Evaluación Post-IPBES VI Plenaria: Resultados y Recomendaciones

Artículo de opinión por: Juan Esteban Rivera Salazar, Estudiante de Semillero en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT.  Email: jriver30@eafit.edu.co 

El 28 de Noviembre de 2018 se llevó a cabo, en la Universidad EAFIT, la socialización de informes sobre la evaluación de las Américas de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Al ser una red de interacción multilateral relativamente nueva, el rol que emplea en el sistema es precario y una gran cantidad de gobiernos aún no conciben su indiscutible relevancia para los asuntos globales y la configuración de políticas públicas en relación a la conservación del medioambiente. Su proceso ha sido complejo ya que en 3 años de intenso trabajo, se ha intentado llegar a consensos para concluir con un texto guía que oriente a los tomadores de decisiones y hacedores de políticas en sus planes relacionándolos con las crecientes necesidades que giran alrededor de un propósito que, en principio, debería ser común: Preservar la biodiversidad. En Marzo de 2018, se realizó la presentación de la evaluación final que contó para el reporte con mas de 150 especialistas de 23 países del continente.

María Elena Zaccagnini, co-presidente de la Evaluación de las Américas, explica que para el IPBES existe un circuito de relación en el cual se entrelazan la calidad de vida, el bienestar humano, los sistemas de vida (naturaleza) y las contribuciones de la naturaleza a la humanidad; no obstante, dichos factores se ven afectados por condiciones de cambio, instituciones, activos antropogénicos y tendencias en las relaciones humanas. En América, actualmente existen 55 de las 195 eco-regiones terrestres y de agua dulce del mundo, constituyéndose como área clave para la biodiversidad mundial; de hecho, su impacto en el ecosistema y las decisiones gubernamentales en torno a la protección del medioambiente son decisivas en la lucha por el cambio climático y en el propósito de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque los datos actuales no son alentadores debido al consumo masivo, la intensificación en explotación de recursos y la poca o inexistente alineación de intereses de los sectores implicados (pública, privado y sociedad civil), los diferentes actores han empezado a mostrar interés por implementar prácticas y proyectos en conjunto con otras entidades para acelerar los procesos de recuperación y conservación de biomas y organismos en la región. No obstante, las metas Aichi, que plantearon un reto para los países en términos de planeación estratégica por acciones en pro de la diversidad biológica, no serán alcanzadas para el plazo convenido (2020) según Zaccagnini.

América tiene en sus manos una gran responsabilidad, pues representa el 40% de las capacidades mundiales eco-sistémicas. A medida que avance el tiempo, será más crítica la situación, los problemas medioambientales presentan disfunciones temporales: sus consecuencias se aprecian en medianos y largos plazos, pero su mitigación precisa de acciones inmediatas. Zaccagnini enfatiza en que ahora es crucial abordar, no solamente con conocimiento sino en praxis, la degradación de la naturaleza. Para ello, existen diversos mecanismos como los regulatorios (áreas de protección y límites para las comunidades), incentivos (compensaciones y certificaciones) y derechos otorgados (distribución de beneficios y derechos a la Madre Tierra), así como implementación de estrategias transversales e interministeriales que contribuyan al consenso y la creación de políticas públicas de largo plazo encaminadas al aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y la preservación ambiental. Sin embargo, se hace igualmente necesario que los sectores productivos, la academia y la sociedad civil interactúen en la formulación de planes que generen impactos de amplio y profundo alcance en comunidades tanto urbanas como rurales. Zaccagnini concluye que aunque aún falta bastante por conocer, no se puede esperar y los agentes deben ejecutar.

Responsabilidad de los Estados y el cambio climático

Artículo de opinión por: María del Mar Vargas Cabrera (Semillero Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo, Universidad EAFIT, Colombia). Email: mvarga29@eafit.edu.co 

La humanidad enfrenta actualmente uno de sus mayores desafíos: garantizar su supervivencia ante el problema del calentamiento global producido por el efecto invernadero. Este fenómeno, ocasionado por la emisión de gases, genera mayor retención de calor en la atmósfera, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzcan cambios en la temperatura del planeta.

El cambio climático es el resultado del descuido de la sociedad, el sector privado y actores estatales frente a la preservación y cuidado del medio ambiente. En un plano más enfocado en el rol de entes públicos, la sociedad delega al Estado el poder suficiente para garantizar el ejercicio de sus derechos de manera plena, entre ellos a un medio ambiente sano. Es trabajo del Estado buscar los medios para que se cumpla, no solamente a nivel nacional sino también internacional. Es desde ahí que todos los Estados asumen compromisos sobre la prevención y control sobre el cambio climático a través de la implementación de convenios como la Convención de Rio, a la que le sigue el Protocolo de Kioto que próximamente dejara de estar en vigor debido a la entrada del Acuerdo de Paris, ratificado en 2017 y que entra en vigencia en el 2020.

Existen compromisos internacionales en los cuales los Estados deben a nivel internacional generar normas o reglamentos que tengan congruencia con la protección al medio ambiente; sin embargo, la nueva preocupación gira en torno a que para muchos Estados es más importante el desarrollo económico que la protección ambiental, ello se resalta en la poca efectividad de las políticas ambientales. A pesar de que el mundo en general se está preocupando por la protección del medio ambiente, por encima de ello, los intereses políticos y económicos tienen aún cierta relevancia. 

Los Estados tienen el deber de velar por el cumplimiento oportuno de las normas creadas para la protección del medio ambiente, además del control y prevención del cambio climático, de tal manera que los Estados deben cumplir con todos los requisitos, permisos, y protocolos establecidos como análisis de impacto ambiental, o mejoramiento de infraestructura. Producto de la tendencia global de desarrollo, los Estados otorgan mayor importancia y esfuerzo por generar medidas de desarrollo económico sin observar el impacto o daños ambientales. Todos aquellos compromisos plasmados en tratados internacionales, en los cuales los Estados hacen parte, carecen de efectividad, pues muchos de ellos no toman en consideración las condiciones económicas, sociales y culturales de cada Estado, tornándose entonces inefectiva la firma de dichos tratados. Por otra parte, la política ambiental que implementa el Estado, se encuentra mal encaminada, pues generalmente propende por la restauración o reparación, en vez de preocuparse por prever o evitar el daño. Lo anterior, se lograría con una política ambiental dirigida tanto a los particulares como a las autoridades en aras de educar con principios ambientales, es decir, generar en la sociedad y el Estado una concientización, que como resultado consolide un trabajo en equipo para la protección del medio ambiente. 

Ahora, además de la concientización, se requiere de normas tanto nacionales como internacionales que sean vinculantes, de tal manera que un medio ambiente sano no solo sea un derecho de todos, sino también una obligación por parte de cada persona en procurar realizar acciones que no violenten el medio ambiente ni vulneren el derecho de los demás a tener un medio ambiente sano. Aunado a lo anterior, la validez de una norma no implica ser la eficacia de la misma, es entonces cuando el Estado debe preocuparse en primera medida por promover el cumplimiento de las leyes ambientales, estableciendo su obligatoriedad y sus sanciones en caso de ser incumplida. Finalmente, el Estado debe de preocuparse por ganar confianza por parte de la ciudadanía, en el sentido de que las autoridades son las que llevaran a cabo la ejecución de las normas, y por ende, son ellas quienes deben de actuar con transparencia y diligencia.

An ethical approach over corruption as a potential solution

Opinion article by: Nicolas Botero Mejia (International Negotiator, Universidad EAFIT; and Analyst at the Trade, Investment and Development Observatory)

Colombia, among other Latin American countries have suffered for decades the negative consequences of corruption in different spheres. For instance, in politics, in the economic growth and in the social development. The kind of corruption that most affect a country usually is the one that political corporations and enterprises engage with. Although individuals might fall into daily unethical practices as well, the biggest concerns are those practices and behaviors happening in the public and the private sector that undermine social values and public morality. Governments had tried to confront this problematic by legal ways, promoting laws and regimes that forbid and sanction corrupt actions and actors. I don't have precise information over the real impact those regulations have had, probably not too well since corruption index and perception still high, but what I do recognize is the necessity to address this problem from another approach. Ethics and moral principles play an important role in this topic and I believe that should be considered to beat corruption with a structural social solution.

The purpose of this work is to address some desirable moral reflections that businessmen and employees as well as politicians and administrative authorities should contemplate not to incur in unethical and maybe illegal behaviors. After giving some background over moral principles, the basic essential concepts and its definitions, specific ideas will be presented. 

Every person has a moral code that contains principles, values, ideals and aspirations that shape our lives and determine the way we behave and relate with each other. The philosopher Richard Brandt suggest that when a principle is part of a person’s moral code, that person is strongly motived toward the conduct required by the principle, and against the ones that conflict with the principle. Nevertheless, there are two other concepts that could struggle with the moral principles and that usually do not depend on their choices or decisions because are given by the way they were raised and educated. On one side, conscience as the moral sense of right or wrong is disturbed when an internalized principle is violated. On the other hand, there is the self-interest orientation that every human unfortunately has. Collision of self-interest with moral principles are a usual cause for unethical actions because there is no guarantee that moral behavior will always benefit and satisfy a person's selfishness. 

There are some reflections that eventually can adjust politicians and businessmen's behaviors with the integrity that citizens expect. One of them is the acceptance of organizational norms and rules. No matter the nature of the organization, to achieve the objectives, members must commit themselves and in some cases, it implies resign some of their personal freedom. This means that both in an enterprise or in the Congress, the employees and members must follow rules and respect norms and assume that, consciously or unconsciously, for the pursuit of goals and correct performance of the functions. In the reality, some people think that their job, their social position or support gives the prerogative to skip rules and apply the Machiavellian idea of the goal justifying the means.

Accepting the norms established by an organization does not exclude the autonomy that sometimes the mentioned people should have. Since organizations and companies commonly exert pressure on their members, they tend to behave as those around them do. Imitating behaviors without realizing them is not desirable at all because that would perpetuate the wrong practices in certain manner and won’t allow new ideas and alternative courses of action to emerge. The bosses of a firm and the politicians, specially those elected by the population, must have a defined temperament and character to defend the interest of the company or of the voters.

In his book Business Ethics, Professor William Shaw names this objectionable phenomenon as Groupthink, and adds that “leads to irrational, sometimes disastrous decisions, and it has enormous potential for doing moral damage”.

It often happens that when a case of corruption is disclosed, no one of the people involved assumes the responsibility. Functions in an organization are frequently shared and coworkers use to join efforts towards a common objective which is a remarkable way to work coordinated. However, that collective participation can lead to a fragmented responsibility. That diffusion overwhelms personal moral responsibilities and make people think they are single small players with no important roles in a game that they cannot control. Looking forward to having respectful leaders that assume risks but also responsibilities when things does not end as expected is a must for a country that pretends to have transparent relations between government, private sector and civil society.

In conclusion, there are certain ethical and moral issues that could build a framework relative to those who participate in politics or run a business in order to promote integrity, rational and ethical decisions that influence the everyday life and could start a transformation towards an honored society. Legal system should not be totally banned from the regulation against corruption, the proposal of this work is another perspective that complements and seeks to prevent the necessary punishment that some actions deserve after attempting the general interests as corruption does. The way that the framework could be effectively replicated could follow the theory of the human-related collaborative sharing of knowledge, stated by Professor Johanna Lahtinen and that transferred knowledge based in qualitative feedback and empirical perceptions.

Reference

Shaw, W. (2011). Business Ethics: A textbook with cases. Boston, MA, USA: Wadsworth Cengage Learning.