El Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del Comercio

Artículo de análisis por: Andrés Ordoñez Buitrago*

Abogado

Históricamente, el comercio internacional ha enfrentado múltiples barreras. Durante gran parte de la historia económica mundial, los Estados adoptaron políticas comerciales proteccionistas que restringían considerablemente la posibilidad de comerciantes alrededor del mundo de comercial entre sí, a través de la importación y exportación de bienes y servicios. Así, cuando después de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional acordó una organización de la economía internacional a través de la creación de tres instituciones –el Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio– fue precisamente esta última, la que nunca pudo ver la luz, por la negativa del Congreso de los Estados Unidos de ratificar su tratado constitutivo, la Carta de La Habana. En consecuencia, por muchas décadas el comercio internacional estuvo regulado por un instrumento, y no una organización: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Esta situación cambió en 1994, cuando después de la Ronda Uruguay, se acordó crear la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del Acuerdo de Marrakech. Sin embargo, el énfasis de esta organización inicialmente fue la liberalización del comercio internacional a través de la reducción de aranceles, lo cual resultó insuficiente en tanto una barrera importante a este tipo de intercambios también lo son los trámites administrativos requeridos para llevarlos a cabo. En otras palabras, si hay aranceles bajos pero los trámites para exportar o importar un bien son demasiado engorrosos, el comercio internacional se ve dificultado.

En este sentido, en la Conferencia Ministerial de Singapur (1996) los Miembros de la OMC encomendaron al Consejo del Comercio de Mercancías “la realización de trabajos exploratorios y analíticos sobre la simplificación de los procedimientos que rigen el comercio [...] con objeto de evaluar si procede establecer normas de la OMC en esta materia” (párrafo 21 de la Declaración Ministerial de Singapur). Estos trabajos exploratorios se desarrollaron durante casi una década, hasta que finalmente en 2004 se decidió iniciar formalmente la negociación de un acuerdo internacional en materia de facilitación del comercio. En agosto de ese año, el Consejo General de la OMC adoptó el denominado “Paquete de Julio” o Programa de Trabajo de Doha, en el cual se fijaron los siguientes objetivos para el proceso de negociación:

a) “Aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V (Libertad de tránsito), VIII (Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación) y X (Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT de 1994, con miras a agilizar aún más el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.

b) Potenciar la asistencia técnica y el apoyo a la creación de capacidad en esta esfera.

c) Establecer disposiciones para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras o cualesquiera otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros”[1].

Para implementar este mandato, se estableció en el marco de la OMC un Grupo de Negociación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (en adelante AFC). Este proceso estuvo liderado por los países desarrollados, aunque algunos países en desarrollo –como Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Paraguay y Singapur– lo respaldaron. Durante varios años, el principal obstáculo que enfrentaron de parte de los países en desarrollo fue resistencia en torno al carácter vinculante del Acuerdo (preferían recomendaciones no vinculantes, en vez de normas obligatorias), temiendo no tener las capacidades técnicas requeridas para implementar lo acordado[2].

A pesar de estas dificultades, en 2013 durante la Conferencia Ministerial de Bali y en el marco del “Paquete de Bali”, se logró finalmente adoptar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. El AFC se encuentra divido en tres secciones:

I. En la Sección I están contempladas múltiples disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de aduana de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. De esta manera aclara y mejora los artículos pertinentes (V, VIII y X) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. Asimismo, contiene disposiciones en materia de cooperación aduanera. Algunas de las normas que contiene esta sección son:

• · Los Estados deben publicar información sobre procedimientos de importación, exportación y tránsito; formularios y documentos requeridos; derechos, cargas e impuestos; normas sobre clasificación de productos; normas de origen; restricciones o prohibiciones de importación; procedimientos de recursos; sanciones. 
• · Los Estados deben ofrecer oportunidades para que los comerciantes y demás partes interesadas formulen observaciones sobre cambios normativos en materia aduanera, antes de su entrada en vigor; y formular consultas a las autoridades respectivas.
• · Los Estados deben garantizar el derecho a interponer recursos judiciales y/o administrativos contra las decisiones de la aduana.
• · Los Estados deben brindar facilidades para trámites aduaneros como: presentación de documentación antes de la llegada; pago electrónico de los derechos aduaneros; separación entre el levante y la determinación definitiva de derechos aduaneros; establecimiento y publicación de plazos medios de levante; medidas adicionales de facilitación para operadores autorizados.
• · Los Estados deben simplificar las formalidades y requisitos de documentación e implementar una ventanilla única.

II. La Sección II contiene disposiciones sobre trato especial y diferenciado que permiten a los países en desarrollo y menos adelantados determinar cuándo aplicarán disposiciones específicas del Acuerdo. Estas disposiciones tuvieron que incluirse para generar aceptación de los países en desarrollo, quienes estaban reticentes a aceptar un acuerdo en materia de facilitación del comercio por posibles faltas de capacidades para implementar lo acordado.

El sistema ideado consiste en que los Estados deben notificar a la OMC en cuáles de las siguientes categorías se encuentran las disposiciones del AFC y en este sentido pueden determinar cuándo aplicarán disposición en cuestión. Las tres categorías que existen son:

• · Categoría A: aplicarán en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo (o, en el caso de un país menos adelantado, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor).
• · Categoría B: aplicarán en una fecha posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo.
• · Categoría C: aplicarán en una fecha posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo y que requieren asistencia y apoyo para la creación de capacidad.

III. La Sección III establece que se creará en la OMC un Comité Permanente de Facilitación del Comercio y exige que los Miembros tengan un comité nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del Acuerdo.

Para la implementación de lo acordado en Bali como un tratado internacional, en noviembre de 2014 el Consejo General de la OMC adoptó el Protocolo de Enmienda para insertar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio como un anexo del Acuerdo de Marrakech. El AFC constituye un hito internacional en tanto es el primer tratado multilateral sobre comercio negociado en 18 años y el primero de tales acuerdos celebrado por la OMC. Sin embargo, aún hace falta que el tratado entre en vigencia. Para tal efecto, se requiere que lo ratifiquen 2/3 de los Estados Miembros de la OMC. A la fecha, solo 90 Estados lo han hecho.

En adición a lo contemplado en la Sección II relativo a plazos para la aplicación de ciertas normas a los países en desarrollo, también se adoptaron otras medidas para facilitar la aplicación del AFC por parte de estos países. En este sentido, se destaca el Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el cual brinda asistencia técnica para la implementación del Acuerdo por parte de países en desarrollo y países menos adelantados. Entre sus funciones se encuentran: ayudar a preparar las notificaciones de las categorías para el trato especial y diferenciado; impartir programas de formación y de creación de capacidad para asegurar la comprensión del Acuerdo; ayudar a tener acceso a la asistencia para la aplicación del Acuerdo; cuando no se disponga de ninguna otra fuente de financiación, financiar los compromisos de la categoría C.

Para el caso de Colombia, es importante destacar que nuestro país tuvo un papel activo en las negociaciones del AFC como promotor, pero a la fecha no ha ratificado este tratado. El 19 de octubre de 2015, las ministras María Ángela Holguín (Relaciones Exteriores) y Cecilia Álvarez-Correa (Comercio, Industria y Turismo) radicaron el Proyecto de Ley 109 de 2015 “Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio» adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014”. Actualmente este proyecto de ley se encuentra en curso en la Comisión Segunda del Senado de la República, a la espera de su aprobación.

Sin embargo, nuestro país sí envió la notificación relativa a la Sección II, incluyendo todas las disposiciones de la Sección I en la categoría A, es decir de aplicación inmediata cuando entre en vigencia el tratado, a excepción de dos disposiciones:

• · Artículo 5.3 Procedimientos de Prueba: establece que se lleve a cabo una segunda prueba en caso de que el resultado de la primera prueba de una muestra tomada a la llegada de mercancías declaradas para la importación dé lugar a una constatación desfavorable.
• · Artículo 7.9 Mercancías Perecederas: establece un tratamiento preferencial para el trámite aduanero y almacenamiento de mercancías perecederas.

El Gobierno Nacional justifica la conveniencia de ratificar este tratado a partir de estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que indican que las medidas de facilitación del comercio dispuestas en el AFC traerían una reducción en los costos globales del comercio de alrededor de 13.2% para países de ingreso medio como Colombia; y que una reducción del 5% de los tiempos de espera en las fronteras, aumentaría un 10% el comercio intrarregional[3]. En este sentido, el AFC constituiría una oportunidad para que nuestro país sea más eficiente en su comercio exterior y en consecuencia aumente sus vínculos comerciales con el mundo.

Por su parte, entre los efectos a nivel global, según la información del Gobierno Nacional, la Organización Mundial del Comercio estima que los beneficios del Acuerdo para la economía mundial estarían “entre 400.000 millones y 1 billón de dólares gracias a la reducción de costos, al incremento de las corrientes comerciales y la recaudación de ingresos fiscales; adicionalmente, se creará un entorno empresarial estable y atraerá inversión extranjera”[4]. Es decir, aunado a la reducción de los aranceles, la facilitación del comercio a través de reducción, simplificación y agilización de trámites, entre otras medidas contempladas en el AFC, permitirían a nivel global una mayor eficiencia y competitividad, contribuyendo así a fomentar el comercio internacional y en últimos propiciar el desarrollo económico.

Bibliografía

Neufeld, Nora (2014) “The long and winding road: how WTO members finally reached a Trade Facilitation Agreement”, División de Investigación Económica y Estadísticas de la OMC (2014), disponible en: http://www.tfafacility.org/sites/default/files/the_long_and_winding_road_how_wto_members_finally_reached_a_tfa_e.pdf

Organización Mundial del Comercio, Declaración Ministerial de Singapur (1996), Documento WT/MIN(96)/DEC, disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min96_s/wtodec_s.htm

Organización Mundial del Comercio, Paquete de Julio/Programa de Trabajo de Doha (2004), Documento WT/L/579, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/draft_text_gc_dg_31july04_s.htm

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio”, Documento WT/L/931, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/trade-facilitation-agreement-facility

Organización Mundial del Comercio, “Facilitación del comercio”, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm#background

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Lista de notificaciones”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/notifications

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Lista de ratificaciones”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/ratifications

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Antecedentes”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/background

Organización Mundial del Comercio, Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, “Acerca del Mecanismo”, disponible en: http://www.tfafacility.org/es/acerca-del-mecanismo

Senado de la República, Proyecto de Ley 109 de 2015, disponible en: http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2015%20-%202016/PL%20109-15%20Enmienda%20al%20Convenio%20de%20Marrakech%20-%20Acuerdo%20de%20Comercio.pdf








[1] Anexo D, Paquete de Julio/Programa de Trabajo de Doha, 2004.


[2] Nora Neufeld, “The long and winding road: how WTO members finally reached a Trade Facilitation Agreement”, Organización Mundial del Comercio – División de Investigación Económica y Estadísticas, 2014, disponible en: http://www.tfafacility.org/sites/default/files/the_long_and_winding_road_how_wto_members_finally_reached_a_tfa_e.pdf


[3] Senado de la República, Proyecto de Ley 109 de 2015, pp. 24-25, disponible en: http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2015%20-%202016/PL%20109-15%20Enmienda%20al%20Convenio%20de%20Marrakech%20-%20Acuerdo%20de%20Comercio.pdf


[4] Íbid.

Lanzamiento del Reporte sobre las Inversiones en el Mundo (World Investment Report 2016)

El Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo invita al lanzamiento oficial para Colombia del "Reporte sobre las inversiones en el mundo 2016" de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (World Investment Report, WIR 2016).                  
Este lanzamiento será a través de transmisión oficial en vivo desde el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza es organizada por el Instituto Virtual de la UNCTAD (vi UNCTAD).

• Presenta: Stephanie Bonilla-Féret, División de Inversión de Empresa de la UNCTAD.
• Fecha: Martes 13 de septiembre, 2016
• Idioma: Inglés
• Hora: 9:00 a.m.
• Lugar: Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Bloque 19 aula 806

Para transmisión a universidades que hacen parte del instituto virtual de la UNCTAD, pueden conectarse mediante en el enlace de Vydeo disponible haciendo click [AQUÍ]

Cátedra sobre Pacto Global 2016: La ruta de la sostenibilidad

Cubrimiento por parte de Nicolás Botero Mejia

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

El siguiente es un reportaje, a manera de resumen, que recoge las ideas principales de los conferencistas y partícipes de la primera sesión la tercera versión de la Cátedra sobre el Pacto Global y Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en la Universidad EAFIT el viernes 5 de Agosto 2016, en aras de encontrar cada vez más implementación por parte de diferentes actores esenciales para alcanzarlos. 

El Rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía Arango, dio inicio al evento haciendo mención a la importancia y vigencia que tienen los objetivos en la agenda global. Recordó, de paso, momentos históricos que han coincidido con épocas de cambio y direccionamiento de la universidad para ratificar el compromiso, cada vez más grande, que tiene la misma con la sostenibilidad. Concluyó diciendo que hoy por hoy “la sostenibilidad además de ser un imperativo moral y económico es también una estrategia generadora de valor” aludiendo así al papel del sector privado en la implementación de los ODS.

Posteriormente empezaron las intervenciones de dirigentes del sector público cuyo trabajo está estrechamente ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Felipe Castro Pachón, secretario técnico de la comisión ODS del Departamento Nacional de Planeación resaltó el gran reto que significa pasar de los Objetivos del Milenio a los ODS, puesto que son más y tienen una mayor amplitud; ya no son meramente económicos. Señaló la importancia de observar integralmente las 169 metas y la incapacidad del gobierno para realizarlas solo, convocando así al sector privado y la academia.

Destacó que de las 169 metas, 92 ya están incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y que Medellín particularmente tiene un plan de desarrollo enfocado a los objetivos 9 y 11; el de industria, innovación e infraestructura y el de ciudades y comunidades sostenibles, respectivamente. Fue claro en afirmar el reto que implica la recolección de datos e indicadores y en importancia de la sociedad civil en este proceso.

La evaluación del contexto regional estuvo a cargo de Phillip Schönrock, director del CEPEI, quien habló sobre desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Mencionando la desproporción que hay en la región, en términos de tamaño, población y distribución de riqueza, fue optimista al afirmar que 12 de los 33 países ya tienen instituciones y estructuras para buscar la consecución de los ODS 2030. Sin embargo, presentó un reto grande y es el hecho de que solo en 5 países los planes de desarrollo se debaten y finalmente llegan a ser aprobados, Colombia entre ellos.  Fue puntual en señalar distintas formas de financiación para materializar los proyectos; entre ellas la filantropía, la cooperación internacional y la empresa privada. Al igual que Felipe Castro, aludió a la necesidad de tener más datos, más indicadores y más información, con la intención de “verificar si realmente lo estamos logrando, o no”.

A través de una video-conferencia, Rolf Traeger, de la UNCTAD y coordinador del reporte sobre países menos adelantados, se refirió a la importancia del comercio internacional y de la inversión como actividades claves para la financiación del desarrollo. Entendiendo el comercio como la movilización de recursos tanto de lo público como lo privado, señaló los beneficios que exportaciones e importaciones traen para ambos. El comercio internacional trae para el Estado más ingresos fiscales por medio de los aranceles, y para las empresas, ofrece una ampliación del mercado, aumento de las actividades y modernización de la economía. Todo ello se traduce, finalmente, en mayor competitividad que a la larga beneficia también a las comunidades que consumen. Por otro lado, destacó la necesidad de que haya inversión pública en sectores como la infraestructura, las comunicaciones y la energía, proyectos que estimulen e impulsen la inversión privada. En ese sentido mencionó los objetivos 8, 9 y 12, los cuales tratan sobre el crecimiento económico y la generación de empleo, la industria, infraestructura e innovación, y la responsabilidad tanto en la producción como en el consumo de bienes y servicios.  Finalmente señaló 3 ámbitos que las políticas publicas deben priorizar para acercarse a los ODS 2030, estas son: las industriales y de ciencia, tecnología e innovación como base para el desarrollo, y las comerciales, de salud, de educación y de vivienda como complemento de las primeras.

Lina Arbeláez, gerente nacional del área de reducción de pobreza e inequidad del PNUD en Colombia, nuevamente citó la importancia de articular al sector público con el Pacto Global. Enfatizó en la necesidad de crecimiento económico, desarrollo social sostenible y amigable con el medio ambiente. “la sostenibilidad no compite con la rentabilidad, la sostenibilidad es una herramienta efectiva para la generación de ingresos” expuso luego de mencionar 4 testimonios de empresas colombianas. Invitó a la sociedad civil a apropiarse de la agenda global e incluir a los jóvenes en ello.

Finalmente hubo una inspiradora intervención del director ejecutivo de la red colombiana del Pacto Global, Mauricio López. Las tecnologías de la información y la comunicación como cambiantes del mundo y el resurgimiento de la iconografía como lenguaje universal fueron sus principales apuntes. Dice el director que esos símbolos se deben reflejar en las acciones y compromisos que las personas y compañías asumen globalmente para facilitar la consecución de los ODS2030. El evento terminó con un panel donde ejecutivos de Telefónica, Nutresa e InterColombia compartieron experiencias sobre la implementación de la agenda 2030 y el desarrollo sostenible en sus empresas.

Las fotos del evento están disponibles en la página de Facebook del nodo Antioquia de la Red del Pacto Global Colombia 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.618127408365691.1073741837.326887110823057&type=1&l=06310bdbba

OCDE: Colombia’s Overview- Better policies for a better life

Opinion article by: Juliana Maya 

Analist at the Observatory in Trade, Investment and Development

Universidad EAFIT, Colombia

The OECD, Organization for Economic Co-Operation and Development is an international economic organization created in 1961, through which governments work together to share experiences and seek solutions to common problems with the goal of promoting policies that improve people’s economic and social well being. As the organization states in its website “Its vocation has been to build strong economies in its member countries, improve efficiency, home market systems, expand free trade and contribute to development in industrialized as well as developing countries.” (OECD , 2015) 

The OECD is a group of 34 countries, which have in common the fact that they have democratic systems of government and market economies. Formerly known as the Club of Rich, Industrialized Nations, because its members represent around 70% of the global market. This organization has redefined itself, leading to a more inclusive membership logic, engagement with new global players, and outreach to developing countries, all with a view to guaranteeing its continued relevance as a central actor in the task of global policy provision (The Jakarta Post, 2015).

Since the past years, Colombia has sought access to this organization. This country has overcome 

obstacles and become successful in many aspects in order to look forward improvement. Hence, the government is implementing appropriate and better policies in the political and economic sector. Colombia’s government is committed to further strengthening its economic performance due to the fact that it would be convenient to be a member of the Organization for Economic Co-Operation and Development. (OCDE , 2013 ) In 2013, President Juan Manuel Santos and the OCDE Secretary General Angel Gurría formally launched Colombia’s accession process. “Colombia is looking ahead decisively and taking a step towards a stronger and better future,” said Gurría during the launch event (OECD , 2013 )

Colombia’s President Juan Manuel Santos, after meeting the OECD Council on November 7th, 2014:

"We are aware of the significant challenges that are ahead to become part of this organization, but we are willing and able to undertake them: We have to upgrade our environmental policy regulations and institutions. This is welcome in a country that has great natural resources and agriculture potential at the same time, as we are the most bio-diverse country in the world. Perhaps nowhere else the phrase sustainable development makes more sense than in Colombia. Also, we have to improve the governance of our public enterprises, the institutions and procedures for issuing our regulations in a more articulated way, the capacity of our supervisory bodies to ensure the implementation of regulation. There are some trade issues, where we are working to find solutions. On tax issues, we need to fight tax evasion, not just to finance the provision of services to our people, but also in order to create a more equitable society"  (OECD, 2014)

These are just some of the many adjustments Colombia is required to make so that it can be more equitable and sustainable, according to the OECD.

In terms of education adjustments in this country, over the past two decades the Colombian education system has undergone a fundamental transformation bringing education to every corner of the country. But still this country faces two critical challenges: to close the remaining participation gaps and raise the quality of its education. Therefore, Colombia must improve the quality and equity of its education system.

But after all, what are the benefits of becoming a member of this organization? By adopting OECD standards, countries become more attractive to foreign investors, they get advice on public policy, members have access to comparisons based on international standards, voice and vote in global discussions, exchange of experience and good practices, especially in preparing and implementing structural reforms. For example, thanks to the cooperation of other members of the organization, Colombia has been able to learn from them and move one step forward. Moreover, members of the OECD, have access to different analysis of economic and labor market reviews, a territorial review, reports and recommendations on public administration reform, and a free direct access to OECD databases and publications for users from public administration. Also, this members have a continuous advise on how to improve and reinforce their governance capacities to achieve long-term strategic results.

On the other hand, Colombia makes a big mistake in pursuing the goal of entering the OECD because as it should be for countries with a similar level of development. In order to avoid financial crisis. A clear example is Mexico and Corea that made the same mistake, Said the economist Jan Kregel, Investigator of Levy Economics.

It is worth noting that one of the purposes of the organization for Economic Co-Operation and Development is to seek for countries that fit to the high standards and recommendations they request. Colombia 's entry to the OECD is still in process as the economic level, taxation, labour, pension, environmental, agricultural, educational, legal and land use planning, among others, included in the National Development Plan are being evaluated by the committee of the OECD. Therefore it is a long process that takes time to reach a final decision.

Colombia has a long way to go before they reach a stable and competitive level of productivity, development and competitiveness among the other members of the OECD. Colombia is required to make some adjustments so this Country can be more equitable and sustainable. 

References

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia. (2016, 2016 2016). OECD'S ROLE, MISSION AND SIGNIFICANCE. Retrieved 04 12, 2016, from OECD's role, mission and significance | Ministry of Foreign Affairs: http://www.mzz.gov.si/en/economic_diplomacy/oecd/oecds_role_mission_and_significance/

OCDE . (2013 , 2013 2013 ). Colombia y la OCDE - OECD. Retrieved 04 12, 2016, from http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/colombia-y-la-ocde.htm

OECD . (2015, 2015 2015 ). History Retrieved 04 12 , 2016, from History of the OECD: http://www.oecd.org/general/historyoftheoecd.htm

OECD . (2013 , 10 25). OECD better policies for better life . Retrieved 04 12, 2016, from OECD formally launches Colombia's accession process : http://www.oecd.org/newsroom/oecd-formally-launches-colombias-accession-process.htm

OECD. (2014, 08 07). OECD . Retrieved 04 12 , 2016 , from President Juan Manuel Santos' talking points to OECD Council on 7 November 2014: http://www.oecd.org/about/secretary-general/president-juan-manuel-santos-talking-points-to-oecd-council-on-7-november-2014.htm

he TJakarta Post. (2015, 06 02). OECD, 'rich nations' club' turns into 'do-tank'. Retrieved 04 12, 2016, from The Jakarta Post: http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/02/oecd-rich-nations-club-turns-do-tank.html

Decisiones y acciones: El proceso de construcción del futuro

Por: David Ricardo Murcia Sánchez
Docente de Cátedra
Investigador del Centro de Análisis Político
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Universidad EAFIT

En una inspiradora columna de opinión la profesora Maria-Alejandra Gonzalez-Perez llama la atención sobre la necesidad de pasar de las decisiones a las acciones (31 de Julio de 2016). Con ello evocando la dificultad que enfrenta el mundo contemporáneo de grandes pactos por el desarrollo, para enfrentar la subida del terrorismo expresado no sólo en las oleadas de violencia homicida en el mundo; también y, como correlato necesario, en las medidas de contingencia que muchos gobiernos están tomando para poder ofrecer seguridad a su ciudadanía, produciendo un giro a la derecha que atenta con las garantías ciudadanas que, al menos en Europa, se habían consolidado con el nuevo mileno. Con ello se levanta desde las tierras bajas del norte europeo (Holanda, Bélgica y Dinamarca) un populismo proteccionista y nacionalista que deja una sombra en el resto del Antiguo Continente, una sombra que sirve de aliciente, entre otros, al lepenismo francés (Meier, 08 de diciembre de 2015).

El problema surge en el contraste de las nuevas agendas de desarrollo que evoca la profesora Gonzalez-Perez, como los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), con su trabajo por construcción de un concepto universal de humanidad y de desarrollo conjunto y las tensiones políticas de la convivencia entre extraños. Ante un escenario así descrito, nos tomamos con una explicación clásica de la filosofía y ciencia políticas en la cual se plantea que debido a las diferencias insuperables que representas las unidades civilizacionales del mundo contemporáneo (Huntington, 1996), se producen choques que se comportan según la lógica de la deshumanización del enemigo político, produciendo un enemigo absoluto: aquel a quien no puedo resistir y tengo que acabar (Schwab, 1987). Dinámica cada vez más necesaria y agónica, en la media en que Europa se ha convertido en un crisol en el que chocan de manera constante Occidente y el Mundo Musulmán.

No obstante, esta explicación palidece en simplificaciones, no sólo sociológicas y politológicas, sino filosóficas y teóricas. Los vicios del primer orden se evidencian en cuanto este tipo de posturas unifican las voluntades políticas y culturales de amplios territorios en macro-conflictos que pueden perder de vista sucesos micro-sociales que expliquen la irrupción de la violencia: no se puede reproducir la tesis mediática de que los lobos solitarios, que se declaran radicales islámicos 15 u 8 días antes de sus actos, son expresiones claras de la confrontación cultural. El caso es claro con los perpetradores de los actos en La Florida y Niza, para quienes no hay manera clara de probar una vinculación prolongada con el denominado estado islámico. En el caso de la discoteca en Orlando, se presume que las causales del desafortunado incidente fueron más relacionadas con procesos psicológicos que con una guerra santa (ElPais.com.uy, 6 de julio de 2016).

Por otra parte, debemos considerar las flaquezas teóricas y filosóficas de suponer que ante el encuentro con el Otro sólo tengo como salida la confrontación beligerante y en caso extremo la exterminación. En principio, el teórico de lo político, Carl Schmitt, deja en claro que para la relación política con el Otro no es necesaria la existencia fenoménica de la guerra, sólo su posibilidad lógica (2009). En otras palabras, para la existencia de lo político la relación con lo ajeno del otro implica la posibilidad de enfrentarse con él en la guerra, pero sólo como momento último y agónico de la yuxtaposición de las dos afirmaciones exigencias colectivas; como lo deja en claro Jerónimo Molina (2016), en su revisión de la obra de Julien Freund.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, más allá de las teorías políticas del enemigo, la filosófica política contemporánea ha buscado un cambio discursivo entre la otredad y la alteridad. En el primer caso el otro es aquel que me afirma en cuanto no soy, ni puedo ser él: una afirmación de la unidad política mediante la diferencia. En el segundo caso, la alteridad implica el proceso de construcción de una nueva unidad dinamizada por la unión de los contrarios en una nueva existencia: afirmación por complementariedad (Reinhard, 2010).

En este tránsito discursivo para poder pensar un relacionamiento político entre contrarios, puede llegar a caerse, como indica Kenneth Reinhard (2010), en una negación de la otredad, esto quiere decir del enemigo, como expresión de lo político. Así, filósofos como Badiou (2004) o Rosenzwieg (1985) pueden negarse a aceptar la posibilidad real y dolorosa de la enemistad absoluta. Pero con ello no proscriben la violencia del mundo. El atinente escrito de Reinhard (2010), muestra esta eterna doble posibilidad en su mayor crudeza, las relaciones políticas pueden construirse de forma diferenciada: otredad, o de forma complementaria: alteridad, según sea la capacidad del sujeto, en este caso sujeto político de vincularse con la realidad: trauma-represión o liberación-generación respectivamente. En punto último, es una decisión de los sujetos políticos tanto individuales como colectivos, que se perfora en dinámicas sociales de manera in-mediata, que no automática[1].

En este punto aparece de nuevo la necesidad que proyectaba la profesora Gonzalez-Perez de pasar de la decisión a la acción (31 de Julio de 2016). De pasar de planes para la construcción de una buena convivencia, a la generación de dinámicas que la realicen. Proceso en que el individuo, debe realizar una concientización de Otro como complemento a su existencia desde la diferencia y no una reproducción de discursos absolutos y oblicuos que satanicen la otredad.

Enfrentamos una disyuntiva que se renueva constantemente, como en su época lo dijo José Medina Echeverría (1976), que se suscita por cómo queremos vivir y se detona la respuesta a qué estamos dispuestos a hacer para construir un mejor escenario de futuro. 

Referencias

Badiou, A. (2004) Theoretical writings. New York: Continuum.

ElPais.com.uy. (6 de julio de 2016). Omar Mateen a su esposa: "Soy gay, me odio, por eso estoy haciendo esto". Disponible en: http://bit.ly/29otIsv.

Gónzalez-Pérez, M. A. (31 de Julio de 2016). Avances y reversas en los procesos de humanización: De las decisiones a las acciones. Dinero.co. Disponible en: http://bit.ly/2atUpfJ.

Huntington, S. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-684-81164-2

Medina Echeverría, J. (1976). Latin America in the possible scenarios of Détente. CEPAL REVIEW, second half of 1976, 9-92.

Meier, B. (31 de Julio de 2016). Europa: los efectos del giro a la derecha. Dw.com. Disponible en: http://bit.ly/2am5AIo.

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Schwab, G. (1987). Enemy or foe: A conflict of modern politics. Telos, (72), 194-201.

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[1] La necesidad de diferenciar entre la automaticidad y la inmediatez se genera porque la primera noción implica una acción dispuesta a continuar, sin proceso ninguno que la detone más allá del original. Por otro lado, la inmediatez refiere a un fenómeno generado por la interacción entre dos partes que no refleja medio de transmisión tangible.

La doctrina de la deuda odiosa: ¿problema o solución?

Por: Andrés Ordoñez Buitrago*

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo

La doctrina de la deuda odiosa sostiene que “la deuda soberana incurrida sin el consentimiento del pueblo y que no lo beneficia es odiosa y no debe ser transferible a un gobierno sucesor, sobre todo si los acreedores conocían de antemano estos hechos”[1]. Quienes defienden esta doctrina proponen como ejemplos para su aplicación los casos de los dictadores Anastasio Somoza (Nicaragua), Ferdinand Marcos (Filipinas), Jean-Claude Duvalier (Haití), el régimen del apartheid en Sudáfrica, entre otros. Y hace pocos años, el gobierno del presidente Rafael Correa (Ecuador) invocó el carácter ilegítimo e inmoral de la deuda externa de su país para declararse en moratoria de pagos internacionales, teniendo en cuenta que desde 1978 el Parlamento ecuatoriano fue excluido de las decisiones sobre endeudamiento[2].

Este concepto es, sin duda, bastante polémico y da lugar a varias reflexiones. En primer lugar, uno podría cuestionarse por las motivaciones de los bancos e instituciones financieras internacionales para realizar préstamos a gobiernos corruptos, tiránicos o antidemocráticos, si estos gobiernos no representan el interés general de su población sino que están movidos por intereses particulares. Este cuestionamiento lleva implícita la premisa de que lo que busca el sistema financiero es el bienestar general y que las consideraciones morales son relevantes a la hora de determinar si se concede o no un préstamo. Si bien lo anterior es un ideal, una aspiración en cuya deseabilidad prácticamente todos coincidimos, en la realidad no ocurre así y debe diferenciarse el ser del deber ser de las cosas.

Por una parte, la banca privada internacional tiene un claro ánimo de lucro: realizan inversiones con el único ánimo de obtener una rentabilidad o retorno suficiente; las demás consideraciones, como la legitimidad del prestatario para obligar a un Estado a pagar la deuda, son irrelevantes para los banqueros globales. En este sentido, a la hora de evaluar si conceden o no un crédito, no es realmente importante si el gobierno es democrático o no, sino únicamente si hay suficiente respaldo para obtener el pago de la deuda; y cuando no lo hay fijan unas tasas de interés más altas de lo habitual, porque a mayor riesgo, mayor ganancia.

Por otra parte, en las instituciones financieras internacionales como el FMI, el BM, BID, entre otras, que tienen un carácter público, las consideraciones sobre el carácter legítimo o no del gobierno que solicita un préstamo tampoco es muy relevante (sí tienen en cuenta por ejemplo la estabilidad política y económica del país, pero esto es muy diferente al carácter transparente, democrático y legítimo del gobierno en cuestión). Así, vemos cómo en los tratados constitutivos de esas organizaciones no se hace ninguna alusión a requisitos como transparencia o democracia o respeto a los derechos humanos que deban cumplir los Estados para poder recibir financiamiento. En materia económica, todo parece indicar que la estabilidad prima sobre la legitimidad.

Esta situación no es necesariamente mala; introducir juicios de valor político o moral (que son inherente discutibles y no hay fórmulas exactas para hacerlos) en decisiones económicas podría comprometer la estabilidad del sistema internacional. Adicionalmente, es importante recordar que la democracia no es un sistema político universal y que la Carta de las Naciones Unidas acepta la diferencia en regímenes políticos y económicos, por lo cual un gobierno monárquico o dictatorial en el sistema internacional están en igualdad de condiciones jurídicas y políticas (aunque no morales, a la luz de nuestras consideraciones personales) que un gobierno democrático. De allí que asumir la postura de la deuda odiosa llevaría a sostener que Arabia Saudita debe ser aislada del financiamiento internacional, tanto público como privado, por ser una monarquía absoluta; o que China, Emiratos Árabes, Qatar tampoco podrían recibir financiamiento por no ser un gobierno democrático, a la luz de estándares occidentales; y muchos otros casos como Ucrania, Singapur, Argelia, Venezuela, Cuba y Sudán entrarían a ser discutidos, ya que no es fácil determinar con claridad si son gobiernos democráticos o no, en tanto la democracia no es una cuestión de blanco y negro, sino que habitualmente se mueve en una escala de grises donde la definición de si un régimen es democrático o no tiene un alto componente de subjetividad (atendiendo al concepto de democracia que se adopte), ideología e intereses[3].

Adicionalmente, el caso de China sirve para formular un interrogante adicional: ¿pueden los gobiernos ilegítimos aportar recursos, como prestamistas, a las instituciones financieras internacionales? ¿O por el hecho de estar “manchado” este dinero debe excluirse en general del sistema financiero global? En caso de responder negativamente estaríamos ante una situación de doble moral, que sí recibimos dinero manchado de sangre pero no podemos otorgarlo; y en caso de responder que no, las implicaciones sobre la estabilidad del sistema económico global serían, a mi juicio, catastróficas.

Para concluir, a mi juicio esta propuesta es bien intencionada y comparto los ideales que la inspiran (fortalecimiento de la democracia, respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho a nivel global, lucha contra la corrupción, entre otros), pero considero que su implementación tendría muchísimos problemas tanto teóricos (la definición del concepto de democracia y legitimidad de un régimen político, por ejemplo) como prácticos (la autoridad que determine si un gobierno es “digno” o no de recibir un préstamo, los mecanismos para asegurar que no reciba dinero de ninguna institución financiera pública o privada, el problema del mercado negro, los efectos que tendría esta medida sobre la población del país afectado, por mencionar algunos). Por lo anterior, considero que no debe desarrollarse una norma a nivel internacional que permita a un gobierno eximirse de sus deudas internacionales alegando que el gobierno bajo el cual se contrajeron fue ilegítimo, dictatorial o corrupto. Como alternativa, deberían fortalecerse los mecanismos de cooperación internacional que permitan rastrear –especialmente en paraísos fiscales– las grandes fortunas que amasaron gobernantes corruptos y dictatoriales a expensas de su pueblo, y devolver estos recursos a su país cuando haya vuelto a la democracia o al régimen que sus habitantes definan en ejercicio de su autodeterminación.  

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[1] Michael Kremer y Seema Jayachandran, “La deuda odiosa”, en Revista Finanzas & Desarrollo, junio de 2002, p. 36.

[2] Alejandro Nadal, “Ecuador: repudio de la deuda odiosa”, en La Jornada, 17 de diciembre de 2008, disponible en línea en: http://www.jornada.unam.mx/2008/12/17/index.php?section=opinion&article=029a1eco

[3] Véase por ejemplo el Índice de Democracia producido por la Unidad de Inteligencia de The Economist, en el cual se clasifican un gran número de países del mundo entre democracias plenas, imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Para el último reporte, del año 2015, sólo 20 países fueron considerados democracias plenas. ¿Sólo ellos pueden ser prestatarios? ¿O todos los países menos los regímenes autoritarios? Fuente: The Economist, “Democracy Index 2015: Democracy in an age of anxiety”, disponible en: http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2015

Ciudades intermedias colombianas, llamadas a ser sostenibles y competitivas

Artículo de opinión por: Nicolás Botero Mejía * (nbotero3@eafit.edu.co)
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Universidad EAFIT, Colombia

En el marco de la agenda global de desarrollo 2015 a 2030 que propone la ONU, se suscribieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para transformar y superar las grandes dificultades que tiene el mundo hoy. Estos objetivos, que son objeto de estudio permanente de este Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, tienen diferentes enfoques y metas particulares que se pueden ajustar a la realidad de cada país. Si bien, no todas dichas metas contenidas en los objetivos son compatibles al caso colombiano, hay otras que sí cobran vigencia y el objetivo #11 (ODS11) tiene una particular relevancia en el desarrollo a largo plazo de las ciudades intermedias de Colombia.

El ODS 11 está relacionado con el concepto de comunidades y ciudades sostenibles, y la descripción de dicho objetivo es “lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. En ese sentido, los propósitos se ajustan a las necesidades comunes de las ciudades colombianas, donde la desigualdad margina a los de menos recursos, y donde la inseguridad y sus consecuencias han afectado la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora bien, la sostenibilidad se entiende como la capacidad que deben tener las ciudades para generar empleo y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Dentro de los aspectos que este objetico pretende cubrir, está la prestación de los servicios básicos, contar con viviendas e infraestructura adecuada y facilidades en la movilidad, entre otros.

Un hecho, no menor, que hace este objetivo coyuntural en las ciudades colombianas es el proyecto que actualmente tiene y desarrolla el BID, llamado Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) que busca apoyar través de asistencia técnica el desarrollo y la ejecución de proyectos de planeación sostenible urbana. Surge a partir de la creciente tasa de urbanización que presenta América Latina y con un enfoque multidisciplinar pretende atender 3 ámbitos; la sostenibilidad ambiental y de cambio climático, la sostenibilidad urbana y la sostenibilidad fiscal y de gobernabilidad.

Actualmente está metodología del BID se está implementando en Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira. Otras ciudades como Cartagena, Montería, Valledupar y Pasto están en la mira para involucrarse al programa en el mediano plazo.

Cabe destacar que sí se han desarrollado programas y políticas encaminadas a alcanzar este objetivo, una de ellas es la reestructuración de la Financiera de Desarrollo –Findeter- ; una sociedad de economía mixta, vinculada al ministerio de hacienda y crédito público que financia proyectos de infraestructura sostenible en el país. Findeter es la entidad encargada de desplegar la iniciativa del BID en Colombia, aunque también tiene su propio programa denominado Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC) cuyo objetivo general es “contribuir a la construcción de manera ordenada de ciudades intermedias, garantizando un crecimiento sostenible que satisfaga las necesidades básicas de la población, brinde oportunidades de empleo, seguridad y educación, genere confianza entre la ciudadanía, los inversionistas y las administraciones municipales y garantice la utilización eficiente de los recursos naturales adaptándose a las consecuencias del cambio climático”.

De manera que, por lo menos en lo que abarca este ODS, Colombia sí ha buscado herramientas e implementado proyectos con miras a alcanzar ciertas metas propuestas. Trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo es importante, y la creación de una empresa mixta como Findeter puede ser beneficiosa, toda vez que se administren bien sus recursos y capacidades.

Fuentes

Banco Interamericano de Desarrollo (2016) Iniciativa ciudades emergentes y sostenibles. http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/dando-respuesta-a-los-desafios-de-desarrollo-urbano-de-las-ciudades-emergentes,6690.html

BID Blog. (2014). Construyendo ciudades sostenibles en Colombia: entrevista con Luis Fernando Arboleda. http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/12/17/luis-fernando-arboleda/

Findeter (2016) Ciudades sostenibles y competitivas. http://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=FAQ&lFuncion=viewPreguntas&id=19

Organización de las Naciones Unidas (2015) Objetivos de Desarrollo Sostenible http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

La cooperación descentralizada basada en políticas públicas locales para el desarrollo de los territorios

Artículo de opinión por: Marcela Marín Mira*
Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT

En la década de los noventa, en el ámbito de la cooperación internacional, donde los paradigmas han evolucionado desde la “ayuda a los países pobres” en la segunda posguerra, la cual no prestaba atención a las condiciones de vida ni a la equidad social, hacia la “cooperación al desarrollo”, que tiene como eje central el desarrollo humano, surgen nuevos actores (actores no estatales), entes locales y sociedad civil en espacios de toma de decisiones políticas y ejecución de la ayuda, en el marco de un nuevo concepto que se conoce con el nombre cooperación descentralizada.

Pero, antes de adentrarnos en el impacto que este nuevo tipo de cooperación tiene en los territorios en ámbitos de actuación alineados con las políticas públicas, es importante acercar al lector a la definición de lo que conocemos como cooperación descentralizada.

Carla Cors en su artículo para el Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE-AL (2015) resalta el término “city-to-city cooperation”, que es utilizado en el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) (2001), como sinónimo de la cooperación descentralizada, estableciendo que la “City-to-City Cooperation” cubre todas las posibles formas de relación entre autoridades locales de cualquier nivel en dos o más países en donde se colabora conjuntamente sobre cuestiones de interés mutuo, con o sin apoyo externo. Aun así, se debe hacer la salvedad de que la cooperación descentralizada abarca un mayor espectro de acciones llevadas a cabo por actores no estatales.

Por lo que cabe retomar lo que dice Fanny Carvajal (2012) en su texto de Cooperación Descentralizada para el Curso en desarrollo humano local con énfasis en metodología de trabajo y temáticas propias de sus programas Marco ART del PNUD, y ampliar el concepto de cooperación descentralizada, donde ésta se concibe, más allá de que el actor que gestiona los recursos sea una institución o un organismo no gubernamental, en la manera cómo se gestionan estos recursos y, por tanto, en cómo se llevan a la práctica las acciones de cooperación sobre el terreno. Así pues, la cooperación descentralizada se fundamenta por su voluntad de participar en proyectos de desarrollo humano y sostenible de los pueblos, en los que la participación popular sea un elemento central; esto es, en la defensa y promoción de los derechos y las necesidades básicas de las poblaciones en el ámbito social, económico y cultural, a través de una gestión conjunta, nacida de las propias iniciativas del tejido social, y al máximo de respetuosa con el medioambiente.

Pero, ¿cómo garantizar la sostenibilidad y relevancia de los proyectos de cooperación descentralizada en el desarrollo de los territorios?

Beatriz Lantero (2015) en su documento de Gestión de Proyectos de Cooperación Descentralizada, determina que tener conocimiento de lo que es una política pública y una visión estratégica para vincular la política y el proyecto es fundamental para obtener como resultado intervenciones alineadas con las necesidades de los territorios, generando así, un mayor impacto y posibilidades de sostenibilidad. Los gobiernos e instituciones locales deben formular proyectos basados en la agenda local o las prioridades establecidas por los programas, planes o políticas de sus territorios.

Es importante diseñar proyectos que tengan en cuenta no sólo las políticas públicas locales, sino aquellas de ámbito nacional o regional, que puedan vincularse al proyecto. Por esta razón, también resulta importante trabajar con las herramientas de análisis de actores que permitirán identificar instituciones que podrían convertirse en aliadas o en obstaculizadoras.

En segundo lugar, Lantero invita a revisar el tema de la estrategia de los donantes versus las estrategias locales. Las estrategias de los donantes en ningún caso deben imponerse a aquellas establecidas por los gobiernos locales, pues el diseño de proyectos que se conviertan en intervenciones alineadas a las necesidades y de fácil apropiación por los territorios o que coincidan con las estrategias locales, es de alta relevancia. La negociación e incidencia es fundamental ante esto, ya que es importante que los gobiernos locales puedan participar en la discusión sobre las prioridades estratégicas de posibles donantes.

En último lugar, la autora también recomienda evitar la formación de equipos de gestión ad hoc. La formación de un equipo de gestión ad hoc puede dar la sensación de que se trata de una intervención aislada, alejada de las intervenciones que lleva a cabo un gobierno local. Pese a que es difícil no crear un equipo de gestión ad hoc, es importante que este se inserte dentro de la estructura institucional y esté formado por personal interno y externo.

Igualmente, y con base en lo referido en el curso del PNUD por Lantero, es posible afirmar que la cooperación descentralizada local parte de dos premisas fundamentales: El hecho de que los poderes locales son sujetos activos de la cooperación internacional, un escenario en el que se ha venido consolidando el papel de las ciudades en el contexto internacional; y el convencimiento de que el fortalecimiento de los poderes locales y el desarrollo local son objetivos prioritarios de la cooperación internacional.

Lo que nos lleva a concluir que la cooperación para el desarrollo, con sus recursos limitados, no puede, por sí sola, realizar los cambios necesarios. Ésta, debe constituir un instrumento de políticas públicas locales, que genere participación de la opinión pública y de las comunidades locales para intercambiar soluciones técnicas y tecnológicas, modelos organizativos y gerenciales, prácticas innovadoras entre diferentes países y contextos políticos y culturales y, a la vez, un laboratorio para aplicarlas, acompañando los procesos nacionales y locales de desarrollo humano y las acciones concretas de reducción de la pobreza y demás ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) priorizados en la Agenda Internacional.

Referencias

ACI. (2012). Manual de Cooperación. Recuperado el 1 de Mayo de 2016, de ACI: ACI http://www.acimedellin.org/Portals/0/Manual_de_cooperacion_2012.pdf
Carvajal, F. (2012). Escuela virtual. Recuperado el 1 de Mayo de 2016, de PNUD: http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=985
Cors, C. (2015). La cooperación descentralizada pública. Online: Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE-AL.
Lantero, B. (2015). Gestión de Proyectos de Cooperación Descentralizada. Online: Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE-AL.

Comunidades y ciudades sostenibles: Caso Colombiano

Artículo de opinión por: Andrea Herrera Guamán*

Analista del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo
Administradora de Negocios, Universidad EAFIT

De acuerdo a la OEA las ciudades de la región están pasando actualmente por un proceso de cambios extraordinarios y acelerados. Cada vez más Los Gobiernos unen recursos y conceden mayores facultades a las jurisdicciones subnacionales. De igual manera, muchos gobiernos regionales y locales facilitan iniciativas empresariales y comunitarias destinadas a ampliar y mejorar los servicios en cuanto a cobertura, calidad y eficiencia.

Esta descentralización ha hecho que autoridades locales de América Latina y el Caribe busquen la creación de ciudades equilibradas, sostenibles, en un espacio en el que los intereses de los individuos y los servicios colectivos sean compatibles como en el caso de Mendoza en Argentina o Manizales en Colombia en donde se ha venido forjando un enfoque multidisciplinario e integrado de administración municipal.

A lo anterior se unen las creencias del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon y Alicia Bárcena, Secretaria ejecutiva de la CEPAL, quienes resaltan la importancia de la cooperación entre la sociedad civil y el sector privado al igual que la búsqueda de la paz y la seguridad para el logro del desarrollo sostenible.

En este sentido Ciudades como Rio de Janeiro y Medellín han encaminado programas que faciliten el acceso de los municipios a los mercados de capital, programas en donde los grupos de bajos ingresos pueden también obtener crédito para financiar actividades productivas a través de la regularización de títulos de propiedad y el mejoramiento de la infraestructura y vivienda urbana. A su vez, encontramos ciudades que orientan sus incentivos en la participación de diferentes sectores sociales en la preparación del presupuesto de capital para la ciudad como es el caso de Tijuana , México y Cali, Colombia.

Uno de los principales problemas que enfrenta el logro de ciudades y comunidades sostenibles en el mundo es el uso inadecuado e ineficiente que se le da al uso de los recursos y su relación con el aumento de la población.

Según la ONU, la mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy día en las ciudades, las cuales ocupan apenas el 3% del planeta pero representan entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las aguas residuales, los medios de vida y la salud pública.

Para María del Pilar Medina, Directora de Gestión Institucional existen varias acciones para lograr ciudades sostenibles en Colombia sobre todo aquellas con miras en la construcción el cual es el sector con mayor potencial de mitigación de emisiones de GEI hacia 2030.

Las acciones incluyen producción de energía y calor a partir de energías renovables, parqueo centralizado, edificaciones integradas al manejo de energía , centro de la ciudad libre de vehículos (parqueaderos subterráneos), reciclaje y manejo eficiente de los residuos y el agua.

Al tema de sostenibilidad se le une también la resiliencia de las ciudades que determina la capacidad que tiene un sistema de absorber el impacto y reorganizarse mientras está adaptándose a dicho cambio.

En Colombia , la política pública para ciudades sostenibles y resilentes plantea diversos retos y avances en el tema. Entre la problemática se puede destacar la expansión y deterioro de las zonas centrales de las ciudades, alto déficit habitacional , asentamientos informales, déficit de espacio público, deficiencias en movilidad y abastecimiento de agua y la vulnerabilidad de los centros urbanos ante los desastres naturales. Ante lo anterior se hace necesario reducir la desigualdad en el ingreso y la disparidad regional, mejorara la cobertura y calidad de la educación, proteger la biodiversidad y evitar un crecimiento de carbono intensivo, reducir la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua, entre otros.

Entre las acciones que viene adelantando Colombia en este tema se pueden encontrar varias iniciativas como el proyecto de ley 119/12, el código Nacional de construcción sostenible, el Sello ambiental colombiano y la estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en carbono (ECDBC).

Resultado de estas iniciativas son la existencia de 21 edificios sostenibles con certificación LEED y 88 proyectos registrados, creación del Plan BIO – 2030 – Medellín- Valle del aburra que es un plan a 20 años que integra al Valle de Aburra en función de la sostenibilidad , la existencia de un Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) y la construcción de la Ciudadela Colsubsidio “Maiporé” en Soacha que busca desarrollar una estrategia de mantenimiento de flora y fauna en el sitio al tiempo que busca aprovechar el sistema hídrico y las lagunas para dirigir hacia ellas el agua pluvial del proyecto.

A lo anterior se le suma la reciente alianza entre la Cámara Colombiana de la Construcción y ONU-Hábitat en la que firmaron un memorándum de entendimiento para trabajar conjuntamente por el desarrollo urbano sostenible y el fomento de programas integrales de vivienda, a partir de una perspectiva de ciudades inclusivas, sostenibles y equitativas

Las recomendaciones de la OEA en este sentido consisten en establecer iniciativas financieras y hacer participar a las comunidades, las empresas y los gobiernos en la creación de consenso con respecto a metas y actividades compartidas. Debería revisarse la legislación para hacer posible la participación del sector privado en inversiones urbanas y también para promover un financiamiento conjunto de programas municipales por parte del Gobierno nacional, el sector privado y las comunidades locales. Deberían sancionarse leyes tributarias que tengan en cuenta la participación local en el ingreso fiscal. También deberían revisarse los marcos institucionales, de modo que sean compatibles con la creciente descentralización. Debería perseverarse en los esfuerzos destinados a insertar los temas referentes a las zonas urbanas en los objetivos de los organismos internacionales y los gobiernos nacionales.

Con respecto al sector transporte, las municipalidades deberían dar participación al sector privado en la construcción y el funcionamiento de los sistemas de transporte público. Los países deberían enfrentar con decisión los problemas de la vivienda de los sectores de bajos ingresos y la regularización de la propiedad de la tierra, con la participación directa y activa de instituciones financieras.

Referencias

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