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Monday, August 1, 2016

Decisiones y acciones: El proceso de construcción del futuro

Por: David Ricardo Murcia Sánchez
Docente de Cátedra
Investigador del Centro de Análisis Político
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Universidad EAFIT

En una inspiradora columna de opinión la profesora Maria-Alejandra Gonzalez-Perez llama la atención sobre la necesidad de pasar de las decisiones a las acciones (31 de Julio de 2016). Con ello evocando la dificultad que enfrenta el mundo contemporáneo de grandes pactos por el desarrollo, para enfrentar la subida del terrorismo expresado no sólo en las oleadas de violencia homicida en el mundo; también y, como correlato necesario, en las medidas de contingencia que muchos gobiernos están tomando para poder ofrecer seguridad a su ciudadanía, produciendo un giro a la derecha que atenta con las garantías ciudadanas que, al menos en Europa, se habían consolidado con el nuevo mileno. Con ello se levanta desde las tierras bajas del norte europeo (Holanda, Bélgica y Dinamarca) un populismo proteccionista y nacionalista que deja una sombra en el resto del Antiguo Continente, una sombra que sirve de aliciente, entre otros, al lepenismo francés (Meier, 08 de diciembre de 2015).

El problema surge en el contraste de las nuevas agendas de desarrollo que evoca la profesora Gonzalez-Perez, como los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), con su trabajo por construcción de un concepto universal de humanidad y de desarrollo conjunto y las tensiones políticas de la convivencia entre extraños. Ante un escenario así descrito, nos tomamos con una explicación clásica de la filosofía y ciencia políticas en la cual se plantea que debido a las diferencias insuperables que representas las unidades civilizacionales del mundo contemporáneo (Huntington, 1996), se producen choques que se comportan según la lógica de la deshumanización del enemigo político, produciendo un enemigo absoluto: aquel a quien no puedo resistir y tengo que acabar (Schwab, 1987). Dinámica cada vez más necesaria y agónica, en la media en que Europa se ha convertido en un crisol en el que chocan de manera constante Occidente y el Mundo Musulmán.

No obstante, esta explicación palidece en simplificaciones, no sólo sociológicas y politológicas, sino filosóficas y teóricas. Los vicios del primer orden se evidencian en cuanto este tipo de posturas unifican las voluntades políticas y culturales de amplios territorios en macro-conflictos que pueden perder de vista sucesos micro-sociales que expliquen la irrupción de la violencia: no se puede reproducir la tesis mediática de que los lobos solitarios, que se declaran radicales islámicos 15 u 8 días antes de sus actos, son expresiones claras de la confrontación cultural. El caso es claro con los perpetradores de los actos en La Florida y Niza, para quienes no hay manera clara de probar una vinculación prolongada con el denominado estado islámico. En el caso de la discoteca en Orlando, se presume que las causales del desafortunado incidente fueron más relacionadas con procesos psicológicos que con una guerra santa (ElPais.com.uy, 6 de julio de 2016).

Por otra parte, debemos considerar las flaquezas teóricas y filosóficas de suponer que ante el encuentro con el Otro sólo tengo como salida la confrontación beligerante y en caso extremo la exterminación. En principio, el teórico de lo político, Carl Schmitt, deja en claro que para la relación política con el Otro no es necesaria la existencia fenoménica de la guerra, sólo su posibilidad lógica (2009). En otras palabras, para la existencia de lo político la relación con lo ajeno del otro implica la posibilidad de enfrentarse con él en la guerra, pero sólo como momento último y agónico de la yuxtaposición de las dos afirmaciones exigencias colectivas; como lo deja en claro Jerónimo Molina (2016), en su revisión de la obra de Julien Freund.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, más allá de las teorías políticas del enemigo, la filosófica política contemporánea ha buscado un cambio discursivo entre la otredad y la alteridad. En el primer caso el otro es aquel que me afirma en cuanto no soy, ni puedo ser él: una afirmación de la unidad política mediante la diferencia. En el segundo caso, la alteridad implica el proceso de construcción de una nueva unidad dinamizada por la unión de los contrarios en una nueva existencia: afirmación por complementariedad (Reinhard, 2010).

En este tránsito discursivo para poder pensar un relacionamiento político entre contrarios, puede llegar a caerse, como indica Kenneth Reinhard (2010), en una negación de la otredad, esto quiere decir del enemigo, como expresión de lo político. Así, filósofos como Badiou (2004) o Rosenzwieg (1985) pueden negarse a aceptar la posibilidad real y dolorosa de la enemistad absoluta. Pero con ello no proscriben la violencia del mundo. El atinente escrito de Reinhard (2010), muestra esta eterna doble posibilidad en su mayor crudeza, las relaciones políticas pueden construirse de forma diferenciada: otredad, o de forma complementaria: alteridad, según sea la capacidad del sujeto, en este caso sujeto político de vincularse con la realidad: trauma-represión o liberación-generación respectivamente. En punto último, es una decisión de los sujetos políticos tanto individuales como colectivos, que se perfora en dinámicas sociales de manera in-mediata, que no automática[1].

En este punto aparece de nuevo la necesidad que proyectaba la profesora Gonzalez-Perez de pasar de la decisión a la acción (31 de Julio de 2016). De pasar de planes para la construcción de una buena convivencia, a la generación de dinámicas que la realicen. Proceso en que el individuo, debe realizar una concientización de Otro como complemento a su existencia desde la diferencia y no una reproducción de discursos absolutos y oblicuos que satanicen la otredad.

Enfrentamos una disyuntiva que se renueva constantemente, como en su época lo dijo José Medina Echeverría (1976), que se suscita por cómo queremos vivir y se detona la respuesta a qué estamos dispuestos a hacer para construir un mejor escenario de futuro. 



Referencias


Badiou, A. (2004) Theoretical writings. New York: Continuum.
ElPais.com.uy. (6 de julio de 2016). Omar Mateen a su esposa: "Soy gay, me odio, por eso estoy haciendo esto". Disponible en: http://bit.ly/29otIsv.
Gónzalez-Pérez, M. A. (31 de Julio de 2016). Avances y reversas en los procesos de humanización: De las decisiones a las acciones. Dinero.co. Disponible en: http://bit.ly/2atUpfJ.
Huntington, S. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-684-81164-2
Medina Echeverría, J. (1976). Latin America in the possible scenarios of Détente. CEPAL REVIEW, second half of 1976, 9-92.
Meier, B. (31 de Julio de 2016). Europa: los efectos del giro a la derecha. Dw.com. Disponible en: http://bit.ly/2am5AIo.
Molina, J. (2016). Julien Freund o la imaginación del desastre. Nueva Revista de política, cultura y arte, (158), 221-232.
Reinhard, K. (2010). Hacia una teología política del prójimo. En K. Reinhard, E. L. Santner y S, Zizek. El prójimo. Tres indagaciones en teología política (21-103). Buenos Aires: Amorrortu.
Rosenzweig, F. (1985). The star of redemption (W. Hallo, Trad.). Indiana: University of Notre Dame Press.
Schmitt, C. (2009). El Concepto de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios. Madrid: alianza.
Schwab, G. (1987). Enemy or foe: A conflict of modern politics. Telos, (72), 194-201.




[1] La necesidad de diferenciar entre la automaticidad y la inmediatez se genera porque la primera noción implica una acción dispuesta a continuar, sin proceso ninguno que la detone más allá del original. Por otro lado, la inmediatez refiere a un fenómeno generado por la interacción entre dos partes que no refleja medio de transmisión tangible.

Sunday, April 17, 2016

Comunidades y ciudades sostenibles: Caso Colombiano

Artículo de opinión por: Andrea Herrera Guamán*
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Administradora de Negocios, Universidad EAFIT


De acuerdo a la OEA las ciudades de la región están pasando actualmente por un proceso de cambios extraordinarios y acelerados. Cada vez más Los Gobiernos unen recursos y conceden mayores facultades a las jurisdicciones subnacionales. De igual manera, muchos gobiernos regionales y locales facilitan iniciativas empresariales y comunitarias destinadas a ampliar y mejorar los servicios en cuanto a cobertura, calidad y eficiencia.

Esta descentralización ha hecho que autoridades locales de América Latina y el Caribe busquen la creación de ciudades equilibradas, sostenibles, en un espacio en el que los intereses de los individuos y los servicios colectivos sean compatibles como en el caso de Mendoza en Argentina o Manizales en Colombia en donde se ha venido forjando un enfoque multidisciplinario e integrado de administración municipal.

A lo anterior se unen las creencias del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon y Alicia Bárcena, Secretaria ejecutiva de la CEPAL, quienes resaltan la importancia de la cooperación entre la sociedad civil y el sector privado al igual que la búsqueda de la paz y la seguridad para el logro del desarrollo sostenible.

En este sentido Ciudades como Rio de Janeiro y Medellín han encaminado programas que faciliten el acceso de los municipios a los mercados de capital, programas en donde los grupos de bajos ingresos pueden también obtener crédito para financiar actividades productivas a través de la regularización de títulos de propiedad y el mejoramiento de la infraestructura y vivienda urbana. A su vez, encontramos ciudades que orientan sus incentivos en la participación de diferentes sectores sociales en la preparación del presupuesto de capital para la ciudad como es el caso de Tijuana , México y Cali, Colombia.

Uno de los principales problemas que enfrenta el logro de ciudades y comunidades sostenibles en el mundo es el uso inadecuado e ineficiente que se le da al uso de los recursos y su relación con el aumento de la población.

Según la ONU, la mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy día en las ciudades, las cuales ocupan apenas el 3% del planeta pero representan entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las aguas residuales, los medios de vida y la salud pública.

Para María del Pilar Medina, Directora de Gestión Institucional existen varias acciones para lograr ciudades sostenibles en Colombia sobre todo aquellas con miras en la construcción el cual es el sector con mayor potencial de mitigación de emisiones de GEI hacia 2030.

Las acciones incluyen producción de energía y calor a partir de energías renovables, parqueo centralizado, edificaciones integradas al manejo de energía , centro de la ciudad libre de vehículos (parqueaderos subterráneos), reciclaje y manejo eficiente de los residuos y el agua.

Al tema de sostenibilidad se le une también la resiliencia de las ciudades que determina la capacidad que tiene un sistema de absorber el impacto y reorganizarse mientras está adaptándose a dicho cambio.

En Colombia , la política pública para ciudades sostenibles y resilentes plantea diversos retos y avances en el tema. Entre la problemática se puede destacar la expansión y deterioro de las zonas centrales de las ciudades, alto déficit habitacional , asentamientos informales, déficit de espacio público, deficiencias en movilidad y abastecimiento de agua y la vulnerabilidad de los centros urbanos ante los desastres naturales. Ante lo anterior se hace necesario reducir la desigualdad en el ingreso y la disparidad regional, mejorara la cobertura y calidad de la educación, proteger la biodiversidad y evitar un crecimiento de carbono intensivo, reducir la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua, entre otros.

Entre las acciones que viene adelantando Colombia en este tema se pueden encontrar varias iniciativas como el proyecto de ley 119/12, el código Nacional de construcción sostenible, el Sello ambiental colombiano y la estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en carbono (ECDBC).

Resultado de estas iniciativas son la existencia de 21 edificios sostenibles con certificación LEED y 88 proyectos registrados, creación del Plan BIO – 2030 – Medellín- Valle del aburra que es un plan a 20 años que integra al Valle de Aburra en función de la sostenibilidad , la existencia de un Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) y la construcción de la Ciudadela Colsubsidio “Maiporé” en Soacha que busca desarrollar una estrategia de mantenimiento de flora y fauna en el sitio al tiempo que busca aprovechar el sistema hídrico y las lagunas para dirigir hacia ellas el agua pluvial del proyecto.

A lo anterior se le suma la reciente alianza entre la Cámara Colombiana de la Construcción y ONU-Hábitat en la que firmaron un memorándum de entendimiento para trabajar conjuntamente por el desarrollo urbano sostenible y el fomento de programas integrales de vivienda, a partir de una perspectiva de ciudades inclusivas, sostenibles y equitativas

Las recomendaciones de la OEA en este sentido consisten en establecer iniciativas financieras y hacer participar a las comunidades, las empresas y los gobiernos en la creación de consenso con respecto a metas y actividades compartidas. Debería revisarse la legislación para hacer posible la participación del sector privado en inversiones urbanas y también para promover un financiamiento conjunto de programas municipales por parte del Gobierno nacional, el sector privado y las comunidades locales. Deberían sancionarse leyes tributarias que tengan en cuenta la participación local en el ingreso fiscal. También deberían revisarse los marcos institucionales, de modo que sean compatibles con la creciente descentralización. Debería perseverarse en los esfuerzos destinados a insertar los temas referentes a las zonas urbanas en los objetivos de los organismos internacionales y los gobiernos nacionales.

Con respecto al sector transporte, las municipalidades deberían dar participación al sector privado en la construcción y el funcionamiento de los sistemas de transporte público. Los países deberían enfrentar con decisión los problemas de la vivienda de los sectores de bajos ingresos y la regularización de la propiedad de la tierra, con la participación directa y activa de instituciones financieras.


Referencias


Camacol.co. (2015). Alianza entre Camacol y la ONU impulsará ciudades más sostenibles.  Camacol. [online] Available at: http://camacol.co/noticias/alianza-entre-camacol-y-la-onu-impulsar%C3%A1-ciudades-m%C3%A1s-sostenibles [Accessed 17 Apr. 2016].

Desarrollo Sostenible. (n.d.). Ciudades - Desarrollo Sostenible. [online] Available at: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ [Accessed 17 Apr. 2016].

Medina, M. (2013). Smart City Bogotá – Estrategias de construcción ambiental del hábitat urbano. 1st ed. Bogota: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pp.4-19.

Oas.org. (n.d.). 3. Ciudades y comunidades sostenibles. [online] Available at: http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea61s/ch09.htm [Accessed 13 Apr. 2016].

Servicio de Noticias de las Naciones Unidas. (2016). Centro de Noticias de la ONU - El desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz van de la mano, asevera Ban. [online] Available at: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34547#.VxPmtPnhDIU [Accessed 13 Apr. 2016].

Wednesday, March 2, 2016

Reto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible Número 16 y 17: El problema de la materialización de los derechos

Por: Maria Isabel Aguilar Goez
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo


Al momento de plantearse estas metas, era esencial construir un objetivo orientado hacia el fortalecimiento de las instituciones estatales e internacionales con el fin promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, principalmente por medio de la facilitación del acceso a la justicia y la creación de instituciones eficaces y celeras.

Dicha construcción es casi impensable sin aceptar, en primer lugar, la complejidad de la comunidad internacional, donde la diferenciación de los grados de gobernanza es clara y básica para conocer quiénes y en qué aspectos deben mejorar y cómo los diferentes actores de dicha comunidad pueden contribuir a la finalidad esperada.

El concepto de gobernanza alude a la manera como se regula un determinado tema o materia, es decir, se refiere al ejercicio de la autoridad para manejar los asuntos de un país en todos los niveles (UNDP, 1997). Cuando se habla de gobernanza global es porque intervienen distintos actores bajo diferentes normas en la comunidad internacional. Una vez claro esto se abordará la importancia de este concepto en el orden mundial, las variables lo componen, por qué a veces el nivel de gobernanza es diferencial en algunos territorios y cómo afecta esto al acceso a la justicia y el buen funcionamiento de la administración como prepuestos necesarios para la materialización de los derechos. De la misma manera, se tendrá en cuenta el concepto de comunidad internacional y cómo ella participa en la construcción de nuevas normas, que son esenciales para la articulación de todos los objetivos y para la creación de alianzas mundiales para el desarrollo (United Nations, 2015).

Para retomar el concepto de gobernanza, hay que destacar que este trasciende a los elementos de Estado, gobierno, régimen y buen gobierno. John Healey y Mark Robinson (1994) la definen como algo que implica un alto de nivel de efectividad organizacional acompañada con formulación y cumplimiento de políticas públicas relacionadas con la economía y el bienestar. También implica transparencia, contabilidad, participación política y ciudadana, todo esto bajo el imperio de la ley. Siendo así, entonces ¿Que sería lo opuesto? La definición del Banco Mundial (1989) sobre Bad Governance nos puede ayudar, según la institución, esta se caracteriza por burocracias no transparentes, sistemas legales ineficaces, abuso de poder, una sociedad civil desinteresada y desentendida de lo público y obviamente, la corrupción.

A nivel interno


Es claro que en la realidad, varios países encajan dentro de la última definición, en unos porque, si bien tienen toda la institucionalidad propia de una Estado democrático, ésta es deficiente y en otros porque simplemente carecen de ella. No es necesario irnos demasiado lejos para analizar un ejemplo clave, como lo es nuestro país, que indiscutiblemente hace parte de la primera hipótesis pero con unas particularidades.

En todas las constituciones se establece ese ideal de justicia y de Estado Democrático o Social de Derecho, que supone la existencia de toda una institucionalidad con el fin de promover los valores de justicia, igualdad y libertad como los más importantes en las teorías del Estado Moderno. Pero, ¿qué pasa pues cuando es solo algo ideal?, ¿qué tipo de medidas implementa un país para tratar de plasmar en la realidad aquello que dice de una manera tan bella y retorica en un papel que tiene tanta importancia jurídica?

Cada vez que un derecho nuevo es promulgado como resultado de diversas luchas políticas y sociales, de cierta manera se aquieta o se calla la batalla, por el simple de hecho de ya se tiene el derecho. Según Julieta Lemaitre (2009), los ciudadanos tendemos a amar el derecho con la creencia de que tiene poderes mágicos, ella elabora el concepto del fetichismo legal, como la acción de amar o idolatrar algo que no vemos pero sabemos que existe, y la meta es que se convierta en realidad. “¿Qué relación hay entre el fetichismo legal y la constitución política?, en que ambas están, existen, creemos en ella, pero no vemos que se hagan realidad”. Siendo así, debemos preguntarnos qué es lo que conduce a que la eficacia de las normas sea tan reducida.

Si bien en unos países se aprecia que el nivel de gobernabilidad que tienen es más prolongado, es decir, se ve una constante presencia del estado así sea en los sitios más recónditos, hay otros donde la presencia del mismo es diferencial, atendiendo a factores geográficos, ambientales etc. Cuando esto sucede en algunas territorialidades (la mayoría de las veces periféricas) el posicionamiento del estado es poco o casi nulo y eso abre la puerta a que se creen otros tipos de ordenamientos jurídicos, así sean dentro del mismo estado. Hablando desde el concepto positivista del derecho, se sabe que este es un fenómeno social (Prieto Sanchis, 2014) y si el gobierno no institucionaliza o regula algunos territorios su presencia será diferencial y con seguridad dará lugar a que se formen conjuntos de normas paralelos y hasta opuestos al gobierno central. No pretendo desviarme del objeto de este escrito hacia las razones del conflicto armado interno colombiano, sin embargo es un factor que se debe analizar en razón de que el problema de la materialización de los derechos radica en la ausencia de estado o de su funcionamiento deficiente.

Una vez explicada la tesis de la presencia diferencial, se entiende que hay algunos sectores donde el Estado tiene una innegable presencia, pero aun así su funcionamiento práctico es cuestionable. Tal vez el valor más importante que nos permite poner a trabajar toda la institucionalidad es el derecho de acceso a la justicia, el cual se constituye un medio para hacer efectivas nuestras prerrogativas, y es fundamental para avanzar en la problemática planteada.

El acceso a la justicia en sí mismo es un derecho que propende por la materialidad de todos los otros. La Encuesta Nacional de Necesidades jurídicas (ENNJ) es un diagnóstico cuantitativo de las necesidades jurídicas y del acceso a la justicia en las principales ciudades de Colombia financiado por el Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Dicha encuesta da cuenta que los niveles de conflictividad en la población se presentan con más frecuencia en los sectores que sufren de pobreza, discapacidad y/o discriminación sexual (Uprimmy, La Rota, Lalinde & Santa, 2014), es decir, los sujetos vulnerables protegidos constitucionalmente los cuales son minoría y que tienen necesidades jurídicas básicas insatisfechas.

De esta metodología se logra sacar un aspecto muy importante que es la percepción acerca de la justicia. Los resultados fueron que, en términos generales, alrededor de la mitad de las personas creen que los son funcionarios son honestos mientras que la otra piensan que son corruptos o muy corruptos. Respecto al costo de la justicia la mayoría de los encuestados consideran que es cara o muy cara y que aparte es muy lenta.

Otro dato relevante da cuenta de que las personas que acudieron a las autoridades administrativas, tienen una peor percepción de los servicios estatales, sin embargo los que acuden a la rama judicial afirman que es muy costosa pero aún mejor que la administrativa. Por último, la pirámide de litigiosidad estudia cuantos de los conflictos que llegan a la jurisdicción efectivamente son resueltos, el producto de este estudio arroja una cifra muy baja y ciertamente preocupante, en tanto la brecha entre la demanda potencial total y las resoluciones cumplidas es bastante amplia.

Teniendo en cuenta esta información empírica, el problema a nivel interno radica en la implementación de políticas que promuevan la celeridad y la transparencia dentro de las instituciones. Una rama del poder tan esencial como lo es la rama ejecutiva, según los datos tiene muchísimos inconvenientes pragmáticos y es cuestionable que tal vez la rama con más capacidad para intervenir directamente con el ciudadano, sea la más deficiente.

De esta manera si se pretende el establecimiento de sociedades más justas debe procurarse (como bien lo mencionan los Objetivos del Desarrollo Sostenible) por fortalecer las instituciones nacionales pertinentes que le permitan al ciudadano sentirse más involucrado, mas cívico y comprometido, todo esto mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles. Aun así si este ciudadano vive en zonas periféricas dentro del país, en principio su ubicación no debería ser el aspecto determinante de sus derechos.

Es claro que la cuestión de la eficacia de los derechos ha sido una preocupación de muchas disciplinas a lo largo de la historia, lo adecuado sería pues articular todos estos conocimientos para erradicar la gran brecha que existe entre el papel y el diario vivir. Es un hecho notorio que estamos en un mundo globalizado donde la esfera local está indiscutiblemente interconectada con la internacional y que un trabajo conjunto necesariamente contribuirá a la creación de sociedades más igualitarias, con instituciones más sólidas para que puedan constituir alianzas firmes que permitan seguir en el camino del progreso.

A nivel internacional


De acuerdo con los postulados de las relaciones internacionales, la comunidad internacional está compuesta por diferentes actores que interactúan entre sí con la finalidad de mantener u conservar un orden internacional específico para crear un estado de cosas con pretensión de estabilidad. Al interior de dicha comunidad, cada uno de los actores se mueve en el marco de unos intereses para poder actuar, ya sean económicos, sociales, políticos o humanitarios. La problemática planteada anteriormente se traduce, en este nivel, en la ayuda que pide la sociedad civil a actores no estatales para hacer valer sus derechos sin poder erradicar el problema de eficacia de las normas jurídicas, precisamente por los diversos intereses que se sitúan dentro de la comunidad internacional.

Precedente al problema de la materialización de los derechos, está de la creación normativa en el ámbito internacional, por la carencia de una autoridad legislativa que se basa en el concepto formal de soberanía. Sin embargo desde un punto de vista pragmático si existe una superioridad del centro respecto a la periferia para la legislar en unos temas específicos, en tanto el nivel de experticia, el poder y los intereses económicos en juego determinan las condiciones. Esto quiere decir que hay ocasiones en que no se tienen en cuenta los intereses de las poblaciones vulnerables que viven en la periferia, lo cual demuestra que tenemos la misma problemática que se planteaba anteriormente a nivel interno en el caso colombiano, en vista de la asimetría del poder (Halliday, Carrunthers, 2015)

Una solución teórica a la cuestión de la creación normativa internacional, es la regulación por medio de los Ordenes Jurídicos Trasnacionales que permiten que los actores que no son necesariamente sujetos formales (Estados y OOII) participen en el proceso de legislación para suplir las complejidades que en cada materia se producen ( Shaffer & Halliday, 2015) Dentro de estos actores se encuentran los intermediarios que ayudan a determinar si la ley en el papel es más que una adaptación meramente simbólica a los estándares internacionales, ellos se sitúan entre lo global y lo local pero actuando desde lo local, para así dar cuenta de la efectividad de las normas adoptadas.

Es necesario aclarar que actualmente existen varios ordenes jurídicos trasnacionales (TLO’s) en materias como derechos humanos, comercio internacional, normas sobre insolvencia corporativa, entre otras. Que dan cuenta de las diferentes alianzas entre actores privados, estatales, no estatales, academia y muchos más, pero que dejan por fuera a aquellos que carecen de poder frente a todos los anteriores o que si bien los incluyen, los problemas de ejecución son evidentes.

Por ello, no se debe olvidar pues la importancia de la participación de los sectores vulnerables y/o periféricos en la creación de las normas que si bien es el primer paso para el reconocimiento de los derechos, no es el único en el proceso de materialización de los mismos y ahí recae la importancia de la interconexión de la dimensión interna del ODS 16 en relación con el fortalecimiento de las alianzas(ODS 17), en otras palabras, si a nivel local hay una participación cívica efectiva ello necesariamente se expresara en instituciones fuertes e imparciales que a su vez serán capaces de formar alianzas para incrementar la participación de las poblaciones “periféricas” alrededor del mundo.

A partir de este punto se destaca la visión integral de los objetivos, la interacción necesaria entre estos y la profunda interconexión que tienen todos los ámbitos de la sociedad y los impactos que generan hasta las más mínimas acciones .Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación.

Todo esto sin olvidar que existe un grave problema de materialización de las prerrogativas básicas de los individuos en los diferentes sectores de la comunidad internacional y que esto constituye un hecho que no solo afecta a los dos objetivos tratados en este escrito sino a todos y cada uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que es un problema que se debe afrontar de manera inmediata y conjunta.


Referencias


Carrunthers, B. G., & Halliday .T. (2009). Bankrupt: Global Lawmaking and Systemic Financial Crisis. Stanford: Stanford UP

Halliday. T & Shaffer. G (2015). Transnational Legal Orders. Transnational Legal Orders: Cambridge University Press, UC Irvine School of Law Research Paper No. 2015-56. Tomado de: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2605625#

Launay-Gama, Claire. (2008). Hacia un concepto de gobernanza diferenciada en Colombia. Ponencia presentada en el Primer Congreso de Ciencias Políticas en Bogotá, Colombia. Tomado de: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-357.html

Lemaitre R. J. (2009). El derecho como conjuro. Uniandes y Siglo del Hombre Editores. Bogotá.

Prieto S, Luis. (2014). Apuntes de Teoría del Derecho. Editorial Trotta. Madrid

Robinson M. & Healey. J. (1994). Democracy, Governance and Economic Policy: Sub-Saharan Africa in Comparative Perspective (ODI Development Policy Studies). Published by: Overseas Development Institute.

United Nations. (2015). United Nations Sustainable Development Goals, tomado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development, UNDP policy document, New York. UNDP. Tomado de: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf

Uprimmy. R, La Rota M. E, Lalinde S., Santa S. (2014). Ante la Justicia, Necesidades Jurídicas y Acceso a la Justicia en Colombia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. Bogotá. Tomado de: http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.665.pdf

Monday, September 7, 2015

Reflexiones sobre el diálogo regional en Antioquia para el desarrollo sostenible: De los ODM a los ODS

Columna de opinión por: Catalina Tamayo Posada* (catalinatamayop1@gmail.com) Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Universidad EAFIT


Cuando se acerca la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobará los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que guiaran a las naciones en los próximos 15 años, surgen varias iniciativas con el fin de vincular a varios sectores, tanto públicos como privados, para escuchar ideas y propuestas sobre cómo debe ser el cambio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hacia los ODS. Así, surgen los Diálogos Regionales para el Desarrollo Sostenible: De los ODM a los ODS, los cuales se han realizado en diferentes ciudades del país y han contado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el DANE, el DNP, Ministerio de Medio Ambiente, entre otros. Este tipo de acciones se están realizando con el fin de generar confianza y así incrementar la participación en este tipo de escenarios que más que expositivos son propositivos.

En el taller en Antioquia que se realizó el 2 de Septiembre 2015 en la Universidad EAFIT en el marco de los Diálogos Regionales, se realizaron tres preguntas que guiaron el desarrollo de la actividad: 

1. Cuáles fueron las lecciones aprendidas que nos dejaron los ODM; 
2. Cuáles son los determinantes de desarrollo a nivel territorial y; 
3. Cómo estos pueden potenciarse.

El tema de la articulación interinstitucional fue un tema que estuvo presente durante toda la discusión, como lección aprendida y como una forma de potenciar la realización de los ODS. Si bien la articulación entre entes institucionales es trascendental, la articulación con el sector privado cobra importancia en un momento en el que las alianzas público-privadas están tomando fuerza y se ven como soluciones viables a problemas sociales. De igual forma, las aproximaciones entre lo rural y lo urbano deben hacerse con carácter de urgencia puesto que la brecha que las separa es cada vez mayor, y aunque en general, para algunos objetivos, haya habido un avance significativo, no necesariamente este avance se ve reflejado cuando se separa lo rural de lo urbano, donde lo rural no registra mejorías significativas.

Dentro de las lecciones aprendidas de los ODM, se evidenció una percepción muy general en cuanto la forma en la que estos fueron tratados. Se dice que fueron de muy alto nivel, muy de nivel gobierno. La tarea entonces para este nuevo ciclo, es bajar no solo la información sino también las tareas, comprometer a todos los sectores. De igual forma, los ODM son vistos, para algunos, como referentes no movilizadores, esto es, objetivos que en sí mismos no constituyen una meta dentro de los planes, sino que las acciones que se ejecutan son acomodadas a estos. Se espera entonces, que los ODS sean incluidos dentro de las estrategias públicas y privadas.

En cuanto a la construcción, se ha resaltado de manera positiva la participación que en esta oportunidad ha tenido la sociedad civil en los ODS, y por consiguiente la responsabilidad de esta en la consecución de las metas, mediante la proactividad y no la exigibilidad. Además, se resalta la importancia de educar en el tema de los ODS y hacerlos menos técnicos, para que de esta manera todas las personas los comprendan completamente y así puedan tanto proponer como actuar en pro de los mismos.

De la misma manera, y en aras a involucrar al sector privado, es necesario generar espacios para contarle a las empresas qué son y cuáles son los ODS, y de esta forma, alinear las estrategias al cumplimiento de los objetivos. Siguiendo con esta línea, la identificación de mejores prácticas y la implementación de estas en las compañías es un paso fundamental.

Finalmente, y en una reflexión un poco más humana, se habló acerca del rol de nosotros como personas: “la sostenibilidad no es del hacer, es del ser”, dijo una de las asistentes. Queda el interrogante… ¿qué va a SER cada uno de nosotros? 

Así pues finalizó el taller de los Diálogos Regionales, muchas observaciones y propuestas esperan ser tenidas en cuenta a la hora establecer el marco en el que el país se moverá hacia la sostenibilidad.