La humanidad enfrenta actualmente uno de sus mayores desafíos: garantizar su supervivencia ante el problema del calentamiento global producido por el efecto invernadero. Este fenómeno, ocasionado por la emisión de gases, genera mayor retención de calor en la atmósfera, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzcan cambios en la temperatura del planeta.
El cambio climático es el resultado del descuido de la sociedad, el sector privado y actores estatales frente a la preservación y cuidado del medio ambiente. En un plano más enfocado en el rol de entes públicos, la sociedad delega al Estado el poder suficiente para garantizar el ejercicio de sus derechos de manera plena, entre ellos a un medio ambiente sano. Es trabajo del Estado buscar los medios para que se cumpla, no solamente a nivel nacional sino también internacional. Es desde ahí que todos los Estados asumen compromisos sobre la prevención y control sobre el cambio climático a través de la implementación de convenios como la Convención de Rio, a la que le sigue el Protocolo de Kioto que próximamente dejara de estar en vigor debido a la entrada del Acuerdo de Paris, ratificado en 2017 y que entra en vigencia en el 2020.
Existen compromisos internacionales en los cuales los Estados deben a nivel internacional generar normas o reglamentos que tengan congruencia con la protección al medio ambiente; sin embargo, la nueva preocupación gira en torno a que para muchos Estados es más importante el desarrollo económico que la protección ambiental, ello se resalta en la poca efectividad de las políticas ambientales. A pesar de que el mundo en general se está preocupando por la protección del medio ambiente, por encima de ello, los intereses políticos y económicos tienen aún cierta relevancia.
Los Estados tienen el deber de velar por el cumplimiento oportuno de las normas creadas para la protección del medio ambiente, además del control y prevención del cambio climático, de tal manera que los Estados deben cumplir con todos los requisitos, permisos, y protocolos establecidos como análisis de impacto ambiental, o mejoramiento de infraestructura. Producto de la tendencia global de desarrollo, los Estados otorgan mayor importancia y esfuerzo por generar medidas de desarrollo económico sin observar el impacto o daños ambientales. Todos aquellos compromisos plasmados en tratados internacionales, en los cuales los Estados hacen parte, carecen de efectividad, pues muchos de ellos no toman en consideración las condiciones económicas, sociales y culturales de cada Estado, tornándose entonces inefectiva la firma de dichos tratados. Por otra parte, la política ambiental que implementa el Estado, se encuentra mal encaminada, pues generalmente propende por la restauración o reparación, en vez de preocuparse por prever o evitar el daño. Lo anterior, se lograría con una política ambiental dirigida tanto a los particulares como a las autoridades en aras de educar con principios ambientales, es decir, generar en la sociedad y el Estado una concientización, que como resultado consolide un trabajo en equipo para la protección del medio ambiente.
Ahora, además de la concientización, se requiere de normas tanto nacionales como internacionales que sean vinculantes, de tal manera que un medio ambiente sano no solo sea un derecho de todos, sino también una obligación por parte de cada persona en procurar realizar acciones que no violenten el medio ambiente ni vulneren el derecho de los demás a tener un medio ambiente sano. Aunado a lo anterior, la validez de una norma no implica ser la eficacia de la misma, es entonces cuando el Estado debe preocuparse en primera medida por promover el cumplimiento de las leyes ambientales, estableciendo su obligatoriedad y sus sanciones en caso de ser incumplida. Finalmente, el Estado debe de preocuparse por ganar confianza por parte de la ciudadanía, en el sentido de que las autoridades son las que llevaran a cabo la ejecución de las normas, y por ende, son ellas quienes deben de actuar con transparencia y diligencia.
