El 28 de Noviembre de 2018 se llevó a cabo, en la Universidad EAFIT, la socialización de informes sobre la evaluación de las Américas de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Al ser una red de interacción multilateral relativamente nueva, el rol que emplea en el sistema es precario y una gran cantidad de gobiernos aún no conciben su indiscutible relevancia para los asuntos globales y la configuración de políticas públicas en relación a la conservación del medioambiente. Su proceso ha sido complejo ya que en 3 años de intenso trabajo, se ha intentado llegar a consensos para concluir con un texto guía que oriente a los tomadores de decisiones y hacedores de políticas en sus planes relacionándolos con las crecientes necesidades que giran alrededor de un propósito que, en principio, debería ser común: Preservar la biodiversidad. En Marzo de 2018, se realizó la presentación de la evaluación final que contó para el reporte con mas de 150 especialistas de 23 países del continente.
María Elena Zaccagnini, co-presidente de la Evaluación de las Américas, explica que para el IPBES existe un circuito de relación en el cual se entrelazan la calidad de vida, el bienestar humano, los sistemas de vida (naturaleza) y las contribuciones de la naturaleza a la humanidad; no obstante, dichos factores se ven afectados por condiciones de cambio, instituciones, activos antropogénicos y tendencias en las relaciones humanas. En América, actualmente existen 55 de las 195 eco-regiones terrestres y de agua dulce del mundo, constituyéndose como área clave para la biodiversidad mundial; de hecho, su impacto en el ecosistema y las decisiones gubernamentales en torno a la protección del medioambiente son decisivas en la lucha por el cambio climático y en el propósito de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque los datos actuales no son alentadores debido al consumo masivo, la intensificación en explotación de recursos y la poca o inexistente alineación de intereses de los sectores implicados (pública, privado y sociedad civil), los diferentes actores han empezado a mostrar interés por implementar prácticas y proyectos en conjunto con otras entidades para acelerar los procesos de recuperación y conservación de biomas y organismos en la región. No obstante, las metas Aichi, que plantearon un reto para los países en términos de planeación estratégica por acciones en pro de la diversidad biológica, no serán alcanzadas para el plazo convenido (2020) según Zaccagnini.
América tiene en sus manos una gran responsabilidad, pues representa el 40% de las capacidades mundiales eco-sistémicas. A medida que avance el tiempo, será más crítica la situación, los problemas medioambientales presentan disfunciones temporales: sus consecuencias se aprecian en medianos y largos plazos, pero su mitigación precisa de acciones inmediatas. Zaccagnini enfatiza en que ahora es crucial abordar, no solamente con conocimiento sino en praxis, la degradación de la naturaleza. Para ello, existen diversos mecanismos como los regulatorios (áreas de protección y límites para las comunidades), incentivos (compensaciones y certificaciones) y derechos otorgados (distribución de beneficios y derechos a la Madre Tierra), así como implementación de estrategias transversales e interministeriales que contribuyan al consenso y la creación de políticas públicas de largo plazo encaminadas al aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y la preservación ambiental. Sin embargo, se hace igualmente necesario que los sectores productivos, la academia y la sociedad civil interactúen en la formulación de planes que generen impactos de amplio y profundo alcance en comunidades tanto urbanas como rurales. Zaccagnini concluye que aunque aún falta bastante por conocer, no se puede esperar y los agentes deben ejecutar.
