por lo menos de forma tangencial. Las asesorías brindadas por el estado y por organizaciones público-privadas, tienden a cometer errores de estandarización e implementan rígidos programas que obligan a potenciales empresas disruptivas a pasar por el mismo proceso de emprendimientos poco innovadores.

Lew Perren, profesor en la Escuela de Negocios Brighton (Inglaterra), identifica cuatro factores clave para el crecimiento de las micro-empresas:
  1. Motivación del dueño para crecer
  2. Experiencia en la gerencia del crecimiento, clave para ejecutar las estrategias necesarias para el crecimiento
  3. Acceso a factores productivos (capital, tecnología, talento humano)
  4. Demanda por los productos o servicios ofrecidos por el microempresario
Perren concluye en su artículo de 1999, que las micro-empresas necesitan iniciativas personalizadasque satisfagan sus necesidades reales, en lugar de iniciativas estandarizadas y burocráticas que resulten en pérdida de tiempo y de oportunidades.

Perren hace énfasis, en que las ayudas no deben ser demasiado prescriptivas, con el empresario siendo instruido en cómo el negocio debería ser llevado, ya que esto conlleva al riesgo de alienación del micro-empresario y a que el abordaje demasiado formal y estandarizado resulte en una falta de adaptación al contexto específico de la micro-empresa. Aún más importante, señala Perren, estas las ayudas paternalistas y prescriptivas no empoderan al dueño, sino que simplemente abordan los problemas puntuales, negando al micro-empresario oportunidades de aprendizaje y dejándolo dependiente de la ayuda de un externo.

Se hace evidente entonces la necesidad por entender mejor el contexto y las dinámicas del micro-empresario y auto-empleado colombiano, región a región, ciudad a ciudad, y empresario a empresario, para generar estrategias integrales y coherentes que ayuden a potenciar el crecimiento económico del país y el bienestar de sus ciudadanos.

 ¿Qué está haciendo Medellín? iniciativas de la última administración


La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), ha desarrollado en los últimos años programas dirigidos a fortalecer las pequeñas empresas y a formar a los ciudadanos en habilidades relevantes para el mercado laboral. Algunos de estos programas son:
  • Los Centros de Desarrollo Económico Zonal, que acompañan con asesorías personalizadas, cursos, charlas y talleres a los emprendedores y empresarios en fases de incubación y pre-incubación. 
  • En alianza con la Cámara de Comercio, el programa “Medellín Ciudad Clúster”, que busca la colaboración entre diferentes empresas para la mejoría en la productividad y competitividad de sectores estratégicos de la ciudad (moda, salud, turismo de negocios, construcción, energías sostenibles y desarrollo digital)
  • El concurso Capital Semilla, que otorga financiación en fases tempranas del emprendimiento.
  • La Tienda Medellín: establecimiento móvil donde se comercian productos de emprendedores de la ciudad, ubicada en grandes eventos de la ciudad, eventos empresariales, internacionales y edificios de administración pública. 
  • Formación para el trabajo: programa que otorga becas para estudiar técnicas y tecnologías y que promueve el bilingüismo por medio de cursos gratuitos. 

Referencias

  • Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2018 [Database] 
  • Mayombe, C.  (2017) "Success stories on non-formal adult education and training for self-employment in micro-enterprises in South Africa", Education + Training, Vol. 59 Issue: 7/8, pp.871-887, https://doi-org.ezproxy.eafit.edu.co/10.1108/ET-08-2016-0130
  • Perren, L. (1999) "Factors in the growth of micro‐enterprises (Part 1): developing a framework", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 6 Issue: 4, pp.366-385, https://doi.org/10.1108/EUM0000000006691
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